JALISCO
Criminalizar a los varones por ser hombres: Denuncian «falacia vicaria», las leyes feministas atentan contra la integridad del hombre

Por Francisco Junco //
La iniciativa de ley en materia de igualdad sustantiva de derechos de las mujeres que pretende imponer Morena, en Jalisco, a través de la diputada Candelaria Ochoa, no se trata de una ley feminista, es una iniciativa que atenta, no sólo contra la integridad del hombre, sino también de los menores de edad, niños y adolescentes, así lo afirmó Rodolfo Ruiz Vega, representante de las asociaciones Ex Hijos, Colectivo Nacional de Mujeres por la Igualdad, Unión Mundial Lat-AM, e Infancia Primero, entre otras.
“El interés superior de los niños, niñas y adolescentes en el Estado de Jalisco debe prevalecer sobre cualquier decisión que quieran tomar los legisladores aquí en nuestro Jalisco. Los niños son primero y con los niños no. Y es que no sólo trata de leyes feministas que atentan contra la integridad del hombre, sino también de los niños, niñas y adolescentes”, explicó para Conciencia Pública, el representante legal de estos colectivos.
Y es que, ya desde el año pasado, agregó, se legisló violencia a través de interpósita persona, igual que a nivel federal, es decir, no se legisla la ley Vicaria, en la Ley General de acceso a todas las mujeres a una vida libre de violencia, quedando en el Código Civil y Código Penal como una agravante del delito de violencia familiar.
“Estableció la ley de protección a las mujeres del Estado de Jalisco un procedimiento que se llama recuperación inmediata, que de inmediata no tiene nada, porque tiene varios vicios. Para empezar, tienen que hacer la denuncia en el Ministerio Público, el MP debe otorgar la medida de protección y pedirle a un juzgado de lo familiar que lleve a cabo esa recuperación inmediata. Pero simplemente, si una escucha de un niño, tarda de cinco a hasta diez años, imagínense ahora. No tienen ni personal, no tienen presupuesto, y además, como en muchos casos, los protocolos de restitución internacional marcan, que si el menor corre peligro, con la persona que se va a restituir, la diligencia se para y se debe proteger al niño”.
Diversos colectivos en favor del derecho superior de las infancias, se manifestaron el pasado miércoles, 19 de marzo, para protestar contra la iniciativa de la morenista Candelaria Ochoa, en lo que denominaron la jornada contra la Falacia Vicaria, donde por segunda ocasión clausuraron, de manera simbólica, el Palacio de Gobierno del Estado, ya que no han sido recibidos por el ejecutivo para ser escuchados, el primer llamado a las autoridades fue el pasado 5 de febrero, bajo la consigna “Soy papá, no criminal”.
También acudieron a la sede del Congreso del estado, donde fueron recibidos por la diputada Celenia Contreras de Movimiento Ciudadano, quien fue una de las diputadas que votó en contra de la Ley de Infancias Trans, para acordar varias reuniones de trabajo con el objetivo de fortalecer una propuesta en favor de la niñez, una ley justa pensando en padres y niños.
“Le pedimos al Gobernador, Pablo Lemus y a todos los diputados del Congreso del Estado de Jalisco, que legislen con perspectiva de infancia y adolescencia. Queremos decirle que los hombres y los niños también contamos y que no somos ciudadanos de segunda”, señaló el representante legal.
En rueda de prensa, los colectivos mostraron su preocupación por la aprobación de la iniciativa de Violencia Vicaria, ya que en “el fondo, lo que se pretende es que hay que exterminar al hombre. Y no se los digo en broma”.
“Están a punto de lanzar dos iniciativas aquí en Jalisco, además de la Violencia Vicaria, la denominada Ley Alina, que determinan que ninguna mujer va a volver a pisar la prisión por ningún delito cometido y que el único castigo que van a recibir es prisión domiciliaria. Les van a otorgar impunidad legal o licencia para matar”, externó Rodolfo Ruiz.
“Esto”, explicó el abogado, “si se aprueba la Violencia Vicaria en Jalisco, significa que vamos a inaugurar el primer delito de derecho de autor, es decir, no vas a ser juzgado por la conducta que realizaste, sino simplemente por ser hombre. Porque es el primer delito que se va a legislar en Jalisco que establece que solamente los hombres pueden cometer este delito en contra de las mujeres, lo cual es completamente falso”.
Agregó que son varios padres de familia que son ejemplo de la mentira Vicaria, “estamos hablando de padres y familias paternas que llevan años, de dos a ocho, a diez, a quince años, que no han vuelto a ver a sus hijos, que sus hijos los odian porque les metieron en su cabeza, en sus sentimientos, que son malos padres. Y no es así”.
