JALISCO
Jalisco cierra el año con cifra récord en estadística delictiva: 2 mil 217 desapariciones de personas en 2022
Por Mario Ávila //
México termina 2022 superando la cifra de las 109 mil 171 personas desaparecidas, una realidad que obliga a los colectivos de familiares a salir a buscar a sus seres queridos en la tierra con el temor de perder su propia vida en este intento, ante la pasividad de las autoridades.
Jalisco, es el estado con mayor número de casos, con 15 mil 039 al corte del 17 de noviembre, seguido por Tamaulipas con 12 mil 460 y el Estado de México con 11 mil 880 casos.
De este liderazgo nacional, nada habla el mandatario jalisciense Enrique Alfaro Ramírez, pese a haber alcanzado en su gobierno, casi el 15% de las desapariciones totales en el país, que en los últimos cuatro años, es decir, en lo que va de su sexenio se han sumado 7 mil 780 casos.
Jalisco, con 2 mil 217 desapariciones cierra de mala manera el año 2022 e impone una cifra récord en esta estadística delictiva, sin tomar en cuenta la cifra negra, es decir, los delitos que se cometen y no se denuncian.
Esta tragedia para la ciudadanía ha empeorado drásticamente en los últimos años, particularmente en el gobierno de Enrique Alfaro, ya que las cifras han crecido hasta en un 400% con relación las desapariciones que se registraban durante el gobierno del priísta Jorge Aristóteles Sandoval Díaz.
Durante el sexenio de Sandoval Díaz, las denuncias por desaparición forzada se dieron en razón de 569 casos en el 2013; 528 casos en el 2014; 538 en el 2015; 674 en el año 2016; 988 en el año 2017 y 1 mil 506 en el 2018.
Sin embargo, una vez habiendo llegado al poder el gobernador Enrique Alfaro Ramírez emanado del Partido Movimiento Ciudadano, el problema escaló exponencialmente y se llegó al extremo de registrar 1 mil 836 casos de desaparición en el año 2019; 1 mil 747 casos en el 2020; 1 mil 980 casos en el 2021 y de enero a diciembre del año 2022 se han denunciado 2 mil 217 casos de desaparición en Jalisco.
Lo peor del tema de las desapariciones, es el trato que le ha dado al asunto el mandatario jalisciense Alfaro Ramírez, ya que lejos de admitir y reconocer el problema, como un primer paso para atenderlo, enfrentarlo y posteriormente solucionarlo, lo que ha hecho es alarde de soberbia, de prepotencia y de nulo sentido común, en una estrategia de negación total.
El primero de tres momentos relevantes que a lo largo del año se dieron, en los que Enrique Alfaro fue el antagonista, fue cuando enfrentó a las Madres Buscadoras venidas de Sonora, al recibirlas en Jalisco diciendo que venían con propósitos políticos ajenos a la causa que enarbolaban.
Un segundo arrebato de Alfaro Ramírez ocurrió en el mes de mayo de este año 2022 cuando Enrique Alfaro Ramírez, presentó el plan “En Jalisco, estamos buscando”, orientado a reforzar la Estrategia Estatal de Búsqueda de Personas 2022-2024, pero lo hizo a puerta cerrada y solo con la participación de los funcionarios del Estado, dejando fuera a las organizaciones de familiares de las víctimas de desaparición.
Y para cerrar el año previo al IV Informe de gobierno, en el tema de seguridad abordado de manera especial, el gobernador Enrique Alfaro presentó estadísticas engañosas, manipulando cifras comparativas y lo peor del caso fue su declaración en el sentido de que 9 de cada 10 víctimas habían desaparecido “por voluntad propia”.
LOS TRES ARREBATOS DE ENRIQUE ALFARO
Este año el mandatario jalisciense tuvo tres momentos en los que mostró de manera clara y evidente que el tema de los desaparecidos, o no es de su interés, de plano no sabe cómo atenderlo o le gana el hígado al momento de sentirse rebasado por las circunstancias por demás evidentes.
El primero de los casos ocurrió el pasado 22 de febrero del 2022, cuando Enrique Alfaro acusó a un grupo de colectivos, entre ellos las Madres Buscadoras de Sonora, de tener agendas diferentes a la búsqueda de personas desaparecidas.
