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OPINIÓN

Opinión: Pretender controlar el Poder Judicial

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Por Héctor Romero Fierro //

Parece que tanto el ejecutivo federal como el estatal tienen la intención, cada uno en su ámbito, de controlar su respectivo Poder Judicial, el cual siempre debe ser autónomo e independiente. Ya vimos cómo a nivel federal se operó para meter ministros en la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modo del presidente y ahora Enrique Alfaro, por conducto de su incondicional operador político en el Congreso del Estado, Salvador Caro, presento una iniciativa tendiente a que el Ejecutivo tenga nuevamente injerencia en el nombramiento de Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, quitándole la facultad que actualmente tiene el Consejo de la Judicatura de emitir la convocatoria respectiva pasándola al gobernador, pero además proponiendo que sea posible, mas no obligatorio, efectuar una evaluación, la cual no será vinculante, y permitiendo que sea el ejecutivo quien presente la terna al Congreso y sí este no resuelve el nombramiento, por mayoría calificada, en un término de treinta días (supongo hábiles) el cargo será ocupado por quien designe el gobernador de entre los integrantes de la terna. Misma situación si el Congreso le rechaza dos veces la terna. Además, para servirse con la cuchara grande pretende que el nombramiento sea por diez años y no por siete como está actualmente. Hay también una iniciativa con mejor contenido presentada por la fracción del PRI.

Recordemos que a fin de eliminar la discrecionalidad, corrupción y cuotas, el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción SNA, desde 2018, aprobó una recomendación a los Congresos estatales para la elección de jueces y magistrados, en la que exhorta que la designación de este tipo de funcionarios se realice a través de concursos o exámenes de oposición en los que se privilegie la independencia, aptitud, capacidad, profesionalización y excelencia, tal y como lo ha establecido la Suprema Corte en la tesis del Pleno P. XV/2006, sin embargo esa importante recomendación pocos estados la han implementado, en Jalisco se recibió y se turnó desde el 20 de febrero de 2018 a la “Comisión Especial del Sistema Estatal Anticorrupción” donde permanece congelada.

Lo que urge es eliminar, la corrupción, improvisación, nepotismo y el reparto de cuotas, mas no solo transferirlo al ejecutivo como pretende Caro en su iniciativa. La reforma no debe parar ahí, por ello los Colegios de Abogados más importantes del país, por conducto de sus capítulos en el Estado de Jalisco, esto es: La Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE); Barra Mexicana, Colegio de Abogados (BMA) y El Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México (INCAM), emitieron un importantísimo posicionamiento conjunto, solicitando un amplio debate en relación a este tema, con el objeto de que se cumplan los principios constitucionales de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia, los cuales debe privilegiar cualquier juzgador.

Ya vivimos el sexenio pasado un grave y nefasto tráfico de influencias desde la Secretaria General de Gobierno, que no se debe, por ningún motivo repetir. Además estos importantes Colegios recomiendan que la Oficialía de Partes sea transparente en su manejo y que no sea posible dirigir los asuntos con algún juez en particular; que se privilegie la carrera judicial; seguimiento patrimonial, tal y como se debe hacer con cualquier funcionario público y cuya implementación es parte del Sistema Nacional Anticorrupción (iniciando con la 3 de 3); transparencia y difusión pública de las sentencias; digitalización de expedientes; establecimiento de Códigos de Ética y de Mejores Prácticas al interior del Poder Judicial; La creación de un Órgano Interno de Control (OIC) conformado por ciudadanos calificados e independientes; presupuesto constitucional, ya que la independencia económica de los otros poderes es un requisito necesario para su independencia, tema ya avanzado por el diputado Héctor Pizano quien señalaba la necesidad de que le fuera entregado un porcentaje fijo del presupuesto de ingresos al Poder Judicial; equidad de género, importantísima y que no se ha respetado, yo conozco abogadas, compañeras de los estudios del doctorado, con carrera judicial, que nunca han podido acceder a una magistratura solo por ser mujeres; junto con otras recomendaciones igual de importantes.

