OPINIÓN
Situación precaria en Kazajistán: Disturbios ponen en riesgo la estabilidad euroasiática

Economía Global, por Alberto Gómez-R. //
Convulsiones socio-políticas se manifiestan ya en los primeros días del 2022, y pueden seguir extendiéndose a medida que el desconcierto económico continúe haciendo mella en el bienestar del 99% de la población mundial, una situación agravada desde hace casi dos años desde que inició la pandemia del covid-19.
La situación en la República de Kazajistán es delicada y, aunque parece ser que se ha recuperado el control por el gobierno, se viven momentos de alta tensión en aquel país, último en declarar su independencia al disolverse la Unión Soviética (URSS).
En días recientes las protestas en el país asiático fueron creciendo en frecuencia e intensidad, iniciándose por el anuncio del aumento de los precios de los energéticos, lo que provocó enfrentamientos violentos de manifestantes contra agentes del orden gubernamentales, teniendo como saldo la muerte de manifestantes, así como centenares de heridos.
«La mitad del territorio de nuestro país está envuelta en disturbios. La situación es especialmente difícil en Almaty (…) y esto no se puede tolerar», dijo, antes de apuntar por primera vez desde el inicio de las manifestaciones a la existencia de “varios muertos y heridos”, declaró el presidente kazajo, Kasim Jomart Tokayev.
El presidente Tokayev acusó a «bandas terroristas» formadas en el extranjero de estar detrás de la ola de violencia e informó que había solicitado la ayuda de la Organización del Tratado de la Seguridad Colectiva (OTSC), una alianza de antiguas naciones soviéticas liderada por Rusia.
La policía mató a «decenas» de manifestantes en las últimas horas cuando intentaban irrumpir en edificios administrativos en Kazajistán, anunció el jueves (06/01/2022) la policía de este país de Asia central sacudido por protestas sin precedentes.
«La pasada noche, las fuerzas extremistas intentaron irrumpir en edificios administrativos, en el departamento de la policía de la ciudad de Almaty, así como en departamento locales y comisarías de policía. Decenas de atacantes fueron eliminados», declaró el portavoz de la policía Saltanat Azirbek, citado por las agencias Interfax-Kazakhstan, TASS y Ria Novosti.
Según Azirbek, se estaba efectuando una operación «antiterrorista» en uno de los barrios de Almaty, capital económica del país, donde los altercados fueron más violentos. (dw.com)
La alianza está conformada actualmente por Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Rusia y Tayikistán, y fue concebida como una unión para contrarrestar las amenazas militares externas.
Como apoyo al gobierno kazajo, el presidente ruso Vladimir Putin envió tropas aerotransportadas para sofocar los disturbios que amenazaban con salirse absolutamente de control, lo que significaría un riesgo para la estabilidad de la región que podría afectar los intereses de sus dos grandes vecinos territoriales: Rusia y China.
Kazajistán, una nación de unos 19 millones de habitantes, comparte una extensa frontera con Rusia y se encuentra en lo que Moscú considera como su esfera de influencia.
Las protestas pueden desestabilizar una región ya de por sí volátil en la que Rusia y Estados Unidos compiten por influencia. También reflejan el descontento generalizado por el asfixiante gobierno autoritario de Kazajistán y por la corrupción endémica que ha provocado la concentración de la riqueza en una pequeña élite política y económica.
Para el Kremlin, los hechos representan otro posible desafío al poder autocrático en un país vecino. Este es el tercer levantamiento contra una nación autoritaria alineada con el Kremlin, después de las protestas prodemocracia en Ucrania de 2014 y en Bielorrusia de 2020. El caos amenaza con socavar el poder de Moscú en la región en un momento en el que Rusia intenta hacer valer su poder económico y geopolítico en países como Ucrania y Bielorrusia.
Kazajistán también es importante para Estados Unidos, ya que se ha convertido en un país significativo para las preocupaciones energéticas estadounidenses, dado que Exxon Mobil y Chevron han invertido decenas de miles de millones de dólares en el oeste de Kazajistán, la región donde comenzó el descontento este mes. (nytimes.com)
Es el noveno país con mayor extensión territorial en el mundo, y tiene una ubicación geoestratégica de gran importancia para el paso de mercancías de China a Europa y viceversa.
