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OPINIÓN

Por favor, ¡que no reprueben!

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Por Isabel Venegas //

Es cierto, para hacer un análisis de la escuela que queremos, deberíamos hablar primero acerca de los fines de La Educación, y eso nos da un poco de tiempo en tanto se sigue discutiendo la reforma educativa, que haciendo un paréntesis –cuentan que fue un error de cálculo numérico el que hizo que les faltara un voto para su aprobación en la Cámara de Senadores- me viene a la mente la imagen de alguno de mis alumnos diciendo: “Maestra ¿A mí para qué me van a servir las matemáticas, si lo que quiero es ser diputado o senador?” Volviendo al tema, quiero creer que esta afirmación es una leyenda falsa del pasillo legislativo, y que las negociaciones están fríamente calculadas para que sea aprobada en la siguiente sesión.

Ahora bien, el tema no está en la reforma de la reforma, sino en las leyes secundarias, esas que pueden dejar las lagunas que se quieran, o retomar el rigor que se piense, más aún, el meollo del asunto estará en las aulas que es donde se aterriza verdaderamente la ley, o simplemente se le dará la comprensión que se quiera, o que se pueda.

La vida diaria del profesor ha sido analizada por múltiples estudios etnográficos. La sociología ha hecho bastantes aportes, y todas las ciencias de la educación hacen ver la necesidad de seguir considerando al profesor como el factor clave en el proceso de enseñanza–aprendizaje. Ojo, con esto no contradigo la idea que se postuló como una de las bases de la pedagogía moderna: El niño como el centro del acto educativo.

El proceso es simultáneo, la enseñanza y el aprendizaje suceden a un compás mágico. Es tanto lo que el maestro aprende, como lo que el alumno enseña. Es tanto lo que importa el maestro, como el estudiante en todas sus dimensiones.

¡Ahí está el detalle! por cada reforma, por cada análisis más o menos sesudo que hagan los senadores y diputados, habrá que capacitar, socializar y gestionar los recursos necesarios para que supervisores, directores, asesores técnico-pedagógicos y finalmente los profesores sean los que lo ejecuten en los salones de clases. Deja te cuento un caso:

En el sexenio pasado se emitió un acuerdo, era el número 696 por el que se establecían las normas generales para la evaluación, acreditación, promoción y certificación en la educación básica. (DOF: 20/09/2013). En ese documento se leía en el Artículo 12.- Alerta y estrategias de intervención:

A partir del segundo bimestre de la educación primaria y secundaria, el docente deberá registrar en el Reporte de Evaluación, si existen riesgos de que el alumno no alcance los aprendizajes previstos en el ciclo escolar o de que no sea promovido al siguiente grado o nivel educativo, así como en su caso, la estrategia de intervención a seguir en los términos previstos en este Acuerdo y en las normas de control escolar correspondientes

Con una serie de 9 incisos que hablaban del examen de recuperación para los alumnos de secundaria, y párrafos como

Cuando el alumno no se encuentre en alguno de los supuestos anteriores, podrá ser promovido al siguiente grado o retenido en el mismo grado, según lo determine conveniente el docente. En caso de que el docente determine la promoción del menor, ésta podrá condicionarse a la suscripción por parte de los padres de familia o tutores, de los compromisos necesarios para brindar apoyo al menor…”

Esto último aplicaba para el caso de niveles en primaria. La intención era que el profesor hiciera todos los esfuerzos que estuvieran a su alcance para asegurar que el niño no reprobara desde los primeros años escolares, reduciendo así los niveles de deserción en los grados subsecuentes. -Los estudios demuestran que, a pesar de ser factores que hay que atender con suma urgencia, las necesidades básicas no son tan determinantes en el abandono escolar, como sí lo es el hecho de que el alumno se conciba a sí mismo como un ser incapaz para continuar estudiando-. Proteger y fortalecer la autoestima del niño, sería pues la intención primordial.