“Un padre que está luchando en juzgados por convivir con sus hijos no es violencia contra la mujer, sin embargo lo van a criminalizar, van a establecer como delito que un hombre que pida convivencias con sus hijos es un crimen. Pero además también van a criminalizar a todas las mujeres de la línea paterno filial. No es cierto que protege a la mujer, también va a ser el primer delito que criminaliza a la mujer solamente por pertenecer a la línea paterno filial”, detalló las consecuencias de aprobarse la Ley Vicaria.
Además, señaló que, incluso los medios de comunicación, reporteros y periodistas, también se pueden convertir en agresores vicarios, porque en el momento que se difunda una noticia de un padre obstruido, de un niño maltratado, y citó como ejemplo el caso del menor Romo, un joven de 13 años que su único crimen es querer vivir con su papá y pedirle protección a éste.
Rodolfo Ruiz y Christian Montenegro
“Su papá lo único que hizo fue acudir legalmente a un juzgado a solicitar medidas de protección, no para él, para sus hijos. Ocho años de litigio y ocho años que no se resuelve. En este inter, de esos ocho años, a sus hijos se los llevaron a la fuerza, 40 elementos de Fiscalía de Desaparecidos”.
“Es una vergüenza que se use al Estado y a elementos de la Fiscalía para llevarse a un niño de 13 años, un adolescente hoy, a la fuerza y que además sea silenciado porque no se le está escuchando. Lleva más de tres escuchas de menores, lleva más de tres periciales donde él claramente pide ayuda y quiere vivir con su papá. No se tiene nada contra la mamá pero simplemente es la voluntad de un joven que pide vivir con su papá porque él no se le escucha”, resaltó.
Alejandro Flores, en la rueda de prensa, apuntó que hay muchos padres de familia responsables, que están tratando de revincularse con sus hijos, pero que este tipo de medidas lo único que hacen es alejar a los padres en los hogares en México.
“Existe el reclamo social de padres ausentes, qué ¿dónde están los padres? Pues aquí están esos padres, están siendo obstruidos jurídica e institucionalmente para poder estar presentes en la vida de sus hijos”, reclamó.
“Los datos son claros, los niños que crecen sin estas figuras paternas presentes, son niños que tienen muchísimas más probabilidades de desarrollar un problema de alcoholismo, de drogadicción, de caer en situaciones de pandillerismo, ahora de crimen organizado. Hay ocho veces más probabilidades de que una pequeñita que creció sin su papá desarrolle un embarazo infantil, que una que sí tuvo a su papá en el seno familiar”, señaló.
Agregó que la sociedad tiene que comenzar a exigir que el Estado empiece a salvaguardar este vínculo, con el que comenzará un verdadero cambio en materia de violencia.
“Las raíces de la violencia están, desde que no estamos defendiendo la unidad familiar, desde que estamos incentivando los pleitos jurídicos, desde que estamos incentivando que los padres no puedan ver a sus hijos. Si nosotros podemos fortalecer la familia, regresar a esa base de la unidad social, fortalecerla como institución y darles a estos padres las herramientas que necesitan para estar presentes en la vida de sus hijos, en dos, tres generaciones podemos empezar a ver cambios drásticos en la cultura y bajas en los índices de violencia de manera muy puntual”, sugirió.
CAMBIAR DE GÉNERO COMO SOLUCIÓN
Hasta el momento, en Jalisco, la única manera de contrarrestar esta ley, que va contra los padres, es cambiar el género en su documentación oficial, como es el caso de la ahora “doctora” Cristian Montenegro, un doctor en Derecho y Justicia Pública y Política Social, quien explicó, para Conciencia Pública, que hay que llegar al extremo de cambiarse de género, para estar en igualdad de condiciones, ante la excesiva protección a la mujer, que provoca criminalizar al hombre simplemente por ser hombre.
“Sí, he visto en diversos estados que ha sido de la única manera. Desafortunadamente los mismos legisladores, sobre todo en el estado de Jalisco, han obligado y orillado a que los jaliscienses hagan esto. Jalisco es de los estados en donde más varones cambian de género a mujer”, explicó.
Señaló que solamente en esta entidad son 486 mil varones que se cambian a mujer, mientras que en el país van más de un millón de varones que toman esta medida.
“Es que ante la inclinación excesiva hacia la mujer, criminalización al hombre y por supuesto es que es la única vía que están dejando para poder defenderse. No es la más apta pero, ahorita, desafortunadamente es la única”, lamentó “la doctora Cristian”.