“Hay que tener mucho cuidado con estos esfuerzos de grupos que llegan de no sé dónde a hacer no sé qué. Yo lo que le pedí a la Fiscalía Especializada y a la Comisión de Búsqueda es que tengamos mucho cuidado, porque luego ese tipo de acciones, que tienen la buena fe de las familias, pueden estar acompañadas de otro tipo de agendas que no conocemos”, dijo el mandatario.
Las palabras generaron el reclamo de los grupos integrados por familiares que buscan a sus seres queridos y que en aquella ocasión se organizaron para hacer búsquedas conjuntas en Jalisco.
La respuesta vino de inmediato del Colectivo de Madres Buscadoras de Sonora, quienes tuitearon: “No ayudas @EnriqueAlfaroR pero cómo estorbas. ¿Qué temes que encontremos? Tú no eres Jalisco ni Jalisco es tuyo. Siempre que los colectivos hermanos nos pidan ayuda, allí estaremos con picos palas y hasta uñas si es necesario para encontrar a los desaparecidos”.
Posteriormente, Alfaro ofreció disculpas y dijo que había sido mal informado.
La segunda pifia del mandatario jalisciense ocurrió el 24 de mayo del 2022, cuando el titular del Poder Ejecutivo anunció el plan “En Jalisco, Estamos Buscando”, presumiblemente orientado a reforzar la Estrategia Estatal de Búsqueda de Personas 2022-202, en el que según dijo, aumentaron en 67 por ciento los recursos del presupuesto para este tema, asignando este año 573 millones de pesos, contra los 347 millones de pesos aplicados en 2019.
La estrategia se decidió y se anunció, a puerta cerrada, con la participación solo de integrantes del gabinete y con un video de 9 minutos en sus redes sociales, el gobernador Enrique Alfaro expuso que “la desaparición de personas es un cáncer nacional que afecta a cientos de miles de familias mexicanas y que en Jalisco no vamos a ignorar o callar”.
Hizo saber que los principios básicos en la nueva estrategia de búsqueda son: 1.- Hablar con la verdad y de frente más allá del discurso político, así como dimensionar el problema de la manera correcta; 2.- Hacer de esta estrategia una prioridad de gobierno y 3.- Atender a las familias.
La respuesta de los integrantes de Por Amor a Ellxs, Entre Cielo y Tierra, Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco y Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C., fue inmediata y contundente: “Lo que vimos el martes, está lejos de ser un trato serio y responsable, hablar con la verdad y atender de frente a las familias, tal como se comprometió el gobernador, Enrique Alfaro”.
La actual administración -sentenciaron-, parece estar cada vez más lejana de las víctimas y en lugar de atender sus obligaciones establecidas en las leyes en materia de desaparición y de construir procesos de participación y generar diálogo, anuncian acciones descoordinadas, ignoran a las familias y el principio de participación conjunta.
Y finalizan diciendo: “Jalisco ocupa el primer lugar a nivel nacional en cuanto al número de personas desaparecidas y sus familiares necesitan respuestas y garantías a los derechos a la verdad y justicia, no otro discurso triunfalista y estadísticas que no generan confianza”.
Y como para cerrar el año, Alfaro Ramírez lanzó su tercera sentencia atropellada, al hacer un balance en el tema de seguridad previo a la presentación de su IV Informe de Gobierno, en donde se atrevió a especular que nueve de cada 10 víctimas en Jalisco, desaparece por voluntad propia.
“De todas las personas denunciadas como desaparecidas, solamente el 10%, una de cada 10, desapareció porque se haya cometido un delito; tenemos muchísimos casos de personas que desaparecen por voluntad propia, que se van y que luego aparecen, pero la estridencia es enorme y eso es muy importante como sociedad entenderlo, cada persona desaparecida se tiene que buscar, pero del total de las personas desaparecidas solamente el 10% hay detrás de esa desaparición, un delito, lo demás tiene que ver con otras causas”, dijo el mandatario jalisciense, Enrique Alfaro Ramírez.
