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OPINIÓN

¿Será como el parto de los montes?: La nueva reforma electoral, encontronazo anticipado

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Opinión, por Pedro Vargas Ávalos //

Desde hace décadas, en nuestro país se han llevado a cabo muchas reformas en el ramo electoral, con el fin de erradicar arraigadas manías que reprimían nuestra democracia. Una trascendental, fue la que acabó con el Instituto Federal Electoral (IFE), organismo que había mejorado considerablemente los procesos comiciales y con ello, al menos ostentaba lo que se creyó sería transición democrática el año 2000.

Lástima que esta conversión resultara fallida, debido a la bochornosa presidencia del superficial Vicente Fox, el parlanchín exservidor de la transnacional más poderosa de los refrescos de cola. El mismo expresidente que cuando les quitaron las ilegítimas super pensiones a los que fueron mandatarios nacionales, dijo: «Yo vivo de mi pensión que me da el gobierno federal, yo la utilizo para comer frijolitos…” ¡¡¡!!! (Expansión Política, 22-IX-2014).

Sobre esto de la organización de elecciones, debemos recordar que, durante el siglo XIX, siempre las dispuso el gobierno en turno, el cual, entre rebeliones y asonadas, nunca implementó alguna realmente democrática, pues siempre, topara en lo que topara, triunfaban los candidatos que los gobernantes querían. El colmo fue Porfirio Díaz, quien con la divisa de “No Reelección”, llegó al poder en 1876 y, en cuanto pudo, traicionó ese principio y se reeligió hasta que fue defenestrado por el movimiento maderista iniciado en noviembre de 1910. Esto facilitó que, al año siguiente, se registraran el 15 de octubre, unos comicios que efectivamente fueron populares, y en los cuales se eligió como presidente al Apóstol Madero. Deplorablemente a este verdadero demócrata, lo intrigaron y asesinaron villanamente el 22 de febrero de 1913.

Con el triunfo del constitucionalismo, en 1917 la flamante Carta Magna de Querétaro, creó la Junta Empadronadora, las Juntas Computadoras Locales y los Colegios Electorales, como encargados de organizar y calificar los procesos para elegir al Presidente de la República y los integrantes del Congreso de la Unión. Esto hizo que como en el siglo anterior, ganaran los candidatos que gobierno quería.

En 1946, con el llamado “presidente caballero”, Manuel Ávila Camacho, se sancionó la Ley Federal Electoral que instituye la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, dirigida por el Secretario de Gobernación y otros miembros, tanto del gabinete, como de las cámaras de diputados y senadores, así como representantes de los partidos políticos. Un avance consistió en la instauración en las entidades federativas, de comisiones electorales locales, además del Consejo del Padrón Electoral.

Entre los años de 1951 y hasta 1973, funcionó una Comisión Federal de Vigilancia Electoral, con participación en el registro de nuevos partidos políticos y en la emisión de constancias de mayoría. Esa dependencia desapareció y en su lugar, el Congreso de la Unión aprobó la creación de la Comisión Federal Electoral, en el cual figuran con voz y voto, los partidos políticos con registro. Luego se innovó en 1987, al incorporar el criterio de representación proporcional en la integración de dicho organismo.

La búsqueda de integrar una institución escrupulosa que diera certeza, transparencia y legalidad a las elecciones federales, hizo que en 1990 se promulgara el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), con el cual aparece el Instituto Federal Electoral (IFE), que desafortunadamente conservó al Secretario de Gobernación como presidente. Este perduró en las modificaciones electorales de 1993 y 1994, hasta que, en la reforma de 1996, se transformó el artículo 41 constitucional y se ciudadanizó el entonces IFE, quitando por fin a dicho secretario de gobernación, funcionando en su lugar un Consejero Presidente del Instituto, con derecho a voz y voto, acompañado de ocho consejeros electorales con igual atributo. Con solo derecho a voz, se incluyó un Secretario Ejecutivo, consejeros del Poder Legislativo, y culminando la integración, Representantes de cada partido político con registro.