Salvar” a un estudiante que estuviera en situación de crisis académica requería de que el expediente fuera nutrido por una batería de evidencias y reportes que dieran fe de cómo se habían agotado todos los recursos: desde el análisis de sus canales de aprendizaje, las adecuaciones curriculares especiales para ese estudiante, las citas con padres de familia, de la atención o canalización al gabinete psicopedagógico, de la gestión para pedir apoyos económicos en casos de crisis, y un sinfín de posibilidades que se derivan del aterrizaje en el contexto real, como el hecho de que los padres no respondan a los citatorios, que los apoyos psicopedagógicos no operen como se desea, o las becas y programas sociales no sean suficientes.

De una u otra manera el profesor pudo haber dado lectura a lo anterior y terminar diciendo “mejor los paso… y que los repruebe la vida”; así, en plural, porque aunque la intención va para que se aborde en la particularidad de cada estudiante, el maestro ve un cúmulo de casos que necesitarían la atención personalizada de asesoría y acompañamiento.

Como decía un querido amigo: hay leyes buenas, que dan malos resultados; las pasadas reformas al sistema educativo no causaron el revuelo que ha provocado la del sexenio anterior, tal vez porque no trastocaba los intereses laborales del gremio, o quizá porque el maestro encontró de una u otra forma una manera simple de ponerla en práctica, y que permeó rápidamente entre la comunidad educativa, ¡No se debía reprobar a los alumnos!, así de simple y pragmático

Los calendarios se modificaron, la cantidad de horas lectivas aumentó y junto con ella la burocracia escolar, aunque seguimos sin sacar una buena calificación como país.

El alma de la escuela no está en los reportes, las estadísticas y las certificaciones, que si bien son un referente para la evaluación social, en el currículo oculto no aplican como tal, y sus resultados dejan mucho qué desear. Sabemos del impacto que ha tenido el egresar generaciones de estudiantes que llegan al nivel superior sin entender una regla de tres, porque en su momento nunca hicieron el andamiaje desde el algoritmo de la multiplicación, éste sería todo un tema para platicar.

Hoy una nueva idea empieza a versar entre los pasillos escolares: “los alumnos de primer y segundo grado de primaria, no podrán reprobar”. Esperemos haber desarrollado la habilidad de asumir con mayor rigor lo que hemos aprendido. La honestidad en cada uno de nuestros cargos deberá hacernos más comprometidos y más maduros como sociedad: la situación particular de un niño de siete u ocho años, que en otras circunstancias debiera estar siendo “reprobado” como un mecanismo para atender su rezago académico, tendría que ser abordada por los maestros con la información suficiente, para que en conjunto con el cuerpo directivo y psico-pedagógico en constante comunicación con los padres de familia sea atendida; solo así estaríamos hablando de un cambio paradigmático. Identificar los problemas particulares de los niños que no pueden conseguir los resultados deseados, y abordarlos desde una interdisciplinariedad en conjunto con la colaboración de los padres de familia, es un reto que, más que utópico, debe encontrar la solución dentro de una escuela pública con salones sobrepoblados, con carencias y con poco ánimo por parte de algunos de sus actores.

Cuando hemos mencionado la idea de “mediciones objetivas”, es porque en ciertos aspectos es necesario tener mínimos qué cumplir, pero precisamente por eso tenemos que echar mano de las tecnologías para que eso consuma el mínimo de energías, dote de información por sí misma, automatice los diagnósticos y dé mucho más espacio para que los alumnos y los maestros asistan al encuentro que los convoca el espíritu de aprender para ser mejores; que vuelvan a encontrar en la escuela el lugar para ¡SER FELIZ!

Mat. y M. en C. Isabel Alejandra María Venegas Salazar

E-mail: isa_venegas@hotmail.com

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JALISCO

El madruguete del Infonavit: ¿Premiar la ilegalidad en Jalisco?

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Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //

Increíble, pero cierto: el delito de despojo ahora podría recompensarse con escrituras a precio de ganga. Así lo anunció Octavio Romero Oropeza, director del Infonavit, en la mañanera del 16 de junio, con la presidenta Claudia Sheinbaum como testigo.

