JALISCO
Laura Haro presenta su propuesta para un Jalisco seguro: Se acabaron los abrazos para los delincuentes

Por Francisco Junco //
Regresar la paz y la seguridad a las familias jaliscienses y vivir sin miedo es posible. La paz es posible, vivir en paz es posible en México y en Jalisco, así lo afirmó Laura Haro Ramírez, candidata a la gubernatura de la alianza Fuerza y Corazón por Jalisco, al presentar su propuesta de agenda sobre el tema de seguridad, “la más importante y urgente” para la entidad, que denominó Por Un Jalisco Seguro.
“Un Jalisco Seguro es aquel en el cual podemos desarrollarnos en plenitud y que es nuestro talento, nuestro esfuerzo, nuestras convicciones, las que hacen que podamos salir adelante. Por eso, hemos partido de la idea fundamental de que, en esta campaña, la seguridad, desde una visión integral, fortalecida, desde los valores de la educación en casa, de la educación escolar, son fundamentales para promover una cultura de paz”, señaló la candidata.
La propuesta de Laura Haro, fue presentada a unos metros del Monumento a los Desaparecidos, como un acto de visibilizar uno de los delitos más graves que son las desapariciones y una exigencia colectiva y solidaria de justicia. Desde ahí, aseguró que este proyecto, no está realizado con una visión desde un tema de “balas”, está hecho desde una visión holística y está basado en tres pilares fundamentales, que son: inteligencia, para “ya no más abrazos a los delincuentes; corazón, “para poner siempre, en el centro de la toma de decisiones, a las personas de bien y víctimas”; y mucho coraje, para que “con la ley en la mano, tomar decisiones con firmeza”.
Adelantó que, en los próximos días, se llevará a cabo un foro con experiencias exitosas de México, que se han registrado en otros estados, “donde, después de vivir crisis brutales de inseguridad, hoy son estados seguros. El caso Coahuila, por ejemplo. Creo y tengo la plena esperanza en que sí, toda la sociedad, el gobierno, todos los actores, hacemos lo que nos corresponde hacer, vamos a alcanzar la anhelada paz”.
Y agregó que el papel de la sociedad civil es fundamental, ya que la sociedad organizada es “eje para el desarrollo de toda política” y acotó que “no podemos creer que, desde la comodidad de un escritorio, se construyen visiones de una política que realmente atienda las necesidades. Hay que conocer para poder hacer. Y esa ha sido la primicia siempre de mi actuar, de la mano con la sociedad civil, con la sociedad privada, con la educación, indiscutiblemente, y con las y los vecinos. Así lo tenemos que hacer. No hay una varita mágica, todas y todos necesitamos entrarle”.
En compañía del ex gobernador Emilio González Márquez, coordinador de la campaña de Xóchitl Gálvez en Jalisco, así como de la candidata al Senado de la República, Natalia Juárez Miranda, precandidatos a distritos locales, y candidatos a diputaciones federales, Haro Ramírez expuso, ante medios de comunicación, sus propuestas en materia de seguridad. Previamente presentó el diagnóstico que se vive en la entidad, donde resaltó que 8 de cada 10 jalisciense se sienten inseguros, dijo que este es el sexenio más violento de la historia y subrayó que la seguridad “nos cuesta casi 26 mil millones de pesos”.
La candidata de Fuerza y Corazón a la gubernatura de Jalisco, aseguró estar convencida de que “en Jalisco se está perdiendo la batalla en seguridad” y lo atribuye a cuatro factores fundamentales. El primero, es que la actual administración, ha “sacado las manos” del combate al crimen organizado, y echa la culpa al gobierno federal; pero, lo cierto, dijo, ni la federación ni el estado han asumido su responsabilidad y han dejado en total abandono a los municipios.
Segundo, aunado a la nulidad de inversión en seguridad, el gobierno federal cortó todos los fondos para las policías municipales, y el estado casi no ha hecho nada al respecto para subsanar esa falta de recursos; tercero, nadie invierte en lo más importante: investigar y llevar la justicia a los delincuentes para reducir la impunidad.
