JALISCO
Para valorar su importancia y trascendencia, el Poder Judicial requiere de una comunicación institucional integral

Opinión del magistrado Luis Enrique Villanueva Gómez //
Los expertos más reconocidos coinciden en que la comunicación institucional es el conjunto de reglas, principios, procedimientos y aplicaciones de la comunicación de intención persuasiva que, con recursos psicológicos e informativos, llevan a cabo las instituciones para influir en los destinatarios con el fin de conseguir en éstos una adhesión permanente para ejercer y distribuir poder, y realizar el bien público.
Otros estiman de manera más sucinta que es el conjunto de operaciones de comunicación llevados a cabo por instituciones (empresas, asociaciones, administraciones públicas, partidos políticos) con el propósito de hacerse conocer o de mejorar su imagen.
Hay coincidencia en que todas las instituciones públicas o privadas requieren obligadamente comunicar al interior y exterior el objeto de su creación, con independencia del aprovechamiento de este proceso con fines de mercadotecnia o de socialización del servicio que prestan.
En ese sentido, la opinión particular es que las instituciones de la administración pública, más que otras, están obligadas a participar a la comunidad no solo los motivos de su creación o funcionamiento sino los trámites, procesos o actualizaciones de su encomienda en un marco general que fije en el imaginario colectivo una imagen de eficiencia, justicia y honestidad, dado que se deben a los ciudadanos y son a ellos a quienes va dirigido su servicio.
Desde luego que las instituciones públicas según su tipo, tienen distintos requerimientos, alcances e intereses en su comunicación, especialmente si tomamos en cuenta que la mayoría de ellas tiene una renovación recurrente de sus titulares y componentes a partir de las preferencias de los ciudadanos manifestadas en las urnas dentro de las contiendas constitucionales, es decir, aquel funcionario público que ocupa el cargo por elección popular tiene el propósito de que su trabajo sea conocido y reconocido por sus electores, porque sabe que la imagen positiva que genere en la memoria colectiva será fundamental en su siguiente aspiración política, es el caso de los componentes del poder ejecutivo y legislativo así como de las presidencias municipales.
El Poder Judicial al no ser integrado a partir del voto popular dado el perfil de profesionalización de sus integrantes y al resolver conflictos jurídicos a favor de una de las partes pero también dejando posibles inconformidades en la otra, debe tener en consecuencia un manejo comunicacional más especializado, con objetivos de mayor alcance y permanencia que lo robustezcan como institución a largo plazo y que genere confianza, seguridad y certeza en los ciudadanos y los justiciables.
Por ello, el órgano de comunicación de un organismo público de justicia tiene la responsabilidad de asegurar que la opinión pública y la sociedad conozcan las decisiones sobre la institución, ya que las acciones de los tribunales recaerán sobre toda la ciudadanía, se trata, por tanto, de un proceso que debe adaptarse a las necesidades, convicciones y aspiraciones de la sociedad, asegurándose que se ha logrado la percepción adecuada.
PERCEPCIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL EN MÉXICO
El “Índice de Estado de Derecho del World Justice Project 2020”, es el reporte que mide el Estado de Derecho en 128 países, al asignar puntajes y posicionamientos basado en indicadores para ocho factores: a) límites al poder gubernamental, b) ausencia de corrupción, c) gobierno abierto, d) derechos fundamentales, e)orden y seguridad, f) cumplimiento regulatorio, g) justicia civil, y h) justicia penal; calificaciones asignadas con base en las experiencias y percepciones del público general y expertos alrededor del mundo.
En el mencionado reporte internacional, se catalogó a México en la posición número 104 de 128 en cuanto a la percepción que tienen sus habitantes respecto de respeto al Estado de Derecho y en lo particular por cada una de los rubros evaluados las asignaciones se dieron así: en límites al poder gubernamental tenemos el lugar 89; en ausencia de corrupción ocupamos el 121; en gobierno abierto nos ubicamos en el 36; en cuanto a derechos fundamentales somos el lugar 78; mientras que en orden y seguridad, estamos en el número 121;en cumplimiento regulatorio el 91; en justicia civil tenemos el lugar 116 y finalmente en cuanto justicia penal somos el número 119.
PERCEPCIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL EN JALISCO
De igual forma, WJP, publicó el “Índice de Estado de Derecho en México 2019-2020. Hallazgos” en el que se analizan las treinta y dos entidades de la República Mexicana considerando el indicador de “adhesión al estado de derecho”, desde una perspectiva ciudadana, emitiendo el siguiente reporte en el que 1 significa la mayor adhesión al estado de derecho.