Los comicios federales de 2006 y 2012, dejaron amargo sabor de boca, por lo que se procuró otra modificación constitucional política-electoral que se forjó en 2013, y el texto aceptado se publicó el 10 de febrero de 2014.

Es significativo porque, al margen de que fue antifederalista, trocó el sistema electoral, convirtiendo al IFE en una autoridad de carácter nacional, denominada Instituto Nacional Electoral (INE). Su objetivo, fue homologar los estándares con los que se organizan los procesos electorales federales y locales, y así solidificar la democracia nacional.

Lastimosamente, la integración del Consejo General, ahora con 11 miembros, fue una repartición de cuotas entre los partidos políticos, especialmente el PRI y el PAN, en un evidente prianismo que, habiendo arrancado en tiempos de Carlos Salinas, se fue confirmando al paso de los siguientes sexenios, hasta que desplazados del poder, ahora se han integrado en una alianza llamada “Va por México”. Por otra parte, la idea de no encarecer los procesos electorales, fue contravenida con gastos excesivos que convirtieron al INE en el organismo más oneroso del mundo en su ramo. Finalmente, muy poco se logró en estados y municipios, en cuanto a mejorar sus procesos democráticos: grupos, caudillos y cúpulas, se han apoderado de los gobiernos correspondientes, y con ello, lo que han generado es la reprobación popular.

La apabullante victoria de la izquierda en los comicios de 2018, exige haya cambios en casi todos los ámbitos de la vida nacional. Y desde luego el renglón electoral no podría ser excluido.

Con esos motivos, es que el primer mandatario de la nación envió su iniciativa de reforma constitucional en materia electoral. A vuela pájara, no podemos negar que es muy innovadora, y que en varios aspectos interpreta el sentir de la inmensa mayoría de mexicanos. En particularidades como diputados y senadores de representación proporcional, gastos elevados y anticonstitucionales del INE, actuaciones sesgadas de los consejeros, aplicación controvertida de principios como la proporcionalidad, la divulgación de acciones de gobierno, el mejorar los procesos estatales y municipales, y el procedimiento de nombrar a los consejeros y los magistrados del Tribunal Federal Electoral (TRIFE), creemos que la ciudadanía esta acorde en que se reforme las normas que los regulan, tanto en el texto constitucional como en la ley reglamentaria.

En concreto son diez los mas innovadores cambios que proyecta la iniciativa, a saber:

1) elección de Consejeros y de Magistrados Electorales mediante voto popular, siendo los candidatos postulados por los Poderes de la Unión.

2)Desaparición de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) y Tribunales Electorales Locales, lo que implica la federalización de las elecciones.

3) Eliminación de las diputaciones plurinominales y reducción del número de legisladores federales y locales, pasando la Cámara de Diputados a 300 diputaciones y la Cámara de Senadores a 96 Senadurías.

4) elección de diputados, senadores y ayuntamientos mediante el sistema de representación pura, en donde el porcentaje de votos que obtenga un partido político, será el porcentaje de legisladores o miembros de ayuntamientos que se le asigne.

5) Disminución de los integrantes de los Ayuntamientos, con un límite de hasta 9 regidurías de forma proporcional a la población municipal.

6) Supresión del financiamiento público ordinario (partidos políticos nacionales y locales), no así del destinado a campañas electorales.

7) Implementar el voto electrónico, muy necesario para que haya sufragio total y seguro.

8) En materia de los tiempos en Radio y Televisión en cuestión electoral, rebajarlos, así como eliminar los tiempos fiscales y, producto de la reciente jornada de revocación de mandato, reducir al 33% la participación ciudadana para que el ejercicio sea vinculante.

9) Adecuar las excepciones para difundir acciones de gobierno, durante los procesos electorales en todos los órdenes de la administración, y finalmente, crear una Legislación Única en Materia Electoral, para uniformar y mejorar los mecanismos de elección.