Las vastas reservas de hidrocarburos y minerales de Kazajistán forman la columna vertebral de su economía. Geográficamente, la más grande de las ex repúblicas soviéticas, excluida Rusia, Kazajistán posee importantes reservas de combustibles fósiles y otros minerales y metales, como cobre, zinc y es el mayor productor de uranio del mundo, con 40% de la producción mundial. También tiene un gran sector agrícola que destaca la ganadería y los cereales.
El gobierno se da cuenta de que su economía adolece de una dependencia excesiva del petróleo y las industrias extractivas y ha hecho intentos iniciales de diversificar su economía apuntando a sectores como transporte, productos farmacéuticos, telecomunicaciones, petroquímicos y procesamiento de alimentos para un mayor desarrollo e inversión. También adoptó un Código de Subsuelo en diciembre de 2017 con el objetivo de aumentar la exploración y la inversión en los sectores de hidrocarburos, y en particular la minería.
La producción y el potencial de petróleo de Kazajistán se están expandiendo rápidamente. Una expansión de $ 36.8 mil millones del principal campo petrolero Tengiz de Kazajstán por Tengizchevroil liderado por Chevron debería completarse en 2022. Mientras tanto, el campo supergigante Kashagan finalmente lanzó la producción en octubre de 2016 después de años de retraso y un estimado de $ 55 mil millones en costos de desarrollo. La producción total de petróleo de Kazajstán en 2017 aumentó un 10,5 %.
Kazajistán no tiene salida al mar y depende de Rusia para exportar su petróleo a Europa. También exporta petróleo directamente a China. En 2010, Kazajstán se unió a Rusia y Bielorrusia para establecer una Unión Aduanera en un esfuerzo por impulsar la inversión extranjera y mejorar el comercio. La Unión Aduanera se convirtió en un Espacio Económico Único en 2012 y la Unión Económica Euroasiática (EAEU) en enero de 2015. Apoyadas por el aumento de los precios de las materias primas, las exportaciones de Kazajistán a los países de la EAEU aumentaron un 30,2 % en 2017. Las importaciones de los países de la EAEU aumentaron un 24,1 %.
Además de su importancia geopolítica, los grandes recursos estratégicos que posee, y su vasta extensión territorial, en Kazajistán se concentra la más alta tasa de minería digital de Bitcoin con más del 18% mundial, sólo después de Estados Unidos que actualmente posee el 35% luego de la migración en 2021 de los mineros que estaban instalados en China.
Muchas empresas mineras y mineros chinos de Bitcoin reubicaron cada vez más sus servicios en Kazajstán después de que el gobierno chino anunciara una prohibición renovada de la industria de las criptomonedas en septiembre de 2021.
Kazajistán, que cuenta con la segunda tasa de hash minera más grande (BTC) del mundo, está experimentando importantes cortes de Internet en medio de las protestas locales contra el gobierno.
El proveedor de datos de red NetBlocks informó el miércoles que Kazajistán estaba «en medio de un apagón de Internet a escala nacional después de un día de interrupciones de Internet móvil y restricciones parciales». Según los datos, la conectividad de red normalizada en Kazajstán cayó al 2% el miércoles (05 de enero).
La medida supuso un duro golpe para la actividad minera de Bitcoin en el país. Según datos por YCharts.com, la tasa de hash global de la red Bitcoin cayó un 13.4% en las horas posteriores a la caída del Internet, pasando de unos 205,000 petahash por segundo (PH/s) a 177,330 PH/s.
Lo anterior provocó una caída del precio del Bitcoin que cayó un 11%, llegando a los $40 mil dólares (usd). Ante este evento de alto impacto en Kazajistán, se podría haber esperado una caída más drástica en el precio de la criptomoneda, sin embargo el fortalecimiento del ecosistema crypto demuestra que llegó para quedarse y, al parecer, 2022 será un año crucial para las Finanzas Descentralizadas (DeFi) en el que se prevé un crecimiento sin precedentes, tanto por el interés de preservar el valor del dinero de las personas, como por la alta volatilidad de los mercados de valores tradicionales, y las amenazas visibles del actual sistema financiero fíat, cuyo fin se acerca a pasos agigantados.
NACIONALES
Grupo Salinas y la erosión de la justicia fiscal

Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //
La posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falle a favor de Grupo Salinas, eximiendo al conglomerado de Ricardo Salinas Pliego de pagar más de 74 mil millones de pesos en impuestos, trasciende un simple revés fiscal: representa un agravio directo al pueblo de México.