Mencionó además el gobernador, que desde 1943 a la fecha se tiene en Jalisco un registro de 13 mil 771 personas denunciadas como desaparecidas y de ellas 11 mil 995 fueron localizadas; además desde el 2006 hasta el 2018, es decir en los gobiernos de Emilio González y Aristóteles Sandoval, no se buscaba a nadie y es por eso que si en su administración se descubren más fosas, es porque se están buscando a los denunciados como desaparecidos.
LOCALIZAN SIN VIDA SOLO AL 4.3% DE MUJERES DESAPARECIDAS
Si de números se trata, al mandatario jalisciense le interesa hablar mucho del tema de las personas localizadas, más que de las desaparecidas, de ahí que se discrepa mucho de las cifras que él maneja, con las de los organismos de la sociedad civil e incluso de las cifras oficiales del gobierno federal.
Incluso en el portal oficial del Sistema de Información Sobre Víctimas de Desaparición (SISOVID), organismo dependiente de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco (COBUPEJ), se lanza la siguiente advertencia: “La información que se reporta en este sitio puede diferir de aquella publicada por el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas, ya que dicho registro federal incluye información proporcionada por autoridades distintas a la COBUPEJ y la FEPD, como la Fiscalía General de la República y la Comisión Nacional de Búsqueda”.
De acuerdo a las cifras del SISOVID, de enero del 2013 a diciembre del 2022 hay registros de 12 mil 583 personas desaparecidas y de ellas, son 7 mil 780 las que desaparecieron entre el 2019 y el 2022, es decir durante el sexenio de Enrique Alfaro Ramírez
Y ya con los registros de las denuncias de antes del 2013 el sistema advierte que al 30 de noviembre del 2022 hay en Jalisco 13 mil 786 personas desaparecidas, de la cuales 11 mil 905 son hombres y 1 mil 881 son mujeres. En el caso de los reportes y denuncias del 2018 a la fecha, en 22.7% de los casos se usaron medios violentos para su desaparición.
Se advierte también en el SISOVID que las personas localizadas de diciembre de 2018 al 30 de noviembre del 2022 son 12 mil 101. De ellas fueron halladas con vida 10 mil 211 personas y sin vida se encontraron a 1 mil 890 personas.
En particular de las mujeres localizadas (4 mil 100), fueron encontradas con vida 3 mil 920 (95.61%); mientras que sin vida fueron localizadas 180 mujeres.
En el caso de los hombres localizados (8 mil 001), con vida se hallaron a 6 mil 291 (78.63%) y sin vida se encontró a 1 mil 710 hombres (21.37%).
TRES FACTORES QUE AGRAVAN EL DRAMA DE LAS DESAPARICIONES
Mediante una cátedra impartida por los catedráticos de la Universidad de Guadalajara, Carmen Chinas Salazar y Marco Antonio Pérez Cisneros, sobre las “Desapariciones en Jalisco” y dictada frente a las puertas de Casa Jalisco el pasado 29 de agosto del año 2022, quedó en claro que Jalisco vive una catástrofe humanitaria ante el incremento de personas desaparecidas y con una política pública impune, por tres factores fundamentales: 1.- El retraso en la creación de una ley en materia de desaparición, publicada en 2021, aunque el Congreso de la Unión instruyó a los estados redactar una ley local desde 2017; 2.- La carencia de una estrategia de búsqueda efectiva, y 3.- La falta de medidas preventivas.
Además, Chinas Salazar, profesora de la Universidad de Guadalajara y Doctora en Ciencias Sociales, con especialidad en Sociología, expuso que a ello habría que agregar, la estigmatización y criminalización ejercida por autoridades estatales y la falta de un enfoque humanitario, acción integral y psicosocial, entre otras atenciones a víctimas y familiares.
“Todo esto hace que el drama de las desapariciones sea más fuerte en el Estado, pues parece que no hay una voluntad política por atenderla”, subrayó.
La especialista explicó que la falta de un registro completo de personas desaparecidas que no contradiga las cifras entregadas a nivel federal, como lo hace el Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición, impide el diagnóstico del problema.
La falta de transparencia y certeza en los datos -dijo-, nos impide saber cuántas personas desaparecidas hay, porque en realidad tampoco hay una estimación de la cifra negra; hay casos que no se denuncian y, al no tener certezas de los casos, no hay un diagnóstico claro y por consiguiente no podemos dimensionar el problema. En este sentido, el Registro Estatal de personas desaparecidas no funciona, aunque la fecha límite para que así fuera expiró en junio de 2021.
