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OPINIÓN

Recobra su importancia constitucional: El Senado, mascarilla de la política nacional

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Opinión, por Pedro Vargas Avalos //

El Senado mexicano se ha puesto de moda en los tiempos recientes, sobre todo debido a que su líder, (guía de la Junta de Coordinación Política, Jucopo) Ricardo Monreal Ávila, busca afanosamente ser candidato presidencial, afirmando en su visita a Guadalajara el 25 de agosto, que es el mejor aspirante y que incluso, se considera “ el arma secreta de AMLO para las próximas elecciones”.

Además, en estos días dejará la presidencia senatorial la abogada Olga Sánchez Cordero, quien, al rendir informe de su gestión, afirmó que en la corporación se tiene “representada la diversidad social, política y cultural de una nación”. Ahora los miembros de ese organismo, están enfrascados en la sucesión de dicha presidenta.

Históricamente, desde las más sencillas formas de gobierno, las personas con experiencia tuvieron un lugar especial, desempeñándose ya como consejeros, ya como gobernantes. En Roma se conformó con miembros patricios de su sociedad, lo que ya fue una agrupación, y de allí proviene su nombre: “senatus”, que significa “consejo, asamblea de los ancianos”, en razón que cada personaje (senator, senador) integrante de esa junta era de edad avanzada: la palabra latina “senex”, que es la raíz etimológica de “senador”, quiere decir viejo o anciano.

Originalmente, los senadores pertenecían a la clase social de los “patricios”, en alusión a ser descendientes de los padres fundadores de la ciudad. Incluso, en ocasiones ser patricio era sinónimo de senador. Esto indica que al principio esa calidad solo la podían ostentar los que pertenecieran a esa clase social privilegiada.

Con el crecimiento de la urbe, y por consiguiente de su pueblo (plebe), hubo senadores de esta mayoría, la de los plebeyos. Sin embargo, estos individuos debían ser de los más sabios o juiciosos de su clase. En consecuencia, invariablemente ser senador quiere decir, persona con experiencia, sabiduría y distinción.

Esa especie de funcionario, fue transformándose y adaptándose a los períodos históricos de la grandeza romana: la república, la monarquía y el imperio. Casi siempre se desempeñaron como consultores, y por excepción en los interregnos, fungieron de gobernantes. Con el advenimiento de la monarquía, los reyes elegían senadores, los cuales eran los preferidos del monarca, y son el antecedente del senado-consejero del ejecutivo. Esto quiere decir que no eran propiamente parte del legislativo, salvo casos de excepción.

A partir del siglo XIII apareció el vocablo común de “Senado”, para designar a la institución, y de senador, para sus integrantes. En los albores del siglo XIX, (1808) se creó en España un tipo de Senado, que no tenía función legislativa, aun cuando si ciertas facultades hasta para suspender la Constitución. Su formación era elitista -generales, exministros, magistrados, e incluso infantes del reino- y se nombraba por el soberano. Ya de aquí pasamos a nuestra patria, donde se luchaba por la independencia política.

Hidalgo, estando en Guadalajara, ya meditaba forjar un Congreso nacional, según exposición que redactó durante su estancia en la Perla de Occidente (1810-1811), donde estableció el primer gobierno mexicano independiente. Truncado su movimiento, el gran Morelos lo reavivó y en 1814, en la llamada Constitución de Apatzingán, se insertó un antecedente del senado, al prevenir que cada Provincia elegiría representantes -entonces denominados diputados- en igualdad de número, para conformar un Congreso nacional.

Esos individuos, deberían probar: ser mayores de 30 años, poseer patriotismo acreditado con servicios positivos y “tener luces no vulgares para desempeñar las augustas funciones de este empleo”. (Decreto Constitucional del 22 de octubre de 1814, para la libertad de la América Mexicana).

El siguiente paso para el surgimiento del Senado, se dio entre 1823 y 1824, siendo estelar la participación de los jaliscienses, entre ellos Prisciliano Sánchez, Valentín Gómez Farías, Juan Pablo Anaya y Francisco Severo Maldonado. Con luces propias brilló el extraordinario Doctor José de Jesús Huerta Leal, nativo de Acatlán de Juárez y maestro de aquella pléyade de trascendentales federalistas. La culminación fue la expedición de la Constitución Federal de 4 de octubre de 1824, la cual adoptó el sistema bicameral (diputados y senadores), disponiendo en su articulo 25 que cada Estado sería representado por dos senadores, electos por sus legislaturas y renovándolos por mitad cada dos años. En Jalisco, la idea de los senadores caló a tal grado que también se estableció para la entidad, un Senado, el cual evolucionaría como Consejo del Ejecutivo.

