OPINIÓN
Un gobierno desesperado
Tercera Instancia, por Modesto Barros González //
Ante los acontecimientos ocurridos en los últimos meses y que varias acciones no le resultan al Gobierno de la República, dirigentes y operadores de la llamada 4T, se están viendo desesperados, asustados y muy desatados para agarrar el control total de las cámaras legislativas y los procesos electorales que se avecinan.
Como uno de los ejemplos que se pueden notar está la “maniobra política” que pretende el Presidente de la República, para conseguir e imponer las reformas electorales y además lograr la desaparición del que parece su dolor de cabeza, el Instituto Nacional Electoral (INE), entre algunas de sus propuestas.
La iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia electoral es la nueva intentona de la 4T.
El primer mandatario del país, debe de estar consciente y convencido que no logrará la reforma constitucional y sus principales seguidores también lo deben de saber, pero el caso es hacer “mucho ruido político”.
Para la mayoría de simpatizantes de AMLO, no perdió su intentona de lo que fue la Reforma Eléctrica, la que no consiguió en la Cámara de Diputados, con todo y que algunos “despistados” quieren “linchar” a todos los que se opusieron, sin importar que tienen, entre otras cosas, la protección que les concede la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Algunos de los que buscan sobresalir y quedar bien con AMLO, acusan a los que no votaron a su favor en la mal habida intentona de darle todo el poder a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y ahora los acusan como traidores a la Patria.
Por el momento ya funciona la Comisión Permanente de la actual legislatura, la cual no puede realizar reformas constitucionales y primero tendría que convocar a sesión extraordinaria y con sus partidos aliados puedan lograr reformas a diferentes temas que dicen interesarles más.
OTRO TROMPO A LA UÑA
Ahora resulta que entre las estrategias de la flamante 4T, está el modificar casi todo en materia de educación, sin tomar en cuenta y mucho menos consultar a los padres de familia y a los maestros.
Según la columna del médico y escritor Rafael Álvarez Cordero, titulada “Atentado criminal a la educación” y añade “La educación es una arma de construcción masiva” dicho esto por Marjane Satrapi.,
Entre otras cosa señala que en México, la labor de Don Justo Sierra, creador de la Universidad de México y el inmenso trabajo realizado por Don José Vasconcelos, lograron la integración de un sistema educativo coherente, con educación primaria, secundaria, preparatoria y universitaria.
En su momento dice el Médico, Don Guillermo Soberón logró la creación de los Centros de Ciencias y Humanidades (CCH) para mejorar las oportunidades de los jóvenes, aún con carencias, la Secretaría de Educación Pública ha ofrecido una oportunidad a los niños y jóvenes del País.
También agrega que los ideólogos del actual gobierno, dicen que los niños no votan, no han dudado en desmantelar salvajemente todo el sistema educativo; iniciaron con la cancelación de las Escuelas de Tiempo Completo, que permitían a los niños aprender, alimentarse y socializar mientras sus madres podrían ir al trabajo, lo que dejó sin oportunidades a cientos de miles de niños, un crimen de lesa educación, liso y llano”.
Mientras siguen apareciendo constantes críticas al actuar de los que se sienten los dueños de la nación, además de sentirse los “iluminados” para conseguir lo que han denominado en decir “La Cuarta Transformación”.
Por su parte la vapuleada “oposición”, sigue dando palos de ciego y no logran concebir acuerdos para tener verdaderos candidatos a las elecciones locales y mucho menos para los comicios electorales de 2024, cuando se decida quién sucederá al actual Gobierno de la República, que ahora parece la poderosa imposición de voluntades de quien lo encabeza.
NO LE ALCANZA EL DINERO PARA DOS BOCAS
Quien fuera simpatizante de AMLO, a su inicio de la administración Carmen Aristegui, publicó en su portal que desde inicios de Abril, la Secretaría de Energía solicitó 10 mil millones de pesos adicionales para concluir la magna obra que pretende ser insignia del Presidente.
Hace casi tres años, el actual gobierno federal declaró desierta una licitación para elegir a la empresa constructora de esa refinería, pero además resultaron costosas y no cubrían los requerimientos para el país, señala la publicación.
En su momento AMLO y su Secretaria de Energía, Rocío Nahle, afirmaron que las empresas entonces invitadas habían duplicado el monto estimado de ocho mil millones de pesos para la majestuosa obra en Dos Bocas, y que excedieron el plazo límite de 2022 para entregarla.
Entonces se anunció que licitarían seis paquetes de obras y nombraron como refinería “Olmeca”, de 340 mil barriles por día de producción y que se dijo costaría casi nueve mil millones de dólares, eso en julio de 2020.
Según la agencia de noticias Reuters, consultada por Aristegui, ya se consumieron ocho mil 881 millones y medio de dólares y con cargo a la siempre a PEMEX.
Ahora están buscando que les otorguen otros 500 millones de billetes verdes y el fin de semana estuvo en el complejo en construcción el Presidente López Obrador, y la señora Nahle.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
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