JALISCO
Urge reingeniería en Ipejal: Pensiones de Jalisco, de la misión sublime al botín y desvío

Opinión, por Pedro Vargas Ávalos //
Cuando gobernaba a Jalisco el ilustre Agustín Yáñez Delgadillo, cuyo período fue del uno de marzo de 1953 al último de febrero de 1959, preocupado por la inexistencia de normas que protegieran a los servidores públicos del Poder Ejecutivo, dando opción de agregarse a los trabajadores de las municipalidades, envió con fecha 10 de diciembre de 1953 al Congreso local, una iniciativa para crear la Ley de Pensiones Civiles del Estado; fungía como Secretario General de Gobierno, el distinguido abogado Alberto Fernández, quien como competente jurista sin duda dio fino retoque al humanista proyecto, apuntalado por el jefe de Economía y Hacienda, Lic. Francisco Medina Ascencio.
El lunes 14 de aquel mes navideño, se dispuso en la Cámara de Diputados, que la iniciativa antedicha fuese analizada por las comisiones de pensiones y la de gobernación, en las cuales destacaban los legisladores Dr. Francisco Sánchez Flores, (el polifacético y célebre Pancho Panelas) muy cercano al mandamás jalisciense, y el Lic. Carlos G. Guzmán, quien había fungido como segundo de abordo en el período del gobernador Jesús González Gallo (1947-1953), antecesor del literato Agustín Yáñez.
El Poder Legislativo de ese entonces, la XL legislatura, lucía diputados de enorme calidad en lo humano y lo político, siendo en total 18 y entre ellos mencionamos como botones de muestra, a: Alfonso de Alba Martín (académico, escritor y enseguida secretario de gobierno, por el fallecimiento del Lic. Fernández), Juan Gil Preciado (futuro gobernador), José Parres Arias (notable Rector de la Universidad tapatía), Manuel García Guzmán (alias el General Zaragoza, padre del futuro gran político Sergio García Ramírez); el medico Enrique García Ruiz (alias Buda, adalid de los estudios forenses en Guadalajara); D. José Ma. Díaz de León, (quien sería Procurador de Justicia, hermano del primer Rector de la Universidad oficial) y el culto ensayista y poeta Emmanuel Palacios.
El documento fue debatido el 17 de ese decembrino mes, y para el siguiente día firmaron el dictamen favorable, basados en que tenía un “amplio espíritu de beneficio humano que entraña y tiende no solo a la protección de los empleados públicos, sino al mejoramiento integral de Jalisco”. El parecer se aprobó el 28 de diciembre de ese año, según decreto 5904 rubricado por el Lic. José Parres Arias, presidente de la Cámara y los diputados Francisco Espinoza Sánchez y Dr. Enrique García Ruiz, sancionándolo el inmediato día 30 el gobernador Agustín Yáñez y publicándose en el periódico oficial “El Estado de Jalisco” el postrer día -jueves 31 de diciembre- del año 1953, para entrar en vigor el uno de enero del año inmediato.
Con ello se cumplía el espléndido fin del sobresaliente mandatario jalisciense de “proteger el equipo humano de que dispone (el Estado) en la realización de las actividades públicas”, dado que la actividad diaria que despliegan “trae consigo un desgaste físico que es menester garantizar y prevenir en beneficio de quienes dedican su vida al servicio de la colectividad”.
La primera oficina se instaló en el mismo Palacio de Gobierno, lateralmente al pie de la escalera principal, fungiendo como director, el aludido jefe del Departamento de Economía y Hacienda, Lic. Francisco Medina Ascencio, arandense de gratos recuerdos por su bonhomía y sentido humanístico.
Es muy significativo, que la idea sustantiva fue salvaguardar los derechos de los trabajadores de la administración pública, no incluyendo a los cargos de elección sino a los “funcionarios por designación y los empleados al servicio del Estado” con nombramiento expedido por este. Optativo de ser parte de esa protección, la tendrían -previo acuerdo con la Dirección de Pensiones- los trabajadores de los municipios y órganos descentralizados de la Entidad.
