OPINIÓN
Sólo 4% de la humanidad ha sido vacunada: Llegó el “pasaporte de la salud”
Política Global, por Jorge López Portillo Basave //
En la segunda semana de mayo del 2020 indiqué que el Covid19 podría ser usado como pretexto para obligar a la gente a contar con un pasaporte de salud. A 11 meses de distancia nuestro pronóstico se ha vuelto toda una realidad, los 27 países de la Unión Europea anunciaron que para verano habrá un documento digital y físico que permita a sus habitantes poder viajar en la región, dicho documento está siendo acordado también con la Organización Mundial de la Salud para que sirva en otras partes del mundo.
El movimiento se da como una respuesta a la necesidad real y ficticia de saber si los turistas o viajantes ya son inmunes al Covid19 por haber sido vacunados o por tener inmunidad a consecuencia de haber sufrido y superado dicha enfermedad en semanas recientes. La noticia fue dada a conocer por Thierry Breton, jefe del grupo de trabajo de la Unión Europea contra el Covid19.
Europa sigue los pasos de otros países como Japón e Israel quienes ya cuentan con el llamado “Green Passport”, que tiene una duración de 6 meses y es emitido por las autoridades de salud.
Estados Unidos también se suma a dicha iniciativa y está por emitir dicho pasaporte a través de una app que certificaría que los interesados han sido revisados para saber que no son portadores, que han recibido la vacuna o que aun son inmunes por los anticuerpos posteriores a la recuperación.
Naturalmente hay muchas personas que ven esto como una invasión a la privacidad o como un método para controlar a personas y su estado de salud e incluso como una forma de discriminación. ¿Será?
“DE LOS HUMANOS ESENCIALES A LOS DE PRIMERA”
Durante el 2020 nos acostumbraron a decir que había personas esenciales que podían o que incluso debían trabajar y que otros no lo eran por lo que debían estar encerrados en casa. De inmediato se creó una diferencia que afecto y benefició de manera injusta a personas en ambos grupos.
El pasaporte sería usado y solicitado no sólo para poder viajar, sino que también será utilizado para poder ir a eventos sociales, a centros de entretenimiento y hasta para trabajar.
Si yo había dicho que nuestros paisanos de clase media y clase alta se habían ido a los EUA de “vacurismo”, ahora podemos saber que ellos y los pocos millones de personas que han sido vacunadas en el mundo, pronto podrán ir a donde les plazca, pero ¿qué pasará con los que sean alérgicos a la vacuna, los que no quieran recibirla o los que aunque quieran no la puedan tener en los meses venideros?
Bueno, habría que decidir si ellos quedarán excluidos de nuestra sociedad o si se les crearán cotos en donde puedan pasear, o si de plano serán encerrados. También podríamos hacernos tontos como en el 2020 y decir que son esenciales y por ende estarían exentos del pasaporte siempre y cuando se trate de trabajar. Pero si tratan de ir de paseo o al cine, entonces deberán de buscar algún amigo que por una lana les arregle el problema digital, porque no habrá vacunas ni voluntad política para asegurar la libertad ni el libre tránsito de todos los seres humanos que hasta el 2019 eran libres.
Me da pena ver como los países más “liberales” que supuestamente no quieren etiquetar a la gente, son los que a la primera de cambios ponen distintivos para poder imponer sus ideas. China nos está dando una arrastrada y Rusia está muy atento a su sociedad con el vecino rojo.
Naturalmente China ya esta haciendo lo propio y en unos días conoceremos su pasaporte de salud. Pero China no tendrá problema en obligar a sus ciudadanos a tener dicho pasaporte, cosa curiosa es el que Putin se haya demorado en recibir la vacuna y que Xi no lo haya hecho aún. Pronto los bebés también la recibirán.
LAS LIBERTADES AL CAÑO
Yo creo que en cuanto pueda me pondré la dichosa vacuna, pero muchos tienen miedo o desconfianza en la vacuna desarrollada con células de fetos o de embriones como alguno de estos fármacos, u otros miedos por los riesgos asociados como abortos o coágulos, pero ¿será que la policía te pueda obligar a salir de un establecimiento o de la iglesia por no estar de acuerdo con las vacunas?