Su iniciativa busca regularizar 145,000 viviendas ocupadas irregularmente, ofreciendo a los invasores un arrendamiento con opción a compra en 4 a 5 años. ¿El mensaje? Invade una casa, espera un poco, y el Infonavit te la venderá en abonos. ¿Qué sigue, escrituras gratis para asaltantes?

Este “madruguete” huele a la clásica opacidad de la 4T. Sin consultar a gobiernos estatales ni a la sociedad civil, Romero pretende resolver las 843,000 viviendas “emproblemadas” del Infonavit con una medida que incentiva la ilegalidad.

¿Es esta la solución, o un anzuelo para más invasiones?

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, no tardó en responder: “No vamos a permitir invasiones irregulares, eso es contribuir a la ilegalidad en el país.” Y tiene razón. La iniciativa ignora un principio básico: “Todo tiene un dueño, todas las viviendas por abandonadas que estén tienen un dueño,” como señaló Lemus. Ya sea un particular que dejó de pagar su crédito o el propio Infonavit, los derechos de los propietarios originales son pisoteados.

El Infonavit, un organismo tripartita de trabajadores, patrones y gobierno, no puede actuar como si fuera propiedad de la 4T. La propuesta de Romero, además de torpe, es ilegal: debe pasar por la Asamblea General, donde obreros y empresarios ya la rechazaron en la Comisión de Vigilancia. La ignorancia del director es alarmante.

En Jalisco, la certeza jurídica es clave para atraer inversión extranjera, especialmente con el Mundial 2026 en puerta. Medidas como esta ahuyentan a empresarios y erosionan la confianza ciudadana.

Lemus elogió el plan de Tlajomulco, donde el alcalde Gerardo Quirino recuperó viviendas abandonadas en “Chernóvila” con inversión privada, mostrando que la legalidad sí funciona. Mientras, el Infonavit va en sentido contrario.

Romero promete “reprogramar créditos” o “reponer viviendas” a los dueños originales, pero ¿cómo? En un país donde la burocracia sepulta derechos, suena a promesas vacías. Si el gobierno premia la ilegalidad, ¿qué mensaje envía a los jaliscienses que pagan sus créditos puntualmente?

Este albazo no solo amenaza la certeza jurídica, sino la credibilidad del Infonavit. En lugar de regularizar invasiones, deberíamos fortalecer la ley y proteger a los verdaderos dueños. La pregunta es clara: ¿Queremos un México donde la ilegalidad se premia, o uno donde la justicia prevalece?

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JALISCO

Mis dudas razonables sobre el futuro de la transparencia en Jalisco 

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Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //

¿Representa la propuesta del gobernador Pablo Lemus un retroceso en la autonomía y participación ciudadana del Subsistema de Transparencia y su Consejo Consultivo?

Lemus promete un “organismo completamente ciudadano”, integrado por rectores, empresarios y miembros de la sociedad civil. Sin embargo, el proceso de designación del titular y los consejeros del órgano desconcentrado dependerá de ternas propuestas por el Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) y el Consejo Consultivo, pero la decisión final recaerá en el gobernador.

Esto genera suspicacias: ¿cómo puede ser un organismo ciudadano si el Ejecutivo tiene la última palabra?
De entrada, la transferencia de las funciones del ITEI a la Contraloría del Estado, un organismo subordinado al Ejecutivo, plantea serias dudas. Este modelo, inspirado en el federal (“Transparencia para el Pueblo”), ha sido criticado por su falta de independencia, y en Jalisco parece repetirse el mismo error.

La falta de autonomía podría convertir al órgano desconcentrado en una extensión del gobierno estatal, incapaz de sancionar la opacidad o exigir rendición de cuentas de manera imparcial, como advirtió Olga Navarro, titular del ITEI, al señalar que las autoridades serán “juez y parte”.

Por un lado, el gobernador exalta la participación ciudadana en 15 foros con más de 3,000 asistentes; por otro, académicos critican que las propuestas de la iniciativa “Compromiso Jalisco por el Derecho de Acceso a la Información” fueron ignoradas por el Congreso del Estado.