El análisis arrojó que las entidades con los puntajes más altos fueron: Yucatán (0.46), Aguascalientes (0.45) y Zacatecas (0.43); en tanto que las entidades con los menores puntajes fueron Guerrero (0.33), Puebla (0.35), y Quintana Roo (0.35); situando a Jalisco en el vigesimosexto lugar con un puntaje de 0.37.
IMAGEN Y COMUNICACIÓN
En el Plan General del Poder Judicial del Estado de Jalisco se establece como visión “Ser un Poder público del estado de Jalisco, con fortaleza y unidad institucional, innovador e impulsor de la cultura de la paz y la legalidad, en el que la sociedad confíe y crea en su imparcialidad, referente nacional por la calidad de nuestras resoluciones, autonomía, independencia y coordinación institucional”.
Sin embargo, para que esta visión de imagen se convierta en una realidad es necesaria la comunicación. Para alcanzar su fin al interior y consolidar la actividad administrativa y jurisdiccional, en su conjunto, se tiene que trabajar de la mano con un posicionamiento social.
Si bien es cierto que se organizan eventos para reconocer la carrera judicial, estos no son suficientes para lograr una imagen convincente dentro de la población jalisciense, ya que sólo los servidores públicos son los que se dan cuenta de esta imagen de función y carrera judicial.
Lo verdaderamente importante es llegar a las demás personas y operadores del derecho, lo cual es verdaderamente nulo, en cuanto a la imagen y comunicación que se da en este aspecto al Poder Judicial del Estado de Jalisco.
El Supremo Tribunal de Justicia del Poder Judicial del Estado de Jalisco, cuenta con un portal en línea que contiene el mínimo esencial para informar a la sociedad en general, de la integración de las Salas y el Pleno, los Acuerdos Generales tomados, la consulta de acuerdos, registro de cédulas y el sistema electrónico de citas para ser notificado.
Mientras que es evidente la carencia de información en el portal del Consejo de la Judicatura, que resulta una circunstancia particular, toda vez que del Consejo depende toda la información relacionada con el personal y resoluciones dictadas por los juzgados civiles, mercantiles, de lo familiar, penales y de justicia para adolescentes; así como los juzgados de primera instancia, especializados y mixtos, menores y de paz con competencia en los once distritos y los treinta y dos partidos judiciales en el interior del Estado.
Por su parte, la presencia en redes sociales del Supremo Tribunal es un poco más activa, pues a través de su cuenta de Facebook se difunden temas tales como: el Plan de Reactivación Gradual, el informe de actividades del Magistrado Presidente del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, las tomas de protesta, la apertura de salas de juicios orales mercantiles y juzgados, así como diversas infografías relativas a fechas conmemorativas y cursos impartidos para los servidores y el público en general. Esta misma información se replica en su cuenta oficial de Twitter. Mientras que en el portal del Consejo de la Judicatura, apenas si existe una liga en Facebook, por la que se difunden temas tales como los acuerdos del Pleno, la apertura de las salas en materia mercantil y los protocolos de reactivación.
Finalmente, el espacio del máximo tribunal estatal en la plataforma de YouTube cuenta con dos canales digitales de transmisión en vivo, a los que, al ingresar, la pantalla informa que el contenido no está disponible.
Así, la insuficiente información y difusión de actividades relevantes que lleva a cabo el Poder Judicial de Jalisco, genera en la sociedad una incorrecta o nula percepción de confianza y credibilidad en la administración e impartición de justicia, lo cual contradice en los hechos la visión que la Institución.
El panorama empeora cuando sumamos el conocimiento que tiene la población respecto de las verdaderas competencias que tiene el Poder Judicial.
Sin embargo, la nula difusión de las atribuciones de los jueces penales del Sistema de Justicia Penal Adversarial y las de los fiscales, genera en la población la desconfianza hacia el Poder Judicial debido a que las notas y estadísticas solo se centran en ¿cuántas personas no fueron vinculadas a proceso?, o como lo ve sociedad, ¿cuántos delincuentes sobornaron al juez para que los dejara en libertad?, cuando en la realidad muchos imputados recuperan su libertad no por prácticas de corrupción, sino por la inobservancia de las formalidades esenciales del procedimiento, la insuficiente integración de las carpetas de investigación y muy diversas fallas procesales. Es indispensable fortalecer la coordinación institucional.