Dice al respecto el analista Eduardo R. Huchim: La iniciativa electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene contenidos discutibles, cierto, pero lo que representa un plausible avance democrático es la reforma que, de ser aprobada, cambiaría sustancialmente -para bien- la manera de integrar el Poder Legislativo tanto en el ámbito federal como en el estatal. A esto, expresó el dirigente panista Marko Cortés (Marquititito): Esa iniciativa es un dardo envenenado contra la democracia y el INE.

En conclusión, las oposiciones ya anunciaron que esa iniciativa del ejecutivo federal no los convence, y que presentará cada partido por su lado, una propuesta de renovación electoral, adelantando que defenderán radicalmente la existencia del actual INE y no permitirán las disminuciones de representantes proporcionales, pero sí exigirán no haya sobre representación que aseguran, beneficia a MORENA. También formulan la segunda vuelta en la elección presidencial, nulificar comicios donde participe la delincuencia organizada, evitar el transfuguismo que existe en las cámaras (como el de Lily Téllez), celebrar elecciones primarias para elegir los candidatos presidenciales y castigar cuando se utilicen programas sociales en apoyo de campañas electorales.

El encontronazo con base en esta declarada nueva reforma electoral es de pronóstico reservado. Será quizás peor que la lid librada en días pasados con la moción del ramo eléctrico, que en cuanto a cambios constitucionales no avanzó, pero sí en lo relativo a la Ley de la Industria Eléctrica, declarada constitucional por la Suprema Corte de Justicia.

Pronto presenciaremos este monumental encuentro, entre la Cuatro T y la oposición, en una esfera que les duele tanto como lo es la electoral. Hay ingredientes para redactar una eficiente reforma: ojalá el proceso no termine como el parto de los montes, o semejante a la carabina de Ambrosio. El pueblo reclama se actúe con altura de miras y se ofrezcan resultados que afirmen nuestra democracia y consoliden la unidad de la nación. Esperemos que así sea.

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JALISCO

Consejos para la jubilación

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Opinión, por Arturo Pérez Díaz //

Cumplir 55 años no solo marca un nuevo capítulo en la vida, también enciende una alerta: es momento de pensar con seriedad en el retiro. Muchas personas posponen esta reflexión, confiadas en que aún hay tiempo.

Sin embargo, el marco legal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), establece requisitos que no se cumplen de la noche a la mañana y que, de no gestionarse oportunamente, pueden traducirse en la pérdida de derechos adquiridos durante toda una vida laboral.

Acorde al Consejo Nacional de Población (CONAPO), hasta el año 2024 el 12.3% de la población total del estado eran personas adultas mayores de 60 años o más, lo que equivale a 1 millón 085 mil 609 habitantes.

Así de grande es el problema de las jubilaciones en Jalisco, que en la mayoría de los casos se concibe como problema, dado que reciben pagos mensuales de miseria, en caso de que todo adulto de este grupo de edad haya logrado una jubilación.

Para entender el tema hay que revisar el artículo 138 de la Ley del Seguro Social, que indica requisitos para obtener una jubilación: para la pensión por vejez se necesitan 65 años de edad y al menos 500 semanas cotizadas (diez años de trabajo formal). Pero también existe la opción de cesantía en edad avanzada, disponible de 60 a 64 años de edad, si se cuenta con las mismas semanas cotizadas y ya no se tiene trabajo remunerado.

Aun así, ningún beneficio es automático: hay que solicitarlos y acreditar los requisitos ante el IMSS, lo cual puede ser confuso para muchos, además de que toma tiempo.

La decisión de pensionarse debe ser estratégica y no dejarla al tiempo porque equivale al olvido. Dejar pasar los años sin revisar cotizaciones, sin confirmar la situación laboral, sin conocer los montos aproximados de cesantía o jubilación por vejez, puede poner en riesgo no solo la pensión, sino también las asignaciones familiares, ayuda asistencial y servicios médicos a los que se tiene derecho (arts. 137 y 145).

