JALISCO
La verificación vehicular, nueva evidencia de la ruptura entre Alfaro y Lemus

Por Mario Ávila //
En apenas la primera semana de campañas políticas que culminarán con la elección del 2 de junio, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez ha dado dos grandes muestras de su rompimiento con Movimiento Ciudadano y en particular con su candidato a la gubernatura, Jesús Pablo Lemus Navarro.
Algunas horas antes del arranque de las campañas proselitistas, Alfaro Ramírez declaró tajante: “Yo no soy fosfo fosfo… yo no soy lo nuevo… yo no soy arráncate compadre… yo no soy nada de eso. Yo soy un político serio, soy un político profesional”.
En una entrevista colectiva con el programa Directo 14 de Quiero TV en Canal 6, el mandatario jalisciense planteó: “Lo que pasó en Movimiento Ciudadano a nivel nacional fue terrible, lamentable y a mí me generó hasta vergüenza todo lo que nos pasó”.
“Lo dije por convicción, lo dije entonces, las cosas no iban bien, no se estaban haciendo bien, no se hicieron bien desde mi punto de vista y todo lo que se ha construido entorno a ese modelo ya esa propuesta política, pues yo no tengo ninguna identidad con ello”, expuso con determinación, sin importar que con ello “se llevara entre las patas” a su compañero de partido, el candidato a gobernador, Jesús Pablo Lemus Navarro.
Y la segunda gran muestra de que no existe nada de cercanía entre Alfaro y Lemus, la lanzó el gobernador en respuesta a la iniciativa de Pablo Lemus, que ofreció una “verificación costo cero”, es decir sin operativos, sin multas y sin costo.
Y aunque las candidatas a gobernadoras de las coaliciones “Sigamos Haciendo Historia”, Claudia Delgadillo y “Fuerza y Corazón por Jalisco”; Laura Haro, habían hecho mención a la propuesta de modificar el modelo de la verificación vehicular, fue cuando habló el candidato, Pablo Lemus, cuando Enrique Alfaro contestó con mucha determinación.
Pablo Lemus planteó: “El programa de verificación ha traído muchas molestias, sin embargo, es muy importante cuidar el medio ambiente, tener una corresponsabilidad social con el aire que respiramos, por eso el día de hoy quiero anunciar ‘Verificación Costo Cero’.
“Es decir, durante mi gobierno no habrá operativos, no habrá multas y este programa no tendrá ningún costo. Apelamos a la corresponsabilidad social y a trabajar todos por el medio ambiente y la calidad del aire. Cero multas, cero operativos, cero pesos durante mi gobierno”, ofreció Jesús Pablo Lemus Navarro.
PIDE ALFARO A CANDIDATOS QUE HABLEN CON LA VERDAD
En respuesta, Alfaro Ramírez mencionó con mucha determinación: “Se vale mejorar, modificar, hacer más accesible, sí claro, yo lo voy a decir siempre, ojalá y quienes vengan después de mí, o hagan mucho mejor que lo que lo hice yo, porque yo soy jalisciense y quiero que le vaya bien a mi estado. Nomás lo que yo sugeriría respetuosamente es que entendiéramos lo que decimos. Porque subsidiar el programa de verificación vehicular de Jalisco, costaría para hacerlo completo 1 mil 153 millones de pesos”.
Luego -abundó-, vamos a estar en la lógica de que el candidato a presidente municipal va a decir “mejor yo pago el predial, que no lo pague nadie” y luego a ver quién cierra la puerta al final.
Aclaró Alfaro que su recomendación no tiene dedicatoria, pero espera que los aspirantes a un cargo público hablen con la verdad de lo que se puede hacer; además mencionó que no hay un programa de verificación en el mundo sin costo y que el trámite en Jalisco es el más barato de todo el país.
Yo quisiera -señaló-, desde ahorita decir que sería un error de mi parte, durante esos tres meses de campañas ponerme a contestar cualquier ocurrencia que se plantee por parte de los candidatos. Lo haré solamente cuando sea estrictamente necesario, particularmente cuando se pueda generar una información distorsionada. Lo que habría que hacer desde mi punto de vista, en primer lugar, es un llamado respetuoso a todos los candidatos, para que los planteamientos que le hagan a los jaliscienses tengan fundamento y tengan sobre todo conocimiento de lo que están planteando.