En el cuarto punto, de su diagnóstico, resaltó que el actual gobierno, trata con desdén a las víctimas, y resaltó que, en Jalisco, no se escucha a las madres buscadoras; a los indígenas que “claman auxilio”, a los presidentes municipales “que denuncian, todos los días, el abandono por parte de este gobierno”.
Por eso, dijo, ya es tiempo de construir un Jalisco seguro, con una realidad distinta en materia de seguridad y aseguró que, de llegar al Gobierno de Jalisco, transformará la realidad de la seguridad en Jalisco a través de cinco ejes fundamentales.
El primero es “Recuperar el territorio”, donde se aumentará el número y capacidades de la Policía Estatal, con entrenamiento, con tecnología de vanguardia, para que se enfoquen en combatir el crimen, así como reforzar la presencia en las zonas con poca presencia de autoridades, de cuidar y proteger los caminos y carreteras. También construirá dos nuevos agrupamientos policiales de élite: Gendarmería Rural y Fuerza, en cada una de las doce regiones del estado, que realizarán tareas subsidiarias, donde la policía municipal no tenga suficiente presencia.
“Será un agrupamiento de alto nivel táctico, equipado y dispuesto para tareas de contención del delito y la protección ciudadana. Su principal cualidad es atender conductas delictivas de alto impacto en cualquier punto de la entidad” y subrayó que, para evitar el abuso, estos nuevos agrupamientos contarán con cámaras corporales y un sólido sistema de asuntos internos. Además, se hará la creación de un Sistema Estatal de Inteligencia e Investigación Criminal, el cual se dedicará a dar seguimiento, en coordinación con la Fiscalía del Estado, a delitos como el robo a camiones de carga o extorsión, que “tanto está lacerando”, así como a redes de lavado de dinero.
El segundo eje, es “para transformar a nuestras policías”. Se realizará una gran inversión. Dijo que, actualmente, el presupuesto total del Estado, en mataría de seguridad, representa el 4%, y ella lo subiría al 8%, e invertiría para convertir las policías municipales en las instituciones más modernas del mundo, y que el policía se sienta orgulloso.
Además, que haya mejores sueldos y prestaciones para el personal policial y servicios médicos, educativos y de seguridad, para ellos y sus familias. Apuntó que “no puede haber policías en este Estado que ganen 5 mil pesos al mes. Hay municipios que no tienen un solo policía y no tienen ninguna prestación ni de seguridad social” y lamentó que, “si un policía se rompe el pie, pues va con el curandero, si bien le va”.
“Tenemos que cuidar a quien nos cuida y lo hemos dicho. Suscribo lo que ha dicho Xóchitl Gálvez, no puede haber un solo policía que gane menos de 20 mil pesos al mes, tienen que tener seguridad social, becas para sus hijos y un sistema para que puedan acceder a una vivienda propia”, instó.
El tercer eje es, “Modernizar la justicia”, donde se tenga una mayor inversión en infraestructura, tecnología y personal. Implementar un plan de justicia cívica para la seguridad del estado, y esto es una parte fundamental de su gobierno, ya que la raíz de muchos problemas, comienzan en comportamientos antisociales comunitarios, los cuales escalan y se convierten en conductas que después afectan a la sociedad. Es por eso que, la propuesta es que se atiendan desde un sistema municipal sólido y no punitivo, que resuelva los conflictos comunitarios bajo la lógica de justicia restitutiva y construcción de paz ciudadana.
Cuarto, “Blindar a la juventud”, además de programas de apoyo al trabajo y prevención de la violencia. Se instalará un mecanismo de reinserción con trato digno, que atienda faltas administrativas o primo delincuentes, y se crearán 12 nuevos Centros Regionales de Atención Integral contra el uso y abuso de sustancias psicoactivas, en donde se les darán tratamientos con un enfoque basado en control de daños, donde se deben de reducir las consecuencias del uso y abuso de esas sustancias.
