Opinión, por Luis Manuel Robles Naya //

A la señora presidente Claudia Sheinbaum no le agrada que el gobierno de Estados Unidos determine que los carteles criminales sean catalogados como terroristas. Al parecer a la opinión pública tampoco, pues según encuesta publicada en El Financiero el 6 de febrero, el 68% de los mexicanos ven mal y muy mal que el gobierno norteamericano los clasifique como tales.

Ambas cosas le han importado un rábano al presidente Donald Trump, que los considera una amenaza a la seguridad nacional de su país y los ha declarado formalmente como terroristas. Igual paso dio el gobierno canadiense que incluso creó la figura del Zar anti-fentanilo.

El rechazo del gobierno mexicano a tal manifestación no puede ni debe desvincularse de la grave acusación lanzada desde la Casa Blanca dentro del texto que anunció la imposición de aranceles en la que, textualmente, acusó al gobierno de México de tener alianzas con organizaciones criminales. Tal afirmación fue y ha sido soslayada por la presidente Sheinbaum que respondió, diciendo que la alianza existía con los vendedores de armas en EU a los grupos criminales, y que en el combate a los carteles debieran empezar por su propio territorio.

Esto último en correspondencia a los actos de la fiscal general, Pam Bondi, que ha emitido un memorándum titulado “Total Elimination of Cartels and Transnational Criminal Organizations” que busca eliminar las trabas burocráticas para facilitar la investigación y persecución de organizaciones criminales utilizando la legislación más potente con que cuente el sistema judicial. Es decir, no quitan ni quitarán el dedo del renglón y van en serio contra ellos y sus aliados tanto gubernamentales como empresariales.

Este memorándum se inscribe en la estrategia que ha delineado Donald Trump desde su campaña y que ha venido cumpliendo con sus órdenes ejecutivas. Dicha estrategia engloba acciones tales como: reforzar la patrulla fronteriza y restaurar políticas migratorias estrictas; bloqueo de rutas marítimas de transporte e intercepción de embarcaciones sospechosas en aguas internacionales; despliegue de fuerzas especiales en operaciones directas; bloqueo del acceso al sistema bancario internacional; exigir colaboración de países vecinos para combatir la corrupción y sancionar a funcionarios que colaboren con carteles, entre otras más que incluyen modificar su legislación para incluso imponer la pena capital a los capos y colaboradores.

El gobierno mexicano debe entender que esto dejó de ser un discurso de campaña y que se trata de una política de especial interés para el gobierno norteamericano y dejar de lado medidas cosméticas para hacer como que se coopera y como que se cumplen los compromisos.

Claudia Sheinbaum había sido cauta y prudente en sus declaraciones, sin apartarse del discurso de colaboración no subordinación, más defensa de la soberanía e integridad del territorio nacional. Consiguió una prórroga de un mes para evitar la fijación de aranceles, pero a cambio ha recibido algunas advertencias que no debiera desestimar. La presencia de embarcaciones militares frente a las costas mexicanas y el sobrevuelo de aviones espías confirman que, de no ser satisfactoria la respuesta a las demandas norteñas, ellos están en posibilidades y disposición para intervenir directamente.

Algo tendrá que hacer además de incrementar la detención de peces menores de la estructura criminal, el decomiso de armas y fentanilo y el envío de tropas a la frontera. La operación Enjambre en el Estado de México y Chiapas, se antojan insuficientes para responder a tan serio cuestionamiento contenido en el anuncio arancelario. Especialmente, cuando todo un estado, Sinaloa, tiene cinco meses siendo rehén de grupos criminales, cuando en Chiapas sigue el dominio territorial de otros más y en Tabasco se hace evidente que no hay control; ni cesan tampoco las denuncias en Michoacán, Jalisco y otros estados por la extorsión a productores y comerciantes.

Existen además señalamientos puntuales sobre gobernadores en funciones y gobernantes anteriores acerca de sus acercamientos con organizaciones criminales. Los ojos de la inteligencia norteamericana tienen tiempo atentos al desenvolvimiento político de nuestro país. La extensa frontera compartida hace que la estabilidad en la misma se vuelva una prioridad para la seguridad nacional estadounidense.

Por el rumbo que está tomando el dialogo entre las dos naciones, es previsible que la revisión del Tratado de Libre Comercio, cuya fecha ya han solicitado que se adelante, tenga más ingrediente político y de seguridad que de requerimientos comerciales, que siempre serán, como se vislumbra, solo instrumentos para negociar otras condiciones.