RETOS DEL PODER JUDICIAL DE JALISCO
Las redes sociales con las que actualmente cuenta, es decir, Facebook, Twitter, YouTube, así como su Portal en línea, son las correctas. El problema es que no existe una política pública moderna y eficiente al seguir operando como en la época absoluta de los medios de comunicación impresos, desatendiendo a las nuevas generaciones y sus innovadores métodos de comunicación, dejando de lado las bondades que brindan estas herramientas.
El Poder Judicial de Jalisco debe equipararse al Poder Judicial de la Federación, quien dentro de la plataforma de YouTube realiza transmisiones en vivo con diferentes ponentes en temas de relevancia para los impartidores de justicia y el público en general. De igual forma, la página web oficial de la Suprema Corte, contiene de forma detallada toda la información de forma digital de la sesiones celebradas por el pleno y las salas, los calendarios de actividades, las sentencia y datos electrónicos de los expedientes y cuenta con un apartado llamado “Información relevante”, donde contiene los comunicados de prensa respecto de los casos resueltos que enaltecen al Tribunal.
Por su parte, en las redes sociales de Facebook y Twitter, tanto la institución como el ministro presidente, divulgan extractos de los acuerdos más relevantes, es decir, no es la misma información que se encuentra en las páginas web y mucho menos, agregan información relevante en estas plataformas que no se encuentre completamente detallada en la página oficial.
Estamos convencidos que un Estado de Derecho eficaz y acorde con el Modelo de Gobernanza Judicial debe garantizar las condiciones idóneas para su desarrollo pleno y armónico en un ambiente de paz, igualdad, oportunidades, desarrollo, acceso a la justicia y respeto a los derechos humanos.
Hoy en día, los medios electrónicos son la principal fuente de consulta que tiene toda la sociedad alrededor del mundo para informarse acerca de aquello que se quiera comunicar, por ello es que el Poder Judicial necesita una estrategia integral de comunicación virtual que le permita reconfigurarse como una institución eficaz, legítima, transparente y confiable.
Es necesario diversificar la presencia de las autoridades del Poder Judicial del Estado, su agenda, sus programas, sus logros, avances y retos en el mayor número posible de medios impresos, radiofónicos, televisivos, digitales y en redes sociales, segmentando y estratificando el tipo y contenido de la información que demanda cada segmento de la ciudadanía y justiciables.
ENTREVISTAS
Es hora del drenaje profundo, plantea el CICEJ

Por Gabriel Ibarra Bourjac //
La solución integral de fondo a los problemas de las inundaciones que enfrenta y sufre la metrópoli cada temporal de lluvias es la implementación de un drenaje profundo, un proyecto de infraestructura magna que manejaría exclusivamente el agua pluvial, aliviando la presión sobre el sistema combinado de drenaje actual.
Este sistema, inspirado en proyectos exitosos como el drenaje profundo de Tokio (proyecto Jikans), requiere una inversión estimada de 20,000 a 25,000 millones de pesos, implementada en etapas durante 12 a 15 años.
La presidenta del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco (CICEJ), Mirna Avilés, así lo precisa en entrevista con Conciencia Pública y señala que el CICEJ lleva más de dos años trabajando en un modelo de gestión hídrica para Jalisco, con 82 acciones específicas, incluyendo ya el pago de estudios de preinversión realizados en 2017 por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA).
“Esto no es algo nuevo, el estudio lo hizo en 2017 el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Ya hay incluso los análisis de las cuencas, los análisis de dónde podría ser drenaje semiprofundo, en dónde puede ser profundo, ya hay un análisis completo”.
“Entonces, lo que hay que hacer es animarse a dar el paso, porque creo que recursos siempre vamos a necesitar, pero alguien se tiene que animar a dar el primer paso. Como sociedad y como ciudad no nos merecemos esta infraestructura, pero también no nos merecemos la falta de toma de decisiones”, precisa Mirna Avilés, experta en temas hidráulicos.
El drenaje profundo, junto con una planificación metropolitana integral, no solo mitigaría las inundaciones, sino que posicionaría a Jalisco como líder en gestión hídrica; no solo descargaría agua hacia destinos como la barranca, sino que también permitiría regenerar parte de este volumen para nuevas fuentes de abastecimiento, promoviendo una economía circular del agua.
La Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) enfrenta cada temporal de lluvias un desafío recurrente: inundaciones que generan pérdidas humanas, daños al patrimonio y caos en la vida cotidiana de sus más de 5 millones de habitantes.
La combinación de una infraestructura hidráulica obsoleta, con tuberías de hasta 70 años, y un crecimiento urbano desordenado ha convertido el agua de lluvia en una amenaza en lugar de un recurso.
La ingeniera Mirna Avilés, ha señalado que este problema no radica en la escasez del agua, sino en una gestión deficiente que requiere soluciones integrales y de largo plazo.
La normalización de las inundaciones, con 570 puntos críticos identificados por la Universidad de Guadalajara y 363 por el Imeplan, evidencia la urgencia de actuar para evitar que la ciudad colapse ante lluvias atípicas agravadas por el cambio climático.
El CICEJ, bajo el liderazgo de Avilés, propone un enfoque transformador que trasciende las soluciones parciales, como los vasos reguladores del Dean y San Rafael, que, a pesar de inversiones millonarias, no han resuelto el problema de raíz.
La solución del CICEJ no se limita a la infraestructura. Avilés aboga por una gestión hídrica integral que combine infraestructura verde, como jardines de lluvia y superficies permeables, con la rehabilitación de colectores obsoletos y la regulación del crecimiento urbano.
La urbanización descontrolada, que ha eliminado áreas verdes esenciales para la infiltración, ha aumentado la velocidad de los escurrimientos, saturando los drenajes.
El CICEJ propone incorporar soluciones basadas en la naturaleza, priorizando al ciudadano y al medio ambiente, para recuperar el equilibrio del ciclo urbano del agua. Este enfoque requiere una visión metropolitana, ya que las acciones aisladas por municipio no abordan la interconexión de las cuencas y subcuencas de la ZMG.
El CICEJ lleva más de dos años trabajando en un modelo de gestión hídrica para Jalisco, con 82 acciones específicas, incluyendo estudios de preinversión realizados en 2017 por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA).
Este modelo, desarrollado en colaboración con gobiernos, universidades y organismos operadores, busca superar la falta de continuidad en las políticas hídricas, que reinician cada sexenio o trienio. Avilés destaca la necesidad de personal técnico en la toma de decisiones y la búsqueda de financiamiento internacional, dado que los temas hídricos son prioritarios a nivel global.
La ZMG, como la segunda ciudad más importante de México y un referente cultural, no puede seguir postergando decisiones que garanticen su resiliencia frente a las lluvias.
La propuesta del CICEJ, encabezada por Mirna Avilés, representa una oportunidad histórica para transformar la ZMG en una ciudad preparada para los retos del cambio climático y el crecimiento demográfico.
El drenaje profundo, junto con una planificación metropolitana integral, no solo mitigaría las inundaciones, sino que posicionaría a Jalisco como líder en gestión hídrica. Con el respaldo del gobierno estatal, federal, municipal y fondos internacionales, este proyecto podría garantizar agua, seguridad y desarrollo sostenible, evitando que las lluvias sigan siendo una amenaza para los ciudadanos. El CICEJ, comprometido con esta visión, no quitará el dedo del renglón hasta que estas soluciones se materialicen.
¿Qué plan integral a mediano y largo plazo proponen los expertos para enfrentar esta problemática y evitar que el caos se agudice?
CICEJ lleva dos años trabajando en un modelo de gestión hídrica para Jalisco, con 82 acciones, incluyendo la continuidad de estudios para un drenaje profundo.
En 2017, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) realizó estudios de preinversión que analizaron cuencas y propusieron drenajes semi-profundos y profundos.
El CICEJ ha trabajado con el Gobierno del Estado, Gobierno Federal, universidades y organismos operadores en mesas de trabajo para diseñar soluciones basadas en conocimiento existente.
Se requieren recursos internacionales para proyectos hídricos, dado que la ZMG es la segunda ciudad más importante de México y un referente cultural (mariachi, tequila). La falta de acción no es aceptable para una metrópoli cercana a los 6 millones de habitantes.
¿Se tiene estimado cuánto sería la inversión?
En 2017, el estudio del IMTA estimó una inversión de 18,000 millones de pesos, pero debe actualizarse debido a la urbanización de zonas verdes y cambios en subcuencas. La inversión podría alcanzar 20,000-25,000 millones de pesos, implementada en etapas durante 12-15 años, similar a proyectos internacionales como el drenaje profundo de Tokio (proyecto Jikans, 18-20 años).
