OPINIÓN
Tlaquepaque

Opinión, por Miguel Ángel Anaya //
Contrario a lo que dice la canción, Tlaquepaque ya no es un pueblito. Con alrededor de 650 mil habitantes y casi 500 años de historia, San Pedro es uno de los municipios más emblemáticos de nuestro estado. La palabra Tlaquepaque significa Lugar sobre lomas de tierra barrial, aunque existen versiones que dicen que un significado más exacto sería hombres fabricantes de trastos de barro.
Este municipio fue reconocido como pueblo mágico en 2018 debido a su riqueza cultural y lugares históricos, tal como el Museo del Pantaleón Panduro, el Santuario de la Soledad, el Parián, la Parroquia de San Pedro Apóstol, el Centro Cultural El Refugio, entre otros.
El jueves pasado, de manera sorprendente este municipio robó las notas de los diarios que hablaban de los cambios de administración, se habló más de Tlaquepaque que de las tomas de protesta de municipios más mediáticos como Guadalajara o Zapopan y es que lo que sucedió no fue poca cosa. En un hecho inédito, la Sala Superior del Tribunal Electoral decidió que la elección debía anularse y que se tendrá que convocar a comicios extraordinarios.
La razón es ahora por todos conocida: Los magistrados consideraron que hubo intervención de un reconocido personaje de la iglesia católica que a través de redes sociales convocó a utilizar el voto útil en contra de Morena. La victoria del partido Movimiento Ciudadano en Tlaquepaque se dio por un margen muy estrecho (poco más del 1%) y por lo tanto cuatro magistrados consideraron que la intervención del Cardenal Emérito Juan Sandoval fue suficiente para incidir directamente en el resultado de la elección.
Los argumentos de los que se oponían a anular los resultados electorales consideraban que las declaraciones no pudieron afectar tanto el resultado final de los comicios, las palabras del magistrado José Luis Vargas fueron: “para tomar la decisión de anular un proceso electoral, los vicios de nulidad deben ser claros para interpretar y establecer si esas conductas irregulares pueden viciar un proceso electoral en gran magnitud”. Por su parte, el magistrado presidente Reyes Rodríguez sostuvo que la elección “fue desbalanceada por un actor externo que, además, tiene prohibición constitucional para hacer lo que hizo.”
La constitución mexicana en su Artículo 40 dice: “Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y soberanos.” Por su parte, el artículo 130 en su inciso E señala: “Los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna.” La ley es muy clara en cuanto a la prohibición de la participación de líderes religiosos en los procesos políticos.
Lo hecho, hecho está y por lo pronto, hoy, Tlaquepaque cuenta con un gobierno interino designado por el Congreso Local, los habitantes de aquel municipio tendrán que acudir nuevamente a las urnas en algún domingo de las próximas semanas. A nivel político esto deja muchas observaciones.
Para comenzar, el precedente de la anulación de la elección por las declaraciones de un líder religioso seguramente ha dejado pensando a más de uno, por otro lado, si se llegara a concretar una victoria de Morena, este partido lograría consolidar una fuerza política al oriente de la ciudad, pues hay que recordar que obtuvo el triunfo en Tonalá y recientemente le otorgaron la victoria en Zapotlanejo, también gobernará Puerto Vallarta. A final de cuentas los números de Morena subirían en nuestro estado después del duro golpe recibido por la ola naranja apenas el 6 de junio.
De refrendar la victoria, Movimiento Ciudadano confirmaría que, en Jalisco, aún sigue siendo la opción más rentable y allanaría el camino para el 2024. Se vienen días complicados, organizar una elección extraordinaria conlleva muchos retos, comenzando la apatía de una ciudadana cansada por un proceso electoral reciente, tiene un costo económico fuerte y representa un nuevo desgaste para las estructuras partidistas. Ojalá que los partidos políticos presenten campañas de propuestas, que se dé una elección más limpia y que ahora sí, los actores políticos se comporten a la altura que los tlaquepaquenses se merecen.
JALISCO
El madruguete del Infonavit: ¿Premiar la ilegalidad en Jalisco?

Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //
Increíble, pero cierto: el delito de despojo ahora podría recompensarse con escrituras a precio de ganga. Así lo anunció Octavio Romero Oropeza, director del Infonavit, en la mañanera del 16 de junio, con la presidenta Claudia Sheinbaum como testigo.
Su iniciativa busca regularizar 145,000 viviendas ocupadas irregularmente, ofreciendo a los invasores un arrendamiento con opción a compra en 4 a 5 años. ¿El mensaje? Invade una casa, espera un poco, y el Infonavit te la venderá en abonos. ¿Qué sigue, escrituras gratis para asaltantes?
Este “madruguete” huele a la clásica opacidad de la 4T. Sin consultar a gobiernos estatales ni a la sociedad civil, Romero pretende resolver las 843,000 viviendas “emproblemadas” del Infonavit con una medida que incentiva la ilegalidad.
¿Es esta la solución, o un anzuelo para más invasiones?
El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, no tardó en responder: “No vamos a permitir invasiones irregulares, eso es contribuir a la ilegalidad en el país.” Y tiene razón. La iniciativa ignora un principio básico: “Todo tiene un dueño, todas las viviendas por abandonadas que estén tienen un dueño,” como señaló Lemus. Ya sea un particular que dejó de pagar su crédito o el propio Infonavit, los derechos de los propietarios originales son pisoteados.
El Infonavit, un organismo tripartita de trabajadores, patrones y gobierno, no puede actuar como si fuera propiedad de la 4T. La propuesta de Romero, además de torpe, es ilegal: debe pasar por la Asamblea General, donde obreros y empresarios ya la rechazaron en la Comisión de Vigilancia. La ignorancia del director es alarmante.
En Jalisco, la certeza jurídica es clave para atraer inversión extranjera, especialmente con el Mundial 2026 en puerta. Medidas como esta ahuyentan a empresarios y erosionan la confianza ciudadana.
Lemus elogió el plan de Tlajomulco, donde el alcalde Gerardo Quirino recuperó viviendas abandonadas en “Chernóvila” con inversión privada, mostrando que la legalidad sí funciona. Mientras, el Infonavit va en sentido contrario.
Romero promete “reprogramar créditos” o “reponer viviendas” a los dueños originales, pero ¿cómo? En un país donde la burocracia sepulta derechos, suena a promesas vacías. Si el gobierno premia la ilegalidad, ¿qué mensaje envía a los jaliscienses que pagan sus créditos puntualmente?
Este albazo no solo amenaza la certeza jurídica, sino la credibilidad del Infonavit. En lugar de regularizar invasiones, deberíamos fortalecer la ley y proteger a los verdaderos dueños. La pregunta es clara: ¿Queremos un México donde la ilegalidad se premia, o uno donde la justicia prevalece?
JALISCO
Mis dudas razonables sobre el futuro de la transparencia en Jalisco

Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //
¿Representa la propuesta del gobernador Pablo Lemus un retroceso en la autonomía y participación ciudadana del Subsistema de Transparencia y su Consejo Consultivo?
Lemus promete un “organismo completamente ciudadano”, integrado por rectores, empresarios y miembros de la sociedad civil. Sin embargo, el proceso de designación del titular y los consejeros del órgano desconcentrado dependerá de ternas propuestas por el Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) y el Consejo Consultivo, pero la decisión final recaerá en el gobernador.
Esto genera suspicacias: ¿cómo puede ser un organismo ciudadano si el Ejecutivo tiene la última palabra?
De entrada, la transferencia de las funciones del ITEI a la Contraloría del Estado, un organismo subordinado al Ejecutivo, plantea serias dudas. Este modelo, inspirado en el federal (“Transparencia para el Pueblo”), ha sido criticado por su falta de independencia, y en Jalisco parece repetirse el mismo error.
La falta de autonomía podría convertir al órgano desconcentrado en una extensión del gobierno estatal, incapaz de sancionar la opacidad o exigir rendición de cuentas de manera imparcial, como advirtió Olga Navarro, titular del ITEI, al señalar que las autoridades serán “juez y parte”.