Por ello, quienes cumplen 55 años deben comenzar ya el proceso de revisión de jubilación, analizando: semanas cotizadas, modalidades de retiro, documentación, trámites y requisitos ante el IMSS. Ser omiso y no hacerlo a tiempo puede llevar a perder beneficios irrecuperables. La vejez no llega de golpe, pero cuando lo hace, no perdona la omisión. Es mejor prevenir que lamentar.

Toda una vida de trabajo puede llevar el riesgo de jubilarse con montos injustos de 9 mil quinientos pesos mensuales. Sin embargo, la mayoría de la gente debería saber que hay opciones de incrementar las jubilaciones hasta montos mayores de 80 mil pesos, mediante una estrategia legal acorde a la propia ley del IMSS.

Una pensión justa es aquella que brinda los medios adecuados para pagar los servicios de salud, alimentación y cuidado del jubilado, pero muchas personas adultas no lograron una pensión, y los que sí tuvieron derecho recibieron pensiones de hambre.

Muestra de ello es que, a pesar de tener edad de retiro, la gente sigue trabajando. Así lo demuestra el INEGI, a través de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Según resultados del primer trimestre de 2024, el 19.5% de la población de 65 años y más en Jalisco era económicamente activa, es decir, 182 mil 375 personas; de las cuales 64.2% (117,108) eran hombres y 35.8% (65,267) mujeres. Destaca que, el cien por ciento de las personas adultas mayores económicamente activas se encontraba ocupado.

Una jubilación justa se debe empezar a trabajar a los 55 años de edad, en las próximas colaboraciones expondremos las estrategias para lograr pensiones mayores a lo que le tiene programado el IMSS a quienes caminan ya rumbo al sexto piso.

Lograr una vejez tranquila, sin tener necesidad de seguir trabajando hasta una edad muy avanzada, es posible, pero hay que informarse de los derechos laborales y de las prestaciones.

El mayor problema es el de personas que tienen más de 50 años de edad y hoy laboran sin seguridad social, sin los beneficios de una AFORE, INFONAVIT y sobre todo sin cotizar para una jubilación, que con una adecuada información, toda esta gente estaría a tiempo de rescatar una jubilación digna. La informalidad provoca daños en el futuro de los trabajadores, porque, llegado el tiempo, vivirán una vejez sin protección social, sin dinero.

La gente debería saber que existen mecanismos legales para regularizar su situación en cualquier giro laboral, logrando la protección del IMSS con servicios médicos, cirugías y medicamentos en el presente y una pensión para el futuro.

Algunos ejemplos de incorporación al IMSS son los trabajos domésticos, en donde miles de mujeres trabajan para un patrón que no les brinda hasta hoy la afiliación al seguro social que puede realizarse de una forma sencilla. Otro caso son los trabajadores de aplicaciones móviles como Uber y Didi, que a partir de junio de este año ya se deben inscribir por ley al IMSS.

También existen trabajadores independientes de alto nivel, como los dentistas, que siempre por tradición han sido independientes y no tienen patrón que los incorpore al seguro social. Para ellos también existen modalidades de afiliación al IMSS, y aunque muchos creen que la población de escasa formación es la víctima de la injusticia de las jubilaciones, esto no es así, también profesionistas están descobijados en su futuro laboral.

Si toda persona inscrita en el IMSS, que tiene ahora más de 55 años de edad y que pertenece a la Ley 73, se preocupara hoy por informarse, estaría a tiempo de evitar una jubilación injusta con montos bajos que empobrecen a los jubilados.

A la población que pertenece a la ley 73 del IMSS, le asiste la ley con varios beneficios que, sin embargo, no son ejercidos por ignorancia. El mayor beneficio es poder continuar cotizando para una jubilación a pesar de que se hayan quedado sin empleo, y por su edad, ya nadie quiso brindarles empleo formal.

El beneficio se conoce como continuación voluntaria, con lo que, al contribuir directamente y pagar su afiliación, podrán asegurar su retiro aun cuando se hayan quedado sin patrón y un empleo formal. Pero, adicionalmente, tienen el derecho de enriquecer su cotización, elevando el salario base, lo cual repercute en una pensión que puede ser en 2025 superior a 80 mil pesos mensuales.