La semana pasada una mujer embarazada quien además tenía a una bebé de dos años en brazos fue arrestada en EUA por traer la máscara por debajo de la nariz, la susodicha acababa de comulgar y se negó a subir la mascarilla alegando que por su embarazo sentía mareos o falta de aire, eso no le fue suficiente al capellán de la iglesia católica quien llamó a la policía para que sacaran a jalones del templo a dicha feligrés y a su bebé. Me pregunto, ¿dónde están las defensoras de los derechos de la mujer o de la religión?
SIN VACUNAS Y SIN PASAPORTES
Los ciudadanos de países pobres pero con visa de EUA podrán ir a recibir las vacunas y naturalmente los refrendos, pero los demás, incluso los europeos que van muy mal en su ritmo de vacunación, deberán decidir si aceptan recibir apodos como fue durante el 2020, en el que millones fueron llamados no esenciales, aplicando medidas que empobrecieron a millones, o ya de una vez mejor exijamos a los políticos expertos que acepten que no sabían y que aún no saben qué hacer.
Que admitan que esta pandemia se ha usado para aplicar medidas abusivas en todo el mundo, generando un daño sicológico mundial sin precedentes y usándonos en contra de nuestra voluntad como conejillos de indias para cuanta estupidez se le ocurre a médicos de oficina que no practican y a políticos como los de la OMS que aplican medidas poco lógicas que se han convertido en la nueva “normalidad”; en un mundo que en busca de la “inmunidad de rebaño” nos han convertido en una manada de borregos.
Hace un año se decía que para tener “inmunidad de rebaño” debíamos vacunar al 60% de la población, pero ahora se dice que debemos vacunar hasta al 90% mundial, lo que es imposible porque no hay vacunas para bebés, ni para niños, ni para adolescentes. Entonces, ¿cómo lograrán esa meta los expertos de la OMS y de los gobiernos? Pero nadie sabe cuando deberemos aplicar una segunda vacuna o tercera y qué pasará con las variantes del virus cuando estemos en medio de la tercera vacuna y busquemos nuestro “pasaporte”.
Desde hace un año, muy pocos políticos vestidos de blanco y casi ninguno de los vestidos de traje sastre se han hecho preguntas lógicas. Sólo se han dedicado a ver cómo la pandemia les sirve o cómo les afecta menos en sus ambiciones personales o de grupo.
SÓLO 4% DE LA HUMANIDAD VACUNADA
Al día de ayer habían aplicado más de 670 millones de dosis en todo el mundo, es decir algo así como 335 millones de personas si contamos las dos dosis de las vacunas con mayor distribución. Eso representa un poco más del 4% de la población mundial. A ese paso tardaríamos años para llegar a la llamada “inmunidad de rebaño”.
Si tomamos en cuenta a Israel que ya vacunó totalmente a más del 60% de su población, nosotros tardaríamos otros 6 meses en llegar a dicha inmunidad, si nos comparamos con EUA que es el país que más personas ha vacunado ya completamente (20% de su población más los turistas), tardaríamos otros ocho o nueve meses.
Ahora los médicos-políticos cambian sus ideas y antes nos decían que debíamos recibir las dos dosis para estar bien, pero como eso tardaría mucho más, están diciendo que para el pasaporte basta con una dosis o con haber tenido coronavirus durante los pasados seis meses, pero eso sí, nos dicen que aunque hayamos tenido COVID-19 hace unos días debemos vacunarnos para no ser contagiosos o para no enfermar de nuevo. ¿Entonces tenemos o no tenemos inmunidad los recuperados? Y si no la tenemos, ¿para qué nos dan el pasaporte?