El quinto eje es “Caminar con las víctimas”, donde se pondrá fin a la prepotencia gubernamental que trata “a las víctimas como adversarios políticos”. Se creará una mesa permanente de Atención a Víctimas, la cual sesionará una vez al mes con la junta de gobierno, que ella encabezaría, y así construir una agenda de trabajo con perspectiva de derechos humanos, tener acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación. Además, se realizará un trabajo para no tener más desaparecidos, donde se reorientará las formas de búsqueda e investigación.
Para finalizar la presentación, Laura Haro, aseguró que “ya es tiempo de que las víctimas queden en el centro de las decisiones. Si para los gobiernos de Movimiento Ciudadano y de Morena las personas desaparecidas, los homicidios, los feminicidios y cada acto de violencia cometido en contra de las personas, son simples cifras que pueden maquillar, a nosotros sí nos duele esta realidad, no queremos a más familias sufriendo”, puntualizó.
EL DIAGNÓSTICO DE JALISCO EN SEGURIDAD
8 de cada 10 jalisciense se sienten inseguros
12 mil carpetas de investigación por asesinato
Aumento del 65% de homicidios dolosos
Solamente en enero, cada dos horas y media, desapareció una persona
452 infantes, perdieron a su madre por causa de un feminicidio
14 mil 500 familias que buscan a un ser querido
Segundo lugar, a nivel nacional, en trata de personas
135 policías asesinados
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS CINCO PRINCIPALES:
ENTREVISTAS
Fallo ambiental que resuena: «No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia», magistrada Fanny Jiménez

– Por Gabriel Ibarra Bourjac
“No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada (como magistrada) por el Congreso del Estado para servir a la ciudadanía, callar sería una omisión, mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo sin prejuzgar”.
Así responde Fanny Jiménez Aguirre sobre por qué resolvió darle una nueva oportunidad al Ayuntamiento de Guadalajara para que pueda aportar pruebas de defensa contra la construcción de una torre habitacional junto al Bosque Los Colomos.
En entrevista con Conciencia Pública, Jiménez detalló el proceso, su visión de la justicia administrativa y el impacto de su decisión, que ha generado un sinnúmero de comentarios entre colectivos y medios. Con 27 años de experiencia, Jiménez abordó el caso con una perspectiva innovadora, priorizando los principios de constitucionalidad y convencionalidad.
“Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano”, argumenta la magistrada con cuya decisión frenó en forma momentánea la construcción del edificio de 15 pisos en Colomos II.
“Reconocí que el caso involucra al derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta”, señala la magistrada Fanny Lorena Jiménez Aguirre en entrevista con Conciencia Pública.
Su fallo, que revocó el rechazo de pruebas clave por parte de la Quinta Sala Unitaria, no solo abrió la puerta a una valoración más justa, sino que estableció lineamientos para futuros casos ambientales.
La magistrada también pidió investigar posibles irregularidades, mostrando su compromiso con la transparencia.
El caso, ligado a la Torre Habitacional cercana al Bosque Los Colomos, al lado de Plaza Pabellón—un pulmón verde afectado por un incendio en 2025—, refleja las tensiones entre crecimiento urbano y sostenibilidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara.
La magistrada Jiménez Aguirre subrayó que los tribunales deben ir más allá del derecho estricto, considerando el impacto social y ambiental. “No estoy para ser querida, sino para servir a la ciudadanía con diligencia”, afirmó.
Esta resolución, aún en etapa procesal, podría influir en cómo los tribunales mexicanos abordan disputas similares. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, Jiménez Aguirre impulsa la capacitación en derechos ambientales y métodos alternativos de resolución, dejando lecciones para el país.
LAE ENTREVISTA
Gabriel Ibarra Bourjac (GIB). ¿Cuál es el origen del recurso de reclamación presentado por el Ayuntamiento de Guadalajara en el caso de la Torre Habitacional junto al Bosque Los Colomos, y cuál fue el rol de la Sala Superior el 10 de septiembre?