POLÍTICA INTEGRAL “JALISCO RESPIRA”
El programa de verificación vehicular -abundó-, es parte de una política pública integral que se llama “Jalisco Respira” y es una apuesta que tiene que ver con los compromisos que tiene Jalisco con México y con el mundo en materia ambiental, no es un asunto, un programa o un proyecto del gobernador. El compromiso que tiene Jalisco para enfrentar el camio climático es serio, lo hemos ratificado en muchas ocasiones y al instrumentar esta política pública lo que buscamos es precisamente mejorar el aire que respiramos todos, de eso se trata. Todas las ciudades desarrolladas del mundo, tiene programas de verificación vehicular y estos programas representan también un mecanismo indirecto para desincentivar el uso del automóvil, de eso se trata al final. Se trata de entender, que si tenemos un coche, estamos contaminando y tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que contaminemos lo menos posible.
No existe en este país -concluyó-, dentro de los programas de verificación que están conforme a la norma 047 que es una norma federal, no local, no existe un solo programa de verificación vehicular que no tenga costo para el usuario, pues de eso se trata. Y por cierto de los programas de verificación vehicular que están conforme a la norma 047, porque no todos están así, hay varios que hacen otro tipo de acciones, pero no atienden lo que establecen la norma, Jalisco es el estado con el costo de verificación más bajo de todo México, que es lo que no se dice. En la ciudad de México se hacen dos verificaciones al año, para quienes luego salen a debatir sobre estos temas y el costo es de 1 mil 354 pesos al año. En Jalisco es de 500 o 550 en el caso de extemporáneos.
JALISCIENSES CON CARRO Y SIN ÉL, PAGARÍAN LA VERIFICACIÓN
Abraham Alejandro Gobel Gómez, presidente de la Asociación de Talleres para las Emisiones y Reparaciones Vehiculares (ATERVAC) en Jalisco, conocedor del tema de la verificación, explicó con lujo de detalle el por qué es inviable la propuesta de Pablo Lemus: “a no ser que si llega a la gubernatura, pague el compromiso de la verificación pactado por 19 años con el dinero del presupuesto y con ello lo que estaría haciendo es que la verificación la pagarán no solo los automovilistas, sino todos los jaliscienses, tengan o no carro”.
Recordó que Enrique Alfaro firmó el 29 de septiembre del 2019 un contrato de suministro con una empresa de california, Worldwide Environmental Products (WEP) hasta el 2034, sin embargo, a causa de la pandemia del COVID-19 el Congreso del Estado prolongó el contrato por cuatro años más y por ello estará vigente hasta el 2038
“El contrato de 19 años es por 4 mil 200 millones de pesos, más un porcentaje por cada verificación para los privados y si el estado pretende hacerlo gratuito como lo propone Pablo Lemus, lo que sucede es que habrá un subsidio mediante el que se pagará a la empresa de proveeduría como a los privados. Estamos hablando de 800 millones de pesos al año que va para los privados y a la empresa proveedora de tecnología 4 mil 200 millones de pesos”, por lo que enmendó la cifra que reveló Alfaro Ramírez en el sentido de que al estado le costaría poco más de mil 100 millones de pesos.
«Lemus dice que sería gratuito -advirtió-, que no habría persecución de parte de los agentes del escuadrón verde, ni operativos, ni multas. Y yo digo que la propuesta es demagoga porque el dinero para subsidiar este concepto tendría que venir de la partida del Ramo 24 del presupuesto federal que va destinado al medio ambiente; lo delicado es que no solo sería cubierto por los automovilistas sino también por los ciudadanos de a pie, porque se supone que esas partidas presupuestales obedecen al cumplimiento del artículo 4° constitucional y por lo tanto todos los jaliscienses estaríamos sufragando ese gasto».
