JALISCO
Sobran dudas sobre aseveraciones de Alfaro de rescate del Río Santiago

Por Francisco Junco //
Aunque el programa “Revivamos el Río Santiago”, fue presentado por el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, con “bombo y platillo”, a unos días de concluir su gestión, éste tiene muchos huecos que resolver, además de que no incluyó voces expertas y requiere, para su éxito, de la participación del Gobierno federal, así es como lo observa la especialista en temas hídricos, la doctora Raquel Gutiérrez Nájera, profesora investigadora de la División de Estudios Jurídicos del CUSH de la Universidad de Guadalajara.
Para la investigadora, el plan tiene aspectos positivos, pero adolece de una visión integral, pero aunque reconoció que es un proyecto ambicioso, faltó incluir a otros sectores productivos y ambientalistas.
“Está hablando de contaminación vía descargas con impactos en la salud de la gente, lo cual es cierto. Pero me parece que si queremos revivir el río Santiago, la estrategia tiene que ser más amplia”, subrayó.
Y es que el gobernador de Jalisco, presentó el pasado 13 de noviembre, el programa para sanear el río Santiago, donde recordó que se había comprometido, desde el inicio de su sexenio, limpiar el Río Santiago, el cual aseguró estaba clasificado como el más contaminado del país.
Entre las principales acciones para su saneamiento, informó Enrique Alfaro, está, entre otras, la construcción de 59 kilómetros de colectores, además 20 estaciones de monitoreo de la calidad de agua y el desazolve y control de maleza acuática.
Los principales avances que se han tenido, informó el mandatario de Jalisco, además de tener una mejora considerable en la calidad del agua, es la disminución de contaminantes y aseguró que se redujo la concentración de sulfuro de hidrógeno en la Presa Derivadora de El Salto – Juanacatlán.
“Nos pusimos como objetivo que al final del sexenio íbamos a llegar a tratar 10 mil litros por segundo, ese fue el objetivo. El río ya comenzó su recuperación, dejamos una ruta clara, desde una visión colaborativa e incluyente para su recuperación integral”, así lo aseguró Enrique Alfaro.
“Esto fue lo que hicimos durante seis años y que nos llena de orgullo el poder entregar resultados y demostrar que lo que nos comprometimos a hacer no fue un discurso de campaña, ni un planteamiento de intenciones, sino un compromiso claro para no fallarle a las y los jaliscienses”.
MUCHAS DUDAS
Pero, para Gutiérrez Nájera no se puede hablar sólo de saneamiento, se necesita una estrategia más amplia que contemple la restauración del ecosistema ripario del río y las fuentes que lo nutren.
“Tenemos que restaurar todo el ecosistema, todo el ecosistema ripario del río Santiago y las fuentes que lo nutren. Para efectos de que toda la reconfiguración de toda la riqueza en vida silvestre, en biodiversidad, en bosques, etc., que había asociada al río Santiago, se restaure para que pueda servir también como un filtro de calidad del agua del propio río y además de brindar todos los servicios ecosistémicos que brindaba anteriormente”, afirmó la académica.
Gutiérrez Nájera fue asesora de una ley especializada para toda la región hidrológica Lerma-Santiago-Pacífico, la cual fue aprobada por el Congreso de la Unión durante el sexenio de Vicente Fox, pero éste, en el último día de su mandato, vetó esta iniciativa. Además, la académica ha publicado algunos libros sobre la contaminación de la región, en específico la del río Santiago, así como el estudio de políticas públicas sobre la región hidrológica Lerma-Santiago-Pacífico, en su primera edición en el 2015 y este año está actualizando esta información.
En entrevista con Conciencia Pública, Gutiérrez Nájera destacó que para revivir al río Santiago, es esencial reconfigurar la biodiversidad y los servicios ecosistémicos que alguna vez existieron, ya que, de acuerdo con la experta, estos elementos no sólo mejoran la calidad del agua, sino que también ayudan a mitigar los impactos ambientales.
Uno de los puntos críticos del proyecto es la regulación de las descargas industriales y agropecuarias, un tema que, en palabras de Raquel Gutiérrez, no está suficientemente abordado, ya que, señaló, al “río no sólo llegan descargas domésticas, sino también industriales y público urbano, también van todas las descargas de la industria y de la agropecuaria. Sobre todo aquella que es de alta intensidad, como podrían ser la cuestión del agave, todas las granjas, porcícolas, avícolas, etcétera. Todos los arrastres que hace en temporadas de lluvia o con vientos atípicos que se han estado dando este año, por ejemplo”.
La investigadora cuestionó la falta de una estrategia específica para alcanzar un nivel de descarga cero en estas actividades, ya que “sin este control, difícilmente podremos lograr un saneamiento total del río”.
Advirtió que el programa “Revivamos el Río Santiago”, del gobernador Enrique Alfaro, el cual plantea acciones hasta el año 2050, no debe limitarse a soluciones hidráulicas, como las plantas de tratamiento, que en muchas ocasiones terminan siendo “elefantes blancos”.