Mirna Avilés precisa con plena convicción: “Es esencial iniciar, aunque sea por fases, para evitar soluciones aisladas que no resuelven el problema estructural”.
¿Cómo se implementaría un proyecto integral para abordar las inundaciones recurrentes en la ZMG, considerando los más de 500 puntos críticos identificados por la UdeG y los más de 300 por el Imeplan?
La solución debe ser integral, analizando los flujos de agua en la cuenca metropolitana, identificando trayectorias, puntos de captación y desahogo. Las discrepancias entre los 570 puntos críticos (UdeG) y 363 (Imeplan) reflejan enfoques municipales fragmentados, lo que requiere un plan unificado.
La presidenta de CICEJ, explica que muchos puntos críticos no solo son por escurrimientos, sino por fallas en la infraestructura actual (fugas, socavones por reblandecimiento de suelos).
Las lluvias atípicas por el cambio climático podrían colapsar la ciudad si no se actúa. Un plan metropolitano debe priorizar la rehabilitación de infraestructura y la gestión integral de cuencas.
La ZMG debe equilibrar el ciclo urbano, evitando desechar el agua de lluvia rápidamente y promoviendo su infiltración local para mantener el ciclo natural, afectado por la urbanización y el cambio climático.
¿Por qué se ha priorizado el transporte, como el macrobús, sobre la infraestructura hídrica en la ZMG, y cómo pueden las autoridades darle mayor atención a la problemática del agua, que ha sido relegada frente a otros temas?
La infraestructura hídrica ha sido relegada porque no es visible y “no da votos”, a diferencia de proyectos como el macrobús. Sin embargo, la falta de soluciones ahora “quita votos” al poner en riesgo vidas y patrimonios.
Las lluvias se han convertido en una amenaza para la ciudadanía, lo que exige decisiones a largo plazo, aunque impliquen un costo político.
El gobierno estatal, con líderes como Pablo Lemus, Ernesto Marroquín, Antonio Juárez Trueva y Mario López, muestra disposición a escuchar y entender el problema, lo que representa una oportunidad para actuar.
¿Quién debe dar el primer paso para implementar estas soluciones?
El gobierno estatal debe liderar, con apoyo federal, municipal, de la academia y asociaciones civiles. Los temas hídricos son prioritarios a nivel mundial, y Jalisco puede acceder a fondos internacionales para financiar proyectos de gran escala.
El CICEJ participa en un plan estatal hídrico 2024-2030 con visión a 25 años, que evitará reiniciar cada sexenio o trienio, marcando una ruta clara.
¿Espera que las autoridades tomen decisiones pronto, especialmente ante eventos como el Mundial?
Se espera que las autoridades diseñen un plan integral, no solo paliativos para el Mundial, sino una infraestructura duradera que beneficie a la ciudadanía a largo plazo.
El CICEJ no cejará en su labor de impulsar soluciones, trabajando con gobiernos y ciudadanos, ya que los profesionistas, como ciudadanos, también viven estas problemáticas.
PUNTOS FUNDAMENTALES: SOLUCIONES INTEGRALES A MEDIANO Y LARGO PLAZO
- Modelo de gestión hídrica: El CICEJ lleva dos años trabajando en un modelo de gestión hídrica para Jalisco, con 82 acciones, incluyendo la continuidad de estudios para un drenaje profundo.
- Estudios previos: En 2017, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) realizó estudios de preinversión que analizaron cuencas y propusieron drenajes semi-profundos y profundos.
- Toma de decisiones: Es urgente que las autoridades den el primer paso, respaldadas por personal técnico que entienda las necesidades y soluciones.
- Colaboración intersectorial: El CICEJ ha trabajado con el Gobierno del Estado, Gobierno Federal, universidades y organismos operadores en mesas de trabajo para diseñar soluciones basadas en conocimiento existente.
- Financiamiento: Se requieren recursos internacionales para proyectos hídricos, dado que la ZMG es la segunda ciudad más importante de México y un referente cultural (mariachi, tequila). La falta de acción no es aceptable para una metrópoli de 6 millones de habitantes.
JALISCO
Es hora del drenaje profundo

Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //
Guadalajara, una metrópoli que merece infraestructura de vanguardia.
La Zona Metropolitana (ZMG), con más de 5 millones de habitantes, es un referente cultural y económico de México, hogar del mariachi y el tequila, y candidata a ser sede de eventos globales como el Mundial de Fútbol.