No se habló de los diputados o regidores, e incluso de los magistrados del Supremo Tribunal que sin embargo si podrían invocar ser servidores públicos con nombramiento legal. Al presente son, indebida e injustamente, los preferentes usufructuarios de las pensiones jaliscienses.
Los apartados de esa primigenia ley, aparte de organizarla ubicando a la Dirección dentro del área de Economía y Hacienda estatal, estipulan lo referente al patrimonio de Pensiones Civiles (sobre todo las aportaciones de trabajadores y el Estado o municipios en su caso, previendo entidades descentralizadas que se afiliaran) que incluían donaciones y diversos renglones derivados de sus gestiones. Luego seguían los préstamos a corto plazo, los créditos hipotecarios, las casas-habitación (compradas o arrendadas) y desde luego la sustancia de la norma: las pensiones.
Es resaltante mencionar que esas pensiones, se otorgarían a quienes hubiesen laborado al menos 30 años y cotizado como mínimo 3 anualidades; además el máximo de la suma a recibir sería del 60 por ciento del sueldo último que hubiese devengado el beneficiado. Los servidores de 55 años cumplidos podían pensionarse siempre que hubieran cotizado cuando menos 15 años. Como propósito quedó algún día poder cubrir pensiones con igualdad de sueldo. Finalmente se determinó que, si un empleado afiliado dejaba de cotizar, podía pedir la devolución de lo aportado.
De esa manera arrancó la visionaria y noble tarea del ahora ardiente Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (IPEJAL), cuya ley -ha tenido varias- fue actualizada insuficientemente el año de 2023, más que nada porque son políticos quienes hacen tales remiendos, dejando rendijas para luego aprovecharse de ellas, cuando creen llegado el momento de pensionarse.
Claro que además de lo anterior, el instituto ciertamente ha resentido bastantes actos reprobables por parte de gobernantes poco escrupulosos y directivos desastrosos. A eso le debemos sumar que los pensionados y jubilados, materia central de la institución, no están lamentablemente bien organizados y por ello, son mal atendidas sus propuestas. Por su parte, el sindicato de los trabajadores del Instituto, mejor estructurado que aquellos, empero tampoco suele tener el trato que les corresponde.
El organismo ha sido utilizado varias ocasiones como “caja chica” de los gobernantes estatales, y desdichadamente considerado, con la complicidad de esos personajes autoritarios, a veces como botín y por lo general contemplado como paracaídas de altos funcionarios o notorios políticos maliciosos. De unos y otros, se puede señalar a diputados, magistrados y funcionarios influyentes, todos aprovechados de la nobleza de Pensiones del Estado.
Tales sujetos a la fecha constituyen la “élite dorada” de pensionados, grupo que sangra exageradamente los fondos de IPEJAL en perjuicio de la institución y sobre todo de la mayoría inmensa de sus genuinos derechohabientes. Al respecto, escribió en 2022 el universitario Gabriel Torres Espinoza: “El IPEJAL parece todo, menos un instituto que salvaguarde el interés superior de los derechos y las prestaciones de sus afiliados, beneficiarios y pensionados. Opera como un saqueador vil, despiadado y sin escrúpulos”. (ene 19, 2022 | Columnas, El Respetable).
Ese panorama no varió con la alternancia partidista que experimentó el gobierno de Jalisco (del PRI al PAN; luego del PAN al PRI y de este a MC) puesto que las irregularidades y malos manejos persisten en el Instituto que, dice el autor antedicho, está “gangrenado de corrupción, y atestado de pillos”. Y para ejemplo de lo anterior, tenemos el caso del actual director, quien en enero pasado se autorizó (con la complicidad del ineficaz Consejo de la institución) un incremento salarial del 67%, mientras que los empleados del IPEJAL y no digamos sus pensionados y jubilados, reciben aumentos de miseria.