Chinas Salazar precisó el origen de la desaparición como una estrategia implementada durante la Segunda Guerra Mundial. “La desaparición de personas fue y es una estrategia de horror, de miedo, de control de la población, que se implementó primero en la Alemania nazi, luego en las dictaduras de América Latina, después en México durante la Guerra Sucia y actualmente en la guerra contra el narcotráfico”.
Distinguió entre dos tipos de desaparición de personas: la desaparición forzada, ejercida por elementos del Estado y la desaparición cometida por particulares. El último tipo de desaparición, de acuerdo con Chinas Salazar, incrementó a partir de 2006, año en que el Expresidente Felipe Calderón le declaró la guerra al narco.
Otro referente en la crisis de desaparecidos ocurrió en 2014 con la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, en un contexto con 26 mil personas desaparecidas. Sin embargo, en mayo de 2022 se rebasó la cifra de 100 mil personas desaparecidas, con Jalisco a la cabeza a nivel nacional.
De acuerdo con Chinas Salazar, dentro de esta crisis, el trabajo de las familias y los colectivos de familiares de desaparecidos ha sido crucial en la búsqueda y atención a víctimas. “Las familias han hecho y resuelto el trabajo que el gobierno no ha hecho, empezando por la búsqueda en campo, que debería ser labor de la autoridad; la incidencia legislativa, la atención psicológica y el acompañamiento en derechos humanos”, detalló.
Por Gabriel Ibarra Bourjac //
La solución integral de fondo a los problemas de las inundaciones que enfrenta y sufre la metrópoli cada temporal de lluvias es la implementación de un drenaje profundo, un proyecto de infraestructura magna que manejaría exclusivamente el agua pluvial, aliviando la presión sobre el sistema combinado de drenaje actual.
Este sistema, inspirado en proyectos exitosos como el drenaje profundo de Tokio (proyecto Jikans), requiere una inversión estimada de 20,000 a 25,000 millones de pesos, implementada en etapas durante 12 a 15 años.
La presidenta del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco (CICEJ), Mirna Avilés, así lo precisa en entrevista con Conciencia Pública y señala que el CICEJ lleva más de dos años trabajando en un modelo de gestión hídrica para Jalisco, con 82 acciones específicas, incluyendo ya el pago de estudios de preinversión realizados en 2017 por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA).
“Esto no es algo nuevo, el estudio lo hizo en 2017 el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Ya hay incluso los análisis de las cuencas, los análisis de dónde podría ser drenaje semiprofundo, en dónde puede ser profundo, ya hay un análisis completo”.
“Entonces, lo que hay que hacer es animarse a dar el paso, porque creo que recursos siempre vamos a necesitar, pero alguien se tiene que animar a dar el primer paso. Como sociedad y como ciudad no nos merecemos esta infraestructura, pero también no nos merecemos la falta de toma de decisiones”, precisa Mirna Avilés, experta en temas hidráulicos.
El drenaje profundo, junto con una planificación metropolitana integral, no solo mitigaría las inundaciones, sino que posicionaría a Jalisco como líder en gestión hídrica; no solo descargaría agua hacia destinos como la barranca, sino que también permitiría regenerar parte de este volumen para nuevas fuentes de abastecimiento, promoviendo una economía circular del agua.
La Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) enfrenta cada temporal de lluvias un desafío recurrente: inundaciones que generan pérdidas humanas, daños al patrimonio y caos en la vida cotidiana de sus más de 5 millones de habitantes.
La combinación de una infraestructura hidráulica obsoleta, con tuberías de hasta 70 años, y un crecimiento urbano desordenado ha convertido el agua de lluvia en una amenaza en lugar de un recurso.
La ingeniera Mirna Avilés, ha señalado que este problema no radica en la escasez del agua, sino en una gestión deficiente que requiere soluciones integrales y de largo plazo.
La normalización de las inundaciones, con 570 puntos críticos identificados por la Universidad de Guadalajara y 363 por el Imeplan, evidencia la urgencia de actuar para evitar que la ciudad colapse ante lluvias atípicas agravadas por el cambio climático.