Las luchas intestinas que desangraron a la nación, dieron al traste con el sistema federal en 1834-36, y luego, con el Senado, suprimido en 1845. En la Constitución de 1857, a pesar de esfuerzos de liberales como Francisco Zarco, la institución no se consideró. Empero se resintió su falta, porque ya no hubo cámara colegisladora, con funciones revisoras, así como faltar sus atribuciones de vigilancia de derechos tanto de individuos como de los Estados, incluso omisiones en el ramo de juicios políticos y evidente ausencia de contrapeso político.

El Benemérito Juárez promovió volviese el bicamarismo, fructificando el tema siendo ya primer mandatario D. Sebastián Lerdo de Tejada en 1874, reabriendo funciones el 16 de septiembre de 1875. En la época maderista, brilló el senador jalisciense Salvador Gómez, distinguido y valiente partidario del sacrificado Apóstol de la Democracia, hoy injustamente olvidado.

La presencia de la Cámara de Senadores se ratificó en la Carta Magna de Querétaro (1917) y con variaciones en su integración (que, de dos senadores por entidad, ahora son 3 y 32 de representación proporcional, sumando un total de 128, lo cual desvirtúa su primigenio fin) y renovación -antes era de cuatrienios y se elegían popularmente por mitad cada dos años- que ahora es sexenal.

Como quiera que sea, la Cámara Alta está presente actualmente en la vida de México, superando la etapa de dominio priista, cuando a ese organismo iban casi puros veteranos, desechados de la política real, y que por ello se le llegó a llamar, “cementerio de fósiles”.

El Senado mexicano actual, recobró su importancia constitucional. No solo reúne a la principal fuerza emanada del partido MORENA, natural respaldo de Amlo y la Cuatro T, sino que en él figuran críticos y adversarios del primer magistrado y su administración, que un día y otro también, lo impugnan y condenan (papel que practican la tránsfuga Lily Téllez y la impetuosa panista Kenia López Rabadán, por decir unos ejemplos) por ello es que consideramos que, el Senado, la Cámara Alta del poder legislativo mexicano, es genuina mascarilla de la política nacional.

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JALISCO

El madruguete del Infonavit: ¿Premiar la ilegalidad en Jalisco?

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Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //

Increíble, pero cierto: el delito de despojo ahora podría recompensarse con escrituras a precio de ganga. Así lo anunció Octavio Romero Oropeza, director del Infonavit, en la mañanera del 16 de junio, con la presidenta Claudia Sheinbaum como testigo.

Su iniciativa busca regularizar 145,000 viviendas ocupadas irregularmente, ofreciendo a los invasores un arrendamiento con opción a compra en 4 a 5 años. ¿El mensaje? Invade una casa, espera un poco, y el Infonavit te la venderá en abonos. ¿Qué sigue, escrituras gratis para asaltantes?

Este “madruguete” huele a la clásica opacidad de la 4T. Sin consultar a gobiernos estatales ni a la sociedad civil, Romero pretende resolver las 843,000 viviendas “emproblemadas” del Infonavit con una medida que incentiva la ilegalidad.

¿Es esta la solución, o un anzuelo para más invasiones?

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, no tardó en responder: “No vamos a permitir invasiones irregulares, eso es contribuir a la ilegalidad en el país.” Y tiene razón. La iniciativa ignora un principio básico: “Todo tiene un dueño, todas las viviendas por abandonadas que estén tienen un dueño,” como señaló Lemus. Ya sea un particular que dejó de pagar su crédito o el propio Infonavit, los derechos de los propietarios originales son pisoteados.

El Infonavit, un organismo tripartita de trabajadores, patrones y gobierno, no puede actuar como si fuera propiedad de la 4T. La propuesta de Romero, además de torpe, es ilegal: debe pasar por la Asamblea General, donde obreros y empresarios ya la rechazaron en la Comisión de Vigilancia. La ignorancia del director es alarmante.

En Jalisco, la certeza jurídica es clave para atraer inversión extranjera, especialmente con el Mundial 2026 en puerta. Medidas como esta ahuyentan a empresarios y erosionan la confianza ciudadana.

Lemus elogió el plan de Tlajomulco, donde el alcalde Gerardo Quirino recuperó viviendas abandonadas en “Chernóvila” con inversión privada, mostrando que la legalidad sí funciona. Mientras, el Infonavit va en sentido contrario.

Romero promete “reprogramar créditos” o “reponer viviendas” a los dueños originales, pero ¿cómo? En un país donde la burocracia sepulta derechos, suena a promesas vacías. Si el gobierno premia la ilegalidad, ¿qué mensaje envía a los jaliscienses que pagan sus créditos puntualmente?

Este albazo no solo amenaza la certeza jurídica, sino la credibilidad del Infonavit. En lugar de regularizar invasiones, deberíamos fortalecer la ley y proteger a los verdaderos dueños. La pregunta es clara: ¿Queremos un México donde la ilegalidad se premia, o uno donde la justicia prevalece?