Si el pasaporte está en una aplicación y le presto mi celular a mi hermano ¿puede él ir al cine, a comer, al parque o a divertirse usando mi código QR de la app? veremos qué escusas se aplican cuando se vea que no todos pueden tener el famoso “pasaporte”
La verdad es que “inmunidad de rebaño” contra el COVID-19 durante los próximos 12 meses es una utopía, incluso si nos comparamos con la mediocre Europa, tardaremos más de 12 meses (sin contar variantes o personas que no se puedan o quieran vacunar). Esto deja claro que el famoso “pasaporte verde” europeo o Excélsior como le dicen en Nueva York, es otra “idiota ideota”, como la del encierro de 15 días, o como los tres metros de sana distancia que ahora se sabe pueden ser uno para jóvenes, o los supermercados llenos pero las tiendas e iglesias vacías.
De hecho, políticos de algunos países piden no dar libertades ni abrir economías hasta que la gente acepte vacunarse, insistiendo que se debe presionar a la gente diciendo que “para tener las libertades de antes deben vacunarse”.
Por lo pronto los grandes empresarios seguirán siendo más ricos y los pequeños negocios sufriendo por el pánico generado en parte por las pifias y mentiras de la Organización Mundial de la Salud.
A seis meses de las primeras vacunas, China ha aplicado al menos una dosis al 5% de su población, EUA al 24%, Europa al 8%, Inglaterra al 27%, México al 3% y el poderoso Japón al 0.4%. En contraste Israel ha aplicado las dos dosis a casi el 60% de su población total de adultos y al 100% cuando menos una dosis.
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-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Por más vueltas que se le quiera dar, hay casos en los que el poder se exhibe en su versión más burda, más vulgar, más ofensiva. Tal es el caso de la señora Eli Castro, personaje de escasa trayectoria profesional —pero al parecer de relaciones estrechas con el poder—, quien durante semanas se mantuvo oculta en las nóminas y pasillos del SIAPA sin que nadie pudiera explicar a ciencia cierta qué hacía ahí, quién la nombró, bajo qué criterios fue contratada y, sobre todo, por qué ocupaba un puesto como «asesora técnica» sin tener un perfil técnico.
En estos tiempos de administración de la opacidad, cuando la transparencia es una palabra que se usa solo como adorno en los discursos oficiales, bastó con que se asomara el escándalo para que el Gobierno de Jalisco aplicara su fórmula favorita: «Ya hay una investigación en curso por parte de la Fiscalía Anticorrupción». Esa frase, que en otros países podría representar un paso hacia la rendición de cuentas, en Jalisco se ha convertido en la coartada perfecta para esconder todo lo que no quieren explicar. Detrás de esa frase se apagan los focos, se cierran los archivos y se invoca el silencio.
Pero el caso de Eli Castro no nació en SIAPA. Su historia con el gobierno jalisciense viene de tiempo atrás. Concretamente con las administraciones emecistas, la referencia es del año 2019, cuando la Secretaría de la Hacienda Pública, entonces encabezada por Juan Partida Morales -Si, el mismo funcionario que fue el administrador gubernamental de Enrique Alfaro durante su gobierno de Guadalajara y el gobierno de Jalisco y hoy director de IPEJAL-, decidió firmar con ella un contrato por la nada despreciable suma de 379 mil 170 pesos. El motivo: brindar apoyo administrativo y emitir opinión jurídica. Así, tal cual, como si se tratara de una abogada constitucionalista o de una analista con doctorado en administración pública.
¿Y cuál es la preparación académica de la contratada? El propio contrato, que le hicieron llegar a quien esto escribe, lo dice con claridad insultante: Eli Castro cuenta únicamente con estudios de secundaria. Ni una licenciatura, ni una cédula profesional, ni una especialidad. Y, aun así, el gobierno del estado decidió pagarle por emitir opinión jurídica. Como si en la Secretaría de la Hacienda Pública se hubieran quedado sin abogados, sin técnicos, sin funcionarios de carrera. Como si el presupuesto público se manejara como una bolsa personal para favorecer amigos o pagar favores.
