OPINIÓN
¿Una nueva generacion de humanos? Transhumanismo e inmortalidad

Opinión, por Omar Becerra //
Nos viene a la cabeza que muchos de los políticos, que nos leen, les intereso el ser inmortal, como en su momento lo busco Benito Juárez, o porque no hasta Porfirio Díaz.
En este orden de ideas, el transhumanismo es definido como un movimiento científico, filosófico y por qué no hasta espiritual, que pretende utilizar las nuevas tecnologías para el mejoramiento humano, físico y emocional.
Tiene dos vertientes la cibernética en la utilización de inteligencia artificial, y busca la unión del ser humano y la computadora un ciber humano.
La vertiente biotecnológica, busca utilizar las ciencias como la genética y la biología sintética para la modificación de genes, conseguir la creación de una nueve especie una nueva generación de humanos mejores a nosotros.
Para tener una mejor idea de lo que comentamos en párrafos anteriores, nos dimos a la tarea de entrevistar al experto en el tema el maestro Víctor Eduardo Hernández Benavides, es licenciado en filosofía y maestro en estudios filosóficos con área de especialización en filosofía social, ética y derechos humanos.
Según el maestro, el movimiento filosófico, cultural y científico denominado “transhumanismo, o movimiento transhumanista”, engloba una serie de aspiraciones, a veces demasiado optimistas, en torno a la identidad y trasformación del humano como especie y del individuo como ente biológico y social a través de los avances de la biomedicina y la biotecnología.
Su principal expositor, Nick Bostron, director del Future of Humanity Institute en la Universidad de Oxford y de la Word Transhumanist Association (WTA), la definió en el 2003 en el Seminario Intensivo sobre Transhumanismo de la Universidad de Yale como: un movimiento cultural, intelectual y científico que afirma el deber moral de mejorar las capacidades físicas y cognitivas de la especie humana, y de aplicar al hombre las nuevas tecnologías para eliminar aspectos no deseados y no necesarios de la condición humana, como son: el sufrimiento, la enfermedad, el envejecimiento e incluso la condición mortal.
¿Pero cómo estamos en Mexico y Jalisco, sobre este tema?
En pañales, en el sentido legal, de instituciones y como política social, no existen ordenamientos jurídicos propios sobre el tema y mucho menos al hablar de derechos humanos en este sentido, las comisiones de derechos humanos, están estancadas en estos temas.
El maestro nos comentó que existen varios retos en este sentido y nos los dividió en varios puntos:
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Puesto que no solo deben garantizarse derechos humanos, sino crear instituciones para la procuración especial de los mismos, es necesario crear un organismo interno en las Comisiones de Derechos Humanos, con el fin de abatir los retos de la tecnología y mejoramiento científico en el ser humano.
Como observación a este punto que nos menciona el maestro, nos damos en cuenta que podría llegar a ser difícil para las comisiones de derechos humanos del país mientras se sigan llevando a cabo comisiones a modo de los gobernantes y no de la población.
Los grandes retos de las comisiones de derechos humanos, es que realmente los derechos que protegen los hagan valer, y que sus recomendaciones no sean nada más eso, sino que sean vinculativas a proceso judicial, pero quizá sea una utopía por parte nuestra.
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Es necesario capacitar a todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, sector privado y sociedad civil, respecto a los cambios tecnológicos en el ser humano.
Nos damos cuenta que en el segundo punto que menciona el investigador, debe haber en conjunto de ideas y planes de desarrollo en este sentido para el mejoramiento en beneficio de la población en general y no solo de unos cuantos.
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Es importante crear comités de ética sobre robótica en los hospitales y otras instituciones sanitarias, debidamente dotados con el personal apropiado y derechos fundamentales a debate encargados de examinar y contribuir a resolver problemas éticos inusuales y complejos relacionados con cuestiones que afecten al cuidado y el tratamiento de los pacientes.
A modo de comentario y como lo menciona el maestro, se debería reformar la legislación y dar más juego a la ética y la bioética por medio de comités no solo en hospitales si no también en entidades de gobierno.