Señaló que esta medida, sí ha dado resultados concretos, en materia familiar, aseguró, hay muchas personas que han recuperado a sus hijos, y logrado convivencias con ellos.
“Pero, incluso, también han empezado a colapsar el sistema en materia laboral. Muchos varones, que al cambiar, se jubilan cinco años antes de sus trabajos. Empiezan a acceder a los programas de apoyos sociales. Entonces, sobre todo en Jalisco que tienen el tema del predial rosa. También han existido ya los descuentos. Entonces, es una medida extrema. Sin embargo, sí ha empezado a dar resultados”, apuntó.
Cristian Montenegro subrayó que estos casos comenzaron por la perspectiva de la violencia vicaria, cuando empiezan a radicalizarse con el tema del movimiento vicario, encontraron que esta era la fórmula para protegerse y dijo que, “como se quiere legislar, donde la única violencia que se ejerce es la del hombre a la mujer. Al momento que todos son mujeres, entonces ya no hay materia de este delito”.
Al ser cuestionado sobre el porcentaje de éxito, que han tenido los hombres, que se cambian de género, para lograr convivir con sus hijos, “la doctora” aseguró, el año pasado, el 95 por ciento de los padres que no podían ver a sus hijos, solamente por el cambio han logrado reunirse con sus hijos.
“Es increíble. Pero, sí, incluso hasta los mismos funcionarios de los centros de convivencia cambian la actitud. Al saber que ya se cambió a mujer. Es ridículo totalmente. Pero son los extremos en los que nos han obligado las autoridades a llegar”.
Para finalizar, “la doctora”, invitó a los padres que se encuentran en esta situación a buscar está solución, que aunque no es la más óptima, pero es de las únicas salidas, cambiar el género, ante la falta de sensatez de grupos radicales y de la diputada morenista y feminista, Candelaria Ochoa, que quiere criminalizar a los varones solamente por ser hombres.
En la rueda de prensa, apuntó que en Jalisco ya hay una ley que es la violencia a través de interpósita persona, y cuestionó el por qué este grupo radical feminista está aferrado a seguir queriendo legislar el tema de la Ley Vicaria, si al final ya tienen algo que protege la violencia utilizando a los hijos.
“Porque únicamente quieren criminalizar a los varones y quieren elevar una categoría, en el cual, el que tú quieras ver a tus hijos, es equivalente a que seas un asesino, un extorsionador o una persona que rapta personas. Porque quieren de 10 a 15 años de prisión simplemente por el hecho que tú quieras ver a tus hijos. A ese nivel quieren hacerlo en Jalisco. Y si se permite aquí, en automático vamos para todo el país igual”, señaló.
“Jalisco es el epicentro donde se ve la violencia institucionalizada, en donde porque naciste hombre ya eres un criminal. No permitan ustedes, ciudadanos jaliscienses, esto. Alcen la voz con sus gobiernos. Y si ya tienen una ley, ¿para qué ver otra o más? Porque simplemente te quieren exterminar y quieren eliminar la masculinidad”, puntualizó.
ENTREVISTAS
Fuerte cabildeo para aumentar tarifas del SIAPA: ¿Es para el mantenimiento o para nuevos fraccionamientos?

Por Mario Ávila //
La propuesta de incrementar un 12.5% la tarifa del agua potable en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) para 2025, impulsada por la fracción de Movimiento Ciudadano en el Congreso de Jalisco, ha desatado controversia. Según el doctor Javier Hurtado González, expresidente del Colegio de Jalisco y politólogo, este ajuste no estaría destinado a mejorar la infraestructura ni la calidad del servicio del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), sino a financiar la expansión de redes para abastecer a los nuevos fraccionamientos del denominado “cártel inmobiliario”.
Hurtado cuestiona la justificación oficial del aumento, que habla de necesidades como el mantenimiento de tuberías, la mejora en la calidad del agua y la solución a los cortes de suministro. “Están metiendo otras cosas”, afirma. “Tengo la sensación, aunque podría equivocarme, de que nos hacen pagar a los contribuyentes cautivos las redes nuevas y los costos de instalación para llevar agua a estos desarrollos inmobiliarios”. Para el académico, los usuarios cumplidos terminan subsidiando a los morosos y cubriendo gastos que deberían recaer en los constructores.