Por un lado, el gobernador exalta la participación ciudadana en 15 foros con más de 3,000 asistentes; por otro, académicos critican que las propuestas de la iniciativa “Compromiso Jalisco por el Derecho de Acceso a la Información” fueron ignoradas por el Congreso del Estado.
Esta iniciativa pedía un Sistema Estatal de Transparencia robusto y un Consejo Consultivo verdaderamente ciudadano, pero los legisladores de la alianza Movimiento Ciudadano-Morena optaron por un modelo que centraliza el poder en la Contraloría.
La exclusión de estas propuestas debilita la legitimidad del nuevo sistema y refuerza la percepción de que la reforma busca cumplir con la desaparición del INAI e ITEI sin innovar ni proteger los avances de Jalisco, pionero en transparencia.
La centralización en la Contraloría podría generar conflictos de interés, especialmente en casos que involucren información sensible, como contratos, licitaciones o el ejercicio del gasto público.
Otro punto débil es la falta de claridad en temas como datos abiertos y rendición de cuentas. Aunque la iniciativa menciona transitar hacia datos abiertos y mantener la publicación de sueldos, agendas y obras públicas, la vaguedad de estas promesas las deja sin fuerza.
LAS CONTRALORÍAS MUNICIPALES
La iniciativa del gobernador contempla legislar la obligatoriedad de transparencia en los 125 municipios de Jalisco, un aspecto que la reforma federal omite. Sin embargo, esta propuesta choca con la realidad, el problema es que la gran mayoría de los municipios del estado carecen de la fortaleza económica de los ayuntamientos de la zona metropolitana.
Es positivo que se piense en los municipios, pero sin un plan robusto para capacitar y financiar sus contralorías, la transparencia municipal será una quimera. Muchos ayuntamientos ya incumplen con sus obligaciones actuales; ¿cómo esperamos que manejen un sistema más complejo?»
La carga adicional a las contralorías municipales podría generar desigualdades en el acceso a la información entre municipios urbanos (como Guadalajara) y rurales, perpetuando la opacidad en regiones marginadas.
Sin un marco claro, ¿qué garantiza que este modelo no se quede en buenas intenciones?
El ITEI, con sus limitaciones, tenía mecanismos para obligar a las autoridades a transparentar información; el nuevo sistema, en cambio, podría permitir que se eluda la publicación de datos clave, debilitando 20 años de cultura de transparencia en Jalisco.
La iniciativa de Pablo Lemus, aunque bien intencionada, resulta insuficiente al priorizar la armonización federal sobre los avances históricos de Jalisco en transparencia. El estado, que fue referente nacional, corre el riesgo de dar un paso atrás si este modelo no se fortalece con verdadera independencia y participación ciudadana. La transparencia no se decreta; se construye con hechos.
JALISCO
Transparencia en Jalisco: El costo político de extinguir el ITEI

Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //
El 10 de junio de 2025, el Congreso de Jalisco aprobó con 27 votos a favor de Movimiento Ciudadano (MC), Morena, Hagamos, Futuro, PT y Verde, y 8 en contra de PAN y PRI, la desaparición del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco (ITEI), cuyas funciones fueron transferidas a la Contraloría del Estado.
Esta decisión, que armoniza la legislación local con la reforma constitucional federal de 2024 impulsada por Morena para eliminar organismos autónomos como el INAI, ha desatado un debate crucial: ¿fortalece o debilita la transparencia en Jalisco? La medida, aunque obligada por la federación, revela tensiones políticas, contradicciones ideológicas y un pragmatismo que podría costarle caro al gobierno de Pablo Lemus.
¿Cómo lo va a tomar el elector local? ¿Qué tanto le va a afectar a Movimiento Ciudadano ir con Morena en esta decisión de desaparecer al ITEI? Pablo sacrifica parte de la autonomía regional que demandó en campaña contra el centralismo chilango -así le llamó- para evitar conflicto con la presidenta Claudia Sheinbaum
La reforma federal, respaldada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum, extinguió el INAI y reasignó sus tareas a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, una dependencia del Ejecutivo.