Yo adicionaría un punto más, que genera y alienta una gran corrupción en el sistema judicial, el tráfico de peritos oficiales, donde en muchas ocasiones hay un enorme contubernio entre el funcionario que los nombra y el perito, donde según dicen, se tiene que compartir hasta el cincuenta por ciento de los honorarios para ser nombrados, y en la gran mayoría de casos, se obliga a las partes a pagar el perito tercero desde la integración de la prueba, si no se depositan los honorarios “se pierde” la prueba completa, recordando que el diestro solo debería ser necesario en caso de que los peritos de las partes fueren notoriamente diferentes, por ello se debe implementar un sistema electrónico de asignación de peritos sin intervención humana, evitando con esto manejos irregulares. Si el Congreso revisa las estadísticas fácilmente podrá apreciar que hay peritos en todas las materias, favorecidos reiteradamente por los mismos jueces y al contrario, peritos muy capaces que nunca son nombrados, a lo mejor porque como dicen en mi rancho, ¿no se mochan?

El actual presidente del Supremo Tribunal es gente honesta y dispuesta al cambio, sí de verdad el grupo de Movimiento Ciudadano (MC), en el poder le interesa mejorar el sistema y no solo controlar a los magistrados entrantes, debe rechazar la propuesta de Caro y convocar urgentemente a una gran reforma del sistema judicial que cumpla al menos con lo ya comentado. Basta de corrupción y cuotas de poder. Dicha reforma debe ser impulsada en forma conjunta e incluyente por los tres poderes.

Por cierto, se les ordenó a los jueces que se abstuvieran de otorgar medidas cautelares después del escándalo donde un abogado se quejaba de su uso cuando él era el primero en utilizarlas ilegalmente. El Consejo se refería a esas ilegales de las que luego lloran y no a todas en general, ahora los jueces no quieren concederlas sin importar la aplicación del derecho, denles un curso de procesal, porque muchas son necesarias.

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OPINIÓN

La transparencia debe ser el sello de la nueva justicia laboral

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Luchas Sociales, por Mónica Ortiz //

La primera semana de mayo del 2022 inicia en Jalisco la nueva justicia laboral, derivado de la reforma del 2019 donde todas las entidades federativas de manera paulatina irían cambiando la impartición de justicia laboral en el país, desaparecen las Juntas de Conciliación y Arbitraje en el Estado y surgirán tribunales laborales que pertenecerán al Poder Judicial del Estado de Jalisco, sin embargo, todos los asuntos laborales que existen actualmente o hasta el 01 de mayo ingresen mediante una demanda laboral se verán y concluirán en las mismas Juntas de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco hasta el final de su proceso.

En este sentido, el reto y la puesta es el centro de conciliación, modelo imperativo que funcionará de filtro previo, evitando que se saturen los nuevos tribunales laborales por una gran cantidad de demandas que se generan habitualmente en el Estado de Jalisco, por lo que se pretende que el modelo de conciliación entre las partes sea el eje rector para traducir la justicia laboral actual a una justicia efectiva y eficaz, donde las partes en conflicto laboral, obtengan la solución oportuna mediante la asistencia preliminar al nuevo centro de conciliación y se solucione el conflicto antes de ejercer el derecho al acceso a la justicia mediante tribunales y sin que se llegue a demandar en el nuevo Sistema de Justicia Laboral.

La nueva Justicia laboral en Jalisco, está cocinándose por el legislativo, el ejecutivo y el poder judicial para que dentro de menos de un año nos encontremos en un reciente modelo distinto para resolver la mayor parte de los conflictos laborales y los temas sindicales, se dividirá en dos terrenos la vida laboral en el Jalisco mediante una obligatoria y previa conciliación que inevitablemente marcará el requisito indispensable para poder presentar una demanda laboral en los nuevos juzgados laborales del poder judicial de Jalisco.

En Jalisco y en el país el desafío es dejar atrás el sistema viejo e inoperante que actualmente se tiene de la forma de buscar la justicia laboral, mediante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, lo que sin duda permitirá refrescar los temas de la justicia laboral para los trabajadores en el Estado y para las empresas, sin duda alguna la permutación de sistema no implica un retroceso en la materia, sino una apuesta a equilibrar los derechos de las partes en un sistema que pretende evitar dilaciones, saturación y corrupción en la impartición de justicia laboral, habrá entonces que apostar porque el centro de conciliación contenga y mantenga las mejores prácticas de avenencia y cuente con indudables expertos en materia de conciliación, para cerrarle el paso al abuso de trabajadores y la escapatoria intencional de las empresas a sus obligaciones patronales, como sucede en la actualidad.