El CICEJ, bajo el liderazgo de Avilés, propone un enfoque transformador que trasciende las soluciones parciales, como los vasos reguladores del Dean y San Rafael, que, a pesar de inversiones millonarias, no han resuelto el problema de raíz.
La solución del CICEJ no se limita a la infraestructura. Avilés aboga por una gestión hídrica integral que combine infraestructura verde, como jardines de lluvia y superficies permeables, con la rehabilitación de colectores obsoletos y la regulación del crecimiento urbano.
La urbanización descontrolada, que ha eliminado áreas verdes esenciales para la infiltración, ha aumentado la velocidad de los escurrimientos, saturando los drenajes.
El CICEJ propone incorporar soluciones basadas en la naturaleza, priorizando al ciudadano y al medio ambiente, para recuperar el equilibrio del ciclo urbano del agua. Este enfoque requiere una visión metropolitana, ya que las acciones aisladas por municipio no abordan la interconexión de las cuencas y subcuencas de la ZMG.
El CICEJ lleva más de dos años trabajando en un modelo de gestión hídrica para Jalisco, con 82 acciones específicas, incluyendo estudios de preinversión realizados en 2017 por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA).
Este modelo, desarrollado en colaboración con gobiernos, universidades y organismos operadores, busca superar la falta de continuidad en las políticas hídricas, que reinician cada sexenio o trienio. Avilés destaca la necesidad de personal técnico en la toma de decisiones y la búsqueda de financiamiento internacional, dado que los temas hídricos son prioritarios a nivel global.
La ZMG, como la segunda ciudad más importante de México y un referente cultural, no puede seguir postergando decisiones que garanticen su resiliencia frente a las lluvias.
La propuesta del CICEJ, encabezada por Mirna Avilés, representa una oportunidad histórica para transformar la ZMG en una ciudad preparada para los retos del cambio climático y el crecimiento demográfico.
El drenaje profundo, junto con una planificación metropolitana integral, no solo mitigaría las inundaciones, sino que posicionaría a Jalisco como líder en gestión hídrica. Con el respaldo del gobierno estatal, federal, municipal y fondos internacionales, este proyecto podría garantizar agua, seguridad y desarrollo sostenible, evitando que las lluvias sigan siendo una amenaza para los ciudadanos. El CICEJ, comprometido con esta visión, no quitará el dedo del renglón hasta que estas soluciones se materialicen.
¿Qué plan integral a mediano y largo plazo proponen los expertos para enfrentar esta problemática y evitar que el caos se agudice?
CICEJ lleva dos años trabajando en un modelo de gestión hídrica para Jalisco, con 82 acciones, incluyendo la continuidad de estudios para un drenaje profundo.
En 2017, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) realizó estudios de preinversión que analizaron cuencas y propusieron drenajes semi-profundos y profundos.
El CICEJ ha trabajado con el Gobierno del Estado, Gobierno Federal, universidades y organismos operadores en mesas de trabajo para diseñar soluciones basadas en conocimiento existente.
Se requieren recursos internacionales para proyectos hídricos, dado que la ZMG es la segunda ciudad más importante de México y un referente cultural (mariachi, tequila). La falta de acción no es aceptable para una metrópoli cercana a los 6 millones de habitantes.
¿Se tiene estimado cuánto sería la inversión?
En 2017, el estudio del IMTA estimó una inversión de 18,000 millones de pesos, pero debe actualizarse debido a la urbanización de zonas verdes y cambios en subcuencas. La inversión podría alcanzar 20,000-25,000 millones de pesos, implementada en etapas durante 12-15 años, similar a proyectos internacionales como el drenaje profundo de Tokio (proyecto Jikans, 18-20 años).
Mirna Avilés precisa con plena convicción: “Es esencial iniciar, aunque sea por fases, para evitar soluciones aisladas que no resuelven el problema estructural”.
¿Cómo se implementaría un proyecto integral para abordar las inundaciones recurrentes en la ZMG, considerando los más de 500 puntos críticos identificados por la UdeG y los más de 300 por el Imeplan?
