OPINIÓN
Tropezar de nuevo con la misma piedra

Educación, por Isabel Venegas //
“No es tarea fácil educar jóvenes, en cambio, adiestrarlos, es muy sencillo”.
Rabindranath Tagore
La tesis que presenté para obtener el grado de maestría, se trató sobre una investigación en el nivel medio superior con profesores de la Universidad de Guadalajara. Un estudio que permitía un acercamiento a las concepciones de los docentes en cuanto a qué era lo que habían construido para sí mismos después de haber acreditado dos e incluso hasta tres diplomados en “Competencias docentes para el siglo XXI”.
La investigación comenzaba por el año 2010 y tenía como principal instrumento la entrevista y el análisis de las percepciones, con el que hacía un comparativo entre las intenciones de los planes y los contenidos que presentaban las diferentes propuestas de formación. Uno de los diplomados lo ofreció el Tec de Monterrey (modalidad en línea) y otra fue de la misma UdG. Y es que, para obtener las certificaciones de la casa universitaria, se requería que todos sus profesores acreditaran los cursos con los cuales irrumpía un modelo diferente de ver y vivir la escuela.
El análisis se centraba en la contradicción de querer hacer ver a los maestros un modo diferente de tratar a los alumnos, de centrar el proceso de aprendizaje en ellos, de ir más allá de la simple lección y de pasar a ser de un poseedor a un guía, compañero, motivador, mientras todo esto se veía condicionado a través de políticas laborales y administrativas que llevaba a cabo la institución a fin de que se cumpliera con el requisito.
Profesores de asignatura que tienen contratos que se renuevan cada semestre, con cargas horarias que están a merced de los funcionarios en turno, con condiciones laborales que permiten desdibujar fácilmente la configuración de un maestro que se apropia de su cátedra y va más allá de la repetición, mecanización y memorización, reduciendo su ejercicio a una operación de “destajo”, a propósito que esta definición significa Modo de contratación laboral en el que se cobra en concepto del trabajo realizado y no del tiempo empleado, contrario a la base de un modelo por competencias que pretende atender más el proceso de aprendizaje, que el resultado en sí mismo.
Lejos de lograr movilizar las habilidades, aptitudes y conocimientos en un círculo virtuoso, cuya claridad permitiera diferenciar el término de “competencias” con el “competición”, la mayoría de los profesores a nivel medio superior encontraron mecanismos que permitían la reconexión con las metodologías que anteriormente llevaba a cabo, y empató su ejercicio a la forma en la que su praxis le resultaba segura por ya aprendida.
Afortunadamente el espacio universitario tiene una vida que se enriquece, y cuyo dinamismo permite establecer una vida académica que se asemeja mucho más a la riqueza de la vida cotidiana, es decir, ante la paradoja de querer “enseñar” a los maestros a trabajar de un modo diferente, mientras se aplica un condicionamiento laboral, la misma organización departamental y la conformación de academias, recupera el diseño de propuestas para implementar proyectos y metodologías verdaderamente innovadoras.
Es importante señalar que, si bien es cierto las políticas educativas alineadas a las intenciones de la OCDE, por ejemplo, han sido fuertemente criticadas al tiempo que en muchos países europeos el modelo basado en competencias ya fue desechado por su falta de capacidad para evidenciar mejoras en los sistemas de educación; también es cierto que se sigue abrazando por cualquiera que tenga la intención de mejorar aunque sea algunas de las carencias que se presentan en nuestra escuela, principalmente en América Latina.
Hoy a casi 10 años de esa reflexión en el nivel medio superior, el nuevo gobierno propone lo que denominó “La nueva Escuela Mexicana”; cabe recalcar que para el caso del nivel básico (preescolar, primaria y secundaria) este tipo de modelos ya venía operando desde hace casi dos décadas. En el portal oficial aparece la siguiente definición:
“…Se entiende como competencia al desempeño que resulta de la movilización de conocimientos, habilidades, actitudes y valores, así como de sus capacidades y experiencias que realiza un individuo en un contexto específico, para resolver un problema o situación que se le presente en los distintos ámbitos de su vivir”
Dos semanas antes de arrancar el ciclo escolar 2019 – 2020, los cuerpos docentes trabajaron (en su mayoría) con jornadas a marchas forzadas, a fin de revisar los temas relacionados con las nuevas normativas en materia educativa, pero más aún, la necesidad de generar cambios y transformaciones al interior de las aulas. No era nueva la idea de poner al centro del proceso de aprendizaje al estudiante, a no ser por desmembrar la sintaxis del término de estudiantes, y utilizar la leyenda: “centrar el proceso de enseñanza y aprendizaje en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes”.