De los tribunales laborales, también se debe esperar un sistema de juzgados laborales con perfiles de alta profesionalización que impartan justicia de manera congruente y eficaz, Jalisco merece un cambio en la materia laboral que implica que los poderes, autoridades y gobierno apuesten a generar un nuevo Sistema de Justicia Laboral conveniente y adecuado con las realidades que vivimos, con los derechos y obligaciones del mundo laboral, del que se desprenda inevitablemente desarrollo, justicia y competitividad global.

La transparencia debe ser el principal eje rector de tan ambicioso proyecto de reforma laboral en el estado, que marque precedente desde la creación o construcción de la ciudad laboral, hasta los procedimientos para elegir perfiles y servidores públicos que integrarán el nuevo Sistema de Justicia Laboral. El Gobierno del Estado y el Poder Judicial deberán velar por mostrar procesos abiertos a la transparencia y en su caso la rendición de cuentas en el proyecto que además solo tiene un margen mínimo de 8 meses de creación, instalación y capacitación.

Festejemos entonces esta nueva y necesaria etapa en la que la justicia laboral en Jalisco que iniciará y permitirá que los trabajadores acudan a ejercer sus derechos laborales, sin tener que poner en riesgo sus procesos en medio una fallida y sobrepasada justicia administrativa de supuesta buena fe, así mismo las pequeñas y medianas empresas dejen de ser afectadas por laudos y procesos laborales en los que terminan pagando cantidades ilógicas para no perder una demanda laboral y ser condenados al pago de salarios caídos e indemnización. La apuesta es legítima, así como la necesidad imperante de cambio y justicia que ya era inaplazable, colocar la justicia en tribunales es el lugar correcto y conciliar los asuntos laborales es un mecanismo imperante para la correcta operatividad del sistema laboral en Jalisco.

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OPINIÓN

CELAC y el coqueteo

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Opinión, por Luis Manuel Robles Naya //

El 18 de Septiembre se celebró en la Ciudad de México, la VI Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. México ocupa la presidencia pro tempore del organismo desde Enero de 2020. Como todas las reuniones de este tipo, esta concluyó con las mismas declaraciones habituales, compromisos sobre intenciones y declaraciones grandilocuentes, solo eso, siendo lo resaltable las diferencias ideológicas de sus integrantes y el abierto desafío lanzado por el gobierno mexicano a la preminencia continental de los Estados Unidos de Norteamérica.

En el siglo XX, durante la vigencia de la guerra fría, a los gobiernos mexicanos les resultó fructífero para la relación siempre dependiente de la economía norteamericana, el hacer guiños a la potencia tras la cortina de hierro y países europeos, para conseguir concesiones y ventajas en la relación bilateral México-USA. El derrumbe de la URSS y el fortalecimiento consiguiente de los aliados occidentales, terminó de hecho con esa práctica y más aún después de la firma del Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos, que integró las economías haciéndolas interdependientes.

El ascenso de la economía China y el fortalecimiento de Rusia parecen trasladar la otrora guerra fría hacia otra despiadada competencia económica y tecnológica en la que todos los países integrantes de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños son meros espectadores o piezas de distinto valor en el ajedrez entre las dos potencias comerciales, China y USA.

Nadie ignora que la relación entre los presidentes Biden y López Obrador no pasa por un buen momento y que muchos de los desplantes de este último, desafiantes y descorteses, como el trato dado al embajador Salazar en la fiestas patrias, la invitación al presidente cubano en las festividades patrias y la anunciada presencia del gobernante nicaragüense, así como la apertura a la participación de empresas Chinas en proyectos del gobierno mexicano, parecen un intento por volver a la vieja estrategia del coqueteo. En este contexto es como podemos entender el papel protagónico que se ha asumido con el aparente liderazgo en esta conferencia de Estados latinoamericanos y del Caribe.

Aplicar una receta vieja a momentos nuevos y escenarios diferentes parece ser una apuesta riesgosa, especialmente cuando la cortina de hierro se ha corrido al oriente y una guerra comercial entre los USA y China tiene lugar y México ha quedado en medio. En el muy posible escenario de mayor tirantez entre los dos colosos comerciales, México que ya ocupa un lugar preponderante en la cadena de suministros para la economía estadounidense, podría obtener ventajas si su planta productiva puede sustituir las importaciones que de China llegan a los Estados Unidos, pero ese escenario difícilmente se dará, si como se está evidenciando, México muestra mayor acercamiento con China y mayor distanciamiento de nuestro vecino norteño. No es una buena señal para nuestro principal socio comercial, que en el marco de la Cumbre de la CELAC se haya transmitido un mensaje del presidente Xi Jinping, y que la participación de empresas chinas en la construcción de infraestructura y transporte, así como otros ramos sea cada vez más frecuente y favorecida.