Esta iniciativa pedía un Sistema Estatal de Transparencia robusto y un Consejo Consultivo verdaderamente ciudadano, pero los legisladores de la alianza Movimiento Ciudadano-Morena optaron por un modelo que centraliza el poder en la Contraloría.

La exclusión de estas propuestas debilita la legitimidad del nuevo sistema y refuerza la percepción de que la reforma busca cumplir con la desaparición del INAI e ITEI sin innovar ni proteger los avances de Jalisco, pionero en transparencia.

La centralización en la Contraloría podría generar conflictos de interés, especialmente en casos que involucren información sensible, como contratos, licitaciones o el ejercicio del gasto público.

Otro punto débil es la falta de claridad en temas como datos abiertos y rendición de cuentas. Aunque la iniciativa menciona transitar hacia datos abiertos y mantener la publicación de sueldos, agendas y obras públicas, la vaguedad de estas promesas las deja sin fuerza.

LAS CONTRALORÍAS MUNICIPALES

La iniciativa del gobernador contempla legislar la obligatoriedad de transparencia en los 125 municipios de Jalisco, un aspecto que la reforma federal omite. Sin embargo, esta propuesta choca con la realidad, el problema es que la gran mayoría de los municipios del estado carecen de la fortaleza económica de los ayuntamientos de la zona metropolitana.

Es positivo que se piense en los municipios, pero sin un plan robusto para capacitar y financiar sus contralorías, la transparencia municipal será una quimera. Muchos ayuntamientos ya incumplen con sus obligaciones actuales; ¿cómo esperamos que manejen un sistema más complejo?»

La carga adicional a las contralorías municipales podría generar desigualdades en el acceso a la información entre municipios urbanos (como Guadalajara) y rurales, perpetuando la opacidad en regiones marginadas.
Sin un marco claro, ¿qué garantiza que este modelo no se quede en buenas intenciones?

El ITEI, con sus limitaciones, tenía mecanismos para obligar a las autoridades a transparentar información; el nuevo sistema, en cambio, podría permitir que se eluda la publicación de datos clave, debilitando 20 años de cultura de transparencia en Jalisco.

La iniciativa de Pablo Lemus, aunque bien intencionada, resulta insuficiente al priorizar la armonización federal sobre los avances históricos de Jalisco en transparencia. El estado, que fue referente nacional, corre el riesgo de dar un paso atrás si este modelo no se fortalece con verdadera independencia y participación ciudadana. La transparencia no se decreta; se construye con hechos.

 

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JALISCO

Transparencia en Jalisco: El costo político de extinguir el ITEI

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Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //

El 10 de junio de 2025, el Congreso de Jalisco aprobó con 27 votos a favor de Movimiento Ciudadano (MC), Morena, Hagamos, Futuro, PT y Verde, y 8 en contra de PAN y PRI, la desaparición del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco (ITEI), cuyas funciones fueron transferidas a la Contraloría del Estado.

Esta decisión, que armoniza la legislación local con la reforma constitucional federal de 2024 impulsada por Morena para eliminar organismos autónomos como el INAI, ha desatado un debate crucial: ¿fortalece o debilita la transparencia en Jalisco? La medida, aunque obligada por la federación, revela tensiones políticas, contradicciones ideológicas y un pragmatismo que podría costarle caro al gobierno de Pablo Lemus.

¿Cómo lo va a tomar el elector local? ¿Qué tanto le va a afectar a Movimiento Ciudadano ir con Morena en esta decisión de desaparecer al ITEI? Pablo sacrifica parte de la autonomía regional que demandó en campaña contra el centralismo chilango -así le llamó- para evitar conflicto con la presidenta Claudia Sheinbaum

La reforma federal, respaldada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum, extinguió el INAI y reasignó sus tareas a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, una dependencia del Ejecutivo.