Viendo el panorama de una situación que ha permanecido en el tiempo, a más de una década de confiar en esta estrategia como la adecuada para elevar la calidad educativa, apostando los presupuestos enfocados a la capacitación y actualización de docentes en esa línea, está claro que, tanto los facilitadores del curso, como la mayoría de los profesores no logran conectar el discurso con la aplicación en la vida cotidiana de este tipo de intenciones. En el portal de la Secretaría de Educación Pública también se mencionan varios puntos objetivos, entre ellos:
Las competencias tienen un carácter holístico e integrado. Se rechaza la pretensión sumativa y mecánica de las concepciones conductistas. Las competencias se componen e integran de manera interactiva con conocimientos explícitos y tácitos, actitudes, valores y emociones, en contextos concretos de actuación de acuerdo con procesos históricos y culturales específicos.
Mucho se ha manejado el debate sobre la necesidad de generar ciertas condiciones para que modelos como éste puedan ser operables en nuestras comunidades. En España por ejemplo, las críticas van enfocadas a la incapacidad de las escuelas por generar los recursos materiales, los espacios idóneos y reducir la matrícula para que la sobrepoblación estudiantil no merme la atención cuasi- personalizada que los estudiantes requieren.
Sin embargo, hay una crítica más severa al hecho de que las estructuras administrativas son poco flexibles para la implementación del modelo. Intuyo que es lo que estamos viendo ante el escenario del nuevo gobierno; una capacitación de dos semanas, que por un lado va en detrimento el receso escolar que los profesores requieren para un sano ejercicio del ciclo anual, al mismo tiempo que resulta ser demasiado breve para una exposición del modelo como tal, razón por la cual la mayoría de las supervisiones y direcciones trata de zanjar a través de la generación de nuevos formatos y tareas para dar evidencia del cumplimiento del ejercicio de capacitación.
El condicionamiento por el que, se obliga a asistir a estas jornadas bajo amenaza de levantar actas administrativas u otro tipo de sanciones, que sofoca con trabajos, reportes, indicadores administrativos y que a su vez reduce los espacios para una formación abierta o la creación de academias activas y participativas, no da indicios de una vida nueva de la escuela mexicana.
Nuestras instituciones están llenas de espíritus libres, de mentes brillantes, de iniciativa y de voluntad. Lo único que hace falta es confiar un poco más, y atender al llamado a la verdadera formación de colectivos docentes con competencias efectivas, de tal manera que el cambio de paradigmas no sea solo enfocado a los estudiantes, sino también a los docentes, cuyas experiencias son las más sensibles para trasladar en la intimidad de las aulas.
Mat. y M. en C. Isabel Alejandra María Venegas Salazar
E-mail: isa venegas@hotmail.com
JALISCO
Consejos para la jubilación

Opinión, por Arturo Pérez Díaz //
Cumplir 55 años no solo marca un nuevo capítulo en la vida, también enciende una alerta: es momento de pensar con seriedad en el retiro. Muchas personas posponen esta reflexión, confiadas en que aún hay tiempo.
Sin embargo, el marco legal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), establece requisitos que no se cumplen de la noche a la mañana y que, de no gestionarse oportunamente, pueden traducirse en la pérdida de derechos adquiridos durante toda una vida laboral.
Acorde al Consejo Nacional de Población (CONAPO), hasta el año 2024 el 12.3% de la población total del estado eran personas adultas mayores de 60 años o más, lo que equivale a 1 millón 085 mil 609 habitantes.
Así de grande es el problema de las jubilaciones en Jalisco, que en la mayoría de los casos se concibe como problema, dado que reciben pagos mensuales de miseria, en caso de que todo adulto de este grupo de edad haya logrado una jubilación.
Para entender el tema hay que revisar el artículo 138 de la Ley del Seguro Social, que indica requisitos para obtener una jubilación: para la pensión por vejez se necesitan 65 años de edad y al menos 500 semanas cotizadas (diez años de trabajo formal). Pero también existe la opción de cesantía en edad avanzada, disponible de 60 a 64 años de edad, si se cuenta con las mismas semanas cotizadas y ya no se tiene trabajo remunerado.