El sindicato independiente del organismo publicó sobre el tema: además del incremento de sueldo del 67% al director Juan Partida, se aprobó en esa sesión el “incremento salarial de hasta un 55% en 16 nombramientos directivos, lo que implicará un gasto anual adicional de 7 millones de pesos… A la vez, se aprobó en ese procedimiento de reestructuración, la creación de seis nuevas plazas con sueldos que van de los 42 mil a los 84 mil pesos mensuales, que significan un gasto adicional de 600 mil pesos mensuales, en plazas de nueva creación.” (Semanario Conciencia Pública, 2-II-2025).
Por fortuna el nuevo ejecutivo estatal, ya se dio cuenta de la trastada y echó para atrás ese agravio; los jaliscienses confiamos que con esa muestra tenga oportuno aviso de lo que son los dirigentes del Instituto y permanezca al tanto de su actuación, para enmendar o mejor, evitar desvíos.
Numerosos y variados son los rubros en que las directivas de IPEJAL han fraguado “negocios” reprobables: estacionamientos, salones de fiestas, capilla de velación, el Club Deportivo Hacienda del Real, la hacienda de La Mora, la oficina de viajes, la óptica, etc. Sin embargo, los más descollantes desaciertos económicos fueron en inversiones, desde turísticas o inmobiliarias, hasta las de bolsa, mismas que han significado copiosas pérdidas patrimoniales para el organismo. Ante tales acciones desvergonzadas, la impunidad fue la actitud ordinaria del gobierno, salvo algún caso excepcional.
Por lo anterior es que urge, una ley eficaz y una actitud gubernamental atinada para que ya no se vea como botín o paracaídas al IPEJAL. Este requiere de reingeniería para sanear sus recursos financieros, ser repensado en lo que ve al nombramiento de sus directivos, así como fortalecer los beneficios que debe otorgar.
Lo primero para que robustezca su economía, equilibre las pensiones y jubilaciones; lo segundo, para establecer beneficios posibles e indispensables que vigoricen el nivel de bienestar de sus protegidos genuinos. En cuanto a sus dirigentes, no puede ser que siga en manos de protegidos o políticos decadentes y paracaidistas, cuyos resultados llevan al abismo al instituto, sino que deben ser personas honradas, conocedoras y conscientes de lo que es administrar y comprender la elevada misión del IPEJAL, lo cual se reflejaría en sustentabilidad institucional y en valiosos apoyos a los afiliados y pensionados.
Por lo pronto, ese es el reto que tiene el flamante gobernador de Jalisco, y a tal fin debe atender toda actividad de los sindicalizados del IPEJAL conjuntamente a los pensionados y jubilados de tan bienhechora institución.
ENTREVISTAS
Marta Arizmendi: Hay relación de armonía entre el gobernador Lemus y la presidenta Sheinbaum

Por Mario Ávila //
La importancia de la armonía política y la buena relación entre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el gobernador Pablo Lemus es un factor clave para el desarrollo del estado. La legisladora morenista Marta Arizmendi Fombona, presidenta del Congreso de Jalisco, subrayó que el diálogo y la coordinación han permitido superar los desencuentros del pasado, cuando la falta de colaboración entre el gobierno estatal y federal generó perjuicios para Jalisco.
En una entrevista realizada para Conciencia Pública en su oficina del Palacio Legislativo, Arizmendi destacó que el objetivo de Morena en Jalisco y México es “el bienestar de la población, con justicia y desarrollo”. En la LXIV Legislatura local, los acuerdos entre Morena y Movimiento Ciudadano (MC) se limitan a propuestas que beneficien a los jaliscienses, sin compromisos ocultos.
Marta Arizmendi Fombona, a lo largo de la entrevista, destaca la importancia del diálogo, la transparencia y la participación ciudadana, y su visión busca superar divisiones políticas, priorizando resultados tangibles para Jalisco.