Esto sería -abundó-, tanto como fracturar seriamente las finanzas públicas, ya que de tener una cobertura del 100% en la verificación, implicaría un costo de más 800 millones de pesos anuales para los prestadores del servicio privado, que ya opera los centros de verificación y 4 mil 200 millones de pesos para el proveedor de tecnología como lo señala el contrato 452/2019 que es el que firma el Gobierno del Estado, representado por Arturo López Sahagún, director general de Abastecimiento de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Jalisco y el ciudadano canadiense propietario y representante de la empresa WEP, con quien se tiene pactado 19 años de pago por una cantidad mínima garantizada de verificaciones, se hagan o no.
Por ello creemos -expuso-, que el gobernador se quedó corto al decir que serían mil 1000 millones de pesos el costo anual, porque sería por arriba de esa cifra el impacto en las finanzas en la entidad. Hay que saber de lo que hablamos, un programa subsidiado sería dañino para las arcas públicas y una burla del candidato a la población, porque le regalaría un negocio de ensueño al proveedor de la tecnología y a los privados.
NO SOLO RESCINDIR EL CONTRATO, HABRÍA QUE DENUNCIAR CIVIL Y PENALMENTE
Una ruta a la que se refirió Gobel Gómez, sería además de nulificar el contrato para que no surta efectos la indemnización, se debe también fincar responsabilidades civiles y penales, “porque se podría tipificar como fraude, ya que el programa no ha dado resultados y pese a ello les hemos tenido que estar pagando más de 200 millones de pesos por año. En el 2023 se le pagaron 220’915,824.49 pesos, cuando solo se verificó el 30% del padrón verificable y este año 2024 le pagaremos 234’421,834.00 pesos y así sucesivamente hasta llegar a los 19 años”.
Insistió en que el contrato se tiene que anular, es un fraude al sistema de gobierno lo que hubo ahí. “El fallo de la licitación por concurso fue elaborado en un comité en donde participó José Adán Espejo Preciado, ex funcionario de la Semadet desde la administración de Magdalena Ruiz Mejía y es tal vez el que da el fallo a la empresa WEP, pero lo interesante sería que el gobernador Alfaro explique porqué ahora el propio Espejo Preciado es el gerente de la empresa WEP.
“El ingeniero Espejo Preciado fue director del programa Control de Emisiones, fue director del programa Gestión y Calidad del Aire, fue director del órgano público descentralizado de la Agencia Aire y ahorita trabaja para el ciudadano canadiense que es el dueño de la empresa WEP.
“Además, por qué le entregaron este fallo cuando la empresa WEP no cumplió con el numeral 5.1 de las bases de la licitación donde se pedía que tuvieran tres acreditaciones internacionales a nivel mundial con mínimo un año de experiencia, cuando la empresa solo contaba con una, porque la que registraron de Irlanda y Utah, no contaban con el sofwer de control activo en el 2019”, se preguntó Alejandro Gobel Gómez.
Además planteó que como asociación y colectivo la Asociación de Talleres para las Emisiones y Reparaciones Vehiculares (ATERVAC) “estamos llevando a cabo la iniciativa de participación ciudadana, para presentar ante el IEPC una iniciativa ciudadana que cuenta con el respaldo de 5,834 firmas para hacer una propuesta de verificación que propone que el programa de verificación sea una herramienta de diagnóstico, el vehículo tendrá que llegar a un taller o centro de verificación para que le elaboren el diagnóstico de cómo se encuentra en su sistema de emisiones contaminantes, de motor y los puntos de seguridad. Luego vendría la reparación tras lo que se otorgaría un certificado mecánico que avale que el vehículo está cumpliendo los parámetros que estipula la norma.
“Este programa no impactaría en un gasto extra porque de todos modos se tendría que pagar por la afinación y por la reparación y nosotros como talleres no cobraríamos el diagnóstico, mientras que el costo del certificado y del holograma se verían reflejado en la reparación, no se cobrará un extra por ello.