Aun así, ningún beneficio es automático: hay que solicitarlos y acreditar los requisitos ante el IMSS, lo cual puede ser confuso para muchos, además de que toma tiempo.
La decisión de pensionarse debe ser estratégica y no dejarla al tiempo porque equivale al olvido. Dejar pasar los años sin revisar cotizaciones, sin confirmar la situación laboral, sin conocer los montos aproximados de cesantía o jubilación por vejez, puede poner en riesgo no solo la pensión, sino también las asignaciones familiares, ayuda asistencial y servicios médicos a los que se tiene derecho (arts. 137 y 145).
Por ello, quienes cumplen 55 años deben comenzar ya el proceso de revisión de jubilación, analizando: semanas cotizadas, modalidades de retiro, documentación, trámites y requisitos ante el IMSS. Ser omiso y no hacerlo a tiempo puede llevar a perder beneficios irrecuperables. La vejez no llega de golpe, pero cuando lo hace, no perdona la omisión. Es mejor prevenir que lamentar.
Toda una vida de trabajo puede llevar el riesgo de jubilarse con montos injustos de 9 mil quinientos pesos mensuales. Sin embargo, la mayoría de la gente debería saber que hay opciones de incrementar las jubilaciones hasta montos mayores de 80 mil pesos, mediante una estrategia legal acorde a la propia ley del IMSS.
Una pensión justa es aquella que brinda los medios adecuados para pagar los servicios de salud, alimentación y cuidado del jubilado, pero muchas personas adultas no lograron una pensión, y los que sí tuvieron derecho recibieron pensiones de hambre.
Muestra de ello es que, a pesar de tener edad de retiro, la gente sigue trabajando. Así lo demuestra el INEGI, a través de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Según resultados del primer trimestre de 2024, el 19.5% de la población de 65 años y más en Jalisco era económicamente activa, es decir, 182 mil 375 personas; de las cuales 64.2% (117,108) eran hombres y 35.8% (65,267) mujeres. Destaca que, el cien por ciento de las personas adultas mayores económicamente activas se encontraba ocupado.
Una jubilación justa se debe empezar a trabajar a los 55 años de edad, en las próximas colaboraciones expondremos las estrategias para lograr pensiones mayores a lo que le tiene programado el IMSS a quienes caminan ya rumbo al sexto piso.
Lograr una vejez tranquila, sin tener necesidad de seguir trabajando hasta una edad muy avanzada, es posible, pero hay que informarse de los derechos laborales y de las prestaciones.
El mayor problema es el de personas que tienen más de 50 años de edad y hoy laboran sin seguridad social, sin los beneficios de una AFORE, INFONAVIT y sobre todo sin cotizar para una jubilación, que con una adecuada información, toda esta gente estaría a tiempo de rescatar una jubilación digna. La informalidad provoca daños en el futuro de los trabajadores, porque, llegado el tiempo, vivirán una vejez sin protección social, sin dinero.
La gente debería saber que existen mecanismos legales para regularizar su situación en cualquier giro laboral, logrando la protección del IMSS con servicios médicos, cirugías y medicamentos en el presente y una pensión para el futuro.
Algunos ejemplos de incorporación al IMSS son los trabajos domésticos, en donde miles de mujeres trabajan para un patrón que no les brinda hasta hoy la afiliación al seguro social que puede realizarse de una forma sencilla. Otro caso son los trabajadores de aplicaciones móviles como Uber y Didi, que a partir de junio de este año ya se deben inscribir por ley al IMSS.
También existen trabajadores independientes de alto nivel, como los dentistas, que siempre por tradición han sido independientes y no tienen patrón que los incorpore al seguro social. Para ellos también existen modalidades de afiliación al IMSS, y aunque muchos creen que la población de escasa formación es la víctima de la injusticia de las jubilaciones, esto no es así, también profesionistas están descobijados en su futuro laboral.
Si toda persona inscrita en el IMSS, que tiene ahora más de 55 años de edad y que pertenece a la Ley 73, se preocupara hoy por informarse, estaría a tiempo de evitar una jubilación injusta con montos bajos que empobrecen a los jubilados.