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Respecto a las prótesis robóticas, debe garantizarse el acceso continuo y sostenible al mantenimiento, la mejora, y en particular, las actualizaciones de, como observación al párrafo anterior, es necesario como lo dice el artículo 4 constitucional dar prioridad a la salud del pueblo mexicano y dar también paso como ejemplo, a la clonación terapéutica y sustituir a los trasplantes de órganos, como se ha venido realizando en otros países en Europa.
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Deben crearse principios coercitivos, que establezcan garantías legales que protejan los bienes jurídicos de la libre elección individual en armonía con una búsqueda de ciencia pacífica, mejora de salud, modificación del cuerpo y mejora morfológica.
Reafirmando lo que comenta el maestro, en la ley general de salud ni en la ley de Salud del Estado de Jalisco, observamos estos términos científicos, ¿será que hay un rezago entre la legislación actual y la ciencia?
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Debe reconocerse un catálogo de derechos fundamentales de libertad morfológica, autodeterminación y biotecnología aplicada en la salud, así como ejercer los instrumentos necesarios en las leyes generales, y aspectos y especificaciones técnicas en las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) y Normas Mexicanas (NMX)
Entendamos entonces que, el movimiento transhumanista ya no es una utopía, es una nueva corriente de pensamiento; en realidad, se trata de un proyecto científico-filosófico que ya está en marcha y que defiende el uso de las tecnologías emergentes más avanzadas.
Que nos puede ayudar de manera científica, como por ejemplo la edición genómica en enfermedades raras, o porque no los nuevos estudios presentados, por universidades extranjeras en donde se habla de eliminar el gen o conjunto de genes que hacen ser a una persona adicta.
Es un pequeño ejemplo, u otro ejemplo respecto a la nano tecnología y el cáncer terminal que ha tenido grandes avances respecto a los avances de tema en consideración y beneficio de la población.
Como vemos el maestro nos da una completa cátedra de transhumanismo de manera general, y nos deja pensando en lo mucho que ha avanzado la ciencia y la legislación en México, así como la política no tienen ninguna conciencia pública sobre el tema.
NACIONALES
Grupo Salinas y la erosión de la justicia fiscal

Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //
La posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falle a favor de Grupo Salinas, eximiendo al conglomerado de Ricardo Salinas Pliego de pagar más de 74 mil millones de pesos en impuestos, trasciende un simple revés fiscal: representa un agravio directo al pueblo de México.
Esta cifra colosal, que supera el presupuesto anual de 25 estados y el financiamiento de programas sociales esenciales como salud y educación, pone en evidencia una verdad incómoda: el poder económico puede doblegar las instituciones diseñadas para velar por el interés colectivo. En un país donde las desigualdades persisten, este caso no es solo un debate legal, sino un reflejo de cómo las élites financieras influyen en la democracia y erosionan la confianza ciudadana.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha calificado un fallo favorable como “la injusticia llevada a la máxima expresión”, y su afirmación encuentra eco en los números. Con 74 mil millones de pesos se podrían construir hospitales como el Agustín O’Horán en Mérida, cuyo costo estimado es de 3 mil millones, financiar el programa de apoyo a mujeres de 60 a 64 años, con un presupuesto de 54 mil millones, o sostener la beca universal para estudiantes de secundaria, beneficiando a millones de jóvenes.
Estos recursos representan una oportunidad perdida para mejorar la calidad de vida de las mayorías, en contraste con el accionar de Grupo Salinas. Este conglomerado, que incluye gigantes como Elektra y TV Azteca, ha acumulado 32 litigios fiscales durante 16 años, retrasando desde 2008 el pago de impuestos que, según la Procuraduría Fiscal, debió saldarse. ¿Es esto justicia o un privilegio camuflado tras tecnicismos legales que solo los poderosos pueden costear?
