Por Mónica Ortiz //

Jalisco tiene una controversia respecto a la iniciativa de reforma constitucional que busca cambiar el método de selección de magistrados y jueces del Poder Judicial y del Tribunal de Justicia Administrativa, presentada por Enrique Alfaro Ramírez, titular del Poder Ejecutivo del Estado, en la que se pretende de alguna manera extremar burocrática y sistemáticamente un proceso selectivo que evidentemente pudiera ejercer control en los nombramientos del Poder Judicial a través del Poder Legislativo, el Sistema Estatal Anticorrupción, la venia de las universidades públicas y privadas del estado, con esto generar por lo menos en el discurso legislativo, la creación de un sistema de impartición de justicia efectiva, clara y transparente de los jueces y magistrados de nuestro poder judicial.

En este sentido, deberemos entender que es cierto y real que el Poder Judicial requiere de la máxima transparencia en la elección y designación de los que deberán tener como mínimo una robusta carrera judicial, probidad y alta reputación para llegar a este Estado a impartir justicia a nuestra actual sociedad polarizada y bastante política; sin embargo el actuar de nuestros jueces y magistrados pudiera ser el mismo al cambiar y exceder las medidas de participación en el Poder Judicial, pues no los exime de responder a sectores o colores partidistas, al final esta iniciativa pudiera simular y ser positiva en la práctica legislativa, si está hecha a modo y perfilada sólo para algunos, quedando en una medida de protección anticorrupción poco efectiva, producto de políticas públicas propuestas por el actual gobierno, mismas que se pudieran escuchar geniales en los discursos de campaña.

Quizás el escenario es que el Congreso y su mayoría naranja, conclusivamente aún con medidas y filtros que se instauren, elegirán los nombres que mejor se acomoden a responder al nombramiento designado, para el que se diseñó esta iniciativa de ley, es cierto que no cabe más discusión es intromisión de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, ellos ponen las reglas del juego y también lo juegan, pero no son la opción más sana para que el Poder Judicial cuente con esquemas de control e ingreso, pues seguimos en un sistema partidista, paternalista, discrecional.

La autonomía de los poderes no debe calificarse de simplona en un reto de discurso, esto implica entonces exceso de autoridad y soberbia, es una cuestión puramente constitucional y no política, que debe velar e involucrar un estado íntegro de derecho, en sus respectivas esferas jurídicas y jurisdiccionales, la autonomía de la gestión de los poderes, no es una excusa ni un pretexto que se deba usar para polarizar un asunto de gran importancia y lanzar desafíos gubernamentales, cuando los compromisos de cada poder en el Estado fallan todos tenemos problemas muy serios de responsabilidad y efectividad, por lo tanto es un asunto del Poder Judicial establecer la mediadas únicas necesarias e invulnerables de transparencia y eficiencia en sus jueces y magistrados.

Tenemos tres poderes que administran el Estado, pero lo correcto en la teoría del estado es la no intromisión y el respeto absoluto a la autonomía de cada uno, quizás cuando logremos entender que lo más sano es que cada uno se dedique a sus obligaciones, sin mezclarse intencionalmente para crear polaridad y opacidad, usando la política para conseguir poder.

Contar con un Poder Judicial libre de opacidad y partidismo, donde la confianza del ciudadano en los intérpretes y ejecutores de la ley en el Estado de Jalisco se recupere o se construya, es crear un sistema vitrina para selección y designación, con la idea real de contar con perfiles aptos y capaces de cumplir las expectativas de la sociedad, pero siendo una carrera judicial propia de la preparación y la práctica, los exámenes de control y confianza resultan excesivos, fuera de lugar para jueces y magistrados, pues se aplicarían antes de que una bancada de mayoría en el Congreso designe, no nos garantiza mucho el actuar y el ejercicio de su encargo, lo que debería de existir es la certeza de que quien se postula, no tendrá al final un apoyo acordado por las bancadas del Congreso, siempre necesaria para obtener el puesto y cuidar algún interés, eso es lo que nos tiene con poca credibilidad en materia judicial y gubernamental, porque seamos sinceros lo que realmente pasa es que los mecanismos son diseñados para que lleguen sólo aquellos que se mueven en los temas y sectores políticos, o bien activistas sociales a la espera de que les favorezca con la invitación de alguna convocatoria.

En este sentido habrá que cuidar que esta iniciativa no sea la perfecta simulación y el proyecto para un discurso de refundación y siga siendo imposible para quienes cuentan con carreras judiciales, expectativas y experiencias para enriquecer sirviendo al Poder Judicial o esto no sea un disfraz de limpias y sistemas anticorrupción claramente inoperantes, con exceso de burocracia que impida la democracia y la pluralidad; la participación de la sociedad con capacidad y probada aptitud, es un derecho que no debe ser burocratizado de un poder a otro, la transparencia, la cultura de la denuncia, el correcto ejercicio del derecho a la información y los medios de comunicación, son hasta el momento los filtros más efectivos de control y confianza, no las propias instituciones gubernamentales.

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