Aborda también los retos pendientes, desde reformas judiciales hasta temas sociales como las infancias trans que exigen un trabajo conjunto que ella está decidida a liderar, siempre con el bienestar de la población como eje rector. La colaboración con el Ejecutivo, sin comprometer principios, es clave para una legislatura efectiva que responda a las demandas de los jaliscienses.
HAY DIÁLOGO, NO PACTOS
Al mismo tiempo, la presidenta del Congreso negó enfáticamente la existencia de pactos entre su grupo parlamentario y MC, la fracción mayoritaria y partido en el gobierno. Esta claridad se refleja en la aprobación de la reforma constitucional que extingue el Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco (ITEI), lograda mediante diálogo respetuoso con todas las fuerzas políticas, tras no concretarse en el primer semestre.
Arizmendi aclaró que la ausencia de acuerdos secretos se evidencia en la oposición de Morena a varias decisiones del gobierno de Pablo Lemus. Por ejemplo, rechazaron el endeudamiento, el “paquetazo” —considerando la verificación, un programa recaudatorio— y la compra de patrullas Cybertrucks de Tesla, criticadas por no combatir el crimen, sino por buscar mejorar la percepción de seguridad de cara al Mundial de Fútbol 2026.
“Y hemos sido muy abiertos”, abundó, señalando que, aunque su grupo parlamentario es crítico, está comprometido con el bienestar de los jaliscienses y apoyará propuestas beneficiosas, sin importar su origen. Esta postura refleja un equilibrio entre fiscalización y colaboración.
FEDERALIZAR PROGRAMAS NACIONALES
Arizmendi criticó la falta de coordinación del exgobernador con el gobierno federal, que perjudicó a Jalisco, y apostó por el diálogo para priorizar el bienestar ciudadano. Señaló que la negativa de Jalisco a adherirse a programas federales de salud, educación y apoyo a personas con discapacidad ha generado inconvenientes, obligando a la federación a intervenir directamente.
Elogió la colaboración entre Sheinbaum y Lemus, destacando las visitas presidenciales para supervisar proyectos de movilidad, obra pública y agropecuarios, pero urgió al gobernador a reconsiderar la adhesión a programas federales clave para maximizar beneficios para el estado.
CARGADA LA AGENDA PARLAMENTARIA
La presidenta enlistó las prioridades legislativas para el segundo semestre de la LXIV Legislatura. Entre ellas, destacó la aprobación de 19 leyes secundarias en 90 días para implementar la extinción del ITEI, pendiente de ratificación por la mayoría de los 125 cabildos municipales. Aseguró que los derechos a la información pública y protección de datos están garantizados bajo la Contraloría, y se trabajará con la iniciativa del gobernador para su seguimiento.
Arizmendi lamentó los desacuerdos iniciales de la legislatura, resueltos bajo su presidencia gracias al diálogo inclusivo. Otro tema es la reforma al Poder Judicial estatal, inspirada en la elección federal de junio de 2025. Aunque la elección de magistrados y jueces será en 2027, la armonización con la ley federal comenzará pronto, abordando preocupaciones sobre el proceso de insaculación o “tómbola”.
TEMAS PENDIENTES PARA ANALIZAR
Un exhorto reciente de la Suprema Corte obliga al Congreso a legislar sobre infancias trans, atendiendo ocho puntos específicos, con plazo hasta el 3 de julio. Arizmendi aclaró que esta decisión recaerá en el voto libre de los deputados, no en la presidencia. También abordó el desabasto y la mala calidad del agua, un problema histórico que requiere soluciones urgentes sin alzas fiscales. Morena, afirmó, no apoyará incrementos de impuestos sin proyectos claros que garanticen beneficios, priorizando la economía ciudadana.
EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
Arizmendi destacó la importancia del Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza, resultado de la participación de más de 600 mil ciudadanos, incluyendo niñas, niños y adolescentes. Propuso mesas de trabajo con legisladores para enriquecerlo, asegurando su cumplimiento en beneficio de Jalisco.
