Opinión, por Miguel Ángel Anaya Martínez //

Vivimos en la era de la información, una época donde el acceso a todo tipo de datos, opiniones y entretenimiento está al alcance de un clic. Las redes sociales, pilares de esta revolución digital, han transformado la forma en que nos comunicamos, consumimos y creamos comunidades.

El poder de las redes sociales radica en su capacidad para conectar al mundo, permitiendo que personas de diferentes culturas e ideologías interactúen y compartan perspectivas. No obstante, este mismo poder se convierte en una amenaza cuando la desinformación se propaga a un ritmo alarmante, erosionando la confianza en instituciones, medios y hasta en las relaciones interpersonales.

Plataformas como Facebook, Twitter, Instagram, y más recientemente Tik-Tok, han sido señaladas como canales donde las fake news encuentran terreno fértil, desde teorías conspirativas hasta noticias falsas sobre temas críticos como la salud pública o seguridad nacional. La desinformación no solo engaña a los usuarios, sino que también polariza sociedades y fomenta el miedo.

El caso de TikTok es emblemático. La red social, que cuenta con más de mil millones de usuarios activos mensuales (leyó usted bien, ¡Mil millones!), ha sido acusada de ser una herramienta que facilita la difusión de contenidos falsos, especialmente durante eventos decisivos como elecciones o crisis globales. Los algoritmos de estas plataformas, diseñados para maximizar la retención del usuario, suelen priorizar contenidos sensacionalistas sobre información verificada, amplificando así el impacto de la desinformación.

Aquí es donde entran en juego distintos factores, comenzamos con nuestra responsabilidad como usuarios; educarse para identificar fuentes confiables, verificar información antes de compartirla y aprender a distinguir entre opinión e información verificada son pasos fundamentales para contrarrestar esta tendencia. Por otro lado la responsabilidad ética de las empresas de evitar la propagación de noticias falsas es clave, así como lo es el papel de las instituciones gubernamentales al regular estas plataformas.

Otro tema crucial en la discusión sobre redes sociales es la protección de los datos personales. Cada vez que interactuamos en línea, dejamos un rastro de información: nuestras preferencias, hábitos de consumo, ubicaciones e incluso nuestras emociones quedan registradas en bases de datos que, en la gran mayoría de los casos, no controlamos.

Bajo este contexto, Tik-Tok, ha sido objeto de un escrutinio particular en Estados Unidos debido a preocupaciones sobre la privacidad y el manejo de datos. La administración estadounidense ha planteado la posibilidad de prohibir esta red social, alegando que la empresa matriz, ByteDance, tiene vínculos con el gobierno chino y podría compartir información de los usuarios con el Partido Comunista de aquel país.

Aunque Tik-Tok ha negado repetidamente estas acusaciones, el debate sobre sus políticas de manejo de datos ilustra un problema más profundo: ¿quién tiene acceso a nuestra información y para qué fines la utiliza?

La recopilación masiva de datos no es exclusiva de Tik-Tok. Prácticamente todas las redes sociales obtienen información de sus usuarios, pero el tema se complica cuando el manejo de estos datos involucra actores internacionales o gobiernos que podrían utilizarlos con fines poco transparentes. Más allá de la geopolítica, esta situación nos lleva a reflexionar sobre la importancia de exigir mayor transparencia y regulaciones que protejan nuestra privacidad digital.

Individualmente, debemos adoptar prácticas más seguras: leer las políticas de privacidad, limitar la cantidad de información que compartimos en línea y utilizar herramientas como gestores de contraseñas.

Por otro lado, es necesario replantearnos nuestra dependencia hacia estas plataformas. ¿Qué tan libres somos si nuestras conexiones, negocios e identidades están atadas a redes sociales que operan bajo reglas que no controlamos o peor aun, que ni siquiera conocemos? El panorama actual nos plantea desafíos complejos en torno a la información, las soluciones necesarias deben abarcar perspectivas personales y colectivas integrales.