A la población que pertenece a la ley 73 del IMSS, le asiste la ley con varios beneficios que, sin embargo, no son ejercidos por ignorancia. El mayor beneficio es poder continuar cotizando para una jubilación a pesar de que se hayan quedado sin empleo, y por su edad, ya nadie quiso brindarles empleo formal.
El beneficio se conoce como continuación voluntaria, con lo que, al contribuir directamente y pagar su afiliación, podrán asegurar su retiro aun cuando se hayan quedado sin patrón y un empleo formal. Pero, adicionalmente, tienen el derecho de enriquecer su cotización, elevando el salario base, lo cual repercute en una pensión que puede ser en 2025 superior a 80 mil pesos mensuales.
Es tiempo de prepararse para el futuro y no dejarlo al día a día, el tiempo y el futuro están más cerca de lo que parece, infórmese.
E-mail: amper61@hotmail.com
Arturo Pérez Díaz es periodista independiente, ha sido docente de política, opinión pública y mercadotecnia política, así como asesor profesional de comunicación pública.
NACIONALES
Grupo Salinas y la erosión de la justicia fiscal

Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //
La posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falle a favor de Grupo Salinas, eximiendo al conglomerado de Ricardo Salinas Pliego de pagar más de 74 mil millones de pesos en impuestos, trasciende un simple revés fiscal: representa un agravio directo al pueblo de México.
Esta cifra colosal, que supera el presupuesto anual de 25 estados y el financiamiento de programas sociales esenciales como salud y educación, pone en evidencia una verdad incómoda: el poder económico puede doblegar las instituciones diseñadas para velar por el interés colectivo. En un país donde las desigualdades persisten, este caso no es solo un debate legal, sino un reflejo de cómo las élites financieras influyen en la democracia y erosionan la confianza ciudadana.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha calificado un fallo favorable como “la injusticia llevada a la máxima expresión”, y su afirmación encuentra eco en los números. Con 74 mil millones de pesos se podrían construir hospitales como el Agustín O’Horán en Mérida, cuyo costo estimado es de 3 mil millones, financiar el programa de apoyo a mujeres de 60 a 64 años, con un presupuesto de 54 mil millones, o sostener la beca universal para estudiantes de secundaria, beneficiando a millones de jóvenes.
Estos recursos representan una oportunidad perdida para mejorar la calidad de vida de las mayorías, en contraste con el accionar de Grupo Salinas. Este conglomerado, que incluye gigantes como Elektra y TV Azteca, ha acumulado 32 litigios fiscales durante 16 años, retrasando desde 2008 el pago de impuestos que, según la Procuraduría Fiscal, debió saldarse. ¿Es esto justicia o un privilegio camuflado tras tecnicismos legales que solo los poderosos pueden costear?
El trasfondo de esta situación revela una relación alarmante entre el poder económico y el judicial. Durante casi dos décadas, Grupo Salinas ha empleado estrategias como amparos y maniobras dilatorias para evadir sus obligaciones fiscales, una práctica que ha escalado hasta llegar a la SCJN.
Reportes sugieren que ministros como Luis María Aguilar Morales han retrasado resoluciones, dejando expedientes congelados por meses, lo que alimenta sospechas de influencias indebidas. Este problema no es un fenómeno aislado ni reciente; tiene raíces en las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, cuando el emporio comenzó a litigar para eludir impuestos, acumulando una deuda que hoy alcanza niveles escandalosos.
La pregunta se impone: ¿quién protege los intereses de la nación cuando las instituciones ceden ante la presión de unos pocos magnates? La respuesta parece diluirse en un sistema donde la balanza de la justicia se inclina hacia quienes pueden pagar por su defensa.
Sheinbaum ha vinculado las críticas de TV Azteca —un brazo mediático de Grupo Salinas— contra la reforma judicial y su gobierno con un interés claro: preservar un sistema que permita a corporativos evadir responsabilidades fiscales. Este señalamiento no puede tomarse a la ligera. La cadena ha intensificado su narrativa en contra de las iniciativas del Ejecutivo, lo que refuerza la percepción de un conflicto de intereses.
Un fallo favorable a Grupo Salinas no solo legitimaría una deuda impaga, sino que enviaría un mensaje devastador: en México, la justicia se doblega ante quienes tienen los recursos para litigar eternamente, mientras el pueblo carga con las consecuencias económicas y sociales. Este precedente podría abrir la puerta a más empresas para seguir el mismo camino, agravando la erosión fiscal y la desigualdad.