Sin embargo, cada temporal de lluvias revela una verdad incómoda: su infraestructura hidráulica está al borde del colapso. Socavones, inundaciones y pérdidas patrimoniales son síntomas de un sistema obsoleto que no resiste el crecimiento urbano ni el cambio climático.
¿Es hora de pensar en grande, con una obra magna como el drenaje profundo que transformó la Ciudad de México entre 1967 y 1975 o el proyecto Jikans de Tokio? La respuesta es un rotundo sí.
En entrevista con Conciencia Pública, Mirna Avilés Mis, presidenta del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco (CICEJ), presenta una propuesta técnica y ambiciosa: un drenaje profundo para gestionar exclusivamente el agua pluvial, aliviando la presión sobre el sistema combinado actual.
Este proyecto, respaldado por estudios de preinversión del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) de 2017, realizados bajo el gobierno de Aristóteles Sandoval, requiere una inversión de 20,000 a 25,000 millones de pesos a ejecutarse en 12 a 15 años.
“No es algo nuevo; ya hay análisis completos de cuencas, drenajes semiprofundos y profundos”, afirma Avilés, destacando que el CICEJ lleva dos años desarrollando un modelo de gestión hídrica con 82 acciones específicas.
UNA CRISIS HÍDRICA QUE NO PUEDE ESPERAR
La ZMG enfrenta inundaciones recurrentes que afectan la movilidad, la seguridad y la calidad de vida. La Universidad de Guadalajara identifica 570 puntos críticos de inundación, mientras que el Imeplan reporta 363, evidenciando la falta de un enfoque metropolitano unificado.
Proyectos como los vasos reguladores del Dean y San Rafael, impulsados por el exgobernador Enrique Alfaro con una inversión cercana a los mil millones de pesos, han sido paliativos insuficientes.
La infraestructura hidráulica, con tuberías de hasta 70 años, está rebasada por el crecimiento urbano desordenado, que ha eliminado áreas verdes esenciales para la infiltración y acelerado los escurrimientos.
Recientes incidentes ilustran la gravedad del problema. En 2024, un macrosocavón en avenida López Mateos, la vía de mayor circulación de sur a norte, paralizó la ciudad. En julio de 2025, hace unos días, otro socavón en la colonia El Bethel, en el cruce de avenida Malecón y calle Sidón, midió 20 metros de largo, 8 de ancho y 5 de profundidad. El colapso de un colector pluvial de 2.44 metros de diámetro, con más de 20 años de antigüedad, arrastró tres vehículos, incluyendo uno con una familia.
Aunque no hubo víctimas fatales, la imagen de un auto volcado con las llantas al cielo, junto a un camión materialista y otro de transporte, es un recordatorio de la fragilidad de la infraestructura.
El Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), responsable de estos sistemas, enfrenta una crisis financiera, administrativa y técnica que agrava la situación.
LA PROPUESTA DEL CICEJ: UNA VISIÓN TRANSFORMADORA
La solución de Avilés y el CICEJ trasciende los parches temporales. El drenaje profundo no solo descargaría agua hacia destinos como la barranca, sino que permitiría regenerar parte de este volumen para nuevas fuentes de abastecimiento, promoviendo una economía circular del agua.
El proyecto se complementa con infraestructura verde, como jardines de lluvia y superficies permeables, y la regulación del crecimiento urbano para recuperar el equilibrio del ciclo hídrico. Avilés subraya que las discrepancias entre los puntos críticos identificados por la UdeG y el Imeplan reflejan enfoques municipales fragmentados, lo que exige un plan metropolitano integral que analice flujos, captación y desahogo de agua.
El CICEJ propone un modelo colaborativo que involucre al gobierno estatal, federal, municipal, la academia y asociaciones civiles. Los temas hídricos son prioritarios a nivel global, y Jalisco puede acceder a fondos internacionales para financiar esta obra.
El plan estatal hídrico 2024-2030, con visión a 25 años, busca superar la discontinuidad de políticas que reinician cada sexenio. Avilés insiste en que la falta de acción es inaceptable para una metrópoli de la importancia de la ZMG, que no merece una infraestructura obsoleta ni la inseguridad que generan las lluvias.