El trasfondo de esta situación revela una relación alarmante entre el poder económico y el judicial. Durante casi dos décadas, Grupo Salinas ha empleado estrategias como amparos y maniobras dilatorias para evadir sus obligaciones fiscales, una práctica que ha escalado hasta llegar a la SCJN.
Reportes sugieren que ministros como Luis María Aguilar Morales han retrasado resoluciones, dejando expedientes congelados por meses, lo que alimenta sospechas de influencias indebidas. Este problema no es un fenómeno aislado ni reciente; tiene raíces en las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, cuando el emporio comenzó a litigar para eludir impuestos, acumulando una deuda que hoy alcanza niveles escandalosos.
La pregunta se impone: ¿quién protege los intereses de la nación cuando las instituciones ceden ante la presión de unos pocos magnates? La respuesta parece diluirse en un sistema donde la balanza de la justicia se inclina hacia quienes pueden pagar por su defensa.
Sheinbaum ha vinculado las críticas de TV Azteca —un brazo mediático de Grupo Salinas— contra la reforma judicial y su gobierno con un interés claro: preservar un sistema que permita a corporativos evadir responsabilidades fiscales. Este señalamiento no puede tomarse a la ligera. La cadena ha intensificado su narrativa en contra de las iniciativas del Ejecutivo, lo que refuerza la percepción de un conflicto de intereses.
Un fallo favorable a Grupo Salinas no solo legitimaría una deuda impaga, sino que enviaría un mensaje devastador: en México, la justicia se doblega ante quienes tienen los recursos para litigar eternamente, mientras el pueblo carga con las consecuencias económicas y sociales. Este precedente podría abrir la puerta a más empresas para seguir el mismo camino, agravando la erosión fiscal y la desigualdad.
Estos excesos del poder económico, respaldados por complicidades en el ámbito judicial, justifican la urgente necesidad de reformar el sistema. Millones de mexicanos, sin los recursos ni el acceso a un ejército de abogados como el de Salinas Pliego, quedan desprotegidos frente a un sistema que favorece a las élites.
A nivel local, la situación no es distinta. En Jalisco y otras entidades, se han documentado casos de jueces coludidos con funcionarios políticos para reprimir a ciudadanos que denuncian corruptelas, utilizando su autoridad para aplastar voces disidentes. Algunos de estos actores judiciales incluso buscaron el voto popular para perpetuarse en el poder, pero su pasado de complicidad ha sido expuesto, desmantelando su fachada de imparcialidad.
La reforma judicial propuesta por el gobierno actual busca romper con este ciclo de impunidad. Sin embargo, su éxito dependerá de la voluntad política y de la presión ciudadana para garantizar que los nuevos mecanismos no sean cooptados por los mismos intereses que hoy se cuestionan. Se espera que esta nueva etapa trace un horizonte donde la justicia sea verdaderamente igualitaria, sin distinción de clases ni influencias económicas.
En México y Jalisco, urge un sistema renovado donde el poder político y el económico no dicten el rumbo de la justicia, sino que esta responda a los principios de equidad y transparencia.
Este debate sigue vigente, reflejando las tensiones entre poder político y el económico, y el papel que el poder judicial ha asumido en un país en transformación. La ciudadanía debe mantenerse vigilante, exigiendo que la SCJN actúe con integridad y que las reformas prometidas se traduzcan en un sistema judicial que sirva a todos, no solo a unos pocos. Solo así se podrá cerrar el capítulo de los “juegos del poder” y abrir uno donde la justicia fiscal sea un pilar de la democracia mexicana.
JALISCO
Uribe y su circunstancia

De Frente al Poder, por Óscar Ábrego //
Hay cuatro asignaturas en la agenda de Guadalajara que están fastidiando al gobierno de Movimiento Ciudadano: Inseguridad, agua, movilidad y basura.
En todas las evaluaciones brotan esos temas de manera consistente.
Personalmente creo que Verónica Delgadillo hace –como puede y con lo que tiene- un esfuerzo que merece un alto reconocimiento.