Fanny Jiménez Aguirre (FJA). El recurso surge de la Quinta Sala Unitaria, que desechó pruebas del ayuntamiento por considerarlas extemporáneas. La Sala Superior, en mi tercera ponencia, revocó esa decisión, ordenando admitir pruebas clave, como el expediente de un juicio paralelo. Esto es crucial para una valoración justa, aunque es una etapa procesal, no definitiva. Reconocí que el caso involucra el derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta.
GIB- ¿Los derechos de tercera generación influyeron en su decisión?
FJA: Exacto. Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano. La Sala Superior fijó lineamientos para que la Quinta Sala analice el caso bajo esta perspectiva.
GIB: Hay numerosas críticas al Tribunal de Justicia Administrativa por autorizar la construcción sin considerar el impacto ambiental. ¿Es un tribunal de derecho o de justicia?
FJA. Los tribunales debemos impartir derecho dentro de lo que la ley permite, pero en casos ambientales, la constitucionalidad y los derechos de tercera generación nos dan potestad para una visión más amplia. No puedo hablar por otros, pero en mi ponencia aplicamos el derecho con base en estos principios, priorizando el impacto comunitario.
GIB. ¿Los abogados del ayuntamiento fallaron en su defensa oportuna?
El ayuntamiento debe asumir mayor responsabilidad en la defensa del patrimonio ambiental.
FJA. Por eso solicité a la Secretaría General de Acuerdos dar vista al Órgano Interno de Control y la Fiscalía Anticorrupción, sin prejuzgar. Es mi deber constitucional señalar posibles irregularidades para que las autoridades competentes investiguen.
GIB. ¿Pudo haber guardado silencio al respecto?
FJA. No, Gabriel. No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada por el Congreso para servir a la ciudadanía. Callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo, sin prejuzgar.
GIB. ¿Qué impacto ambiental podría tener la torre, considerando la proximidad al Bosque Los Colomos III, recuperado en 2018 y afectado por un incendio en 2025?
FJA. Analizamos el impacto ambiental como parte fundamental de la resolución. Consideramos el daño social y ambiental, guiados por el artículo 4 constitucional y la convencionalidad. La resolución, bien estructurada, abre la puerta a un amparo, pero prioriza el interés colectivo.
GIB. ¿Cómo se equilibra la construcción con la protección de áreas verdes metropolitanas como Colomos III, administrado por Zapopan?
FJA. No me tocó ese caso específico, pero en el nuestro, los problemas derivan de silencios administrativos desde 2010. Los asuntos ambientales deben analizarse con una visión integral, considerando su impacto en la comunidad, aunque no puedo pronunciarme sobre casos ajenos.
GIB. ¿Qué rol juega el Tribunal de Justicia Administrativa en prevenir irregularidades en licencias de construcción, ante denuncias de corrupción en Jalisco?
FJA. Somos árbitros entre particulares y autoridades, verificando el cumplimiento de requisitos legales. Cada magistrado responde por sus decisiones. Yo aplico el derecho conforme a la ley, pero no puedo hablar por casos que no me competen. Todos rendiremos cuentas.
GIB. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, ¿qué lecciones deja este caso?
FJA. Estamos capacitando en derechos ambientales, métodos alternativos de resolución e inteligencia artificial. Este caso marca un precedente para analizar disputas urbanas bajo la óptica de los derechos humanos, influenciando a otros tribunales del país.
GIB. ¿Hay plazos para una sentencia definitiva?
FJA. Depende del impulso procesal de las partes y la carga de la Quinta Sala. Los tiempos son inciertos, pero si no me recusan, mi ponencia podría revisar un recurso contra la sentencia final.
GIB. ¿El Poder Judicial necesita más preparación en la defensa ambiental?
FJA. Los instrumentos legales existen: derechos de tercera generación, convencionalidad. Cada juez decide cómo aplicarlos, pero todos rendiremos cuentas. La defensa ambiental debe priorizarse con mayor preparación y sensibilidad.
GIB: ¿Cómo se siente tras el impacto de esta resolución en la opinión pública y colectivos ambientales?