Es tiempo de prepararse para el futuro y no dejarlo al día a día, el tiempo y el futuro están más cerca de lo que parece, infórmese.

E-mail: amper61@hotmail.com

Arturo Pérez Díaz es periodista independiente, ha sido docente de política, opinión pública y mercadotecnia política, así como asesor profesional de comunicación pública.

 

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NACIONALES

Grupo Salinas y la erosión de la justicia fiscal

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Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //

La posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falle a favor de Grupo Salinas, eximiendo al conglomerado de Ricardo Salinas Pliego de pagar más de 74 mil millones de pesos en impuestos, trasciende un simple revés fiscal: representa un agravio directo al pueblo de México.

Esta cifra colosal, que supera el presupuesto anual de 25 estados y el financiamiento de programas sociales esenciales como salud y educación, pone en evidencia una verdad incómoda: el poder económico puede doblegar las instituciones diseñadas para velar por el interés colectivo. En un país donde las desigualdades persisten, este caso no es solo un debate legal, sino un reflejo de cómo las élites financieras influyen en la democracia y erosionan la confianza ciudadana.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha calificado un fallo favorable como “la injusticia llevada a la máxima expresión”, y su afirmación encuentra eco en los números. Con 74 mil millones de pesos se podrían construir hospitales como el Agustín O’Horán en Mérida, cuyo costo estimado es de 3 mil millones, financiar el programa de apoyo a mujeres de 60 a 64 años, con un presupuesto de 54 mil millones, o sostener la beca universal para estudiantes de secundaria, beneficiando a millones de jóvenes.

Estos recursos representan una oportunidad perdida para mejorar la calidad de vida de las mayorías, en contraste con el accionar de Grupo Salinas. Este conglomerado, que incluye gigantes como Elektra y TV Azteca, ha acumulado 32 litigios fiscales durante 16 años, retrasando desde 2008 el pago de impuestos que, según la Procuraduría Fiscal, debió saldarse. ¿Es esto justicia o un privilegio camuflado tras tecnicismos legales que solo los poderosos pueden costear?

El trasfondo de esta situación revela una relación alarmante entre el poder económico y el judicial. Durante casi dos décadas, Grupo Salinas ha empleado estrategias como amparos y maniobras dilatorias para evadir sus obligaciones fiscales, una práctica que ha escalado hasta llegar a la SCJN.

Reportes sugieren que ministros como Luis María Aguilar Morales han retrasado resoluciones, dejando expedientes congelados por meses, lo que alimenta sospechas de influencias indebidas. Este problema no es un fenómeno aislado ni reciente; tiene raíces en las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, cuando el emporio comenzó a litigar para eludir impuestos, acumulando una deuda que hoy alcanza niveles escandalosos.

La pregunta se impone: ¿quién protege los intereses de la nación cuando las instituciones ceden ante la presión de unos pocos magnates? La respuesta parece diluirse en un sistema donde la balanza de la justicia se inclina hacia quienes pueden pagar por su defensa.

Sheinbaum ha vinculado las críticas de TV Azteca —un brazo mediático de Grupo Salinas— contra la reforma judicial y su gobierno con un interés claro: preservar un sistema que permita a corporativos evadir responsabilidades fiscales. Este señalamiento no puede tomarse a la ligera. La cadena ha intensificado su narrativa en contra de las iniciativas del Ejecutivo, lo que refuerza la percepción de un conflicto de intereses.

Un fallo favorable a Grupo Salinas no solo legitimaría una deuda impaga, sino que enviaría un mensaje devastador: en México, la justicia se doblega ante quienes tienen los recursos para litigar eternamente, mientras el pueblo carga con las consecuencias económicas y sociales. Este precedente podría abrir la puerta a más empresas para seguir el mismo camino, agravando la erosión fiscal y la desigualdad.

Estos excesos del poder económico, respaldados por complicidades en el ámbito judicial, justifican la urgente necesidad de reformar el sistema. Millones de mexicanos, sin los recursos ni el acceso a un ejército de abogados como el de Salinas Pliego, quedan desprotegidos frente a un sistema que favorece a las élites.

