OPINIÓN
Seguridad en manos de malandros

Serendipity, por Benjamín Mora Gómez //
“Caemos por la fuerza de gravedad, pero nos levantamos con la fuerza de voluntad”.
En los tiempos de la Cuarta Transformación no hay coincidencias sino pejecidencias. El 1 de febrero de 2019, Andrés Manuel López Obrador nos sorprendió cuando, en relación con el combate a los criminales de las drogas, nos dijo: “Oficialmente ya no hay guerra”.
Aquel día el gobierno mexicano claudicó al conculcar su poder ante los delincuentes de la droga: En aquel día, Ciro Gómez Leyva nos advirtió: “Los criminales siguen ahí y si no se les derrota, allí seguirán”, y hoy, a más de tres años de la Cuarta Transformación, ahí siguen, tomando al Estado mexicano, ganando elecciones para Morena como en Tamaulipas y cobrando derecho de piso por todo y a todos.
La decisión del presidente López Obrador de no combatir a los criminales organizados tiene implicaciones ideológicas, económicas y sociales, más profundas de lo imaginable. Es, en principio, ilegal. La Organización de Estados Americanos (OEA), en el artículo primero de su Declaración, señala: “Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”. La propia OEA nos explica que “la criminalidad -común y organizada- y las diferentes formas de violencia interpersonal y social ponen en riesgo el derecho a la vida de todas las personas que integran la sociedad”; la OEA se pronuncia porque los “Estados Miembros actúen con la debida diligencia en el momento de prevenir y perseguir a los autores de este tipo de hechos”. México, como miembro de la OEA, tiene la obligación jurídica de tomar medidas específicas en cuanto la capacidad operativa de las instituciones del sistema de seguridad ciudadana (Guardia Nacional, Ejército y Marina) pero no lo cumple. La Corte Interamericana se ha pronunciado a favor de que los Estados usen la fuerza, incluso si ello implica la privación de la vida de los delincuentes y criminales, en especial en los casos estrictamente inevitables para protegerse o proteger a otras personas contra una amenaza inminente de muerte o lesiones graves. Abundan ejemplos y sobran muertos.
A Vincent de Gournay, fisiócrata del XVIII, debemos la frase “Laissez faire et laissez passer, le monde va de lui même” (“Dejen hacer, dejen pasar, el mundo va solo”), pilar del Liberalismo económico que se pronuncia en contra del intervencionismo del gobierno en la economía. Hoy, “Los abrazos y no balazos” de López Obrador podrían ser el pilar del Liberalismo criminal mexicano. El presidente ha dado permiso al criminal de actuar con impunidad y ha ordena a quien debiera combatirlos, dejar hacer, dejar pasar y ser amorosos.
Algo se pudre en México cuya hediondez llega hasta Colombia e irrita la sensibilidad norteamericana. La vicepresidente y ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Marta Lucía Ramírez, ha señalado que, durante el gobierno de López Obrador, la cooperación de México en la lucha binacional contra el narcotráfico “ha bajado”.
En el informe “México: crimen organizado y organizaciones traficantes de drogas”, del Congressional Research Service, revelado el 14 de junio pasado, el Congreso norteamericano advirtió al presidente López Obrador sobre el crecimiento de los cárteles mexicanos desde 2018 (año en que AMLO se hizo presidente). El informe señala claras fallas del gobierno. Los más beneficiados han sido el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación, el primero, de los hijos del Chapo Guzmán.
Anne Milgram, vocera del gobierno norteamericano, ha advertido a los gobiernos y líderes del mundo que, si abusan corruptamente de su poder para apoyar a los cárteles de la droga, si toman dinero de drogas para sus elecciones, si protegen a cárteles criminales de la droga, y si dejan que la violencia de los cárteles de la droga florezca, se les hará responsables de lo que suceda… y en México todo esto sucede a diario.
No hay duda, nuestro presidente sufre de incontinencia verbal. A nadie sano de sus facultades de discernimiento cabe tanto descaro y tal estupidez. Mira que atreverse a señalar que “en donde predomina una banda fuerte” de narcos no hay enfrentamientos entre grupos y por eso no hay homicidios. Este gobierno tocó fondo… o solo se descaró a fondo. Ahora es tiempo de tomar conciencia plena de la bipolaridad del presidente, quién, viviendo una realidad paralela, hunde a su gobierno y nos hunde como nación.
A todo se acostumbra uno, incluso a creer a quien nos ahoga en medio del mar del sargazo de la mentira y el engaño. El chairo se ha acostumbrado a oír sin escuchar, a ver sin mirar, y a sonreír con una mueca fría e inerme. Por unas dádivas mensuales se ha vuelto capaz de permanecer inmóvil en el agujero de la 4T, oscuro y angustioso, carente de un futuro responsable y liberador.