Subrayó la necesidad de un Presupuesto de Egresos 2026 equitativo, trabajado con la Comisión de Hacienda, liderada por Gabriela Cárdenas, para evitar prisas y atender necesidades estatales. Criticó que la legislatura anterior ignoró propuestas de Morena, por lo que ahora buscan un proceso inclusivo.
UN CONGRESO CERCANO A LA CIUDADANÍA
Finalmente, Arizmendi delineó los objetivos de la LXIV Legislatura en su segunda etapa: mejorar la imagen del Congreso, abrirlo a la ciudadanía, eliminar barreras y acercarse a los municipios mediante reuniones regionales con alcaldes. Este enfoque busca conocer de cerca las necesidades locales y consolidar un legislativo accesible, comprometido con el bienestar de los jaliscienses, promoviendo justicia y desarrollo.
ENTREVISTAS
Sergio Chávez: Debe haber un director para la agencia de la basura, sin politización

Por Gabriel Ibarra Bourjac //
La aprobación de la Agencia Metropolitana de Gestión Integral de Residuos, conocida como el “Siapa de la Basura”, es un “suceso histórico” para el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), según el presidente municipal de Tonalá, Sergio Chávez Dávalos.
En entrevista con Conciencia Pública, Chávez relató la batalla de tres años para lograr este organismo, aprobado el pasado viernes pese a la oposición inicial de Tlaquepaque. “Es una propuesta nacida de la crisis en Tonalá, inspirada en Barcelona, donde 16 municipios gestionan residuos juntos”, afirmó.
Chávez Dávalos, quien planteó la idea en el Imeplan en 2022, enfrentó resistencias políticas y electorales, pero tras su reelección insistió hasta lograr el consenso. La agencia, que integrará a los nueve municipios con un capital semilla de 200 millones de pesos que aportará el Gobierno del Estado, priorizará recolección, reciclaje y sanciones a ciudadanos que no separen residuos. “Picachos, el único vertedero público, pronto se saturará. Necesitamos un nuevo sitio para los próximos 30 años”, advirtió.
Tonalá, receptor histórico de basura metropolitana, sufrió daños ambientales en Matatlán y Los Laureles, donde se acumularon 11,000 millones de toneladas. Chávez responsabilizó a la “comodidad” de exalcaldes y a Caabsa, obligada ahora a invertir 341 millones en remediación.
«Los lixiviados siguen contaminando el río Santiago. La regeneración tomará 10 a 20 años”, lamentó. La agencia, debe tener un director técnico y sin politización. Será clave para evitar repetir errores del SIAPA», aseguró. “Gobernar es responsabilidad. No podemos dejar la basura a empresas que solo lucran”, concluyó.
LA INSPIRACIÓN FUE BARCELONA
Sergio, ¿qué impresiones te deja la lucha y la aprobación ayer de la Agencia Metropolitana de Gestión de Residuos, tras la oposición inicial de Tlaquepaque?
Es una propuesta nacida de la crisis de basura en Tonalá. En 2022, cuando cuestioné fuertemente a Caabsa por su manejo, planteé en el Imeplan un sistema metropolitano, inspirado en la Zona Metropolitana de Barcelona, donde 16 municipios gestionan residuos de forma conjunta.
Los esfuerzos aislados de cada municipio no funcionan. Convencer al entonces gobernador Alfaro, al hoy gobernador Lemus y a los alcaldes metropolitanos tomó tiempo. Hubo resistencias, campañas electorales y un año de estancamiento en 2024.
Tras mi reelección, insistí, perfeccionamos la propuesta y, aunque Tlaquepaque votó en contra el jueves, ayer viernes logramos la aprobación por mayoría en la Junta de Coordinación Metropolitana. Es un primer paso firme.
¿Cuáles son los objetivos prioritarios de la agencia y cómo transformará la gestión de basura en la AMG?
El siguiente paso es que los cabildos de los nueve municipios aprueben su integración. Con al menos dos municipios aprobados, el gobernador destinará 200 millones de pesos como capital semilla. Buscamos un director técnico, no político, para evitar los errores del SIAPA, que Tlaquepaque señaló como ineficiente.