Esta cifra colosal, que supera el presupuesto anual de 25 estados y el financiamiento de programas sociales esenciales como salud y educación, pone en evidencia una verdad incómoda: el poder económico puede doblegar las instituciones diseñadas para velar por el interés colectivo. En un país donde las desigualdades persisten, este caso no es solo un debate legal, sino un reflejo de cómo las élites financieras influyen en la democracia y erosionan la confianza ciudadana.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha calificado un fallo favorable como “la injusticia llevada a la máxima expresión”, y su afirmación encuentra eco en los números. Con 74 mil millones de pesos se podrían construir hospitales como el Agustín O’Horán en Mérida, cuyo costo estimado es de 3 mil millones, financiar el programa de apoyo a mujeres de 60 a 64 años, con un presupuesto de 54 mil millones, o sostener la beca universal para estudiantes de secundaria, beneficiando a millones de jóvenes.
Estos recursos representan una oportunidad perdida para mejorar la calidad de vida de las mayorías, en contraste con el accionar de Grupo Salinas. Este conglomerado, que incluye gigantes como Elektra y TV Azteca, ha acumulado 32 litigios fiscales durante 16 años, retrasando desde 2008 el pago de impuestos que, según la Procuraduría Fiscal, debió saldarse. ¿Es esto justicia o un privilegio camuflado tras tecnicismos legales que solo los poderosos pueden costear?
El trasfondo de esta situación revela una relación alarmante entre el poder económico y el judicial. Durante casi dos décadas, Grupo Salinas ha empleado estrategias como amparos y maniobras dilatorias para evadir sus obligaciones fiscales, una práctica que ha escalado hasta llegar a la SCJN.
Reportes sugieren que ministros como Luis María Aguilar Morales han retrasado resoluciones, dejando expedientes congelados por meses, lo que alimenta sospechas de influencias indebidas. Este problema no es un fenómeno aislado ni reciente; tiene raíces en las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, cuando el emporio comenzó a litigar para eludir impuestos, acumulando una deuda que hoy alcanza niveles escandalosos.
La pregunta se impone: ¿quién protege los intereses de la nación cuando las instituciones ceden ante la presión de unos pocos magnates? La respuesta parece diluirse en un sistema donde la balanza de la justicia se inclina hacia quienes pueden pagar por su defensa.
Sheinbaum ha vinculado las críticas de TV Azteca —un brazo mediático de Grupo Salinas— contra la reforma judicial y su gobierno con un interés claro: preservar un sistema que permita a corporativos evadir responsabilidades fiscales. Este señalamiento no puede tomarse a la ligera. La cadena ha intensificado su narrativa en contra de las iniciativas del Ejecutivo, lo que refuerza la percepción de un conflicto de intereses.
Un fallo favorable a Grupo Salinas no solo legitimaría una deuda impaga, sino que enviaría un mensaje devastador: en México, la justicia se doblega ante quienes tienen los recursos para litigar eternamente, mientras el pueblo carga con las consecuencias económicas y sociales. Este precedente podría abrir la puerta a más empresas para seguir el mismo camino, agravando la erosión fiscal y la desigualdad.
Estos excesos del poder económico, respaldados por complicidades en el ámbito judicial, justifican la urgente necesidad de reformar el sistema. Millones de mexicanos, sin los recursos ni el acceso a un ejército de abogados como el de Salinas Pliego, quedan desprotegidos frente a un sistema que favorece a las élites.
A nivel local, la situación no es distinta. En Jalisco y otras entidades, se han documentado casos de jueces coludidos con funcionarios políticos para reprimir a ciudadanos que denuncian corruptelas, utilizando su autoridad para aplastar voces disidentes. Algunos de estos actores judiciales incluso buscaron el voto popular para perpetuarse en el poder, pero su pasado de complicidad ha sido expuesto, desmantelando su fachada de imparcialidad.
La reforma judicial propuesta por el gobierno actual busca romper con este ciclo de impunidad. Sin embargo, su éxito dependerá de la voluntad política y de la presión ciudadana para garantizar que los nuevos mecanismos no sean cooptados por los mismos intereses que hoy se cuestionan. Se espera que esta nueva etapa trace un horizonte donde la justicia sea verdaderamente igualitaria, sin distinción de clases ni influencias económicas.
En México y Jalisco, urge un sistema renovado donde el poder político y el económico no dicten el rumbo de la justicia, sino que esta responda a los principios de equidad y transparencia.
