OPINIÓN
Un mundo raro
Entre Nos, por Alfredo Ponce //
Extrañamente reaccionamos los seres humanos, sabemos que tenemos un revolver tocando nuestra cabeza y nos seguimos moviendo. Es increíble lo que sucede en algunas ciudades de nuestra patria, empezando por la hermosa perla tapatía.
Todos sabemos que vivimos una contingencia mundial, que muchos estamos ante el riesgo de contagiarnos del “virus chino”, que hay países que están en la debacle total y, aun así, actuamos como si no nos diéramos cuenta. Como cuando violas una regla de tránsito y te volteas hacia el otro lado, fingiendo que no te diste cuenta del señalamiento.
Las largas filas de automóviles se podrían presenciar en las salidas a Manzanillo y a Puerto Vallarta, la gente piensa que puede escabullirse del peligro anunciado por los gobiernos, como si entrara a hurtadillas en la madrugada a su casa para que la esposa no se diera cuenta.
La situación cada vez es mas grave y podemos ver tres tipos de panoramas en el mundo: el de Ecuador, donde la gente se muere en las casas y no hay sistemas públicos, que puedan ir a recoger el cuerpo para darles humana sepultura y finalmente, a los tres días sacando los cuerpos a la calle le prenden fuego; la de los países como China, que han optado por maquillar los números y la de Corea del Sur, donde se diagnostica oportunamente y tienen un grupo de verdaderos científicos clínicos, tomando las decisiones y enfrentando el problema, no de grillos políticos que quieren sacar jugo de la situación. Claro, en Corea del Sur, la gente también se ha disciplinado y tomado las reglas del momento, como usar cubre bocas y sobre todo, acataron la orden que les dieron cuando les dijeron “QUEDATE EN CASA”.
EFECTOS SECUNDARIOS
De acuerdo a las predicciones científicas estadísticas, será entre el 15 y 20 de abril, cuando en nuestro país, se presente la curva de contagios y manifestaciones clínicas mas importantes, será entonces, cuando los hospitales tengan ocupadas todas sus camas, cuando estemos llorando a nuestros muertos.
Los números pueden ser escalofriantes, en ese momento podremos tener aproximadamente, 250 mil contagiados diagnosticados y cerca de 50 mil defunciones, lo cual adquiere mas relevancia al pensar, que cada uno de los enfermos con sintomatología y diagnóstico, representa solo a uno de cada 10 pacientes, que verdaderamente están padeciendo la enfermedad, algunos de ellos, completamente asintomáticos, pero que siguen contagiando a más, lo cual nos produce un escalofriante número real de 2 millones y medio de contagiados por el Covid 19 para esas fechas.
LA BARRERA FRONTERIZA
Pareciera ciencia ficción, cuando vemos el número de enfermos en California o en Texas de miles de personas diagnosticadas, mientras que en las fronteras mexicanas, ni siquiera llegan a la decena.
Algunos, como los que sueñan que un día se sacarán la lotería, se atreven a pensar y externar que es debido a que la frontera nos protege, otros, como un gobernador desvelado, dicen que la enfermedad sabe exactamente cuánto tienes en el banco y se va solo a infectar a los que tienen dinero, mientras que los pobres estamos protegidos, algunos finalmente, tenemos claro que el problema es simplemente la negativa del consejero del presidente a que se realicen las pruebas diagnosticas rápidas porque, según él, no sirve de nada tener un diagnóstico si no hay un tratamiento.
Entonces ¿para qué existe el Conasida? o ¿para qué hacemos diagnósticos de los pacientes infectados con el VIH?, si no tenemos tratamiento, en verdad que ni como ayudarle al señor Gatel, que está teniendo sus cinco minutos de gloria, con los que soñó cuando era solo un revoltoso de los que mantenían cerrada la UNAM, con las huelgas del llamado CEU, ahí, donde estaban la señora Sheinbaum o Carlos Imaz poniendo en jaque a la nación y dejando a muchos sin educación.
EL OPORTUNISMO POLÍTICO
El gobierno federal, no ha podido dejar a un lado los desacuerdos políticos, en tiempos de crisis nacional. Por allá sale un senador regio desinformando del tema, mientras que su gobernador piensa que la violencia doméstica es el principal problema y lo arregla “eliminando el chupe”, mientras que otro en el sur dice que hasta pena de cárcel le dará a quien estando enfermo ande en la calle. Mejor, pongan el ejemplo y de una vez por todas, tomen decisiones nacionales y contundentes, porque vamos a terminar hundidos por las luchas de egos de cada uno de los gobernadores, que están tomando cada uno de sus territorios, como pequeños países independientes. Ya es tiempo de poner un hasta aquí.
LOS POBRES PRIMERO
¿Qué vamos a hacer cuando los sistemas de salud publica colapsen y llenen todas sus camas?. Nadie quiere “echarse el trompo a la uña” como lo hace el gobierno de Corea del Sur. Si tu estás enfermos de SARS2-CoV-19, el estado se encarga de pagar todo tu tratamiento. Esto debe desde ahora determinarse de manera simple. En el momento que el estado no disponga de mas camas hospitalarias, los pacientes deben, por ley, por decreto presidencial, ser atendidos en cualquier hospital privado, sin pagar un centavo, debiéndose hacer una cuenta por paciente, que al final de la contingencia se revisaran por una entidad gubernamental, para ver que sean justos los montos y cambiar eso por pago de impuestos de las empresas hospitalarias privadas. También debemos de ver, lo que está sucediendo en Ecuador y tomar una decisión muy fuerte pero necesaria. Debemos de construir crematorios públicos, en los cuales podamos llevar a los difuntos, cremarlos y entregarlos a sus deudos y todo esto debe ser sin ningún costo. De esta forma nos prevenimos y aprendemos de los espectáculos dantescos que estamos viendo donde se les prende fuego a los cuerpos en la calle.
Nos encontramos en una semana
E-mail: drponce@hotmail.com
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
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