Una deuda que ahoga al SIAPA
El SIAPA arrastra una deuda de 17,900 millones de pesos, un monto que, según Hurtado, se triplicó durante el gobierno de Enrique Alfaro (2018-2024). Cuando Aristóteles Sandoval entregó la administración en 2018, la deuda rondaba los 6,000 millones. Esta escalada, explica Hurtado, es producto de una baja eficiencia recaudatoria, la existencia de grandes deudores y la resistencia de usuarios que dejan de pagar como protesta por un servicio deficiente. “El consumidor normal muchas veces no paga porque no recibe agua en la cantidad ni calidad requerida, y así crece la deuda”, señala.
El incremento propuesto del 12.5% generaría unos 650 millones de pesos, apenas el 4% de la deuda total. Hurtado lamenta que los usuarios responsables no solo paguen por los morosos, sino que también asuman los costos de ampliar la red para nuevos fraccionamientos. “Que se lo cobren a los desarrolladores”, sentencia, al tiempo que denuncia la opacidad en las cuotas de conexión, donde recursos a menudo no llegan a las arcas del SIAPA debido a prácticas corruptas.
Javier Hurtado
Un organismo politizado
Hurtado, quien acompañó a Sandoval en reuniones del SIAPA, apunta a un problema estructural: aunque el organismo es teóricamente intermunicipal, en la práctica funciona como una extensión del Poder Ejecutivo. “El director no lo eligen los ayuntamientos, lo nombra el gobernador”, explica. Esto convierte al SIAPA en un “botín político”, con designaciones que priorizan lealtades sobre profesionalismo. Ejemplo de ello, recuerda, fue el gobierno de Emilio González Márquez, cuando familiares del entonces gobernador ocuparon cargos clave sin experiencia técnica.
Esta politización, según Hurtado, explica en parte la deuda impagable y la ineficiencia. “Ponen negociantes, no profesionales, y el SIAPA siempre ha sido visto como una agencia de colocaciones para el gobernador en turno”, critica. La falta de autonomía municipal agrava el problema, ya que las decisiones suelen reflejar los intereses del gobierno estatal o del municipio con mayor peso, como Guadalajara.
Perspectiva legislativa
La diputada Gabriela Cárdenas, presidenta de la Comisión de Hacienda del Congreso, defiende el aumento del 12.5% como un primer paso para rescatar al SIAPA. Argumenta que las tarifas no se han actualizado en años y que el rezago en pagos ha generado un “círculo vicioso” de mala calidad y falta de inversión. Cárdenas estima que el organismo requiere 8,000 millones de pesos anuales durante tres décadas para garantizar el suministro, además de promover financiamiento público-privado para proyectos hídricos estratégicos.
No obstante, Hurtado ve con escepticismo la viabilidad del aumento, dado el respaldo que la bancada de Morena parece ofrecer a Movimiento Ciudadano. “Morena está jugando una posición de comparsa del gobierno en turno”, asegura, sugiriendo una falta de oposición crítica que podría facilitar la aprobación del ajuste sin un debate profundo.
Acciones pendientes
El tema del aumento quedó en suspenso, pues el Congreso entró en receso del 11 al 28 de abril. Sin embargo, el viernes 11 de abril se aprobó un punto de acuerdo para que la Secretaría de Gestión Integral del Agua, la Comisión Estatal del Agua, el SIAPA, la Secretaría de Salud y la COPRISJAL analicen la calidad del agua en pozos y plantas potabilizadoras de la ZMG. Este paso, aunque necesario, no aborda directamente la deuda ni las acusaciones de Hurtado sobre el desvío de recursos hacia el sector inmobiliario.
Conclusión
El incremento del 12.5% a la tarifa del agua en la ZMG plantea un dilema: ¿es una solución para rescatar al SIAPA o una carga más para los usuarios en beneficio de intereses privados? Las críticas de Javier Hurtado señalan una verdad incómoda: mientras la deuda del organismo crece y la politización persiste, los ciudadanos cumplidos pagan el precio de un sistema ineficiente. La transparencia en el uso de los recursos y un cobro justo a los desarrolladores inmobiliarios son pasos urgentes para devolverle al SIAPA su propósito: servir a la población, no a los privilegios de unos pocos.
¿QUIENES DEFIENDEN EL AUMENTO A LA TARIFA DEL SIAPA?
La propuesta de incrementar la tarifa del agua potable del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) en un 12.5% para 2025 en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) ha sido defendida principalmente por los siguientes actores:
- Fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano (MC) en el Congreso de Jalisco:
- La bancada de MC, impulsa el aumento como una medida necesaria para rescatar al SIAPA de su crisis financiera, que arrastra una deuda de 17,900 millones de pesos. Argumentan que la actualización tarifaria permitirá financiar infraestructura, mejorar el servicio y enfrentar el rezago en mantenimiento.