Y aunque no tenemos condiciones para afirmar que su labor pinta para lograr la postulación naranja con miras a nuestro próximo encuentro con las urnas, lo cierto es que nadie puede negar que le pone seriedad y esfuerzo a su función como presidenta.
En un contexto así, a Morena se le presenta una oportunidad única para conquistar el triunfo en menos de dos años.
Hay cartas con nombre y apellido en la baraja guinda.
Cito algunos con verdaderas posibilidades de alcanzar la nominación:
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Merilyn Gómez Pozos, presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara Federal de Diputados.
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Claudia Delgadillo González, ex diputada federal y ex candidata al gobierno del Estado.
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Carlos Lomelí Bolaños, ex candidato al gobierno de Jalisco y actual senador de la República.
Sin embargo debemos colocar en la primera línea a quien ya ha sido alcalde, Alberto Uribe.
Hombre de las confianzas de Marcelo Ebrard, es titular de la Dirección General de Contenido Nacional y Fomento en el Sector Energético y Coordinador del Corredor del Bienestar del Pacífico (Jalisco, Michoacán, Colima y Nayarit) de la Secretaría de Economía, posición que lo coloca en inmejorables condiciones para vincularse con sectores estratégicos que si bien no definen una elección, sí inciden en ella.
Por una extraña razón, distinguidos opinantes se resisten a suponer que a Uribe Camacho le aguarda un futuro prometedor en la escena electoral.
Yo difiero. Lo conozco, y si alguien sabe sortear el oleaje del impredecible e implacable mar de la política, es Alberto.
Por eso, para aquellos que sostienen que la historia sobre la designación de la candidatura de Morena rumbo a la alcaldía tapatía ya se escribió, vale la pena recordarles esa máxima que dice que en la política, como en la vida misma, la circunstancia lo es todo.
En X: @DeFrentealPoder
*Óscar Ábrego es empresario, consultor en los sectores público y privado, activista, escritor y analista político.
JALISCO
El agua sucia del poder: Megacortes, tarifas infladas y la red clientelar del SIAPA

Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco //
En Jalisco, el agua no solo escasea: se pudre. Apesta a burocracia, a negocios entre compadres, a ineptitud maquillada de eficiencia y a un modelo de saqueo que, bajo el nombre del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), ha convertido “el vital líquido” en un bien de lujo, controlado por burócratas de alto sueldo y baja moral.
Apenas 72 horas tras el Congreso, dominado por MC, Verde, PAN y HAGAMOS, aprobar un 9.65% de alza al agua para 2025, SIAPA anunció un megacorte de cuatro días a 113 colonias por reparaciones. Con cortes, fugas y baja presión en zonas pobres, el servicio flaquea.
Entre las afectadas están comunidades de Zapopan, Guadalajara y San Pedro Tlaquepaque: nombres que, para los operadores del SIAPA, parecen no existir más que como renglones en una lista de cobros. Porque eso sí: la factura llega puntual, aunque el agua no.
TARIFAZO CON PREMIO DE IMPUNIDAD
Con 21 votos a favor y 16 en contra, el Congreso del Estado avaló el tarifazo. Aumentaron las tarifas y, de paso, aprobaron que las siguientes subidas se actualicen automáticamente conforme al índice inflacionario. Como si el ciudadano de a pie tuviera una inflación personal controlada, o un ingreso garantizado. El pretexto fue la “viabilidad financiera” del organismo, aunque el mismo SIAPA admitió que el alza no resolverá la crisis del servicio.
Eso no impidió, claro, que el gobernador Pablo Lemus les diera un espaldarazo: “Se acabaron los pretextos, ahora deben mejorar el servicio”. Palabras que, como muchas en Casa Jalisco, no se traducen en acciones.
El organismo tiene, sin embargo, otros mecanismos de supervivencia. No importa si baja la eficiencia (de 81.9% de reportes atendidos en 2023 a 78% en 2024), si disminuye el volumen de agua distribuido o si los reportes ciudadanos crecen. El SIAPA no colapsa. Se alimenta, eso sí, de la paciencia del contribuyente y de las arcas públicas, blindado por una red de intereses que lo mantiene a flote como una balsa mal armada en un mar de negligencia.