A juicio de nuestros vecinos pesan más los muertos por fentanilo, la desestabilización que significa la presencia y el avance de las organizaciones criminales y el debilitamiento del estado de derecho que el déficit comercial. Sin olvidar que quieren cerrar el continente a la presencia china. Como se ve, son diferentes prioridades y la nuestra debiera ser sobrevivir económicamente y ganar la paz, no elecciones. El costo de las omisiones y diferencias estará por verse.

Política Global, por Jorge López Portillo Basave //

Casi no hay por dónde empezar. Podemos empezar con lo que dijo un ex funcionario de la propia CIA en los 80s cuando aceptó que el gobierno a través de la CIA filtraba notas a periodistas bajo su control a los que les daba historias reales o falsas según conviniera. El gasto en supuesta ayuda para el desarrollo que la agencia USAID realizó en el 2024 y bueno seguro en años atrás hace ver al gobierno de México y a los programas sociales de nuestro gobierno e incluso a la estafa maestra, la estela de luz o el Pemexgate como algo limpio.

Como usted recordará, la CIA es la agencia de inteligencia de los EUA. Muy efectiva, pero con un mandato claro de no poder intervenir en asuntos dentro de su país. Bueno parece que las letras pequeñas de sus capacidades no limitan a que el dinero que ellos envían o las acciones que ellos fomentan en otros países hayan sido reutilizados con su propio dinero, en territorio norteamericano favoreciendo a medios o a grupos políticos locales. 

Para ser claros parece como lavado. Según múltiples “soplones” y ahora confirmado por los descubrimientos de la llamada y muy controversial agencia “DOGE” que encabeza Elon Musk, una parte importante de los $40 mil millones de dólares anuales del presupuesto de la agencia para el desarrollo internacional de EUA son utilizados por organizaciones no lucrativas -ONG- que promueven agendas y acciones muy lejanas a lo que parecería ser el sentido común o el interés público de los gobiernos de ese país.

Según el propio Elon Musk, encargado del llamado “Departamento de Eficiencia Gubernamental” también conocida como “DOGE” por sus iniciales, cuando el presidente de EUA -Trump- ordenó la semana pasada suspender por 90 días los envíos de dinero del gobierno de EUA a otros países para investigar presuntos abusos, fue que la agencia para de EUA para el desarrollo internacional “USAID”, ignoró la orden y trato de seguir dando dinero con pretextos burocráticos.

La agencia fue creada por decreto que después pasó a ser ley reglamentaria en los años 70´s con el presidente Kennedy. Casi siempre se ha dicho que esta agencia es para los gastos no oficiales que el gobierno de ese país da a particulares en otros países con lo que puede influir en sus decisiones de una u otra forma. Parece ser el brazo “civil” de la CIA. Pero también el brazo “civil” de las políticas de la Casa Blanca en otros países.

La agencia para el desarrollo internacional se creó 12 años después de la CIA y desde entonces ha tenido presencia en todos los continentes y en decenas de países desde Europa del este hasta África, Asia, Sudamérica y claro México.

Según Musk la orden presidencial de parar el gasto por 90 días para ser revisado fue ignorada por esa agencia quien además se negaba a informar el resultado final de los casi $40 mil millones de dólares anuales de su presupuesto. Hemos de decir que la agencia ha tenido programas exitosos y resultados deseables en varios campos y países como la lucha contra el sida en mujeres embarazadas quienes al recibir medicamentos no pasaban su enfermedad a los bebés en sus vientres en África y otros programas similares para ayudar a la nutrición en zonas del mundo.

Pero pocas veces se ha visto un enojo tan fuerte como el de políticos de Washington al protestar por la paralización del gasto de ese país en otros países. Los medios y los congresistas de EUA parecen estar más enojados por esa parálisis y la auditoría que por las deportaciones o por los accidentes aéreos o por muchos otros problemas que enfrenta EUA. Es raro que políticos de un país defiendan tanto el gasto en el extranjero.

Parece que en los últimos 4 años se invirtió en todo el mundo mucho dinero, cientos de millones de dólares a través de USAID para proteger, promover o apoyar programas para la comunidad transexual y la migración indocumentada. Algo que resulta interesante por decirlo menos. Pero el tema de la promoción de óperas o musicales con enfoque diverso es lo de menos. Hay gastos realmente escandalosos como los que a continuación se indican.

Cientos de millones de dólares a Ucrania para apoyar a empresas como Berísma en la que Hunter Biden, el hijo del expresidente Biden, era consejero y para enviar a modelos de ese país a los festivales de moda en París,  $20 millones de dólares para filmar un capítulo del programa infantil “Plaza Sésamo” en Afganistán, $1 millón de dólares para la empresa “EcoHealth Alliance” que fue de las ONG que dio financiamiento a estudios de manipulación de virus en el laboratorio de Wuhan.