Es difícil entender esta lógica de enfrentamiento, o cuando menos desafío, a nuestro socio en el TMEC, del cual depende y seguirá dependiendo la recuperación de la economía mexicana, en un contexto totalmente diferente en cuanto a complementariedad de las economías e interdependencia, al que se vivía en el siglo XX, cuando la política del coqueteo nos permitía obtener concesiones y privilegios.

En el mundo actual, con la crudeza de las guerras comerciales es inevitable alinearse a un bando, especialmente cuando se tienen tantas debilidades como las que ahora tiene la economía mexicana. No son tiempos para andar jugando a los liderazgos regionales con base en afinidades ideológicas o simpatías por los débiles; es tiempo de ver nuestra realidad, la que surge de las cifras frías no de los discursos.

La realidad es muy diferente a la que se cuenta en las conferencias mañaneras o la que reflejan las estimaciones de los economistas oficiales. La incipiente recuperación que se observa está prendida con alfileres, siempre dependiente de condiciones exógenas porque nuestro gobierno no tiene recursos para impulsar la creación de riqueza, porque el recurso se está dirigiendo a paliar los efectos de la pobreza y esos se van a fondo perdido, sin recuperación ni crecimiento.

El espejismo de financiar el desarrollo con la riqueza petrolera desaparece conforme avanza el sexenio y ninguno de los grandes proyectos de este régimen tiene potencial detonador de desarrollo sostenido. Con una realidad económica frágil y dependiente, es una actitud osada y muy riesgosa andar haciendo fiestas continentales para desafiar a nuestra opción natural.

La cumbre de la CELAC terminó como parto de los montes, con acuerdos insustanciales envueltos en jerga diplomática, en la que la nota fue el pleito entre los invitados. Si la intención fue construir un liderazgo personal y una nueva alineación continental tampoco funcionó.

El ideal bolivariano no tiene un nuevo adalid como lo hubiera deseado nuestro presidente, pero los mensajes lanzados si pueden tener repercusiones perjudiciales para el futuro de nuestro país. Mensajes y señales como en el siglo pasado, política de antes para las situaciones de ahora, no parece una buena apuesta.

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OPINIÓN

La potestad de perdonar que dio el Papa Francisco: Dios perdona el aborto

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Con todo respeto, por Jorge Zul de la Cueva //

La discusión sobre la despenalización del aborto que gracias a la Suprema Corte hace sentir una difusa irritación gástrica en las buenas y decimonónicas conciencias de la Perla de Occidente me daría risa si no fuese, en síntesis, una discusión sobre los derechos de las personas y que este asunto, superado hace tanto tiempo en otros países, sigue costando sangre en el nuestro. Los abortos clandestinos son inseguros y matan.

No es un asunto de opinión, ni siquiera de fe, hay ejemplos en el mundo que nos permiten saber la diferencia entre prohibir por razones morales o no penalizar por motivos de salud pública. Es inviable obligar a la gente a tener un hijo no deseado por decreto y las cosas que hacen las mujeres para abortar cuando se los prohíben son terribles y dañinas. Van desde emborracharse diariamente hasta acudir a una clínica donde con un gancho para la ropa las desgarran por dentro. ¿Qué dios podría decir que este es el mal menor y que es mejor prohibir?

Pondré el ejemplo de dos países con políticas opuestas y a vuelo de pájaro hablaré de los resultados de las mismas porque es un espejo de la discusión que tenemos acá cincuenta años después sin mediar un sólo argumento nuevo.

En la España de Franco, tan congraciada con la Santa Madre Iglesia en su régimen de nacionalcatolicismo, la interrupción voluntaria del embarazo estaba prohibida ya que además de dar dolor de estomago al Generalísimo Francisco Franco (a quien no le importaba matar a republicanos con trabajos forzados en su monumento a los caídos), era ingrata tanto su versión de dios como al clero español tan cercano a la dictadura y a las buenas conciencias que podían, en caso de que sus hijas tuvieran un desliz sexual y pecaminoso, llevarlas a abortar a una isla cercana para posteriormente pretender que nada había pasado y que pudieran casarse de blanco con algún prometedor pretendiente de familia bien y valores cristianos en su sitio. Y es que el asunto de la prohibición y penalización es para los pobres. Los ricos se saltan las reglas cuando se trata de sus familias.