EL LIDERAZGO QUE GUADALAJARA NECESITA
El liderazgo debe recaer en el gobernador Pablo Lemus, quien, junto con alcaldes metropolitanos como Verónica Delgadillo de Guadalajara, debe priorizar la gestión hídrica. Delgadillo, durante su campaña, expresó interés en modernizar la infraestructura hidráulica, pero al asumir el cargo se enfrentó a la magnitud del problema y la escasez de recursos, lo que la llevó a postergar el tema.
Sin embargo, la crisis no puede esperar. Las inundaciones no solo causan pérdidas materiales, como en Zapopan recientemente, sino tragedias humanas, como las muertes en túneles vehiculares por corrientes imparables.
Avilés enfatiza que el drenaje profundo requiere voluntad política y decisiones técnicas, no políticas. “Alguien debe animarse a dar el primer paso”, afirma, señalando que la falta de mantenimiento sistemático y la urbanización descontrolada han convertido el agua de lluvia en una amenaza en lugar de un recurso.
La ZMG no puede seguir dependiendo de soluciones parciales que no abordan la interconexión de cuencas y subcuencas. Un llamado a la acción.
ENTREVISTAS
Miguel Monraz: Peligrosa la Ley de Telecomunicaciones

Por Mario Ávila //
El diputado federal del PAN, Miguel Ángel Monraz, presidente de la Comisión de Radio y Televisión, expresó preocupaciones sobre la nueva Ley de Telecomunicaciones, particularmente por la falta de autonomía del Consejo Regulador de Telecomunicaciones, que reemplazó a la Agencia de Transformación Digital como órgano rector.
Según Monraz, los cinco consejeros, nombrados por la presidenta Claudia Sheinbaum y ratificados por la mayoría de Morena en el Senado, carecerán de independencia. La fracción 1 del artículo 23 permite su remoción por decisión presidencial sin un despido justificado, lo que, en su opinión, genera miedo e inseguridad.
“Trabajarán con la guillotina en el cuello”, afirmó, cuestionando si podrán actuar libremente o si los apercibimientos por incumplir derechos de audiencias serán usados para silenciar críticas al gobierno.
Monraz criticó que esta falta de autonomía no garantiza equilibrios entre lo público y privado ni equidad para inversionistas en telecomunicaciones, lo que podría incumplir requisitos del T-MEC.
Comparó el consejo regulador con la Cofetel de 1995, considerando la ley un retroceso de 30 años, aunque evitó un mayor retroceso al descartarse la Agencia de Transformación Digital propuesta originalmente.
En cuanto al polémico tema de la geolocalización, Monraz propuso una reserva, desechada en tribuna, para exigir una orden judicial clara para su uso. El artículo actual remite a lineamientos del consejo, lo que genera ambigüedad y riesgos de espionaje.
“Si no te espía esta ley, lo hará la de la Guardia Nacional o la de Inteligencia”, advirtió, cuestionando la seguridad de los datos biométricos de los ciudadanos y recordando el hackeo al sistema del Ejército como ejemplo de vulnerabilidad.
A pesar de reconocer que el 90% de la ley retoma la legislación de 2014, Monraz destacó enmiendas positivas, como la eliminación del artículo 109, que calificó de “ridículo y agresivo” contra portales digitales, y los artículos 201 y 202 sobre censura previa, gracias a la presión de periodistas, sociedad civil y legisladores.
Sin embargo, advirtió que persisten normas que permiten controlar y vigilar a medios y ciudadanos, limitando la libertad de expresión. Monraz expresó preocupación por la intolerancia de Morena, citando casos como la sanción económica y la obligación de disculparse impuesta a una ciudadana en Sonora por criticar al presidente del Congreso en redes sociales, la detención de un periodista en Tequila por hacer su trabajo, el hostigamiento a un periodista en Campeche por parte de la gobernadora, y la “Ley Censura” en Puebla.
También mencionó el caso de un ciudadano que enfrentó a un diputado de Morena, Gerardo Fernández Noroña, y fue obligado a disculparse tras un proceso judicial. “Todos esos son de Morena”, sentenció, señalando un patrón de represión.
El legislador subrayó que, aunque la ley incluye avances, los riesgos de control y vigilancia persisten. Los ciudadanos y medios enfrentan un entorno donde las críticas al gobierno pueden ser castigadas, y la falta de claridad en regulaciones como la geolocalización amenaza la privacidad. Monraz llamó a garantizar un equilibrio que proteja tanto los derechos de las audiencias como la libertad de expresión, sin permitir que el gobierno utilice la ley para intimidar o espiar a la ciudadanía.
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