En el fondo, la Paz de los Sepulcros de Andrés Manuel López Obrado y la de Porfirio Díaz Mori, tienen semejanzas opresoras; mientras para el presidente Díaz, la “paz era mantener al país sin luchas, protestas o levantamientos para que los terratenientes, empresarios y los capitales extranjeros siguieran saqueando la economía de México” (Pedro Echeverría, 1912), la paz para López es algo que debemos a la presencia y apropiación de vidas y destinos de gente de bien por parte de los cárteles de narco en gran parte del territorio nacional.
A decir de Julen Rementeria, senador por Veracruz (PAN), “en los primeros cuatro meses de 2022 se contabilizaron, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo, más de 8 mil 200 homicidios dolosos en todo el país, 310 feminicidios, casi 200 secuestros y casi 200 mil robos”.
El gobierno de la 4T se retuerce en sus complacencias de ilegalidades. Una y otra vez, AMLO nos propina golpes de los que difícilmente nos repondremos. La estructura jurídica el Estado mexicano se desmorona; la sociedad mexicana, dividida, se desliza hacia un despeñadero que bien cabría en alguno de los infiernos de la obra de Dante Alighieri, la Divina Comedia. A estas alturas de la comedia del Peje, pareciera que no hay más por perder; pero no, aun queda mucho por destruir y me temo que aun tiene tiempo de sobra.
JALISCO
Mis dudas razonables sobre el futuro de la transparencia en Jalisco

Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //
¿Representa la propuesta del gobernador Pablo Lemus un retroceso en la autonomía y participación ciudadana del Subsistema de Transparencia y su Consejo Consultivo?
Lemus promete un “organismo completamente ciudadano”, integrado por rectores, empresarios y miembros de la sociedad civil. Sin embargo, el proceso de designación del titular y los consejeros del órgano desconcentrado dependerá de ternas propuestas por el Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) y el Consejo Consultivo, pero la decisión final recaerá en el gobernador.
Esto genera suspicacias: ¿cómo puede ser un organismo ciudadano si el Ejecutivo tiene la última palabra?
De entrada, la transferencia de las funciones del ITEI a la Contraloría del Estado, un organismo subordinado al Ejecutivo, plantea serias dudas. Este modelo, inspirado en el federal (“Transparencia para el Pueblo”), ha sido criticado por su falta de independencia, y en Jalisco parece repetirse el mismo error.
La falta de autonomía podría convertir al órgano desconcentrado en una extensión del gobierno estatal, incapaz de sancionar la opacidad o exigir rendición de cuentas de manera imparcial, como advirtió Olga Navarro, titular del ITEI, al señalar que las autoridades serán “juez y parte”.
Por un lado, el gobernador exalta la participación ciudadana en 15 foros con más de 3,000 asistentes; por otro, académicos critican que las propuestas de la iniciativa “Compromiso Jalisco por el Derecho de Acceso a la Información” fueron ignoradas por el Congreso del Estado.
Esta iniciativa pedía un Sistema Estatal de Transparencia robusto y un Consejo Consultivo verdaderamente ciudadano, pero los legisladores de la alianza Movimiento Ciudadano-Morena optaron por un modelo que centraliza el poder en la Contraloría.
La exclusión de estas propuestas debilita la legitimidad del nuevo sistema y refuerza la percepción de que la reforma busca cumplir con la desaparición del INAI e ITEI sin innovar ni proteger los avances de Jalisco, pionero en transparencia.
La centralización en la Contraloría podría generar conflictos de interés, especialmente en casos que involucren información sensible, como contratos, licitaciones o el ejercicio del gasto público.
Otro punto débil es la falta de claridad en temas como datos abiertos y rendición de cuentas. Aunque la iniciativa menciona transitar hacia datos abiertos y mantener la publicación de sueldos, agendas y obras públicas, la vaguedad de estas promesas las deja sin fuerza.
LAS CONTRALORÍAS MUNICIPALES
La iniciativa del gobernador contempla legislar la obligatoriedad de transparencia en los 125 municipios de Jalisco, un aspecto que la reforma federal omite. Sin embargo, esta propuesta choca con la realidad, el problema es que la gran mayoría de los municipios del estado carecen de la fortaleza económica de los ayuntamientos de la zona metropolitana.
Es positivo que se piense en los municipios, pero sin un plan robusto para capacitar y financiar sus contralorías, la transparencia municipal será una quimera. Muchos ayuntamientos ya incumplen con sus obligaciones actuales; ¿cómo esperamos que manejen un sistema más complejo?»
La carga adicional a las contralorías municipales podría generar desigualdades en el acceso a la información entre municipios urbanos (como Guadalajara) y rurales, perpetuando la opacidad en regiones marginadas.