La solución debe ser integral, analizando los flujos de agua en la cuenca metropolitana, identificando trayectorias, puntos de captación y desahogo. Las discrepancias entre los 570 puntos críticos (UdeG) y 363 (Imeplan) reflejan enfoques municipales fragmentados, lo que requiere un plan unificado.
La presidenta de CICEJ, explica que muchos puntos críticos no solo son por escurrimientos, sino por fallas en la infraestructura actual (fugas, socavones por reblandecimiento de suelos).
Las lluvias atípicas por el cambio climático podrían colapsar la ciudad si no se actúa. Un plan metropolitano debe priorizar la rehabilitación de infraestructura y la gestión integral de cuencas.
La ZMG debe equilibrar el ciclo urbano, evitando desechar el agua de lluvia rápidamente y promoviendo su infiltración local para mantener el ciclo natural, afectado por la urbanización y el cambio climático.
¿Por qué se ha priorizado el transporte, como el macrobús, sobre la infraestructura hídrica en la ZMG, y cómo pueden las autoridades darle mayor atención a la problemática del agua, que ha sido relegada frente a otros temas?
La infraestructura hídrica ha sido relegada porque no es visible y “no da votos”, a diferencia de proyectos como el macrobús. Sin embargo, la falta de soluciones ahora “quita votos” al poner en riesgo vidas y patrimonios.
Las lluvias se han convertido en una amenaza para la ciudadanía, lo que exige decisiones a largo plazo, aunque impliquen un costo político.
El gobierno estatal, con líderes como Pablo Lemus, Ernesto Marroquín, Antonio Juárez Trueva y Mario López, muestra disposición a escuchar y entender el problema, lo que representa una oportunidad para actuar.
¿Quién debe dar el primer paso para implementar estas soluciones?
El gobierno estatal debe liderar, con apoyo federal, municipal, de la academia y asociaciones civiles. Los temas hídricos son prioritarios a nivel mundial, y Jalisco puede acceder a fondos internacionales para financiar proyectos de gran escala.
El CICEJ participa en un plan estatal hídrico 2024-2030 con visión a 25 años, que evitará reiniciar cada sexenio o trienio, marcando una ruta clara.
¿Espera que las autoridades tomen decisiones pronto, especialmente ante eventos como el Mundial?
Se espera que las autoridades diseñen un plan integral, no solo paliativos para el Mundial, sino una infraestructura duradera que beneficie a la ciudadanía a largo plazo.
El CICEJ no cejará en su labor de impulsar soluciones, trabajando con gobiernos y ciudadanos, ya que los profesionistas, como ciudadanos, también viven estas problemáticas.
PUNTOS FUNDAMENTALES: SOLUCIONES INTEGRALES A MEDIANO Y LARGO PLAZO
- Modelo de gestión hídrica: El CICEJ lleva dos años trabajando en un modelo de gestión hídrica para Jalisco, con 82 acciones, incluyendo la continuidad de estudios para un drenaje profundo.
- Estudios previos: En 2017, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) realizó estudios de preinversión que analizaron cuencas y propusieron drenajes semi-profundos y profundos.
- Toma de decisiones: Es urgente que las autoridades den el primer paso, respaldadas por personal técnico que entienda las necesidades y soluciones.
- Colaboración intersectorial: El CICEJ ha trabajado con el Gobierno del Estado, Gobierno Federal, universidades y organismos operadores en mesas de trabajo para diseñar soluciones basadas en conocimiento existente.
- Financiamiento: Se requieren recursos internacionales para proyectos hídricos, dado que la ZMG es la segunda ciudad más importante de México y un referente cultural (mariachi, tequila). La falta de acción no es aceptable para una metrópoli de 6 millones de habitantes.
Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //
Guadalajara, una metrópoli que merece infraestructura de vanguardia.
La Zona Metropolitana (ZMG), con más de 5 millones de habitantes, es un referente cultural y económico de México, hogar del mariachi y el tequila, y candidata a ser sede de eventos globales como el Mundial de Fútbol.
Sin embargo, cada temporal de lluvias revela una verdad incómoda: su infraestructura hidráulica está al borde del colapso. Socavones, inundaciones y pérdidas patrimoniales son síntomas de un sistema obsoleto que no resiste el crecimiento urbano ni el cambio climático.