- Diputada Gabriela Cárdenas, presidenta de la Comisión de Hacienda del Congreso:
- Cárdenas ha sido una de las voces más visibles en defensa del ajuste. En abril de 2025, afirmó que las tarifas no se han actualizado en años, lo que ha generado un “círculo vicioso” de mala calidad en el servicio y falta de recursos. Según ella, el aumento del 12.5% es un primer paso para garantizar el suministro a largo plazo, estimando que el SIAPA requiere 8,000 millones de pesos anuales durante tres décadas para ser sostenible. También aboga por financiamiento público-privado como complemento.
- Gobierno de Jalisco, encabezado por Pablo Lemus:
- Aunque Lemus no ha liderado directamente la defensa del aumento, su administración respalda la propuesta a través de instancias como la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIA) y la Comisión Estatal del Agua (CEA). Funcionarios estatales han señalado que el incremento es crucial para evitar el colapso financiero del SIAPA y mejorar la infraestructura hídrica en la ZMG.
- Algunos alcaldes de la ZMG:
- Presidentes municipales de Movimiento Ciudadano, como Juan José Frangie (Zapopan) ha apoyado indirectamente el ajuste al participar en foros donde se discute la crisis del SIAPA. Su respaldo se centra en la necesidad de recursos para mantener el servicio en municipios con alta demanda.
- Contexto y matices
- Consenso legislativo: Según el politólogo Javier Hurtado González, la bancada de Morena en el Congreso ha mostrado una postura complaciente, actuando como “comparsa” de MC, lo que facilita la posible aprobación del aumento. Esto-esto es, no se han registrado críticas públicas destacadas de Morena contra el incremento, lo que sugiere un apoyo tácito o falta de oposición significativa.
- Apoyo implícito de organismos empresariales: Aunque no hay declaraciones directas, cámaras como la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) y la Cámara de la Industria de la Construcción (CMIC) suelen respaldar medidas que estabilicen servicios públicos, ya que benefician el desarrollo económico. Es probable que apoyen el aumento si se traduce en mejor infraestructura hídrica.
Críticas y falta de oposición clara
Mientras que el académico Javier Hurtado ha criticado el aumento, argumentando que beneficia al “cártel inmobiliario” más que a los usuarios, no se identifican figuras específicas que lideren una defensa opuesta en el debate público. La falta de una resistencia organizada puede deberse al receso legislativo (del 11 al 28 de abril de 2025) o a la percepción de que el tema es políticamente sensible, lo que limita posturas públicas en contra antes de que se retome en el Congreso.
APOYA CICEJ AUMENTO A LAS TARIFAS DEL SIAPA
El Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco (CICEJ) respalda la propuesta de incrementar un 12.5% las tarifas del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) para 2025 en la Zona Metropolitana de Guadalajara, conforme la posición asumida por su presidenta Mirna Aideé Avilés.
El incremento, ha argumentado la presidenta del CICEJ, permitirá lasostenibilidad financiera del organismo, que enfrenta una deuda de 17,900 millones de pesos y requiere recursos para cubrir costos operativos, mantenimiento, administración y rehabilitación de la infraestructura hidráulica existente, incluyendo amortizaciones y depreciaciones de activos.
El CICEJ argumenta que las tarifas actuales no son suficientes para atender las necesidades del SIAPA, como la renovación de la red de distribución, la mejora del abasto y la reducción de la mala calidad del agua, considerando que el organismo tiene un presupuesto de 1,200 millones de pesos para infraestructura en 2025. Sin embargo, esta postura ha generado críticas, con algunos sectores, como usuarios en redes sociales, acusando al colegio de avalar el aumento sin justificar plenamente la calidad del servicio actual.
JALISCO
Un comienzo con luces y sombras de Lemus en tragedia de desaparecidos

Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //
La crisis de desapariciones en México, y particularmente en Jalisco, es una herida abierta que refleja la descomposición del tejido social y la incapacidad del Estado para garantizar la seguridad y la justicia con gobernantes que han evadido su responsabilidad, minimizando el grave problema.
La llegada de Pablo Lemus al Gobierno de Jalisco despierta una mezcla de esperanza y escepticismo en un estado que carga con la vergüenza de ser líder nacional en desapariciones, con más de 15,000 personas perdidas en las sombras.
Lemus ha dado pasos iniciales que, al menos en el discurso, reconocen la gravedad del problema, algo que su predecesor, Enrique Alfaro, evitó con frases desafortunadas que culpaban a las víctimas, culpando a los medios de magnificar el problema.