FJA. Me permite dar lo mejor de mí como juzgadora, aplicando el derecho con independencia. No prejuzgo ni me inclino por ninguna parte. Esta resolución, con alto impacto, refleja mi compromiso con la justicia y la ciudadanía.
JALISCO
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU

– Por Francisco Junco
El inicio del semestre en la Universidad de Guadalajara parecía transcurrir con normalidad. Sin embargo, lo que comenzó con una inconformidad estudiantil por la falta de cupos y la rigidez del sistema de horarios, terminó derivando en uno de los conflictos más tensos en los últimos años, con tomas de edificios, puertas soldadas, golpes, acusaciones de represión y la polarización entre estudiantes autónomos y la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU).
La reducción a una sola semana para hacer cambios de cupos y horarios en el sistema SIIAU dejó a cientos de estudiantes sin posibilidad de armar su carga académica. Lo que parecía un problema administrativo pronto se convirtió en el origen de un conflicto mayor.
Un alumno del CUCEI en redes sociales relató que “fue la única semana en la que se permitió hacer cambios de cupo. Mucha gente se quedó sin materias”.
La molestia creció cuando, tras el cierre de los cambios, comenzó la promoción de las elecciones de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU). En diversos centros universitarios aparecieron lonas, brigadas y actos de campaña. Estudiantes inconformes interpretaron esta situación como una muestra de que la representación estudiantil priorizaba sus procesos políticos sobre las necesidades académicas.
El 10 de septiembre, grupos de estudiantes decidieron ocupar el vestíbulo de la Rectoría General. Exigían, entre otros puntos, la cancelación de las elecciones del Consejo General Universitario, el desconocimiento de la FEU como órgano representativo y la apertura de un proceso más democrático de participación. La protesta fue anunciada como “toma indefinida”.
Horas más tarde, el ambiente cambió abruptamente. Testimonios y videos difundidos en redes mostraron un desalojo con empujones y golpes. Estudiantes acusaron la participación de trabajadores universitarios y de personas afines a la FEU en el operativo. Las imágenes de jóvenes derribados en el piso y de forcejeos se viralizaron rápidamente.
La Universidad de Guadalajara reaccionó con un comunicado, en el que expresó su rechazo a la violencia y aseguró que ésta “nunca será un camino legítimo para expresar diferencias ni para defender causas dentro de nuestra Casa de Estudios. Estos actos ponen en riesgo la integridad de nuestra comunidad universitaria y atentan contra el espíritu de respeto y pluralidad que caracteriza a la UdeG”, al mismo tiempo, que señaló la presencia de personas encapuchadas, insinuando que no todos los involucrados en la toma eran estudiantes.
La postura de la Federación de Estudiantes Universitarios llegó un día después. Su presidenta, Zoé García, aseguró que la FEU siempre estará del lado del diálogo, y “llamamos a resolver las diferencias por la vía institucional”. Con ello buscó marcar distancia de las acusaciones que señalaban a la federación como parte de los grupos que agredieron a los manifestantes.
A decir de algunos universitarios, consultados por Conciencia Pública, el rechazo por la representación estudiantil se acentúa a causa de sus múltiples intentos de desmovilización tras las primeras asambleas celebradas al inicio del semestre.
“Esto no fue nuevo, pues se tienen antecedentes de miembros de comités y consejos universitarios abogando por protestas más burocráticas, presentación de oficios ante administrativos”, señaló Carolina Enríquez Morales, quien pertenece a la comisión de difusión del Movimiento Estudiantil CUCEI, y resaltó que su movimiento se basa en asambleas donde la voz de todos tiene el mismo peso.
Además, agregó que la intimidación a los participantes más activos del movimiento ha sido constante y aseguró que actualmente se libra una campaña de desprestigio y desinformación en redes sociales. “Concretamente nos acusan de querer prolongar el paro general hasta por dos semestres. También nos señalan como comunistas radicales”, apuntó la estudiante.