“Esto generaría una derrama abierta a los talleres mecánicos, a los técnicos que están estudiando en el Cecati en el Conalep o en las escuelas de mecánica automotriz, las refaccionarias también se verían beneficiadas, pero lo más importante es que habría un mercado abierto para el mantenimiento de los sistemas de control de emisiones vehiculares”, expuso.
JALISCO
La visión de la ministra Loretta Ortiz: La reforma judicial «es una transformación en busca de la justicia en México»

Por Diego Morales Heredia //
La reforma judicial es de gran calado, no es una remodelación, es toda una transformación que tiene como objetivo garantizar la justicia para todos los mexicanos, así lo precisó la ministra Loretta Ortiz Ahlf en encuentro con jueces, magistrados, notarios, abogados, periodistas y comunidad académica de Jalisco.
“Tendremos una transformación tanto del Poder Judicial federal como local; las propuestas se centran en problemas que no se habían atendido, reformas que nacieron de una evaluación, dicen que estaba enojado el expresidente y por eso redactó la reforma, es falso, pasamos por una evaluación, distintos sistemas jurídicos, diversos sistemas de administración e impartición de justicia, se venía hablando de una transformación, no es una remodelación de la casa que se pinta, es un cambio total de la forma de hacer justicia en nuestro país”.
En su ponencia denominada “El Poder Judicial de la Federación en el México Actual”, Ortiz Ahlf argumentó que por primera vez se busca la cercanía con el pueblo de México, quienes tendrán la oportunidad de elegir a quienes ocupen cargos tan relevantes para la impartición de justicia.
“Por primera vez se busca la cercanía con el pueblo de México, es la primera vez que las personas van a poder decidir a quiénes van a elegir para que ocupen los cargos de ministros y ministras, miembros del Tribunal de Disciplina, integrantes de la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral, jueces o magistrados del Poder Judicial federal y local”.
En el mismo orden de ideas, expresó que no ha habido suficiente información en el proceso, aclarando que no se van a dañar los derechos laborales de jueces y magistrados, así como de ningún integrante del Poder Judicial.
“Incluso en una de esas ocasiones me preocupó, dije no se puede cambiar a los jueces y magistrados como si fueran macetas, son personas con vocación, especializadas, que han cursado distintas especialidades, estaba realmente preocupada por la situación de selección, la respuesta fue que si bien no salió como estaba planteado, sufrió modificaciones afortunadamente, los que son ministros y ministras tuvieron la opción de permanecer en la Corte, nada más teníamos que decir que renunciamos a disminuir nuestro salario por debajo de la presidenta y además renunciamos a nuestro haber de retiro, los que no quisieron esa situación, que son la rapiña, no optaron por ese camino y renunciaron, su renuncia es a partir de agosto que ya no se presentarían”.
Agregó que en esta transición se está respetando la carrera judicial de los integrantes del Poder Judicial y explicó a los presentes cómo se llevará a cabo el concurso para la selección de los cargos.
“Los jueces y magistrados están en la misma, no tenemos que participar en un proceso de selección. Vamos a aparecer en una boleta, en funciones, no tenemos que presentar documentación ni participar en ningún concurso, nosotros ya estamos en ese proceso, no tuvimos que ser seleccionados y estaremos en la lista. Los otros jueces y magistrados en funciones, si no querían renunciar igual que los otros ministros y ministras, permanecen en su encargo y automáticamente van a participar en la elección, se va a respetar sus plazas que vienen ejerciendo, las vacantes que tenemos son aquellas en las cuales los jueces y magistrados renunciaron, entonces se dan esos espacios que se van a cubrir. Dicho de otra manera, se respetó su carrera judicial, no se vieron afectados”.
Agregó: “Nuestros actos serán inspeccionados por el Tribunal de Disciplina, que puede destituir hasta a los ministros, va a poder ejercer sanciones que van desde la destitución, pueden ser suspensiones provisionales, todas las sanciones a los ilícitos que se pueden cometer en la Suprema Corte. Es la primera vez que un ministro o ministra es responsable ante un tribunal, de otra manera no se puede, continuaríamos con la impunidad y los actos que no son lícitos para los ministros de la Corte. Si se va a vigilar la función, también se hará con jueces y magistrados”.