Sin un marco claro, ¿qué garantiza que este modelo no se quede en buenas intenciones?
El ITEI, con sus limitaciones, tenía mecanismos para obligar a las autoridades a transparentar información; el nuevo sistema, en cambio, podría permitir que se eluda la publicación de datos clave, debilitando 20 años de cultura de transparencia en Jalisco.
La iniciativa de Pablo Lemus, aunque bien intencionada, resulta insuficiente al priorizar la armonización federal sobre los avances históricos de Jalisco en transparencia. El estado, que fue referente nacional, corre el riesgo de dar un paso atrás si este modelo no se fortalece con verdadera independencia y participación ciudadana. La transparencia no se decreta; se construye con hechos.
JALISCO
Transparencia en Jalisco: El costo político de extinguir el ITEI

Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //
El 10 de junio de 2025, el Congreso de Jalisco aprobó con 27 votos a favor de Movimiento Ciudadano (MC), Morena, Hagamos, Futuro, PT y Verde, y 8 en contra de PAN y PRI, la desaparición del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco (ITEI), cuyas funciones fueron transferidas a la Contraloría del Estado.
Esta decisión, que armoniza la legislación local con la reforma constitucional federal de 2024 impulsada por Morena para eliminar organismos autónomos como el INAI, ha desatado un debate crucial: ¿fortalece o debilita la transparencia en Jalisco? La medida, aunque obligada por la federación, revela tensiones políticas, contradicciones ideológicas y un pragmatismo que podría costarle caro al gobierno de Pablo Lemus.
¿Cómo lo va a tomar el elector local? ¿Qué tanto le va a afectar a Movimiento Ciudadano ir con Morena en esta decisión de desaparecer al ITEI? Pablo sacrifica parte de la autonomía regional que demandó en campaña contra el centralismo chilango -así le llamó- para evitar conflicto con la presidenta Claudia Sheinbaum
La reforma federal, respaldada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum, extinguió el INAI y reasignó sus tareas a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, una dependencia del Ejecutivo.
En Jalisco, el Congreso tuvo hasta el 18 de junio de 2025 para alinear su marco legal, optando por disolver el ITEI y crear un órgano desconcentrado dentro de la Contraloría. Aunque Lemus no inició esta reforma, su decisión de alinearse con Morena en el Congreso local contrasta con la postura combativa de su antecesor, Enrique Alfaro, quien desafió al gobierno federal en defensa de la autonomía estatal. Este pragmatismo sugiere que Lemus prioriza la gobernabilidad y una relación tersa con Sheinbaum, pero a un costo político que aún está por definirse.
Movimiento Ciudadano enfrenta una contradicción evidente. En el Senado, su coordinador, Clemente Castañeda, defendió con vehemencia la autonomía del INAI durante las discusiones de 2024, calificando su eliminación como un retroceso democrático que socavaría la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción.
En el foro “Diálogos Abiertos por la Transparencia” de noviembre de 2024, Castañeda respaldó a expertos que alertaron sobre los riesgos de centralizar funciones en el Ejecutivo, como la pérdida de la Plataforma Nacional de Transparencia y la falta de independencia en la gestión de información pública.
Sin embargo, en Jalisco, los legisladores de MC votaron junto a Morena para extinguir el ITEI, exponiendo una dualidad discursiva que podría confundir a su base electoral, especialmente en un estado donde MC ha construido su identidad en torno a la autonomía regional y la crítica al centralismo.
El ITEI, hay que reconocerlo, no era un bastión de imparcialidad. Durante el sexenio de Alfaro, expertos en transparencia acusaron al organismo de ser cooptado por el Ejecutivo, funcionando más como una extensión del poder estatal que como un contrapeso al servicio de la sociedad. Gabriel Torres Espinoza, académico y analista, cuestiona la utilidad de los Organismos Constitucionalmente Autónomos (OCA), describiéndolos como “burocracias politizadas, independientes solo en el papel”. En su opinión, muchos OCA, incluido el ITEI, se convirtieron en espacios para colocar aliados en la nómina o tejer redes de influencia con fines de lucro, desviándose de su propósito original. “Deben ser contrapesos reales, no simulaciones ni monumentos vacíos”, sentencia Torres, reflejando un escepticismo compartido por sectores críticos que ven en la extinción del ITEI una oportunidad para replantear la transparencia, siempre que se garantice su efectividad.
Consciente de las críticas, Lemus propuso un nuevo modelo dentro de la Contraloría, con participación de universidades, sociedad civil y actores independientes, para preservar la transparencia y el acceso a la información. Sin embargo, PAN y PRI han acusado al gobierno de convertirse en “juez y parte” al subordinar estas funciones a un organismo dependiente del Ejecutivo, lo que podría comprometer la imparcialidad.