Hay información sobre los abortos clandestinos en la España de Franco y en los años posteriores a la dictadura. España no despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo sino hasta 2010 y un dato que nos permite ponderar el costo de la punición, es que 22 mil 999 españolas abortaron en Gran Bretaña tan sólo en 1983 según datos oficiales. Algunas iban obligadas por sus familias, otras mentían diciendo que tomarían unas pequeñas vacaciones, todas eran pudientes y aquí está el asunto para mí: Castigar solo afecta a quien no puede pagar.

En Inglaterra la “Abortion Act” que despenalizó la práctica del aborto inducido, entró en vigor el 27 de abril de 1968. Hace más de cincuenta años. Recupero algunos fragmentos de un artículo de la BBC publicado a propósito del 50 aniversario de la despenalización en Inglaterra.

El artículo se titula “Como yo tenía dinero, estoy viva; como ella no lo tenía, está muerta” y fue escrito por Claire Bates y Jane Garvey para la BBC viendo la luz el 5 de febrero de 2017.

Aquí la liga para quien guste leerlo completo:

https://www.bbc.com/mundo/noticias-38800877

Un día, mi madre me dijo que la modista había muerto. Descubrí que había tenido un aborto clandestino que salió mal. Yo no había oído hablar de esto antes, probablemente porque en ese entonces esa palabra era inmencionable. Tanto la mujer embarazada que abortaba como cualquiera que le ayudara podían terminar en la cárcel”.

Descubrí entonces que todos los hospitales de enseñanza de Londres reservaban unas salas todos los viernes para las mujeres que llegaban con choque séptico, hemorragias o al borde de la muerte por terminaciones de embarazo clandestinas. Había más casos de esos los viernes porque era día de pago. Las operaciones a menudo eran hechas por personas con un poco de experiencia en enfermería, que usaban soluciones calientes y agujas de tejer o ganchos de ropa. Uno de los grandes problemas era que no podían diagnosticar con precisión la etapa de embarazo y, cuanto más avanzada, más peligroso era el procedimiento”.

Cuando se despenalizó el aborto se acabó este tétrico asunto. No se dispararon los abortos y dejaron de morir mujeres que no podían o no querían continuar con su embarazo por una pléyade de razones, sobre todo “no poder mantener a otro hijo”. Es decir, más que penalizar el aborto, valdría la pena combatir la pobreza.

¿Aquí como vamos?

Este domingo el Semanario de la Arquidiósesis de Guadalajara, publicó un texto donde convoca a una marcha después de aclarar que no es la Iglesia quien convoca sino la comunidad, los fieles, y esta marcha es porque no están de acuerdo en la despenalización y opinan que la vida en el vientre es sagrada, por simplificar un argumento que todos conocemos. Coincido con el Semanario en el hecho de que están en su indiscutible derecho de manifestarse públicamente.

La convocatoria es para la intitulada “Marcha a favor de la mujer y de la vida” y eso, ejerciendo mi derecho de manifestarme públicamente, me parece un poco sobrado porque más que a favor de la mujer, es en contra de la interrupción legal del embarazo y eso no es favorecer a las mujeres y para sostener mi afirmación están los datos, las muertes y lo que ha sucedido en los países donde se ha despenalizado.

Si quisieran hacer algo a favor de la mujer podrían, se me ocurre (y es sólo una opinión, no pretendo incidir en las políticas del clero), discutir su integración en las cúpulas de la Iglesia, hacer un Concilio Vaticano sobre la paridad y la equidad de género, la posibilidad de que hubiera obispas y papisas pero eso no es lo que se discute, ni siquiera se habla de opciones y acciones de gran calado para ayudar a madres embarazadas o niños abandonados. El asunto se limita a cuidar lo que sucede biológicamente en un vientre.

Afortunadamente aún al interior del clero no todos piensan igual y en 2016 queriendo que fuese parte de su legado en el cierre del Año de la Misericordia, el papa Francisco dio a los sacerdotes católicos la potestad de perdonar casos de aborto entre los fieles. Una facultad que previamente estaba reservada a confesores que tuvieran un estatus especial y que debía realizarse con el permiso de un obispo o del mismo Pontífice.

Dios perdona, gloria a Dios.

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