PIPAS GRATIS, ASESORES CAROS
A la par del anuncio del megacorte, el SIAPA ofreció pipas gratuitas. Un gesto que parecería generoso si no fuera un parche a un sistema crónicamente averiado. Y mientras familias almacenan agua en cubetas, el organismo desembolsa más de 73 mil pesos mensuales a una exconductora de televisión, sin formación técnica, convertida en asesora de dirección.
Elizabeth Margarita Castro Cárdenas —Según el periódico NTR, con un historial ligado a un fraude financiero, nexos con narcotraficantes y una carrera más cercana al espectáculo que al agua potable— fue nombrada asesora técnica del SIAPA. Su presencia en la nómina, denunciada por trabajadores del organismo, es sólo una muestra más de cómo el SIAPA sirve a fines políticos antes que ciudadanos. Ahí están los sueldos, los estímulos, las asesorías infladas, y los contactos bien ubicados.
En lugar de eficiencia, el organismo se volvió una caja chica para repartir favores. Y si no lo creen, revisen el historial: la misma Castro Cárdenas fue antes funcionaria en la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, con un sueldo prácticamente idéntico. La política jalisciense no bota a sus leales: los recicla.
LA RESISTENCIA CIUDADANA Y LOS GRITOS QUE NO SE OYEN
No todo el Congreso se rindió. La diputada Itzul Barrera, de Morena, denunció no sólo la falta de transparencia en el uso de los mil millones de pesos adicionales que se recaudarán por el aumento, sino el hecho inaudito de que el director del SIAPA admitiera que el alza no servirá para mejorar el servicio. Vaya sinceridad.
Denunció, también, que la sesión para aprobar el alza fue convocada con apenas una hora de anticipación y que los diputados debieron revisar más de 136 páginas de dictamen al vapor, lo que impidió una discusión real. Eso no impidió el voto mayoritario. El SIAPA es, hoy, un monstruo que factura más de 5 mil millones de pesos al año, que contrata asesores sin perfil, y que cada vez da menos agua.
Las más de 15 iniciativas presentadas para su reforma duermen en el congelador legislativo. Y así, los “diálogos” se dan en lo oscurito, entre cenas discretas y acuerdos inconfesables.
MUNICIPIOS DIVIDIDOS Y CIUDADANÍA HARTA
Guadalajara y Zapopan justifican con tibieza el alza tarifaria prometiendo eficiencia, mientras Tlaquepaque y Tonalá alertan. Laura Imelda Pérez, alcaldesa de Tlaquepaque, impulsa condonar cobros a quienes carecen de agua buena, destacando 80 millones gastados por el Ayuntamiento en tareas del SIAPA.
El alcalde de Tonalá, Sergio Chávez, fue todavía más contundente: “Es un SIAPA saqueado”, dijo. Denunció contrataciones sin perfil, falta de inversión y abandono institucional. Que lo diga alguien que ha conocido tanto del sistema sólo hace más grave la declaración.
La propuesta de Tlaquepaque de condonar pagos a quienes no reciben servicio no es una ocurrencia: es una exigencia mínima. El recibo llega, aunque no haya agua. La injusticia también.
En simulaciones, el agua es metáfora: transparente pero invisible, vital pero ausente, promesa electoral sin gestión. El SIAPA, manejado como botín político, encarna un gobierno enquistado en Jalisco, castigando a ciudadanos, premiando leales, exhibiendo cifras millonarias mientras ignoran expertos.
Y así, entre tarifazos, pipas y asesores musicales, el agua en Jalisco se ha vuelto tan sucia como el sistema que la administra.
Porque, como decía un viejo maestro del periodismo: “lo que daña al país no es la política, sino los políticos que no saben servirla”.
En X @DEPACHECOS
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