Este debate sigue vigente, reflejando las tensiones entre poder político y el económico, y el papel que el poder judicial ha asumido en un país en transformación. La ciudadanía debe mantenerse vigilante, exigiendo que la SCJN actúe con integridad y que las reformas prometidas se traduzcan en un sistema judicial que sirva a todos, no solo a unos pocos. Solo así se podrá cerrar el capítulo de los “juegos del poder” y abrir uno donde la justicia fiscal sea un pilar de la democracia mexicana.
JALISCO
Uribe y su circunstancia

De Frente al Poder, por Óscar Ábrego //
Hay cuatro asignaturas en la agenda de Guadalajara que están fastidiando al gobierno de Movimiento Ciudadano: Inseguridad, agua, movilidad y basura.
En todas las evaluaciones brotan esos temas de manera consistente.
Personalmente creo que Verónica Delgadillo hace –como puede y con lo que tiene- un esfuerzo que merece un alto reconocimiento.
Y aunque no tenemos condiciones para afirmar que su labor pinta para lograr la postulación naranja con miras a nuestro próximo encuentro con las urnas, lo cierto es que nadie puede negar que le pone seriedad y esfuerzo a su función como presidenta.
En un contexto así, a Morena se le presenta una oportunidad única para conquistar el triunfo en menos de dos años.
Hay cartas con nombre y apellido en la baraja guinda.
Cito algunos con verdaderas posibilidades de alcanzar la nominación:
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Merilyn Gómez Pozos, presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara Federal de Diputados.
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Claudia Delgadillo González, ex diputada federal y ex candidata al gobierno del Estado.
-
Carlos Lomelí Bolaños, ex candidato al gobierno de Jalisco y actual senador de la República.
Sin embargo debemos colocar en la primera línea a quien ya ha sido alcalde, Alberto Uribe.
Hombre de las confianzas de Marcelo Ebrard, es titular de la Dirección General de Contenido Nacional y Fomento en el Sector Energético y Coordinador del Corredor del Bienestar del Pacífico (Jalisco, Michoacán, Colima y Nayarit) de la Secretaría de Economía, posición que lo coloca en inmejorables condiciones para vincularse con sectores estratégicos que si bien no definen una elección, sí inciden en ella.
Por una extraña razón, distinguidos opinantes se resisten a suponer que a Uribe Camacho le aguarda un futuro prometedor en la escena electoral.
Yo difiero. Lo conozco, y si alguien sabe sortear el oleaje del impredecible e implacable mar de la política, es Alberto.
Por eso, para aquellos que sostienen que la historia sobre la designación de la candidatura de Morena rumbo a la alcaldía tapatía ya se escribió, vale la pena recordarles esa máxima que dice que en la política, como en la vida misma, la circunstancia lo es todo.
En X: @DeFrentealPoder
*Óscar Ábrego es empresario, consultor en los sectores público y privado, activista, escritor y analista político.
JALISCO
El agua sucia del poder: Megacortes, tarifas infladas y la red clientelar del SIAPA

Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco //
En Jalisco, el agua no solo escasea: se pudre. Apesta a burocracia, a negocios entre compadres, a ineptitud maquillada de eficiencia y a un modelo de saqueo que, bajo el nombre del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), ha convertido “el vital líquido” en un bien de lujo, controlado por burócratas de alto sueldo y baja moral.
Apenas 72 horas tras el Congreso, dominado por MC, Verde, PAN y HAGAMOS, aprobar un 9.65% de alza al agua para 2025, SIAPA anunció un megacorte de cuatro días a 113 colonias por reparaciones. Con cortes, fugas y baja presión en zonas pobres, el servicio flaquea.
Entre las afectadas están comunidades de Zapopan, Guadalajara y San Pedro Tlaquepaque: nombres que, para los operadores del SIAPA, parecen no existir más que como renglones en una lista de cobros. Porque eso sí: la factura llega puntual, aunque el agua no.
TARIFAZO CON PREMIO DE IMPUNIDAD
Con 21 votos a favor y 16 en contra, el Congreso del Estado avaló el tarifazo. Aumentaron las tarifas y, de paso, aprobaron que las siguientes subidas se actualicen automáticamente conforme al índice inflacionario. Como si el ciudadano de a pie tuviera una inflación personal controlada, o un ingreso garantizado. El pretexto fue la “viabilidad financiera” del organismo, aunque el mismo SIAPA admitió que el alza no resolverá la crisis del servicio.