¿Es hora de pensar en grande, con una obra magna como el drenaje profundo que transformó la Ciudad de México entre 1967 y 1975 o el proyecto Jikans de Tokio? La respuesta es un rotundo sí.
En entrevista con Conciencia Pública, Mirna Avilés Mis, presidenta del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco (CICEJ), presenta una propuesta técnica y ambiciosa: un drenaje profundo para gestionar exclusivamente el agua pluvial, aliviando la presión sobre el sistema combinado actual.
Este proyecto, respaldado por estudios de preinversión del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) de 2017, realizados bajo el gobierno de Aristóteles Sandoval, requiere una inversión de 20,000 a 25,000 millones de pesos a ejecutarse en 12 a 15 años.
“No es algo nuevo; ya hay análisis completos de cuencas, drenajes semiprofundos y profundos”, afirma Avilés, destacando que el CICEJ lleva dos años desarrollando un modelo de gestión hídrica con 82 acciones específicas.
UNA CRISIS HÍDRICA QUE NO PUEDE ESPERAR
La ZMG enfrenta inundaciones recurrentes que afectan la movilidad, la seguridad y la calidad de vida. La Universidad de Guadalajara identifica 570 puntos críticos de inundación, mientras que el Imeplan reporta 363, evidenciando la falta de un enfoque metropolitano unificado.
Proyectos como los vasos reguladores del Dean y San Rafael, impulsados por el exgobernador Enrique Alfaro con una inversión cercana a los mil millones de pesos, han sido paliativos insuficientes.
La infraestructura hidráulica, con tuberías de hasta 70 años, está rebasada por el crecimiento urbano desordenado, que ha eliminado áreas verdes esenciales para la infiltración y acelerado los escurrimientos.
Recientes incidentes ilustran la gravedad del problema. En 2024, un macrosocavón en avenida López Mateos, la vía de mayor circulación de sur a norte, paralizó la ciudad. En julio de 2025, hace unos días, otro socavón en la colonia El Bethel, en el cruce de avenida Malecón y calle Sidón, midió 20 metros de largo, 8 de ancho y 5 de profundidad. El colapso de un colector pluvial de 2.44 metros de diámetro, con más de 20 años de antigüedad, arrastró tres vehículos, incluyendo uno con una familia.
Aunque no hubo víctimas fatales, la imagen de un auto volcado con las llantas al cielo, junto a un camión materialista y otro de transporte, es un recordatorio de la fragilidad de la infraestructura.
El Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), responsable de estos sistemas, enfrenta una crisis financiera, administrativa y técnica que agrava la situación.
LA PROPUESTA DEL CICEJ: UNA VISIÓN TRANSFORMADORA
La solución de Avilés y el CICEJ trasciende los parches temporales. El drenaje profundo no solo descargaría agua hacia destinos como la barranca, sino que permitiría regenerar parte de este volumen para nuevas fuentes de abastecimiento, promoviendo una economía circular del agua.
El proyecto se complementa con infraestructura verde, como jardines de lluvia y superficies permeables, y la regulación del crecimiento urbano para recuperar el equilibrio del ciclo hídrico. Avilés subraya que las discrepancias entre los puntos críticos identificados por la UdeG y el Imeplan reflejan enfoques municipales fragmentados, lo que exige un plan metropolitano integral que analice flujos, captación y desahogo de agua.
El CICEJ propone un modelo colaborativo que involucre al gobierno estatal, federal, municipal, la academia y asociaciones civiles. Los temas hídricos son prioritarios a nivel global, y Jalisco puede acceder a fondos internacionales para financiar esta obra.
El plan estatal hídrico 2024-2030, con visión a 25 años, busca superar la discontinuidad de políticas que reinician cada sexenio. Avilés insiste en que la falta de acción es inaceptable para una metrópoli de la importancia de la ZMG, que no merece una infraestructura obsoleta ni la inseguridad que generan las lluvias.
EL LIDERAZGO QUE GUADALAJARA NECESITA
El liderazgo debe recaer en el gobernador Pablo Lemus, quien, junto con alcaldes metropolitanos como Verónica Delgadillo de Guadalajara, debe priorizar la gestión hídrica. Delgadillo, durante su campaña, expresó interés en modernizar la infraestructura hidráulica, pero al asumir el cargo se enfrentó a la magnitud del problema y la escasez de recursos, lo que la llevó a postergar el tema.