Con estos recursos, invertiremos en necesidades urgentes, como tres unidades de recolección para Juanacatlán o la segunda etapa de la estación de transferencia oriente en Tonalá, que costará 50 millones. A mediano plazo, debemos definir un nuevo vertedero para los próximos 30 años, ya que Picachos, el único público, pronto se saturará.
La recolección, el destino, el tratamiento y el reciclaje, ¿los asumirá la agencia?
Sí, la agencia tendrá un enfoque integral. Debe educar a los ciudadanos para separar residuos en hogares y comercios, reduciendo la basura cruda en vertederos. También proponemos que tenga facultades sancionadoras para infraccionar a quienes no separen o dejen basura en las calles. Además, establecerá rutas logísticas adaptadas, con horarios diurnos o nocturnos según las necesidades de cada colonia, para optimizar la recolección.
¿Cuántas toneladas de basura se producen diariamente en la AMG, y cuántas van a Picachos?
Según el Imeplan, generamos entre 4,800 y 5,200 toneladas diarias. A Picachos van unas 2,500 a 3,000 toneladas, principalmente de Guadalajara, Zapopan, parte de Tlajomulco y Tlaquepaque. El resto, de Tonalá, Juanacatlán, El Salto y otra parte de Tlajomulco, se distribuye en vertederos privados en Zapotlanejo e Ixtlahuacán de los Membrillos.
¿Cómo funciona la planta de transferencia oriente en Tonalá?
Funciona bien desde hace tres meses, procesando 800 a 1,000 toneladas diarias de Tonalá, El Salto, Juanacatlán y algunas empresas privadas. La agencia también regulará a estas empresas para integrarlas y generar recursos adicionales.
El SIAPA lleva 40 años gestionando el agua, un servicio vital. ¿Por qué no se había logrado un sistema metropolitano para la basura, siendo una metrópoli?
Durante tres décadas, cuatro partidos han gobernado la Área Metropolitana de Guadalajara, pero la falta de visión metropolitana predominó. En los 90, tras las explosiones de Guadalajara, el Consejo Ciudadano, presidido por Alberto Mora López, concesionó la basura a Caabsa por 30 años, seguido por Tonalá, Tlajomulco y El Salto. Esta comodidad permitió que Tonalá, con vertederos como Matatlán y Los Laureles, recibiera la basura metropolitana sin condiciones claras, causando un daño ambiental grave.
¿Fue un error de visión o incumplimiento de los alcaldes?
Fue comodidad. Algunos alcaldes de Tonalá evitaron conflictos con Guadalajara. Por ejemplo, un exalcalde permitió más basura en Matatlán a cambio de que Ramírez Acuña pavimentara Avenida Río Nilo. Esto no es negociación; es no defender el territorio. Tonalá sufrió las consecuencias de recibir más de 1,000 toneladas diarias a solo 15 km de Guadalajara.
Caabsa está obligada a invertir 341 millones en la remediación de Matatlán y Los Laureles. ¿Cómo se garantizará esto?
Es un compromiso firmado con fianzas, respaldado por el gobierno estatal. Caabsa tiene 24 meses para remediar ambos vertederos, con plantas tratadoras para lixiviados y ductos para gases. Si no cumple, los municipios y el estado ejecutarán las fianzas. Desde antes de la gestión de Lemus, presentamos denuncias ante la FGR por delitos ambientales, congelamos cuentas de Caabsa vía SAT y logramos que negociaran.
¿Cómo se resarcirá el daño ambiental en Tonalá, especialmente por los lixiviados en el río Santiago?
El daño es mayor y parcialmente irreversible. Aunque los vertederos cerraron hace año y medio, los lixiviados siguen contaminando el río Santiago. La remediación incluye tratar estos lixiviados y quemar gases 24/7. Consultaremos a 85,000 tonaltecas en Matatlán y 42,000 en Los Laureles (Tonalá y El Salto) para decidir el uso de las 140 hectáreas, como bosque urbano o reserva ecológica. Según la Secretaría de Medio Ambiente, la regeneración tomará 10 a 20 años.