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JALISCO

Mis dudas razonables sobre el futuro de la transparencia en Jalisco 

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Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //

¿Representa la propuesta del gobernador Pablo Lemus un retroceso en la autonomía y participación ciudadana del Subsistema de Transparencia y su Consejo Consultivo?

Lemus promete un “organismo completamente ciudadano”, integrado por rectores, empresarios y miembros de la sociedad civil. Sin embargo, el proceso de designación del titular y los consejeros del órgano desconcentrado dependerá de ternas propuestas por el Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) y el Consejo Consultivo, pero la decisión final recaerá en el gobernador.

Esto genera suspicacias: ¿cómo puede ser un organismo ciudadano si el Ejecutivo tiene la última palabra?
De entrada, la transferencia de las funciones del ITEI a la Contraloría del Estado, un organismo subordinado al Ejecutivo, plantea serias dudas. Este modelo, inspirado en el federal (“Transparencia para el Pueblo”), ha sido criticado por su falta de independencia, y en Jalisco parece repetirse el mismo error.

La falta de autonomía podría convertir al órgano desconcentrado en una extensión del gobierno estatal, incapaz de sancionar la opacidad o exigir rendición de cuentas de manera imparcial, como advirtió Olga Navarro, titular del ITEI, al señalar que las autoridades serán “juez y parte”.

Por un lado, el gobernador exalta la participación ciudadana en 15 foros con más de 3,000 asistentes; por otro, académicos critican que las propuestas de la iniciativa “Compromiso Jalisco por el Derecho de Acceso a la Información” fueron ignoradas por el Congreso del Estado.

Esta iniciativa pedía un Sistema Estatal de Transparencia robusto y un Consejo Consultivo verdaderamente ciudadano, pero los legisladores de la alianza Movimiento Ciudadano-Morena optaron por un modelo que centraliza el poder en la Contraloría.

La exclusión de estas propuestas debilita la legitimidad del nuevo sistema y refuerza la percepción de que la reforma busca cumplir con la desaparición del INAI e ITEI sin innovar ni proteger los avances de Jalisco, pionero en transparencia.

La centralización en la Contraloría podría generar conflictos de interés, especialmente en casos que involucren información sensible, como contratos, licitaciones o el ejercicio del gasto público.

Otro punto débil es la falta de claridad en temas como datos abiertos y rendición de cuentas. Aunque la iniciativa menciona transitar hacia datos abiertos y mantener la publicación de sueldos, agendas y obras públicas, la vaguedad de estas promesas las deja sin fuerza.

LAS CONTRALORÍAS MUNICIPALES

La iniciativa del gobernador contempla legislar la obligatoriedad de transparencia en los 125 municipios de Jalisco, un aspecto que la reforma federal omite. Sin embargo, esta propuesta choca con la realidad, el problema es que la gran mayoría de los municipios del estado carecen de la fortaleza económica de los ayuntamientos de la zona metropolitana.

Es positivo que se piense en los municipios, pero sin un plan robusto para capacitar y financiar sus contralorías, la transparencia municipal será una quimera. Muchos ayuntamientos ya incumplen con sus obligaciones actuales; ¿cómo esperamos que manejen un sistema más complejo?»

La carga adicional a las contralorías municipales podría generar desigualdades en el acceso a la información entre municipios urbanos (como Guadalajara) y rurales, perpetuando la opacidad en regiones marginadas.
Sin un marco claro, ¿qué garantiza que este modelo no se quede en buenas intenciones?

El ITEI, con sus limitaciones, tenía mecanismos para obligar a las autoridades a transparentar información; el nuevo sistema, en cambio, podría permitir que se eluda la publicación de datos clave, debilitando 20 años de cultura de transparencia en Jalisco.

La iniciativa de Pablo Lemus, aunque bien intencionada, resulta insuficiente al priorizar la armonización federal sobre los avances históricos de Jalisco en transparencia. El estado, que fue referente nacional, corre el riesgo de dar un paso atrás si este modelo no se fortalece con verdadera independencia y participación ciudadana. La transparencia no se decreta; se construye con hechos.

 

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JALISCO

Transparencia en Jalisco: El costo político de extinguir el ITEI

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Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //

El 10 de junio de 2025, el Congreso de Jalisco aprobó con 27 votos a favor de Movimiento Ciudadano (MC), Morena, Hagamos, Futuro, PT y Verde, y 8 en contra de PAN y PRI, la desaparición del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco (ITEI), cuyas funciones fueron transferidas a la Contraloría del Estado.

Esta decisión, que armoniza la legislación local con la reforma constitucional federal de 2024 impulsada por Morena para eliminar organismos autónomos como el INAI, ha desatado un debate crucial: ¿fortalece o debilita la transparencia en Jalisco? La medida, aunque obligada por la federación, revela tensiones políticas, contradicciones ideológicas y un pragmatismo que podría costarle caro al gobierno de Pablo Lemus.