Para cerrar con la charla, Loretta Ortiz Ahlf aseveró que la reforma judicial es trascendente, con el objetivo de hacer justicia que demanda la ciudadanía en México, por lo cual esperan cumplir un viejo anhelo colectivo en el país.
“Esta reforma es de gran trascendencia y calado, lo que busca es hacer justicia que demanda la ciudadanía. Si les preguntan a los ciudadanos les dirán que no tienen garantizado el acceso a la justicia, por la tardanza en la resolución, porque no conocen ni el rostro ni las funciones que realizan ministros y ministras, jueces y magistrados, al principio lo que ocasiona es desconfianza, que tenemos que subsanar los que estamos integrando al Poder Judicial para garantizar este derecho tan anhelado a la justicia por los ciudadanos”, puntualizó.
JALISCO
Loretta Ortiz Ahlf en Jalisco: La ilusión de la justicia popular

Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco //
I. El Congreso y la chulada de ministra
En el Patio Constituyentes Jaliscienses del Congreso del Estado de Jalisco, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Loretta Ortiz Ahlf, desplegó un espectáculo de retórica y autoelogio en su ponencia «Desafíos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación». Frente a una audiencia conformada en su mayoría por legisladores de Morena y partidos afines, Ortiz Ahlf defendió la reforma judicial con una mezcla de condescendencia y certeza dogmática.
«Ustedes van a ser los más beneficiados», dice. Y en ese «ustedes», hay un eco de pueblo, de una comunidad olvidada que, por fin, según su discurso, tendrá acceso directo a la justicia. Ya no harán falta abogados carísimos ni contactos en los oscuros pasillos del poder. Serán los ciudadanos los que elijan a sus jueces. La ministra, en un arranque de campechanía, se describe a sí misma como «una chulada de ministra». La frase resuena y se vuelve titular antes de que termine la jornada.
Mientras la ministra hablaba de justicia expedita y procesos que deberían resolverse en un máximo de seis meses, lanzaba críticas a los trabajadores del Poder Judicial por sus protestas, responsabilizándolos del atraso en miles de procedimientos. No parecía percatarse de la ironía de pedir celeridad en un país donde los tribunales suelen ahogarse en expedientes y burocracia.
Respecto a la elección de jueces y magistrados en Jalisco, Ortiz Ahlf evadió definiciones claras. Cuando se le preguntó si el proceso debía realizarse en 2025 o postergarse hasta 2027, respondió de forma ambigua: «Es una decisión del Congreso. Si logran concluir los trabajos y se puede dar cabida al proceso electoral en 2025, será en 2025, y si no, hasta el 27. No trasciende», ocasionando que más de una diputada local de la bancada de MORENA se retorciera de molestia, pues se pretendía que su reforma se aprobara el mes pasado y se llamara a elecciones este mismo año. Como si una reforma estructural en el Poder Judicial fuera una cuestión menor, un simple trámite administrativo sin consecuencias.
En cuanto a la relación con Estados Unidos, Ortiz Ahlf respaldó con fervor a la presidenta Claudia Sheinbaum frente a las amenazas de Donald Trump. Con un tono nacionalista encendido, sentenció: «México es un estado soberano y no se vale intromisión alguna». La frase resonó en el patio del Congreso, pero quedó flotando en la nada, carente de cualquier propuesta concreta sobre cómo enfrentar las embestidas del vecino del norte.
Loreta Ortiz Ahlf prácticamente salió del recinto encapsulada, rodeada de un séquito de colaboradores, simpatizantes y un equipo de seguridad improvisado que la escoltó hasta su salida.
II. El diálogo con los jueces: Entre lo técnico y lo político
En la penumbra de un salón del Hotel Fiesta Americana, en la emblemática zona de la Minerva, se congregaron figuras del ámbito judicial y sindical para escuchar a la ministra Loretta Ortiz Ahlf. La convocatoria, realizada por la Federación de Trabajadores de Jalisco, liderada por Juan Huerta Péres, prometía ser un espacio de reflexión sobre la reciente reforma al Poder Judicial.