La alianza de MC con Morena, su rival directo en las elecciones intermedias de 2027, añade una capa de complejidad. En campaña, Lemus prometió resistir el “centralismo chilango”, pero su voto conjunto con Morena podría alienar a votantes que valoran la autonomía regional, especialmente en un contexto donde la polarización política está en aumento.
El impacto electoral de esta decisión es incierto, pero significativo. MC ha dominado Jalisco en los últimos años, pero la percepción de que Lemus cede ante el gobierno federal podría erosionar su capital político, particularmente entre los sectores urbanos y jóvenes que apoyaron su discurso de independencia. Además, la transferencia de funciones a la Contraloría plantea desafíos operativos: ¿tendrá la capacidad técnica y la autonomía necesaria para manejar solicitudes de información y garantizar la protección de datos? La inclusión de la sociedad civil en el nuevo modelo es un intento de mitigar estas dudas, pero su éxito dependerá de la transparencia en su implementación y de la vigilancia ciudadana.
En última instancia, la extinción del ITEI refleja un dilema más amplio: cómo equilibrar la armonización con las reformas federales sin sacrificar los principios de autonomía y transparencia que Jalisco ha defendido. Lemus apuesta por un enfoque pragmático, pero el costo político y social de esta decisión podría manifestarse en las urnas y en la confianza ciudadana, especialmente si el nuevo modelo no logra desterrar las prácticas de control que marcaron al ITEI en el pasado.
JALISCO
Un gobernador de redes sociales: La diplomacia según Lemus y el silencio que delata…

Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco //
Pablo Lemus quiso jugar a la diplomacia. Se colocó su traje de “estadista internacional”, abrió su cuenta de X y decidió pronunciarse —veinticuatro horas después— sobre un conflicto que ni le competía ni le concernía directamente, pero que olía a oportunidad política: una funcionaria menor de Morena, Melissa Cornejo, fue cancelada —en redes y en visa— por el exembajador Christopher Landau, actual vicecanciller estadounidense. Lemus, con más cálculo que convicción, tomó aire, y escribió: “Eso no es Jalisco”.
Pero, ¿qué es Jalisco para Lemus? ¿Es acaso ese estado ejemplar que presume ante los diplomáticos gringos mientras, al mismo tiempo, sufre una de las tasas más alarmantes de desapariciones en el país? ¿Es ese “pueblo hermano” que, según él, mantiene relaciones respetuosas con los Estados Unidos, mientras la impunidad se pasea libremente entre sus aliados políticos, como Enrique Alfaro en Madrid, sin rendir cuentas por los más de 17 mil desaparecidos?
En su intento por desmarcarse de Melissa Cornejo —una joven militante que se inmoló en un tuit rabioso contra el imperio migratorio estadounidense— Lemus no midió que estaba exponiendo su propia desnudez política. Porque es muy cómodo condenar un mensaje soez desde la altura del poder, pero es más difícil responder cuando la diputada Itzul Barrera le devuelve el golpe con los datos que Lemus no publica en sus redes: alcaldes de su partido presos por crimen organizado, crisis hídrica en medio estado, y una Mesa de Seguridad donde el gobernador prefiere scrollear a intervenir.
Lemus no defendió a Jalisco. Se defendió a sí mismo. Se posicionó como el “buen mexicano”, el que sabe hablar inglés, el que presume relaciones internacionales y que, como todo buen político tecnócrata, se sube a los trending topics con frases bien medidas para caerle bien a los de afuera.
Pero en casa, su voz suena hueca. ¿Dónde está el mismo Lemus para condenar las ejecuciones extrajudiciales que policías municipales han protagonizado en su administración? ¿Dónde está para exigir justicia para las madres buscadoras hostigadas o desaparecidas? ¿Dónde estaba cuando Itzul Barrera le respondió con datos y él no supo replicar más que con silencio?
Este es el verdadero problema: Lemus no ve el fondo, solo la forma. Mientras Melissa Cornejo borra sus redes, él limpia su imagen con trapos ajenos. Mientras el vicecanciller Landau pontifica sobre los “glorificadores de la violencia”, el gobernador guarda silencio sobre los desaparecidos del 5 de mayo, los cuerpos embolsados en el río Santiago o los feminicidios en la zona metropolitana.
Y todo, para quedar bien con Washington.
Como decía un viejo columnista —al que esta pluma sigue rindiendo tributo—, “los políticos no son lo que dicen, sino lo que callan”. Y Lemus, al callar frente a los escándalos reales que le competen, pero alzar la voz solo cuando hay reflector extranjero de por medio, se pinta de cuerpo entero: es un gobernador de redes, no de gobierno.
En X @DEPACHECOS
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