Por un lado, admitió, esta bien que sea un programa transexenal, para evitar que cambios de gobiernos comiencen de “la nada” o con estrategias diferentes, sin embargo, aseguró que el proyecto se quedó corto.
“Hay tecnologías más económicas y verificables, como los humedales, que pueden ser alternativas viables, especialmente en comunidades pequeñas. Es un mérito que el documento pueda retroalimentarse, pero necesita una mayor integración de especialistas y un enfoque más amplio”, indicó, “lo que no me parece que está bien claro y visualizado son todos los componentes que lleva una estrategia o un programa de Revive Río Santiago”.
A pesar de las limitaciones del programa, la académica reconoció que el proyecto abre la puerta a colaboraciones con el gobierno federal, cuya participación es indispensable, y apuntó que “el río Santiago es un cuerpo de agua federal, y su saneamiento requiere de un monitoreo e inspección más allá de las capacidades del gobierno estatal”.
Sin embargo, apuntó, la relación entre el gobierno estatal y el federal podría ser un obstáculo para el avance del proyecto, ya que “me parece preocupante que, mientras el gobernador saliente plantea iniciativas, como salir del Pacto Fiscal, el gobierno entrante deberá tender puentes con la federación para evitar que los esfuerzos realizados sean ignorados”.
“Lo que va a ocurrir es que el gobierno federal va a otra vez a recabar su propia estrategia completa, siguiendo a toda la región hidrológica Lerma-Chapala-Santiago, y no va a tomar en cuenta los esfuerzos que se han realizado aquí en Jalisco, lo cual me parecería también como algo muy grave. Porque yo creo que en el ámbito de competencias sí necesita haber un acuerdo de colaboración y coordinación y diálogo, necesariamente”, advirtió la experta.
El presupuesto para este proyecto, de acuerdo con el informe entregado por Alfaro Ramírez, se estima en más de 7 mil millones de pesos, pero para la especialista, no hay una claridad en base a que se realizó ese cálculo.
“No vi el anexo en base a que se hizo ese cálculo. No viene, supongo que deben de estar en toda la propuesta completa, pero a mí me parece que no podemos basarnos en una visión hidráulica, la recuperación de la cuenca del río Santiago, porque está visto que esto no ha funcionado”, dijo.
Por otro lado, la académica puso en duda el avance en el saneamiento del río, que presumió el gobernador jalisciense, del 75 por ciento, ya que los datos proporcionados no son verificables y los niveles de contaminación indican lo contrario, como lo evidenció la mortandad de peces registrada este año, todos los datos que tenían en su página, agregó, no hay indicadores ni forma de verificar esa información.
“Tan no es verificable, que entonces cómo nos explicamos que en este año, en meses pasados, hubiera miles de peces sobre el río Santiago muertos por falta de oxígeno. Y la falta de oxígeno es por contaminación, no por el viento”, observó.
Además, aseguró que ella envió los datos que se obtuvieron por transparencia a una científica de la Alianza Mundial de Derecho Ambiental y le informaron que esos indicadores de contaminantes indica la presencia de metales pesados y orgánicos, en exceso, “¿cómo es que llevamos el 75%?”, además, señaló que la perspectiva de llegar al 99 por ciento de saneamiento del río, al final del sexenio de Pablo Lemus, no es factible, por lo que solicitó “datos duros” para verificar la información.
“Los datos duros que hay, y que fueron proporcionados por la CEA indica que el río Santiago tiene la misma contaminación. Tan es así que hubo una mortandad de peces”, insistió.
Otro aspecto que preocupa a la académica, quien desde finales de los 80’s ha estudiado la región hidrológica de Chapla-Lerma, es la limitada participación de instituciones académicas y de la sociedad en la formulación del plan.
“Tampoco hay como que ese anexo para decir participó la Secretaría de Economía, la Secretaría de Ordenamiento Territorial, la verdad no sabemos quiénes participaron, pero yo hubiera pensado que esas propuestas, que tuvieran el filtro no sólo de las secretarías, sino las hubieran tenido desde un cuerpo colegiado de expertos y gente afectada junto con las secretarías. Porque de otra manera, me parece que es la visión de este gobierno actual que no puede, que a lo mejor no es coincidente con otra visión más alta, que involucre a otros actores”, lamentó.
El documento presentado por el gobierno estatal incluye 66 acciones y 18 indicadores, pero la académica insistió en que los indicadores no están claros ni son verificables y señaló que “si realmente queremos revivir al río Santiago, necesitamos datos duros y estrategias más robustas”.
Para la académica, el saneamiento del río Santiago no sólo es un desafío técnico, sino también político y social, su recuperación requerirá no sólo recursos económicos, sino también voluntad política y la participación activa de todos los sectores.
JALISCO
El horror de Teuchitlán alcanza a Alfaro

De Frente al Poder, por Óscar Ábrego //
La primera semana de diciembre del año pasado escribí en este espacio una colaboración que titulé “Alfaro y el karma de la vida”.
