OPINIÓN
SNTE Fuerte, tendencia ganadora en la Sección 16
Metástasis, por Flavio Mendoza //
El termómetro comienza a subir en el ambiente magisterial, en Jalisco las dos Secciones del SNTE tanto la 16 como la 47 comienza a moverse y con mucho ritmo, no es para menos, se trata de la representación del gremio más importante por el número de integrantes.
El magisterio durante años ha operado políticamente, es quizá uno de los gremios más deseados por los partidos políticos para las campañas electorales, porque además son los únicos que mantienen el contacto directo como la ciudadanía, ahora enfrentará su propio proceso electoral interno, para el que suponemos está preparado.
En ambas secciones hay ya mucho calor electoral, el magisterio en Jalisco estuvo acostumbrado a que una sola clase política gobernara, a que los acuerdos se tomaran por las cúpulas de ambas secciones, sin embargo, los resultados de los últimos dirigentes han dejado mucho que desear, entre el magisterio hay un ánimo de rechazo a la dirigencia sindical, el sentimiento de los trabajadores de la educación es que los dirigentes en Jalisco están de adorno.
Hay ya algunos proyectos que asoman su deseo de cambio, pese a que quienes los encabecen puedan pertenecer a los actuales comités ejecutivos de dichas secciones, son contrarios a los actuales Secretarios Generales, lo que ha iniciado ya con una guerra de campaña principalmente en redes sociales y entre los maestros.
Pueden ser muchos los que quieren ser candidatos a secretarios generales, pero serán realmente pocos los que, además de cumplir con los requisitos, tengan la capacidad de integrar el número de integrantes titulares y suplentes para las planillas contendientes y, por otro lado, la capacidad de sostener la campaña, tanto en presencia por tierra y aire como en número de trabajadores operadores para la promoción y defensa del voto, lo que implica además recursos económicos, al final serán muy pocos los que de verdad puedan estar en la contienda.
Lo que actualmente se ve son dos equipos emergentes de dos liderazgos que ya han demostrado fortaleza en estructura y capacidad de convocatoria, por la Sección 16 el profesor Adrián Delgado, quien ya tiene 4 años de trabajo de campo visitando medio millar de escuelas de educación básica, así como presencia en redes y medios de comunicación, un perfil fresco y joven, con presencia y personalidad para vender un cambio de rumbo, pero además uno de los muy pocos perfiles que manifestó desde inicio estar en contra de muchas decisiones del actual secretario de la Sección 16 del sistema federalizado.
Adrián Delgado además tomó la agenda que abandonó la dirigencia formal, principalmente con el grave tema de la falta de pago a miles de docentes, movilizando incluso a los afectados para exigir a la Secretaría de Educación y al Gobierno de Jalisco para que den solución, el posible candidato para dirigir la Sección 16, ganó la simpatía de miles de trabajadores, cuenta ya con una estructura de operación y defensa del voto que pone a temblar a la parte oficial.
En los equipos oficiales del SNTE en Jalisco están operando ya contra este tipo de perfiles, su intención es que pese al voto universal puedan mantener el poder, por lo que han emprendido una campaña por la «unidad» desprestigiando a todo aquel que no esté a favor de ellos. Para los grupos enquistados en el poder, han trabajado durante mucho tiempo con la mal llamada institucionalidad, que técnicamente es subordinación al Secretario General y todo aquel que disiente o contradice al líder es llamado disidente, hasta se atreven a decir que atentan contra el Sindicato y pretenden destruir la unidad.
La alternancia es una idea que el magisterio en Jalisco ya ha explorado en la participación democrática del Estado, pero es además un camino que parece estar trazado para los procesos de cambios, en la Sección 16 simplemente no hay un perfil que tenga la condición de enfrentar lo que el proyecto SNTE Fuerte encabezado por Adrián Delgado representa ya entre trabajadores de la educación de todos los niveles, tipos y modalidades, un equipo robusto que opera desde hace años y que se prepararon para enfrentar como oposición real y favorito entre el magisterio de cara al proceso electoral. Por su parte, el equipo «institucional» espera ganar con las «estructuras» que dicen aún tener.
Esta elección requiere del voto de la mayoría de participantes en el proceso electoral, los actuales delegados son un número menor a mil, mientras la estructura de operación de voto del equipo SNTE Fuerte se cuenta hasta el momento en decenas de miles, seguramente habrá un gran proceso en la Sección 16 y la última palabra la tendrán los trabajadores al emitir el sufragio, por lo pronto hay una planilla que ya lleva ventaja a la parte oficial y que parece capitalizar el descontento con la actual dirigencia de esa Sección.
Twitter: @FlavioMendozaMx
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
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