La educación digital, la exigencia de regulaciones justas y la construcción de una cultura de responsabilidad en línea son pasos necesarios para enfrentar estos retos. Como sociedad, debemos preguntarnos: ¿cómo podemos aprovechar el poder de las redes sociales sin sacrificar nuestra privacidad ni nuestra capacidad para discernir la verdad? Las respuestas a estas preguntas no solo determinarán el futuro de las plataformas de redes sociales, sino también serán claves en nuestra calidad de vida durante los próximos años de la era digital.

Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //

En política forma es fondo, se le adjudica al ideólogo priista Jesús Reyes Heroles. Y en ese contexto debemos de ver al gobernador Pablo Lemus a propósito del anuncio que hizo el pasado viernes al dar a conocer la designación del abogado y jurista Arturo Zamora para que encabece el proceso de armonización de la reforma judicial federal con las leyes locales.

Pablo Lemus envía un mensaje muy claro a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum: Jalisco es su aliado y a diferencia de lo que anunció su antecesor de que impugnarían la reforma judicial impulsada en el Plan C de López Obrador y aprobada por el Congreso de la Unión, esto no sucederá.

El realismo político, diríamos, está presente en las decisiones de Pablo Lemus, al tener claridad de lo que es y significa el sistema político mexicano. ¿Para qué pelear con el poder central? Jalisco pierde más cuando su gobernador se sube al ring, como sucedió en el pasado sexenio cuando el narcisismo y la egolatría del gobernante fue alimentada por la corte de aduladores, haciéndole sentir que podía ser el gran César de este país.

“Nosotros no vamos, en el Ejecutivo estatal durante este sexenio, por la controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esa no es la ruta que vamos a seguir, es una ruta que no tiene futuro, y no solamente no vamos a presentar ninguna controversia constitucional contra la reforma al Poder Judicial sino que vamos a hacer el proceso de armonización”, subrayó el titular del Poder Ejecutivo de Jalisco.

EL NOMBRAMIENTO DE ARTURO ZAMORA

Un acierto del gobernador fue designar al político, abogado y jurista Arturo Zamora para que coordine el proceso de armonización del marco jurídico de Jalisco con la reforma judicial federal. A muy pocos les gustó la decisión, cuando querían que se siguiera la línea ruda que protagonizó el personaje que hoy vive en Madrid.

Es tiempo de conciliación, de curar heridas. Y el perfil de Zamora es una atinada decisión que ayudará a ello. Se le invita a participar en un momento de su vida que está más allá del bien y del mal, sin exceso de equipaje, con plena madurez y el soporte del conocimiento jurídico y la práxis política, con puentes con las diversas organizaciones de abogados, con las universidades y organizaciones empresariales.

CERTIDUMBRE A LA INVERSIÓN

En la transición que vive el país con la reforma de fondo al Poder Judicial Federal, el pasado año se vivió una intensa agitación social, como sucede cuando se dan este tipo de movimientos al tocarse las estructuras de la justicia, un campo tan cuestionado por la corrupción, el nepotismo y el tráfico de influencia que ha prevalecido al paso de los gobiernos.

Dicha reforma fue cuestionada por los dos socios comerciales más importantes que tiene México, como son Estados Unidos y Canadá. Contra viento y marea se logró sacar. Ahora toca su instrumentación en un escenario de incertidumbre con el temor de que los nuevos ministros, magistrados y jueces obedezcan a un interés de grupo político-partidista, aunque habría que señalar que el nivel de la justicia en el país que teníamos estaba reprobado.

¿Qué impacto tendrá la reforma judicial en la inversión externa y en la interna? El grado de inversión ha disminuido, ya que los empresarios están temerosos y en ese escenario en Jalisco, Lemus envía un mensaje de que aquí habrá una reforma de fondo porque también se cambiará en su totalidad al Poder Judicial, que hoy por hoy, tiene dueño, se sabe quién o quiénes mandan y hasta las cuotas que existen para arreglar ciertos temas.