La creación de la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas Desaparecidas, aprobada en octubre de 2024 y jefaturada por Edna Montoya Sánchez, es una señal de intenciones. Promete centralizar esfuerzos, integrar tecnología forense y coordinarse con colectivos de buscadores, como Guerreros Buscadores de Jalisco. Reuniones con líderes como Indira Navarro, quien ha encontrado más fosas que muchas fiscalías, muestran una apertura que contrasta con el cerco de la administración anterior.
Sin embargo, las promesas no son nuevas. En 2018, Alfaro también anunció una “estrategia integral” que nunca llegó a puerto. La secretaría de Lemus, aunque bien intencionada, nace con dudas: el presupuesto de 65 millones 200 mil pesos se ve muy bajo si se trata de enfrentar y buscar solución al principal problema de Jalisco.
¿Evitará la burocracia que asfixia a la Comisión de Búsqueda? El anuncio de mesas de trabajo con la Universidad de Guadalajara y la FEU es positivo, pero suena a eco de iniciativas pasadas que se diluyeron en foros sin impacto.
Más preocupante es la falta de claridad sobre cómo enfrentará a la criminalidad tan poderosa en la entidad. Su respaldo a la investigación federal sobre el campo de entrenamiento y supuesto crematorio en el Izaguirre Ranch de Teuchitlán en marzo de 2025 sugiere disposición a colaborar con la Federación, pero delegar responsabilidades no basta en un estado donde la complicidad local es un secreto a voces.
Recursos, pero con condiciones
Jalisco no es cualquier estado. Con un presupuesto de 174 mil millones de pesos en 2024 y una economía pujante, Lemus tiene los medios para marcar una diferencia, pero solo si los usa con audacia. Puede transformar la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, hoy un elefante blanco, con investigadores capacitados y libres de nexos con el crimen.
Puede invertir en un Centro Regional de Identificación Humana, como el de Coahuila, para procesar los restos de las más de 1,000 fosas clandestinas halladas en el estado desde 2018. Puede, también, liderar un esfuerzo legislativo que garantice derechos a las familias de los desaparecidos, desde permisos laborales hasta fondos de reparación, algo que estados como Chihuahua han implementado con éxito.
Un plan sin excusas
Si Pablo quiere ser recordado como el gobernador que enfrentó la crisis de desaparecidos, debe actuar con medidas concretas y medibles, no con discursos. Primero, dotar a la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de al menos 500 millones de pesos anuales, suficientes para contratar forenses, analistas de inteligencia y equipo de geolocalización. Esta secretaría debe rendir cuentas trimestrales, con metas claras: localizar 1,000 personas vivas o restos identificados en dos años. Los colectivos, que han hecho el trabajo del Estado, deben tener un asiento permanente en su consejo asesor, no solo reuniones protocolarias.
Auditar la Fiscalía Estatal y la Comisión de Búsqueda. Casos como el de Teuchitlán, donde colectivos hallaron restos ignorados por las autoridades, son una bofetada a la confianza ciudadana. Depurar a funcionarios corruptos o negligentes es impostergable.
Crear un fondo estatal de 100 millones de pesos para las familias de los desaparecidos, cubriendo asistencia psicológica, legal y económica, como lo pidió Blanca Yolanda, cuyo caso sigue sin respuesta desde 2024.
Las buscadoras, como Indira Navarro, necesitan escoltas en zonas de riesgo, tras episodios como la emboscada de Tlajomulco en 2023 que dejó seis policías muertos. Quinto, impulsar una campaña estatal que use estadios, escuelas y medios para educar y movilizar. Los Charros de Jalisco podrían dedicar juegos a las víctimas, y los artistas locales, como Alejandro Fernández, podrían sumarse a un mensaje de unidad.
El papel de la sociedad
La sociedad también tiene un rol. He visto cómo la indiferencia ciudadana perpetúa estas tragedias. Lemus debe convocar a los jaliscienses a romper el silencio, denunciando anónimamente fosas o apoyando a colectivos. Pero no puede cargar solo con la responsabilidad: la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que dirige Luz del Carmen Godínez, designada en los tiempos del gobernador Enrique Alfaro, que ha sido tibia en el tema de los desaparecidos, debe asumir una actitud responsable y comprometida con las víctimas y un rol más protagónico, ya que se requiere su voz a favor de la justicia y poner un alto a esta tragedia que tanto dolor ha ocasionado entre las familias jaliscienses.
Pablo tiene mucho por hacer y sin duda este tema de los desaparecidos es su principal desafío: si logra resolverlo pasará a la historia como el mejor gobernador de los nuevos tiempos, un gobernador comprometido y responsable. Eso es lo que anhelan los jaliscienses, que hable menos y actúe con más determinación, con metas y resultados tangibles y medibles.