¿Cómo lo va a tomar el elector local? ¿Qué tanto le va a afectar a Movimiento Ciudadano ir con Morena en esta decisión de desaparecer al ITEI? Pablo sacrifica parte de la autonomía regional que demandó en campaña contra el centralismo chilango -así le llamó- para evitar conflicto con la presidenta Claudia Sheinbaum

La reforma federal, respaldada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum, extinguió el INAI y reasignó sus tareas a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, una dependencia del Ejecutivo.

En Jalisco, el Congreso tuvo hasta el 18 de junio de 2025 para alinear su marco legal, optando por disolver el ITEI y crear un órgano desconcentrado dentro de la Contraloría. Aunque Lemus no inició esta reforma, su decisión de alinearse con Morena en el Congreso local contrasta con la postura combativa de su antecesor, Enrique Alfaro, quien desafió al gobierno federal en defensa de la autonomía estatal. Este pragmatismo sugiere que Lemus prioriza la gobernabilidad y una relación tersa con Sheinbaum, pero a un costo político que aún está por definirse.

Movimiento Ciudadano enfrenta una contradicción evidente. En el Senado, su coordinador, Clemente Castañeda, defendió con vehemencia la autonomía del INAI durante las discusiones de 2024, calificando su eliminación como un retroceso democrático que socavaría la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción.

En el foro “Diálogos Abiertos por la Transparencia” de noviembre de 2024, Castañeda respaldó a expertos que alertaron sobre los riesgos de centralizar funciones en el Ejecutivo, como la pérdida de la Plataforma Nacional de Transparencia y la falta de independencia en la gestión de información pública.

Sin embargo, en Jalisco, los legisladores de MC votaron junto a Morena para extinguir el ITEI, exponiendo una dualidad discursiva que podría confundir a su base electoral, especialmente en un estado donde MC ha construido su identidad en torno a la autonomía regional y la crítica al centralismo.

El ITEI, hay que reconocerlo, no era un bastión de imparcialidad. Durante el sexenio de Alfaro, expertos en transparencia acusaron al organismo de ser cooptado por el Ejecutivo, funcionando más como una extensión del poder estatal que como un contrapeso al servicio de la sociedad. Gabriel Torres Espinoza, académico y analista, cuestiona la utilidad de los Organismos Constitucionalmente Autónomos (OCA), describiéndolos como “burocracias politizadas, independientes solo en el papel”. En su opinión, muchos OCA, incluido el ITEI, se convirtieron en espacios para colocar aliados en la nómina o tejer redes de influencia con fines de lucro, desviándose de su propósito original. “Deben ser contrapesos reales, no simulaciones ni monumentos vacíos”, sentencia Torres, reflejando un escepticismo compartido por sectores críticos que ven en la extinción del ITEI una oportunidad para replantear la transparencia, siempre que se garantice su efectividad.

Consciente de las críticas, Lemus propuso un nuevo modelo dentro de la Contraloría, con participación de universidades, sociedad civil y actores independientes, para preservar la transparencia y el acceso a la información. Sin embargo, PAN y PRI han acusado al gobierno de convertirse en “juez y parte” al subordinar estas funciones a un organismo dependiente del Ejecutivo, lo que podría comprometer la imparcialidad.

La alianza de MC con Morena, su rival directo en las elecciones intermedias de 2027, añade una capa de complejidad. En campaña, Lemus prometió resistir el “centralismo chilango”, pero su voto conjunto con Morena podría alienar a votantes que valoran la autonomía regional, especialmente en un contexto donde la polarización política está en aumento.

El impacto electoral de esta decisión es incierto, pero significativo. MC ha dominado Jalisco en los últimos años, pero la percepción de que Lemus cede ante el gobierno federal podría erosionar su capital político, particularmente entre los sectores urbanos y jóvenes que apoyaron su discurso de independencia. Además, la transferencia de funciones a la Contraloría plantea desafíos operativos: ¿tendrá la capacidad técnica y la autonomía necesaria para manejar solicitudes de información y garantizar la protección de datos? La inclusión de la sociedad civil en el nuevo modelo es un intento de mitigar estas dudas, pero su éxito dependerá de la transparencia en su implementación y de la vigilancia ciudadana.

En última instancia, la extinción del ITEI refleja un dilema más amplio: cómo equilibrar la armonización con las reformas federales sin sacrificar los principios de autonomía y transparencia que Jalisco ha defendido. Lemus apuesta por un enfoque pragmático, pero el costo político y social de esta decisión podría manifestarse en las urnas y en la confianza ciudadana, especialmente si el nuevo modelo no logra desterrar las prácticas de control que marcaron al ITEI en el pasado.

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