Para ello invitó a Arturo Zamora dirigir este proceso que es una oportunidad de hacer un cambio de fondo en el poder judicial de Jalisco, cosa que no hubiera sido posible por los amarres que hizo su antecesor. Lemus ha precisado que la reforma judicial en Jalisco no se hará desde su oficina de Palacio de Gobierno, sino que será con la participación de la sociedad jurídica con la participación de los expertos en derecho y profesionistas, a las universidades en la elaboración de la misma.

Serán electos los magistrados y jueces locales, pero aún no se ha definido si las elecciones serán este año o hasta el 2027, conforme lo permite el Congreso de la Unión. Y eso le corresponderá definirlo al Congreso de Jalisco, así como la aprobación de la partida que implique el costo de dicho proceso que ejecutará el IEPC Jalisco.

La intención es que lleguen las mejores mujeres y hombres con experiencia y honestidad probada, sin los acuerdos y cuotas con los partidos políticos como se ha hecho hasta hoy desde el Congreso del Estado. No se trata que lleguen personajes ligados a un partido político, no deudores alimentarios, no violentadores dentro de la familia o en el campo laboral y para ello habrá el filtro ciudadano y para esta tarea se tendrá el filtro del Consejo de evaluación legal que estarán integrados por representantes sociales, académicos, abogados y profesionistas, principalmente.

De entrada, podemos concluir que se ve bien el planteamiento y la forma como se ha visualizado de llevar adelante este proceso que permita mejorar la justicia a nivel local. Es una oportunidad de un cambio de fondo.

Pablo Lemus tiene muy claro el valor del respeto a la ley que es la base de que el capitalismo funcione. Certidumbre a la inversión con la vigencia del estado de derecho.

La Reforma Judicial al Estilo Jalisco queremos que sea la renovación de fondo al Poder Judicial del Estado que actualmente tiene dueño político con una justicia tiene un precio que lo puede pagar el poder económico. Esta circunstancia de armonizar la reforma judicial federal con las leyes de Jalisco, representa la oportunidad de limpia y renovación al sistema de justicia en Jalisco, que hoy no es independiente.

Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco //

En una jugada política que destila pragmatismo y oportunismo, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, anunció que el estado no presentará una controversia constitucional contra la reforma al Poder Judicial aprobada a nivel federal, sino que trabajará en armonizar la legislación local con los cambios nacionales.

Lemus hizo el anuncio con la solemnidad de quien sabe que está dando un giro inesperado. Ahí estaba él, el gobernador emanado de Movimiento Ciudadano, el partido que se presenta como la alternativa fresca frente al autoritarismo de la 4T, diciendo que acataría sin chistar una reforma impulsada por Morena. La melena perfectamente recortada de Lemus no se movió un milímetro mientras explicaba que Jalisco no solo no combatiría la reforma, sino que la adoptaría con entusiasmo.

«Nosotros vamos a hacer el proceso de armonización de la reforma al Poder Judicial federal a nivel local», dijo el gobernador con la cadencia pausada de quien mide cada palabra. No era para menos. Estaba anunciando que Jalisco se plegaría a los designios de la 4T sin oponer resistencia.

¿Qué llevó a Lemus a tomar esta decisión? ¿Pragmatismo político? ¿Convicción genuina? ¿O quizás un guiño hacia Claudia Sheinbaum, la candidata presidencial de Morena que, según dicen las malas lenguas, lo veía con buenos ojos para la gubernatura? Imposible saberlo. En política, como en el póker, las verdaderas intenciones suelen ocultarse tras una cuidadosa máscara de neutralidad.

Lo cierto es que el anuncio cayó como una bomba en el escenario político local. Mientras Lemus hablaba ante las cámaras, en el Congreso estatal se desarrollaba una reunión a puerta cerrada entre diputados y consejeros electorales. El tema: analizar la viabilidad de implementar la elección de jueces y magistrados este mismo año. Una coincidencia demasiado perfecta como para ser casual.