JALISCO
Verónica Delgadillo y el «Pacto Limpia Guadalajara»: El reto es la sostenibilidad a largo plazo

Por Raúl Cantú //
La gran apuesta de la alcaldesa de Guadalajara es “Pacto Limpia Guadalajara”, un programa que presentó en días pasados desde la Canaco Guadalajara y que tiene como punto medular la corresponsabilidad ciudadana como una estrategia integral para abordar la crisis de recolección de basura y transformar a la ciudad en un modelo de limpieza y sostenibilidad.
La alcaldesa tapatía recordó que desde el 16 de diciembre pasado se dio como plazo tres meses para estabilizar el servicio de recolección de basura, luego de decidir no renovarle el servicio de concesión de recolección de desperdicios sólidos a la empresa Caabsa Eagle, que tenía tres décadas de prestar el servicio de aseo público en Guadalajara.
La segunda etapa de Limpia Guadalajara arranca con el programa Escuadrones de la Limpieza, un grupo conformado por 30 trabajadores operativos, a bordo de una camioneta de tres toneladas, con la cual se harán labores de limpieza, bacheo en frío, hidrolavado, borrado de graffitti, recolección de basura, y mantenimiento de áreas verdes.
Serán once escuadrones divididos en cada una de las comunidades de Guadalajara.
Los dos primeros escuadrones que entrarán en operación serán los de la Comunidad Centro y Alameda. En dos meses estarán habilitados el resto.
El Pacto Limpia Guadalajara fue firmado por 50 liderazgos de diversos sectores empresariales, culturales, integrantes de organizaciones ambientales, deportistas, medios de comunicación, partidos políticos y sindicatos, entre otros.
“La agenda de la limpieza está íntimamente relacionada con la de seguridad (…) los espacios sucios y abandonados, además de hacernos sentir inseguras e inseguros”, acotó.
“Una Ciudad limpia es altamente competitiva, una ciudad en el abandono no tiene la posibilidad de atraer inversión que genera riqueza, derrama económica y que, además, genera desarrollo y buen empleo”.
Los logros registrados en estos últimos tres meses los destacó la presidenta municipal en esta reunión en la Canaco Guadalajara ante cientos de invitados, vecinos, representantes de organizaciones de la sociedad civil, rectores de las universidades públicas y privadas, activistas, deportistas, líderes sindicales, representantes de organizaciones religiosas, partidos políticos, y funcionarios públicos de diversos órdenes de gobierno quienes cerraron filas en torno a una causa común en Guadalajara: la limpieza de la ciudad.
Los logros destacados fueron los siguientes:
Reducción de reportes: En el primer cuatrimestre de Limpia Guadalajara (diciembre 2024-marzo 2025), los reportes por fallas en recolección cayeron un 70%, de 10,166 (último cuatrimestre de Caabsa) a 1,717. Esto refleja una mejora significativa en cobertura y eficiencia.
- Operatividad: En abril de 2025, el servicio opera al 95% de cumplimiento, según Delgadillo, aunque reconoce que algunas colonias, como Lomas de Huentitán y Hermosa Provincia, aún enfrentan rezagos.
- Estabilización parcial: Aunque el plazo de tres meses para estabilizar el servicio (dado el 16 de diciembre de 2024) venció en marzo de 2025, Delgadillo afirmó que la ciudad está cerca de garantizar horarios fijos para las rutas, mejorando la predictibilidad para los ciudadanos.
- Reconocimiento laboral: La alcaldesa cambió la narrativa de “los de la basura” a “los de la limpieza”, destacando la labor de los trabajadores y asegurando que el OPD protege sus derechos laborales, a diferencia de las condiciones precarias bajo Caabsa.
Críticas y desafíos
- Expectativas vs. realidad:
Aunque los reportes han disminuido, usuarios en redes sociales señalan que colonias periféricas aún enfrentan acumulación de basura ocasional. La promesa de una ciudad “sin basura en las calles” para el Mundial de 2026 (Guadalajara será sede del FIFA Fan Festival) parece ambiciosa frente a los retos logísticos.
La transición inicial fue caótica, con irregularidades en diciembre de 2024 debido a la falta de experiencia municipal tras 30 años de concesión.
- Falta de sanciones claras:
La propuesta de apercibimientos para quienes ensucien la ciudad ha generado dudas. Posts en X preguntan si habrá multas o detenciones, pero Delgadillo no ha especificado medidas punitivas, lo que podría limitar el impacto de la campaña de concientización.