¿Cuánta basura se depositó en Matatlán y Los Laureles?
Entre 9,000 y 11,000 millones de toneladas. Los Laureles, un terreno plano, ahora es un cerro de 68 metros de altura, una montaña de basura.
¿Qué lecciones deja esta experiencia?
Los gobernantes deben priorizar el medio ambiente sobre intereses económicos o compromisos. No podemos dejar la basura a empresas que solo buscan negocio. Espero que los próximos alcaldes fortalezcan la agencia, como el SIAPA, que, pese a sus fallos, garantiza el agua. Con el Mundial de Fútbol 2026 acercándose, la basura en las calles evidencia la falta de una cultura ciudadana y una ruta clara, que la agencia debe resolver.
Tlaquepaque votó en contra, comparando la agencia con the SIAPA. ¿Cómo respondes?
El síndico tiene razón: el SIAPA no es un buen ejemplo, pero son cosas distintas. La agencia tendrá voz y voto para los municipios en su consejo, a diferencia del SIAPA, que opera como una secretaría estatal. Debemos blindarla contra politización y colocaciones, como el modelo del Zoológico de Guadalajara, que funciona sin injerencia política.
ENTREVISTAS
Diputado Enrique Velázquez impulsa matrimonios temporales para garantizar la seguridad jurídica

Por Diego Morales Heredia //
Con la finalidad de reducir los altos índices de divorcios que hay en el estado y promover la seguridad jurídica que otorga la figura, el diputado de Hagamos en Jalisco, Enrique Velázquez, propuso los matrimonios temporales, en donde las parejas tendrían la unión en la temporalidad que deseen desde dos a cinco años, con la posibilidad de renovarlo cuantas veces quieran.
Esta iniciativa no es contra el matrimonio, ni contra la familia, aseveró el legislador, quien dio datos de la problemática en Jalisco, el año pasado se cerró con más de 40 mil divorcios, que representa el 70 por ciento del trabajo en los juzgados familiares. Además, el 21 por ciento de la población vive en unión libre.
“Es una forma de despresurizar el tema, de promover el matrimonio, el 21 por ciento de las parejas que viven en Jalisco están en unión libre, en una posición que no otorga ni recibes derechos, el matrimonio está fuera del estado para cualquier asunto. Esta es una figura que no existe en ningún lugar del mundo, hay algunas figuras en Europa, como en Francia, pero decidimos presentar el matrimonio temporal, por tiempo predeterminado”.
Aunque Jalisco tiene fama de ser un estado conservador, Enrique Velázquez argumentó que no es así, y la muestra está en las iniciativas que ha presentado durante su paso como diputado, por lo cual, espera que este tema avance, pues reiteró que no es contra el matrimonio, ni contra la visión de un amor para toda la vida, sino para dar una opción más a los ciudadanos.
“Nunca he creído que Jalisco sea conservador, hemos sido gobernados por los conservadores, eso sí. Pero, si platicas en las calles con la gente te das cuenta de que hay otra cosa. Aquí presenté la Libre Convivencia, el matrimonio igualitario, la donación de órganos, Jalisco es un estado que se cuece aparte. La Ciudad de México es muy liberal, pero después sigue Jalisco”.
LA ENTREVISTA
En la práctica, ¿cómo funcionaría esta iniciativa?
“Decides dos, tres, cinco años, y tienes la ventaja que está establecido qué pasa cuando tienes hijos, qué pasa cuando no los tienes, un crédito mancomunado, una hipoteca, quién se queda con el carro, el perro, dejas establecida la convivencia con los hijos, esto te evita un tema contencioso, engorroso, que los únicos que ganan son los abogados, el tiempo normal para divorciarte es de dos a cuatro años para resolverlo, esto te ahorraría tiempo, dinero y el estado te reconocería, estaríamos en otra condición para discutir los temas”.