Eso no impidió, claro, que el gobernador Pablo Lemus les diera un espaldarazo: “Se acabaron los pretextos, ahora deben mejorar el servicio”. Palabras que, como muchas en Casa Jalisco, no se traducen en acciones.
El organismo tiene, sin embargo, otros mecanismos de supervivencia. No importa si baja la eficiencia (de 81.9% de reportes atendidos en 2023 a 78% en 2024), si disminuye el volumen de agua distribuido o si los reportes ciudadanos crecen. El SIAPA no colapsa. Se alimenta, eso sí, de la paciencia del contribuyente y de las arcas públicas, blindado por una red de intereses que lo mantiene a flote como una balsa mal armada en un mar de negligencia.
PIPAS GRATIS, ASESORES CAROS
A la par del anuncio del megacorte, el SIAPA ofreció pipas gratuitas. Un gesto que parecería generoso si no fuera un parche a un sistema crónicamente averiado. Y mientras familias almacenan agua en cubetas, el organismo desembolsa más de 73 mil pesos mensuales a una exconductora de televisión, sin formación técnica, convertida en asesora de dirección.
Elizabeth Margarita Castro Cárdenas —Según el periódico NTR, con un historial ligado a un fraude financiero, nexos con narcotraficantes y una carrera más cercana al espectáculo que al agua potable— fue nombrada asesora técnica del SIAPA. Su presencia en la nómina, denunciada por trabajadores del organismo, es sólo una muestra más de cómo el SIAPA sirve a fines políticos antes que ciudadanos. Ahí están los sueldos, los estímulos, las asesorías infladas, y los contactos bien ubicados.
En lugar de eficiencia, el organismo se volvió una caja chica para repartir favores. Y si no lo creen, revisen el historial: la misma Castro Cárdenas fue antes funcionaria en la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, con un sueldo prácticamente idéntico. La política jalisciense no bota a sus leales: los recicla.
LA RESISTENCIA CIUDADANA Y LOS GRITOS QUE NO SE OYEN
No todo el Congreso se rindió. La diputada Itzul Barrera, de Morena, denunció no sólo la falta de transparencia en el uso de los mil millones de pesos adicionales que se recaudarán por el aumento, sino el hecho inaudito de que el director del SIAPA admitiera que el alza no servirá para mejorar el servicio. Vaya sinceridad.
Denunció, también, que la sesión para aprobar el alza fue convocada con apenas una hora de anticipación y que los diputados debieron revisar más de 136 páginas de dictamen al vapor, lo que impidió una discusión real. Eso no impidió el voto mayoritario. El SIAPA es, hoy, un monstruo que factura más de 5 mil millones de pesos al año, que contrata asesores sin perfil, y que cada vez da menos agua.
Las más de 15 iniciativas presentadas para su reforma duermen en el congelador legislativo. Y así, los “diálogos” se dan en lo oscurito, entre cenas discretas y acuerdos inconfesables.
MUNICIPIOS DIVIDIDOS Y CIUDADANÍA HARTA
Guadalajara y Zapopan justifican con tibieza el alza tarifaria prometiendo eficiencia, mientras Tlaquepaque y Tonalá alertan. Laura Imelda Pérez, alcaldesa de Tlaquepaque, impulsa condonar cobros a quienes carecen de agua buena, destacando 80 millones gastados por el Ayuntamiento en tareas del SIAPA.
El alcalde de Tonalá, Sergio Chávez, fue todavía más contundente: “Es un SIAPA saqueado”, dijo. Denunció contrataciones sin perfil, falta de inversión y abandono institucional. Que lo diga alguien que ha conocido tanto del sistema sólo hace más grave la declaración.
La propuesta de Tlaquepaque de condonar pagos a quienes no reciben servicio no es una ocurrencia: es una exigencia mínima. El recibo llega, aunque no haya agua. La injusticia también.
En simulaciones, el agua es metáfora: transparente pero invisible, vital pero ausente, promesa electoral sin gestión. El SIAPA, manejado como botín político, encarna un gobierno enquistado en Jalisco, castigando a ciudadanos, premiando leales, exhibiendo cifras millonarias mientras ignoran expertos.
Y así, entre tarifazos, pipas y asesores musicales, el agua en Jalisco se ha vuelto tan sucia como el sistema que la administra.
Porque, como decía un viejo maestro del periodismo: “lo que daña al país no es la política, sino los políticos que no saben servirla”.
En X @DEPACHECOS
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