A nivel local, la situación no es distinta. En Jalisco y otras entidades, se han documentado casos de jueces coludidos con funcionarios políticos para reprimir a ciudadanos que denuncian corruptelas, utilizando su autoridad para aplastar voces disidentes. Algunos de estos actores judiciales incluso buscaron el voto popular para perpetuarse en el poder, pero su pasado de complicidad ha sido expuesto, desmantelando su fachada de imparcialidad.

La reforma judicial propuesta por el gobierno actual busca romper con este ciclo de impunidad. Sin embargo, su éxito dependerá de la voluntad política y de la presión ciudadana para garantizar que los nuevos mecanismos no sean cooptados por los mismos intereses que hoy se cuestionan. Se espera que esta nueva etapa trace un horizonte donde la justicia sea verdaderamente igualitaria, sin distinción de clases ni influencias económicas.

En México y Jalisco, urge un sistema renovado donde el poder político y el económico no dicten el rumbo de la justicia, sino que esta responda a los principios de equidad y transparencia.

Este debate sigue vigente, reflejando las tensiones entre poder político y el económico, y el papel que el poder judicial ha asumido en un país en transformación. La ciudadanía debe mantenerse vigilante, exigiendo que la SCJN actúe con integridad y que las reformas prometidas se traduzcan en un sistema judicial que sirva a todos, no solo a unos pocos. Solo así se podrá cerrar el capítulo de los “juegos del poder” y abrir uno donde la justicia fiscal sea un pilar de la democracia mexicana.

 

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JALISCO

Uribe y su circunstancia

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De Frente al Poder, por Óscar Ábrego //

Hay cuatro asignaturas en la agenda de Guadalajara que están fastidiando al gobierno de Movimiento Ciudadano: Inseguridad, agua, movilidad y basura.

En todas las evaluaciones brotan esos temas de manera consistente.

Personalmente creo que Verónica Delgadillo hace –como puede y con lo que tiene- un esfuerzo que merece un alto reconocimiento.

Y aunque no tenemos condiciones para afirmar que su labor pinta para lograr la postulación naranja con miras a nuestro próximo encuentro con las urnas, lo cierto es que nadie puede negar que le pone seriedad y esfuerzo a su función como presidenta.

En un contexto así, a Morena se le presenta una oportunidad única para conquistar el triunfo en menos de dos años.

Hay cartas con nombre y apellido en la baraja guinda.

Cito algunos con verdaderas posibilidades de alcanzar la nominación:

  • Merilyn Gómez Pozos, presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara Federal de Diputados.

  • Claudia Delgadillo González, ex diputada federal y ex candidata al gobierno del Estado.

  • Carlos Lomelí Bolaños, ex candidato al gobierno de Jalisco y actual senador de la República.

Sin embargo debemos colocar en la primera línea a quien ya ha sido alcalde, Alberto Uribe.

Hombre de las confianzas de Marcelo Ebrard, es titular de la Dirección General de Contenido Nacional y Fomento en el Sector Energético y Coordinador del Corredor del Bienestar del Pacífico (Jalisco, Michoacán, Colima y Nayarit) de la Secretaría de Economía, posición que lo coloca en inmejorables condiciones para vincularse con sectores estratégicos que si bien no definen una elección, sí inciden en ella.

Por una extraña razón, distinguidos opinantes se resisten a suponer que a Uribe Camacho le aguarda un futuro prometedor en la escena electoral.

Yo difiero. Lo conozco, y si alguien sabe sortear el oleaje del impredecible e implacable mar de la política, es Alberto.

Por eso, para aquellos que sostienen que la historia sobre la designación de la candidatura de Morena rumbo a la alcaldía tapatía ya se escribió, vale la pena recordarles esa máxima que dice que en la política, como en la vida misma, la circunstancia lo es todo.

En X: @DeFrentealPoder

*Óscar Ábrego es empresario, consultor en los sectores público y privado, activista, escritor y analista político.

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