En Jalisco, el Congreso tuvo hasta el 18 de junio de 2025 para alinear su marco legal, optando por disolver el ITEI y crear un órgano desconcentrado dentro de la Contraloría. Aunque Lemus no inició esta reforma, su decisión de alinearse con Morena en el Congreso local contrasta con la postura combativa de su antecesor, Enrique Alfaro, quien desafió al gobierno federal en defensa de la autonomía estatal. Este pragmatismo sugiere que Lemus prioriza la gobernabilidad y una relación tersa con Sheinbaum, pero a un costo político que aún está por definirse.

Movimiento Ciudadano enfrenta una contradicción evidente. En el Senado, su coordinador, Clemente Castañeda, defendió con vehemencia la autonomía del INAI durante las discusiones de 2024, calificando su eliminación como un retroceso democrático que socavaría la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción.

En el foro “Diálogos Abiertos por la Transparencia” de noviembre de 2024, Castañeda respaldó a expertos que alertaron sobre los riesgos de centralizar funciones en el Ejecutivo, como la pérdida de la Plataforma Nacional de Transparencia y la falta de independencia en la gestión de información pública.

Sin embargo, en Jalisco, los legisladores de MC votaron junto a Morena para extinguir el ITEI, exponiendo una dualidad discursiva que podría confundir a su base electoral, especialmente en un estado donde MC ha construido su identidad en torno a la autonomía regional y la crítica al centralismo.

El ITEI, hay que reconocerlo, no era un bastión de imparcialidad. Durante el sexenio de Alfaro, expertos en transparencia acusaron al organismo de ser cooptado por el Ejecutivo, funcionando más como una extensión del poder estatal que como un contrapeso al servicio de la sociedad. Gabriel Torres Espinoza, académico y analista, cuestiona la utilidad de los Organismos Constitucionalmente Autónomos (OCA), describiéndolos como “burocracias politizadas, independientes solo en el papel”. En su opinión, muchos OCA, incluido el ITEI, se convirtieron en espacios para colocar aliados en la nómina o tejer redes de influencia con fines de lucro, desviándose de su propósito original. “Deben ser contrapesos reales, no simulaciones ni monumentos vacíos”, sentencia Torres, reflejando un escepticismo compartido por sectores críticos que ven en la extinción del ITEI una oportunidad para replantear la transparencia, siempre que se garantice su efectividad.

Consciente de las críticas, Lemus propuso un nuevo modelo dentro de la Contraloría, con participación de universidades, sociedad civil y actores independientes, para preservar la transparencia y el acceso a la información. Sin embargo, PAN y PRI han acusado al gobierno de convertirse en “juez y parte” al subordinar estas funciones a un organismo dependiente del Ejecutivo, lo que podría comprometer la imparcialidad.

La alianza de MC con Morena, su rival directo en las elecciones intermedias de 2027, añade una capa de complejidad. En campaña, Lemus prometió resistir el “centralismo chilango”, pero su voto conjunto con Morena podría alienar a votantes que valoran la autonomía regional, especialmente en un contexto donde la polarización política está en aumento.

El impacto electoral de esta decisión es incierto, pero significativo. MC ha dominado Jalisco en los últimos años, pero la percepción de que Lemus cede ante el gobierno federal podría erosionar su capital político, particularmente entre los sectores urbanos y jóvenes que apoyaron su discurso de independencia. Además, la transferencia de funciones a la Contraloría plantea desafíos operativos: ¿tendrá la capacidad técnica y la autonomía necesaria para manejar solicitudes de información y garantizar la protección de datos? La inclusión de la sociedad civil en el nuevo modelo es un intento de mitigar estas dudas, pero su éxito dependerá de la transparencia en su implementación y de la vigilancia ciudadana.

En última instancia, la extinción del ITEI refleja un dilema más amplio: cómo equilibrar la armonización con las reformas federales sin sacrificar los principios de autonomía y transparencia que Jalisco ha defendido. Lemus apuesta por un enfoque pragmático, pero el costo político y social de esta decisión podría manifestarse en las urnas y en la confianza ciudadana, especialmente si el nuevo modelo no logra desterrar las prácticas de control que marcaron al ITEI en el pasado.

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