Por si fuera poco, el periodista Pepe Toral destapó aún más esta cloaca en su cuenta en la red social X. Tras conocer el contrato, decidió hacer lo que el gobierno no hizo: pedir cuentas. Solicitó, por la vía de transparencia, los informes mensuales que la contratada debía entregar. Porque el contrato estipula —con toda claridad— que debía rendir informes mensuales sobre las actividades realizadas.
La respuesta que recibió Pepe Toral, ¡fue una joya del absurdo burocrático!: la Secretaría de la Hacienda Pública respondió que no tiene los informes, porque la contratada, en realidad, prestaba sus servicios en una dependencia distinta: el Instituto Jalisciense de Rehabilitación Social, más conocido como INJALRESO.
Pero esa respuesta es una tomadura de pelo lo que, en el caso de Pepe Toral, no es nada fácil. En ninguna parte del contrato revisado se establece que los informes puedan omitirse si la contratada es enviada a otra dependencia. Y mucho menos se menciona que INJALRESO sea la unidad responsable de vigilar el cumplimiento de sus obligaciones. El gobierno no entregó al periodista Pepe Toral los informes, ni explicó su contenido, ni señaló si alguien los recibió. Y peor aún: no hay constancia de que alguien se los haya exigido.
Frente a la falta de informes, el periodista decidió ir más allá. Solicitó que se le informara cuáles fueron los entregables, los productos concretos, los resultados derivados de la contratación. Y aquí es donde el disparate alcanza dimensiones kafkianas.
La Secretaría de la Hacienda Pública le respondió —y cito textualmente— que no puede entregar los resultados de la contratación «por tratarse de un hecho futuro a realizarse». Repito: un contrato que se firmó y concluyó en 2019, hace seis años, es considerado por la autoridad como un hecho futuro. No una omisión, no una irregularidad, no una burla: un hecho que aún no ocurre.
¿Estamos ante una administración que no distingue entre pasado y futuro? ¿O simplemente ante una estructura de encubrimiento sistemático de irregularidades?
Como si no fuera suficiente, la Secretaría también se negó a entregar copia de los cheques emitidos a nombre de Eli Castro. Alegaron que la información puede consultarse en el portal de nómina. Y, en efecto, ahí aparecen dos pagos: abril y mayo de 2019. Pero el contrato establecía una duración de abril a diciembre de ese año.
La opacidad no es casual. Es un sistema. Es una práctica. Es una forma de gobierno. Porque el caso de Eli Castro no es el único, pero sí es un emblema. Un emblema de cómo se administra el dinero público con lógica de compadrazgo, de cómo se burlan los controles internos, de cómo se simulan funciones para justificar plazas, contratos, favores.
En el fondo, el caso no trata solo de una mujer sin preparación cobrando como asesora. Trata de un gobierno que no da explicaciones, de instituciones que no documentan, de fiscalías que callan y de una sociedad que, con frecuencia, se resigna. La pregunta ya no es si Eli Castro debía o no ocupar ese cargo. La pregunta es: ¿cuántos más como ella hay incrustados en el aparato público? ¿Cuántas nóminas están infladas con nombres que no trabajan, no entregan nada y nadie los supervisa?
La indignación no debería durar solo el ciclo de una noticia. Este tipo de casos amerita un seguimiento constante, una presión sostenida, una exigencia colectiva. Porque mientras se normalice que se contrate a una presentadora de música para emitir opiniones jurídicas, sin estudios, sin experiencia, sin rendición de cuentas, no habrá reforma administrativa que valga ni discurso de austeridad que resista.
Pero, lo terrible en este caso es que, el director del SIAPA sigue sin dar la cara y dar explicaciones. Juan Partida acostumbrado a distribuir pagos generosos a su personal de confianza después de su intento de madruguete en IPEJAL para subirse el sueldo él y sus cercanos, sigue ahí.
¿Saldrá Luis García Sotelo secretario de la Hacienda Pública de Jalisco a explicar este cochinero? O ¿Solo la dejará pasar?
Y mientras la señora Castro cobraba sin rendir cuentas, el gobierno silbaba hacia otro lado… como si la corrupción, cuando es propia, no apestara.
En X @DEPACHECOS
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