100 millones de dólares para financiar el cultivo de plantas precursoras de heroína en Afganistán, $2 millones de dólares para programas de estudio a hombres con que tienen sexo con hombres en Sudáfrica, $4 millones de dólares para apoyo a organizaciones trans y el cambio de sexo en Guatemala y El Caribe, varios millones de dólares para condones en Gaza, varios millones de dólares para estudios sobre embarazo de ratas y ratones trans, medio millón de dólares para promover el ateísmo en Nepal, $8 millones de dólares para suscripciones a la revista Político y otros tantos al New York Times del paisano Carlos Slim.

El USAID también dio apoyo a las ONG que promovieron la investigación en contra de Trump durante su primer gobierno, $14 millones de dólares para vouchers entregados a migrantes en tránsito por Centroamérica, $40 millones de dólares para construir una estación de gasolina en Afganistán que 1 año después de ser abierta no ha vendido nada de combustible y la joya de la corona $1,200 millones de dólares para beneficiarios no inscritos y un par de pensiones a ex funcionarios que hoy debieran tener 150 años de edad. ¿Qué? ¿$45 mil millones de pesos para donativos a gente no registrada? ¡Así es! Digamos que de los $40 mil millones de dólares de presupuesto anual mucho se gastaba en tonterías, otro tanto en babosadas y otros no saben ni en qué, pero algunos millones sí se gastaban en asuntos importantes.

En México desde el 2019 el director de lo que fue el USAID era Bruce Abrams, un experto en países con izquierda o con instituciones cuestionadas. Así las cosas, la Agencia para el Desarrollo de EUA para el mundo fue puesta en suspensión de operaciones y bajo el control del nuevo secretario de Estado de EUA, Marco Rubio quien dijo que, a días de haber entrado en funciones, los directivos y los beneficiarios del fondo USAID se negaban a dar respuestas y a frenar el gasto, por lo que se vieron en la necesidad de suspenderlo del todo y a pedir a Musk que iniciara una investigación del gasto para transparentar el destino del dinero.

Al final, el dinero de los contribuyentes de EUA se utiliza en el mundo como lo utiliza cualquier potencia para ganar afectos o presionar a opositores, eso no es nuevo. Lo que es escandaloso es que muchos miles de millones de dólares sean gastados en proyectos que nada tienen que ver con eso, sino más bien con negocios o preferencias de los directivos de lo que era esa organización o de altos funcionarios del gobierno de ese país. El propio auditor del USAID había venido indicando que el gasto se aplicaba con falta de controles, en especial en los países que había mucha corrupción en los que se daban los recursos y no se podía dar seguimiento real a sus efectos.

El USAID es solo una pequeña parte de los gastos o inversiones del gobierno de EUA en el extranjero, pero era una parte muy oscura. Así las cosas, los fondos de EUA para el mundo seguirán fluyendo, pero por el momento parece que les aplicaron un freno y eso está generando más descontento en Washington que en los países a los que supuestamente ayudaban ¿Por qué será?

Llama la atención que hace unos días el presidente de Ucrania dijera que del 100% del dinero que le han enviado a su país, solo el 40% de los $300 mil millones de dólares le ha llegado de manera directa ya que lo demás ha sido en especie. Esto no incluye nada de USAID, pero nos da una idea de cómo desde el Congreso y desde el Gobierno de EUA se manejan datos públicos oficiales y detalles que sólo conocen los verdaderos dueños del poder.

Musk, el villano y ahora Hitler de los medios, se ha propuesto junto con otros recién llegados a bajar el desperdicio en el Gobierno de EUA, pero esto parece no gustar a muchos. La idea de bajar el gasto no es nueva, Obama prometió hacerlo y Clinton despidió a casi 400 mil empleados del gobierno. El USAID tenía más de 2 mil empleados, pero del 2021 a la fecha creció a casi 10 mil contando a eventuales y externos en todo el mundo. Llama la atención que haya pagado más de $100 millones de dólares para alimentar y apoyar migrantes en Colombia, país de tránsito de la ola migratoria que como dijimos parece que financió EUA y que ahora le cobra y critica a sus vecinos.

Estos $300 millones son adicionales a los $14 millones de dólares de los vouchers antes mencionados. Es fácil gastar lo ajeno, es fácil hablar del apoyo a la migración cuando se fomentó la migración ilegal en lugar de haber apoyado la migración documentada. Parece ser que por años el USAID fue la caja chica de los políticos de alto nivel quienes daban fondos a ONG que a su vez daban generosos contratos o becas a sus familiares, amigos o negocios.