Sin embargo, la crisis no puede esperar. Las inundaciones no solo causan pérdidas materiales, como en Zapopan recientemente, sino tragedias humanas, como las muertes en túneles vehiculares por corrientes imparables.
Avilés enfatiza que el drenaje profundo requiere voluntad política y decisiones técnicas, no políticas. “Alguien debe animarse a dar el primer paso”, afirma, señalando que la falta de mantenimiento sistemático y la urbanización descontrolada han convertido el agua de lluvia en una amenaza en lugar de un recurso.
La ZMG no puede seguir dependiendo de soluciones parciales que no abordan la interconexión de cuencas y subcuencas. Un llamado a la acción.
Por Mario Ávila //
El diputado federal del PAN, Miguel Ángel Monraz, presidente de la Comisión de Radio y Televisión, expresó preocupaciones sobre la nueva Ley de Telecomunicaciones, particularmente por la falta de autonomía del Consejo Regulador de Telecomunicaciones, que reemplazó a la Agencia de Transformación Digital como órgano rector.
Según Monraz, los cinco consejeros, nombrados por la presidenta Claudia Sheinbaum y ratificados por la mayoría de Morena en el Senado, carecerán de independencia. La fracción 1 del artículo 23 permite su remoción por decisión presidencial sin un despido justificado, lo que, en su opinión, genera miedo e inseguridad.
“Trabajarán con la guillotina en el cuello”, afirmó, cuestionando si podrán actuar libremente o si los apercibimientos por incumplir derechos de audiencias serán usados para silenciar críticas al gobierno.
Monraz criticó que esta falta de autonomía no garantiza equilibrios entre lo público y privado ni equidad para inversionistas en telecomunicaciones, lo que podría incumplir requisitos del T-MEC.
Comparó el consejo regulador con la Cofetel de 1995, considerando la ley un retroceso de 30 años, aunque evitó un mayor retroceso al descartarse la Agencia de Transformación Digital propuesta originalmente.
En cuanto al polémico tema de la geolocalización, Monraz propuso una reserva, desechada en tribuna, para exigir una orden judicial clara para su uso. El artículo actual remite a lineamientos del consejo, lo que genera ambigüedad y riesgos de espionaje.
“Si no te espía esta ley, lo hará la de la Guardia Nacional o la de Inteligencia”, advirtió, cuestionando la seguridad de los datos biométricos de los ciudadanos y recordando el hackeo al sistema del Ejército como ejemplo de vulnerabilidad.
A pesar de reconocer que el 90% de la ley retoma la legislación de 2014, Monraz destacó enmiendas positivas, como la eliminación del artículo 109, que calificó de “ridículo y agresivo” contra portales digitales, y los artículos 201 y 202 sobre censura previa, gracias a la presión de periodistas, sociedad civil y legisladores.
Sin embargo, advirtió que persisten normas que permiten controlar y vigilar a medios y ciudadanos, limitando la libertad de expresión. Monraz expresó preocupación por la intolerancia de Morena, citando casos como la sanción económica y la obligación de disculparse impuesta a una ciudadana en Sonora por criticar al presidente del Congreso en redes sociales, la detención de un periodista en Tequila por hacer su trabajo, el hostigamiento a un periodista en Campeche por parte de la gobernadora, y la “Ley Censura” en Puebla.
También mencionó el caso de un ciudadano que enfrentó a un diputado de Morena, Gerardo Fernández Noroña, y fue obligado a disculparse tras un proceso judicial. “Todos esos son de Morena”, sentenció, señalando un patrón de represión.
El legislador subrayó que, aunque la ley incluye avances, los riesgos de control y vigilancia persisten. Los ciudadanos y medios enfrentan un entorno donde las críticas al gobierno pueden ser castigadas, y la falta de claridad en regulaciones como la geolocalización amenaza la privacidad. Monraz llamó a garantizar un equilibrio que proteja tanto los derechos de las audiencias como la libertad de expresión, sin permitir que el gobierno utilice la ley para intimidar o espiar a la ciudadanía.
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