El 11 de septiembre, la tensión se trasladó a otros planteles. En el CUCSH, CUCEI, CUCS y CUCBA se realizaron asambleas y paros parciales. En algunos de estos centros se denunciaron accesos cerrados e incluso puertas soldadas, lo que provocó la indignación de la comunidad estudiantil. Para los inconformes, aquello era una forma de represión encubierta.
En ese mismo día, trabajadores afiliados al SUTUdeG formaron una barrera humana frente a la Rectoría. Argumentaron que buscaban proteger las instalaciones y evitar enfrentamientos. Sin embargo, para los estudiantes inconformes, aquello representaba un cerco que les impedía ejercer su derecho a manifestarse.
Las acusaciones cruzadas no tardaron en llegar. Mientras los estudiantes responsabilizaban a trabajadores y feuistas de los ataques, sectores del sindicato denunciaron agresiones en su contra. La confusión sobre quién inició los empujones y los golpes marcó la narrativa de esos días.
Profesores y académicos también se pronunciaron. En un comunicado, un grupo de docentes del CUCSH advirtió que “no podemos permitir que grupos porriles o trabajadores sean usados como instrumento de intimidación contra los estudiantes”, con lo que expresaron solidaridad con los alumnos que denunciaron represión.
El 12 de septiembre se celebraron nuevas asambleas estudiantiles. En el CUCSH, las discusiones se prolongaron durante horas y varios sectores plantearon la posibilidad de una huelga general. El malestar por los cupos sin resolver, sumado a la violencia de los desalojos, había encendido la mecha de una protesta más amplia.
Ese mismo día, la Universidad volvió a fijar su postura. El secretario general declaró que se “garantizará la seguridad de la comunidad y se seguirá dialogando, pero no podemos permitir la violencia”. La administración buscaba mostrarse abierta al diálogo, pero firme en el rechazo a los enfrentamientos.
La contradicción de discursos era evidente. Mientras la UdeG hablaba de mantener la calma, en los pasillos universitarios circulaban videos donde se veían golpes entre trabajadores y alumnos. El choque de narrativas reforzaba la desconfianza de los estudiantes hacia las autoridades.
El viernes, en muchos centros universitarios, simplemente cerraron sus puertas, y custodiados por seguridad pública, los guardias, solamente señalaban que era por “indicaciones de Rectoría”, sin mayor explicación.
El 13 de septiembre, aunque no hubo enfrentamientos de gran magnitud, el ambiente seguía cargado. En varios centros universitarios, las pintas y carteles reflejaban el sentir de los inconformes: demandas de cupos, reclamos contra la FEU y críticas a la administración por aceptar más estudiantes de los que podían ser atendidos.
La FEU insistió en llamados a la institucionalidad. En entrevistas concedidas a medios locales reiteró que su interés era buscar el diálogo y la construcción de acuerdos. Sin embargo, los colectivos autónomos respondieron en sus asambleas que ya no reconocían a la federación como interlocutora válida.
Los profesores críticos de la universidad advirtieron sobre el riesgo de una crisis de legitimidad. Señalaron que, si la institución no atendía las demandas de manera transparente, perdería la confianza de su comunidad estudiantil. Este discurso resonó especialmente en centros con tradición de movimientos sociales, como el CUCSH.
Al cierre de la semana, la universidad insistió en que el calendario académico continuaría de manera normal. Sin embargo, en un comunicado oficial, la institución educativa, anunciaba el descanso obligatorio el día 16 de septiembre, pero, además, el lunes 15, “será también día de descanso obligatorio tanto para el personal académico como para el personal administrativo, a solicitud del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UdeG, y el Sindicato Único de trabajadores de la UdeG. Las actividades se reanudarán el miércoles 17”.
Comunicados internos llamaron a la reanudación de actividades y a no dejar que los hechos violentos interrumpieran el semestre. Sin embargo, los estudiantes en asamblea anunciaron que sus protestas seguirían.
Lo que inició como un reclamo por horarios y cupos terminó escalando hacia una confrontación política sobre la representación estudiantil. La exigencia de cancelar la elección del Consejo General Universitario y de desconocer a la FEU se convirtió en el núcleo del movimiento.