La ministra Ortiz Ahlf, con su característico tono sereno pero firme, abordó la polémica propuesta de elección popular de jueces, magistrados y ministros. «Si tenemos capacidad de elegir a nuestros presidentes, gobernadores, legisladores y presidentes municipales, ¿qué no la tendríamos para elegir jueces?», cuestionó, desafiando a una audiencia que, aunque atenta, mostraba signos de escepticismo.
Entre los presentes se encontraban miembros destacados del Poder Judicial estatal y federal, así como líderes sindicales y políticos locales, incluso Arturo Zamora Jiménez, Coordinador de los Foros Ciudadanos para la Armonización del Poder Judicial en Jalisco, asistió en plan de oyente y se dedicó a saludar pacientemente.
La ministra, en este escenario más cómodo y cercano, compartió anécdotas que evidenciaban las fallas internas del sistema judicial, como el caso de un juez que, durante once años, acosó impunemente al personal femenino a su cargo. «Son usos y costumbres», fue la respuesta que recibió cuando cuestionó la inacción ante tales conductas.
La propuesta de otorgar 220 mil pesos a los aspirantes a ministros para hacer campaña ante la ciudadanía generó murmullos en la sala. Un aspirante presente preguntó: «¿Cómo se promoverán los candidatos ante los votantes?». La ministra, con una sonrisa que denotaba tanto comprensión como incertidumbre, respondió: «Ni yo lo sé, apenas se aprobaron las leyes secundarias». La sinceridad de la respuesta generó simpatía de los asistentes con Loreta Ortiz.
Al finalizar su intervención, Ortiz Ahlf enfatizó que la reforma busca garantizar que los ciudadanos tengan acceso pleno a la justicia. Sin embargo, la ambigüedad en los detalles y la falta de claridad en la implementación nos tienen a muchos con más preguntas que respuestas. La salida de la ministra Ortiz fue sin prisas entre selfis, abrazos, y comentarios de simpatía. La noche avanzaba, y mientras algunos asistentes se retiraban en silencio, otros se agrupaban en pequeños círculos, debatiendo las implicaciones de una reforma que promete cambiar el rostro de la justicia en México, pero que aún deja entrever sombras de incertidumbre.
III. Puerto Vallarta y la retórica de la soberanía
En el conocido Hotel Velas Puerto Vallarta, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Loretta Ortiz Ahlf, ofreció una ponencia titulada «El rostro del Poder Judicial en el México actual». Acompañada por la diputada del Partido Verde, Yussara Canales, Ortiz Ahlf se dirigió a un público selecto compuesto por miembros de la comunidad vallartense y figuras políticas de la Cuarta Transformación.
Desde el inicio, la ministra dejó en claro su diagnóstico: el sistema judicial mexicano es un laberinto de burocracia y tiempos indefinidos. «Hoy por hoy en México nadie sabe cuándo inicia un proceso judicial y mucho menos cuándo va a terminar», sentenció. Con esa afirmación, Ortiz Ahlf puso sobre la mesa uno de los problemas más arraigados de la justicia mexicana: la lentitud. «Hay procesos que duran más de quince o dieciséis años», añadió con tono de indignación, aunque sin ofrecer soluciones concretas más allá de la insistencia en la necesidad de un cambio estructural.
La ministra también hizo hincapié en la desconexión entre el Poder Judicial y la ciudadanía. «La mayoría de las personas no saben para qué sirve un ministro de la Corte, ni siquiera un juez o un magistrado. Somos ajenos a los ciudadanos, y eso no puede ser», reconoció.
Por su parte, Yussara Canales, con el tono de quien ha encontrado en la retórica de la Cuarta Transformación una guía infalible, elogió la participación de la ministra, calificándola como «un avance significativo» en la transformación del sistema judicial. «Con claridad y compromiso, la ministra expuso la necesidad de un Poder Judicial que deje atrás las viejas prácticas de privilegio y corrupción», declaró la diputada, como si las palabras por sí solas bastaran para borrar décadas de estructuras enquistadas.