En esa reunión, lejos de los reflectores y los micrófonos, los funcionarios del Instituto Electoral local pusieron las cartas sobre la mesa: no hay forma de organizar el proceso este año. El INE fijó como fecha límite el 15 de enero y ese plazo ya expiró. Imposible, dijeron. Pero los legisladores insistían, como si pudieran doblar el tiempo a fuerza de voluntad política.

Mientras tanto, Lemus jugaba otra carta. Nombró a Arturo Zamora, un experimentado abogado y ex priista, como coordinador del proceso de armonización. Un movimiento astuto. Zamora es respetado incluso por Morena. Su designación fue recibida con aprobación generalizada, como si de pronto todos los bandos políticos hubieran decidido hacer una tregua en nombre del consenso.

Arturo Zamora el político cuyo ultimo referente fue: “El priísta mejor posicionado a nivel nacional”, cuando era secretario general del PRI nacional… Pero, que no pasó nada más allá de aspiraciones a todo y candidaturas a nada.

Bueno, no nos engañemos. En política, el consenso suele ser la máscara que oculta negociaciones subterráneas y equilibrios precarios. ¿Qué se negoció tras bambalinas para llegar a este punto? ¿Qué concesiones se hicieron, qué promesas se intercambiaron en la penumbra de algún despacho?

Lemus habla de una reforma «al estilo Jalisco», como si pudiera ponerle su sello personal a un mandato federal. Promete foros, mesas de diálogo, participación ciudadana. Palabras bonitas que suenan a democracia participativa. Pero en el fondo, lo que está haciendo es allanar el camino para que la reforma morenista se implemente sin contratiempos en territorio jalisciense.

No hay históricamente en Jalisco UNA referencia que demuestre el éxito de esas famosas “mesas de diálogo”.

El gobernador dice que quiere evitar que lleguen a los cargos judiciales «personajes ligados a cualquier partido político». Noble intención. Pero ¿cómo garantizarlo en un sistema donde los partidos controlan el proceso desde el principio hasta el final? La despolitización del Poder Judicial suena bien en el discurso, pero en la práctica es una quimera.

Arturo Zamora, un experimentado servidor del sistema político, por su parte, habla de «consejos integrados por ciudadanos y especialistas» que evaluarán a los aspirantes. Suena bien. Pero la historia nos ha enseñado que esos consejos ciudadanos suelen ser cooptados por los mismos intereses políticos que pretenden contrarrestar. La ciudadanización del poder es otra de esas palabras bonitas que se desgastan de tanto usarse sin concretarse. Como muestra ahí está el partido político Movimiento Ciudadano.

En el fondo, lo que estamos presenciando es un reacomodo del tablero político jalisciense. Lemus, que llegó al poder como abanderado de la opción «defender a Jalisco», parece estar tendiendo puentes hacia el oficialismo federal. ¿Estrategia de supervivencia política? ¿Convicción sincera? ¿O simple oportunismo?

El tiempo lo dirá. Por ahora, lo único cierto es que Jalisco se apresta a implementar una reforma judicial que cambiará las reglas del juego. Y lo hará, según todos los indicios, sin demasiada resistencia. La pregunta es si ese cambio traerá la justicia independiente y eficaz que se promete, o si solo será un reacomodo de las mismas piezas de siempre en un tablero ligeramente modificado.

Mientras tanto, en las calles de Guadalajara la vida sigue. La gente va y viene, ajena a las maniobras políticas que se tejen en los pasillos del poder. Seguirán esperando meses para conseguir que se haga una notificación en Ciudad Judicial, meses para que llegue su audiencia, años para que se dicte sentencia mientras su familiar está encarcelado, y recibiendo el trato despectivo del personal del Poder judicial. Para el ciudadano común, la justicia sigue siendo ese ente lejano y nebuloso al que se acude con más resignación que esperanza. Quizás algún día eso cambie. Por ahora, la reforma judicial es solo otra promesa más en un país acostumbrado a que las promesas se las lleve el viento.

En X @DEPACHECOS