En Jalisco, el Congreso tuvo hasta el 18 de junio de 2025 para alinear su marco legal, optando por disolver el ITEI y crear un órgano desconcentrado dentro de la Contraloría. Aunque Lemus no inició esta reforma, su decisión de alinearse con Morena en el Congreso local contrasta con la postura combativa de su antecesor, Enrique Alfaro, quien desafió al gobierno federal en defensa de la autonomía estatal. Este pragmatismo sugiere que Lemus prioriza la gobernabilidad y una relación tersa con Sheinbaum, pero a un costo político que aún está por definirse.
Movimiento Ciudadano enfrenta una contradicción evidente. En el Senado, su coordinador, Clemente Castañeda, defendió con vehemencia la autonomía del INAI durante las discusiones de 2024, calificando su eliminación como un retroceso democrático que socavaría la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción.
En el foro “Diálogos Abiertos por la Transparencia” de noviembre de 2024, Castañeda respaldó a expertos que alertaron sobre los riesgos de centralizar funciones en el Ejecutivo, como la pérdida de la Plataforma Nacional de Transparencia y la falta de independencia en la gestión de información pública.
Sin embargo, en Jalisco, los legisladores de MC votaron junto a Morena para extinguir el ITEI, exponiendo una dualidad discursiva que podría confundir a su base electoral, especialmente en un estado donde MC ha construido su identidad en torno a la autonomía regional y la crítica al centralismo.
El ITEI, hay que reconocerlo, no era un bastión de imparcialidad. Durante el sexenio de Alfaro, expertos en transparencia acusaron al organismo de ser cooptado por el Ejecutivo, funcionando más como una extensión del poder estatal que como un contrapeso al servicio de la sociedad. Gabriel Torres Espinoza, académico y analista, cuestiona la utilidad de los Organismos Constitucionalmente Autónomos (OCA), describiéndolos como “burocracias politizadas, independientes solo en el papel”. En su opinión, muchos OCA, incluido el ITEI, se convirtieron en espacios para colocar aliados en la nómina o tejer redes de influencia con fines de lucro, desviándose de su propósito original. “Deben ser contrapesos reales, no simulaciones ni monumentos vacíos”, sentencia Torres, reflejando un escepticismo compartido por sectores críticos que ven en la extinción del ITEI una oportunidad para replantear la transparencia, siempre que se garantice su efectividad.
Consciente de las críticas, Lemus propuso un nuevo modelo dentro de la Contraloría, con participación de universidades, sociedad civil y actores independientes, para preservar la transparencia y el acceso a la información. Sin embargo, PAN y PRI han acusado al gobierno de convertirse en “juez y parte” al subordinar estas funciones a un organismo dependiente del Ejecutivo, lo que podría comprometer la imparcialidad.
La alianza de MC con Morena, su rival directo en las elecciones intermedias de 2027, añade una capa de complejidad. En campaña, Lemus prometió resistir el “centralismo chilango”, pero su voto conjunto con Morena podría alienar a votantes que valoran la autonomía regional, especialmente en un contexto donde la polarización política está en aumento.
El impacto electoral de esta decisión es incierto, pero significativo. MC ha dominado Jalisco en los últimos años, pero la percepción de que Lemus cede ante el gobierno federal podría erosionar su capital político, particularmente entre los sectores urbanos y jóvenes que apoyaron su discurso de independencia. Además, la transferencia de funciones a la Contraloría plantea desafíos operativos: ¿tendrá la capacidad técnica y la autonomía necesaria para manejar solicitudes de información y garantizar la protección de datos? La inclusión de la sociedad civil en el nuevo modelo es un intento de mitigar estas dudas, pero su éxito dependerá de la transparencia en su implementación y de la vigilancia ciudadana.
En última instancia, la extinción del ITEI refleja un dilema más amplio: cómo equilibrar la armonización con las reformas federales sin sacrificar los principios de autonomía y transparencia que Jalisco ha defendido. Lemus apuesta por un enfoque pragmático, pero el costo político y social de esta decisión podría manifestarse en las urnas y en la confianza ciudadana, especialmente si el nuevo modelo no logra desterrar las prácticas de control que marcaron al ITEI en el pasado.
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