Sería interesante ver cómo afectó a la política global y en particular a la política de los países donde USAID tenía presencia esta conducta cuestionable. ¿Será que de los últimos 12 años podamos conocer de menos apoyos a México y al mundo? ¿Cuánto? ¿para qué? y ¿cuándo? son las preguntas más intrigantes. En una de esas si enviaron lana a zonas terroristas para sembrar drogas o para pagar condones, nos encontramos que además de dar lana a los grupos que pagan a los traficantes de personas podríamos sorprendernos si hay grupos que reciben lana y son cercanos a otros delitos relacionados al tráfico de personas de armas y de droga en Latinoamérica.

Pero tal vez esto sea demasiado ruido para nuestros oídos y prefiramos pensar que el exponer el gasto es malo. Yo creo que no solo a los ciudadanos de EUA que pagan estos gastos, sino que a todos nos conviene saber que el dinero que gasta en el extranjero el país más rico y poderoso del mundo no está siendo utilizado para fines contrarios a lo que se dice en público y a lo que se exige como política a sus vecinos. ¡Bien por Musk y sus muchachos!

Bioética, por Omar Becerra Partida //

La intersección entre la bioética y el crimen organizado representa una de las problemáticas más complejas y desafiantes de nuestro tiempo. Tradicionalmente, la bioética se ha enfocado en cuestiones intrínsecamente humanas como la vida, la muerte, la salud y la enfermedad, enmarcadas en un contexto de ética médica y científica. Sin embargo, la creciente influencia del crimen organizado en diversos ámbitos, incluyendo el de la salud, ha obligado a replantear los límites de esta disciplina.

El crimen organizado ha encontrado en la salud un lucrativo campo de acción. Desde el tráfico de órganos hasta la producción y distribución de sustancias ilegales, las actividades criminales han contaminado un sector que debería estar al servicio del bienestar humano. Esta situación plantea una serie de interrogantes éticas que van más allá de los dilemas clásicos de la biomedicina.

Uno de los ejemplos más claros de la perversión de los principios bioéticos por parte del crimen organizado es el tráfico de órganos. Esta práctica, en la que personas en situación de vulnerabilidad son explotadas y sometidas a procedimientos quirúrgicos clandestinos, constituye una grave violación de los derechos humanos y de los principios fundamentales de la bioética, como la autonomía del paciente y la prohibición de la comercialización de órganos.

La producción y el tráfico de drogas, especialmente de sustancias sintéticas como el fentanilo, representan otro gran desafío para la salud pública y la bioética. El crimen organizado se ha aprovechado de la vulnerabilidad de las personas adictas para obtener ganancias económicas, poniendo en riesgo la vida de miles de personas. La producción y distribución de drogas ilegales no solo viola las leyes, sino que también contradice los principios de beneficencia y no maleficencia, al causar un daño significativo a la salud de las personas.

La falsificación de medicamentos es otra actividad criminal que tiene graves consecuencias para la salud pública. Los medicamentos falsificados pueden ser ineficaces o contener sustancias tóxicas, poniendo en riesgo la vida de los pacientes. Esta práctica, además de ser un delito, constituye una grave violación de los principios de beneficencia y justicia, al privar a las personas de acceso a tratamientos seguros y efectivos.

La intersección entre la bioética y el crimen organizado plantea una serie de desafíos complejos:

1. Vulnerabilidad de las personas: Las personas más vulnerables, como los migrantes, los presos y los pobres, son las más expuestas a las actividades criminales relacionadas con la biomedicina.
2. Conflicto de intereses: Los intereses económicos del crimen organizado pueden entrar en conflicto con los principios bioéticos, lo que dificulta la aplicación de normas y estándares éticos.
3. Falta de regulación: La rápida evolución de las tecnologías biomédicas y la globalización han dificultado la creación de marcos regulatorios adecuados para prevenir y combatir las actividades criminales en este ámbito.

Para abordar esta problemática, es necesario adoptar un enfoque multidisciplinario que involucre a profesionales de la salud, del derecho, de las ciencias sociales y de las fuerzas de seguridad.

Es necesario desarrollar marcos regulatorios sólidos y eficaces para prevenir y combatir las actividades criminales relacionadas con la biomedicina.

Tambien, es fundamental fomentar la investigación biomédica ética, transparente y responsable.

La cooperación internacional es esencial para combatir el crimen organizado transnacional y el tráfico de órganos y medicamentos falsificados.

Es necesario sensibilizar a la población sobre los riesgos asociados con las actividades criminales en el ámbito de la salud y promover la educación en bioética.

En conclusión, la intersección entre la bioética y el crimen organizado representa un desafío complejo y multifacético. Para hacer frente a esta problemática, es necesario adoptar un enfoque integral que combine medidas legales, políticas y educativas. La protección de la salud y los derechos humanos debe ser una prioridad en este contexto.

Veremos que nos espera con el gobierno entrante respecto a estos temas.