Estos excesos del poder económico, respaldados por complicidades en el ámbito judicial, justifican la urgente necesidad de reformar el sistema. Millones de mexicanos, sin los recursos ni el acceso a un ejército de abogados como el de Salinas Pliego, quedan desprotegidos frente a un sistema que favorece a las élites.
A nivel local, la situación no es distinta. En Jalisco y otras entidades, se han documentado casos de jueces coludidos con funcionarios políticos para reprimir a ciudadanos que denuncian corruptelas, utilizando su autoridad para aplastar voces disidentes. Algunos de estos actores judiciales incluso buscaron el voto popular para perpetuarse en el poder, pero su pasado de complicidad ha sido expuesto, desmantelando su fachada de imparcialidad.
La reforma judicial propuesta por el gobierno actual busca romper con este ciclo de impunidad. Sin embargo, su éxito dependerá de la voluntad política y de la presión ciudadana para garantizar que los nuevos mecanismos no sean cooptados por los mismos intereses que hoy se cuestionan. Se espera que esta nueva etapa trace un horizonte donde la justicia sea verdaderamente igualitaria, sin distinción de clases ni influencias económicas.
En México y Jalisco, urge un sistema renovado donde el poder político y el económico no dicten el rumbo de la justicia, sino que esta responda a los principios de equidad y transparencia.
Este debate sigue vigente, reflejando las tensiones entre poder político y el económico, y el papel que el poder judicial ha asumido en un país en transformación. La ciudadanía debe mantenerse vigilante, exigiendo que la SCJN actúe con integridad y que las reformas prometidas se traduzcan en un sistema judicial que sirva a todos, no solo a unos pocos. Solo así se podrá cerrar el capítulo de los “juegos del poder” y abrir uno donde la justicia fiscal sea un pilar de la democracia mexicana.
JALISCO
Uribe y su circunstancia

De Frente al Poder, por Óscar Ábrego //
Hay cuatro asignaturas en la agenda de Guadalajara que están fastidiando al gobierno de Movimiento Ciudadano: Inseguridad, agua, movilidad y basura.
En todas las evaluaciones brotan esos temas de manera consistente.
Personalmente creo que Verónica Delgadillo hace –como puede y con lo que tiene- un esfuerzo que merece un alto reconocimiento.
Y aunque no tenemos condiciones para afirmar que su labor pinta para lograr la postulación naranja con miras a nuestro próximo encuentro con las urnas, lo cierto es que nadie puede negar que le pone seriedad y esfuerzo a su función como presidenta.
En un contexto así, a Morena se le presenta una oportunidad única para conquistar el triunfo en menos de dos años.
Hay cartas con nombre y apellido en la baraja guinda.
Cito algunos con verdaderas posibilidades de alcanzar la nominación:
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Merilyn Gómez Pozos, presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara Federal de Diputados.
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Claudia Delgadillo González, ex diputada federal y ex candidata al gobierno del Estado.
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Carlos Lomelí Bolaños, ex candidato al gobierno de Jalisco y actual senador de la República.
Sin embargo debemos colocar en la primera línea a quien ya ha sido alcalde, Alberto Uribe.
Hombre de las confianzas de Marcelo Ebrard, es titular de la Dirección General de Contenido Nacional y Fomento en el Sector Energético y Coordinador del Corredor del Bienestar del Pacífico (Jalisco, Michoacán, Colima y Nayarit) de la Secretaría de Economía, posición que lo coloca en inmejorables condiciones para vincularse con sectores estratégicos que si bien no definen una elección, sí inciden en ella.
Por una extraña razón, distinguidos opinantes se resisten a suponer que a Uribe Camacho le aguarda un futuro prometedor en la escena electoral.
Yo difiero. Lo conozco, y si alguien sabe sortear el oleaje del impredecible e implacable mar de la política, es Alberto.
Por eso, para aquellos que sostienen que la historia sobre la designación de la candidatura de Morena rumbo a la alcaldía tapatía ya se escribió, vale la pena recordarles esa máxima que dice que en la política, como en la vida misma, la circunstancia lo es todo.
En X: @DeFrentealPoder
*Óscar Ábrego es empresario, consultor en los sectores público y privado, activista, escritor y analista político.
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