El acto culminó con una ovación moderada. La ministra y su séquito se retiraron entre saludos y fotografías. Afuera, Puerto Vallarta continuaba su ritmo, ajeno al evento en el hotel de cinco estrellas, donde una vez más, la justicia se discutió sin que nadie supiera realmente cómo alcanzarla.
En X @DEPACHECOS
JALISCO
«La economía de México creció 0.87% durante el sexenio de AMLO», Liébano Sáenz
CIERTO O FALSO
“El daño está hecho. La economía de México creció 0.87% durante el sexenio de AMLO. Es el segundo peor desempeño en 100 años, decrecimos en términos per cápita”
LIÉBANO SÁENZ / ANALISTA POLÍTICO
“Entre 2018 y 2024, el PIB de México creció cerca de 4.94% o 0.81% promedio por año, siendo el de menor crecimiento desde Miguel de la Madrid (…) Esto se debe en parte a la pandemia de Coronavirus, pues en 2020 el PIB se contrajo 8.55% (la mayor concentración desde 1932)”
INSTITUTO MEXICANO DE FINANZAS Y NEGOCIOS (IMEF)
FUEGO CRUZADO
“Estoy enviando al Congreso de la Unión dos nuevas reformas, la primera en honor a la constitución de 1917, la no reelección a ningún puesto popular. La segunda, la prohibición expresa que ningún familiar pueda acceder de manera inmediata a otro, tratándose de un puesto de elección popular, es decir, no al nepotismo”
CLAUDIA SHEINBAUM PARDO / PRESIDENTA DE MÉXICO
“El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y los legisladores de Morena pretenden destruir la Constitución Mexicana (…) Con la iniciativa de prohibir la reelección pretenden tener un Poder legislativo sin experiencia y completamente al servicio del ejecutivo”
MARKO CORTÉS / SENADOR DEL PAN
VOZ ALTA
Corren a personal de base
En medio de escándalos, acusaciones y excesos, Juan Partida, como director del Instituto de Pensiones del Estado, tiene enfrente la responsabilidad de reestructurar este organismo cuya misión es servir a los jubilados y pensionados con dinero de los trabajadores. Lo primero que hizo el ex secretario de hacienda de Alfaro, fue correr a gente de base para meter a sus cercanos a la nómina con sueldazos, incluyendo el suyo. El gobernador Pablo Lemus frenó los ímpetus del soberbio funcionario, cuando aquel se fue por la libre. En esas condiciones, difícilmente Partida fortalecerá a Ipejal.
JUAN PARTIDA. ¿Cuánto tiempo lo sostendrán en Ipejal?
Por una justicia cercana
Entre los nuevos ejecutivos que ha designado Juan Partida en Ipejal está Rodrigo Moreno Trujillo, quien fue cesado como director jurídico de Ipejal y tiene acusaciones de acoso y hostigamiento laboral de Janel Vanessa Angulo Mejía a quien presionó para que renunciara, toda vez que esa plaza la quería para su gente Juan Partida, como secretario de Hacienda de Alfaro, cuando se sentía el dueño de las plazas. La empresaria Julieta Angulo hace la acusación y le pide al gobernador Pablo Lemus revisar este abuso de poder y evitarle más daño a la planta laboral de Ipejal y no permita el regreso de Moreno Trujillo.
JULIETA ANGULO. Le pide al gobernador Pablo Lemus no permita violentadores en Ipejal.
Diálogos sobre la justicia
Muy buenos eventos le organizó el líder de la FTJ en Jalisco, Juan Huerta a la ministra Loretta Ortiz, con encuentros con jueces, magistrados, secretarios de juzgados, abogados, consejeros y ex consejeros de la Judicatura local, incluyendo a la comunidad académica de Jalisco. “Quiero agradecer a mi querido amigo Juan Huerta por su destacada participación en la organización de estos encuentros (…) gracias por este espacio clave para el diálogo, el análisis y la reflexión sobre los retos y oportunidades de nuestro sistema de justicia”, escribió la ministra Loretta Ortiz en sus redes.
MINISTRA LORETTA ORTIZ. Agradecimiento a Juan Huerta.
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