- Costo financiero:
La adquisición de camiones y la creación del OPD representaron una inversión significativa, y algunos regidores de oposición, como Juan Alberto Salinas (Morena), han cuestionado la transparencia en la gestión de recursos. Acusaciones de que el municipio asumió pasivos laborales de Caabsa (480 empleados) sin claridad han avivado el debate.
- Participación ciudadana:
Aunque el pacto involucra a diversos sectores, críticos argumentan que la corresponsabilidad no debe eximir al gobierno de su obligación principal. La frase “todas las manos son bienvenidas” podría interpretarse como una transferencia de responsabilidad a los ciudadanos si los escuadrones no cumplen.
- Sostenibilidad a largo plazo:
La reducción de residuos requiere cambios estructurales, como incentivos al reciclaje y regulación de empaques, que no se han detallado. Sin estas medidas, el programa podría quedarse en acciones superficiales, como limpieza reactiva.
Fortalezas del programa
- Liderazgo proactivo: Delgadillo asumió un riesgo político al terminar con Caabsa, una decisión que ningún predecesor se atrevió a tomar. La creación del OPD y los escuadrones demuestra una visión integral que combina infraestructura, organización y comunidad.
- Énfasis cultural: La campaña de corresponsabilidad apela al orgullo tapatío, un enfoque emocional que puede movilizar a la ciudadanía. La inclusión de líderes vecinales y sectores diversos fortalece la legitimidad del pacto.
- Resultados iniciales: La caída del 70% en reportes y la operatividad al 95% son logros tangibles en un contexto de transición compleja.
Debilidades:
- Plazos optimistas: La estabilización en tres meses no se cumplió del todo, lo que podría erosionar la confianza si persisten fallas en colonias marginadas.
- Falta de profundidad en sostenibilidad: El programa se centra en limpieza inmediata, pero no aborda con claridad la gestión de residuos a largo plazo, como la reducción de plásticos o la creación de plantas de reciclaje.
- Riesgo político: La percepción de que el gobierno carga la responsabilidad a los ciudadanos podría generar rechazo, especialmente si los escuadrones no mantienen el ritmo inicial.
Oportunidades:
- La preparación para el Mundial de 2026 ofrece un incentivo para acelerar mejoras, visibilizando a Guadalajara internacionalmente.
- La colaboración con municipios como Zapopan (relleno de Picachos) y la propuesta de Pablo Lemus para una Agencia Metropolitana de Gestión de Residuos podrían escalar el modelo a nivel regional.
Amenazas:
- La deuda del SIAPA (17,900 millones de pesos) y la presión por financiar servicios públicos podrían limitar los recursos para Limpia Guadalajara.
- La politización del tema, con críticas de Morena y otros partidos, podría complicar el consenso necesario para sostener el programa.
Los desafíos
El Pacto Limpia Guadalajara de Verónica Delgadillo es una apuesta ambiciosa para transformar la gestión de residuos en la ciudad, combinando infraestructura propia, organización comunitaria y un cambio cultural.
Los escuadrones de la limpieza, la creación del OPD y la reducción de reportes son avances significativos, pero el éxito dependerá de mantener la eficiencia, aclarar sanciones y profundizar en estrategias de sostenibilidad.
Frente a una ciudadanía escéptica tras décadas de promesas incumplidas, Delgadillo debe demostrar que su visión no es solo un triunfo político, sino un cambio real para las tapatías y tapatíos.
Con el Mundial de 2026 en el horizonte, el programa tiene el potencial de convertir a Guadalajara en un referente, pero solo si supera los retos operativos y logra que la corresponsabilidad sea un esfuerzo compartido, no una carga desigual.
EL APOYO DE LÍDERES AL PACTO LIMPIA GUADALAJARA
El presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara, Javier Arroyo Navarro, firmó el acuerdo.
“El sector empresarial no es, ni puede ser ajeno a esta realidad. Somos parte activa de la dinámica urbana y, por tanto, también somos corresponsables de su bienestar”, afirmó.
El Rector de la Universidad Panamericana, campus Guadalajara, Abraham Mendoza, expresó que con la firma de este acuerdo también se fortalecen aspectos de civismo como un valor compartido, así como una educación con sentido de pertenencia y hábitos que integran el saber con el hacer. Anunció que la comunidad universitaria se sumará con talento de investigación y en campo.
“Queremos que nuestros estudiantes participen en programas de voluntariado, de servicio social, porque entendemos que educar también es involucrarse y que se trabaja en el territorio”, expresó.
Sofía Chávez, representante de Casa CEM, afirmó que Guadalajara tiene la oportunidad de lograr una gestión integral de residuos.
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