¿Cómo sería el mecanismo legal para garantizar la unión y cómo funcionaría una posible disolución del matrimonio?
“Noventa días antes de que termine el contrato, lo que haces es ir al registro civil y avisar que quieras que siga el matrimonio por el tiempo que quieras, y si no vas, se termina y ya nada más lo que demandas ante un juez es el cumplimiento de un contrato”.
¿Qué les dice a los críticos que afirman que esto debilita el compromiso que puedan tener los ciudadanos en sus relaciones como pareja?
“Más debilitado que el matrimonio no puede ser. Lo que no entienden es que promuevo el matrimonio, soy un promotor del matrimonio, hay muchas personas en Jalisco en unión libre, que no pueden otorgar ni recibir derechos, te deja fuera de la prestación del estado y cuando hay hijos ellos lo pagan. Con un contrato con este, entra quien quiere, hay que darle promoción al matrimonio para toda la vida, pero hay gente que ya no quiere eso, que no le gusta eso, está demostrado que el 21 por ciento de las parejas vivan en unión libre habla de que hay mucha gente que no quiere firmar este contrato, aquí está una opción para el que sí quiere”.
¿Se contemplan las parejas del mismo sexo en la iniciativa?
“Sí, se legisla para todos”.
Las posturas más críticas afirman que propuestas como esta solo distraen de las necesidades más apremiantes en el estado como la seguridad y la transparencia. ¿Qué les dice a estas voces?
“Se me hace chistoso cuando dicen eso. Algo más importante que la seguridad jurídica de las parejas, algo más importante que la seguridad jurídica de los hijos, algo más importante que proteger el patrimonio de los ciudadanos, proteger una unión entre personas que es la base fundamental del estado, no hay nada más importante, no existe nada más importante que garantizar que se protejan a las personas en sus bienes, en sus personas, en su patrimonio. No lo han entendido, el problema es que cuando alguien ve un encabezado de matrimonio con caducidad, dicen que se acabó el amor, pero no, el amor se acaba de muchas maneras, lo importante es tener toda la protección del estado para fortalecer la unión y esta es una opción”.
¿En qué estatus se encuentra y cómo ve el futuro de la propuesta?
“La presentamos ante el Congreso de Jalisco hace quince días, se fue a comisiones, se hará un dictamen y la estaremos discutiendo en pleno en unos meses. Yo estoy casado hace 29 años, no busco un matrimonio temporal, pero la gente sí, tenemos notas de otros países, ha sido una nota internacional, ha movido en todos lados este tema, no porque haya sido un tema de caducidad, sino porque es una opción, a todos nos enseñaron que el matrimonio es para toda la vida, pero todos tenemos un amigo divorciado, todos sabemos eso, pero aún así en nuestra cabeza está que es para toda la vida, entonces si le calamos, si probamos algo diferente, quizá nos ponen el ejemplo de renovarlo o dejarlo morir”.
Una iniciativa que puede sentar un precedente a nivel mundial desde Jalisco…
“Totalmente, somos un ejemplo en temas de derechos, se debe sentar un precedente, estoy seguro de que va a pasar, tenemos 14 votos de los 20 que se requieren, se acaba de presentar y con el ruido que se ha hecho estoy seguro que se va a aprobar”.
¿Ya consultó con colectivos u organizaciones para evaluar el impacto que tendría en la sociedad?
“Hay que discutirla mucho, respetar a quien esté de acuerdo, a quien tenga otras opciones. Nunca imaginé tanto éxito en la iniciativa, el problema de los conservadores cuando dices algo que no les gusta lo tachan de estupidez, pero invité a todos, no hay argumentos, dicen que se va a acabar la familia, pues está acabada hay muchos divorcios, algo se está haciendo mal que la gente está fuera de la protección del estado. Quiero que la gente esté casada, que los niños tengan garantía en sus derechos, que dejen de ganar solo los abogados en estos procesos”, puntualizó.
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