En esa ocasión afirmé:
“Enrique Alfaro deja con su adiós una larga estela de agravios.
“Durante su estancia en el poder siempre privilegió satisfacer su apetito egocéntrico.
“Se sabe muy bien que con el tiempo creció su agrado por la sumisión absoluta de sus colaboradores.
“El control férreo fue su sello particular.
“Incluso algunos de sus chiqueados más cercanos admitían en lo corto que sus furiosas reacciones no eran más que una proyección de su personalidad soberbia e intolerante.
“Se dice del karma que toda acción tiene una consecuencia y que todo lo que se envía al universo volverá a nosotros.
“Si atendemos esto, entonces quizás el ahora ex gobernador de Jalisco debe prepararse para carear las consecuencias de esta ley inevitable”.
No pasó mucho tiempo para que el horror de Teuchitlán lo alcanzara.
Lo que son las cosas, mientras disfrutaba de lo lindo en Europa, se le apareció el rostro macabro de lo que fue su sexenio en materia de desaparecidos.
Las consecuencias serán muchas.
Por lo pronto, me aseguran que Pablo Lemus ni siquiera tiene ganas de responderle las llamadas y que derivado de este y otros asuntos, emprenderá una serie de medidas para despojar a Jalisco y a su gobierno de todo aquello que huela a alfarismo.
Tomar el control de partido MC sería una de sus primeras acciones.
Por cierto, en el centro del drama heredado por Alfaro Ramírez, es pertinente colocar el nombre de quien fue la mente perversa de la pasada gestión: Hugo Luna.
Sabemos que al margen de haber sido el zalamero más cercano, toda decisión institucional pasaba por su aduana, de tal modo que en la mira del actual gobierno su persona se vuelve un objetivo prioritario.
El fuero es un tema que ya está en revisión.
Al respecto, no sé si la justicia se encargará de estos dos personajes; sin embargo tengo fe en que el veredicto de la historia los colocará en el lugar que se merecen, porque ambos –hay que decirlo con toda claridad- se comportaron como unos miserables con los colectivos de padres y madres buscadoras.
Les ignoraron, descalificaron y re-victimizaron.
Por eso creo que podrán escapar de la ley, pero del karma, jamás.
En X: @DeFrentealPoder
*Óscar Ábrego es empresario, consultor en los sectores público y privado, escritor y analista
político.
CARTÓN POLÍTICO
¿Dormirá tranquilo en Madrid?
JALISCO
La justicia, un privilegio inalcanzable: Teuchitlán, la negación como crimen de Estado

Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco //
Hay maneras múltiples de negar un crimen, formas infinitas de enterrar un cuerpo, procedimientos diversos para desaparecer personas, ideas, realidades. En México, especialmente en Jalisco, el gobierno parece haberlas aprendido todas. El más reciente y grotesco episodio de negación oficial se escenifica alrededor de un rancho en Teuchitlán, cuyo nombre, «Izaguirre», se volvió sinónimo del horror: fosas, huesos quemados, restos calcinados, zapatos sin dueño.
Pero, según la fiscalía general del Estado, allí nunca hubo hornos crematorios. Así lo dijeron, con palabras oficiales, tranquilas, demasiado tranquilas, con la frialdad de quien niega para no actuar.
Héctor Flores, vocero del colectivo Luz de Esperanza, habla con el tono cansado de quien ya conoce todas las versiones oficiales. «Quieren minimizar la crisis, callar lo que dicen las familias y los medios», señala. No habla desde la teoría; lo suyo es la práctica cotidiana de una búsqueda desesperada, un intento de hacer justicia con propias manos, mientras el Estado responde con burocracia y negaciones. Y no habla solo de Teuchitlán, sino de una realidad que atraviesa todo México: más de 15,000 desaparecidos solo en Jalisco y decenas de miles más en todo el país. Números que aumentan, cifras que no despiertan acción sino indiferencia.
«La confianza está en las familias, no en las instituciones», sentencia Flores. Las palabras golpean con fuerza porque reflejan una verdad ya inocultable: el Estado ha dejado hace tiempo de ser garante de seguridad para convertirse en cómplice por omisión, por negligencia, por indiferencia. Flores lo explica sencillo, pero la simplicidad de su denuncia encierra toda la complejidad del fracaso institucional: «La federación no puede lavarse las manos echándole la culpa a los estados. La delincuencia organizada es competencia federal y tienen que actuar».
Pero México es el país donde los gobiernos siempre encuentran razones para no actuar. La Fiscalía argumenta que necesita denuncias formales para iniciar carpetas de investigación. Las familias responden que denunciar es ponerse en peligro, es exponerse a la violencia del crimen organizado, protegido por autoridades corruptas. La paradoja es brutal: se exige que las víctimas, ya violentadas, vulnerables, amenazadas, sean quienes se arriesguen aún más para hacer el trabajo que el Estado rechaza.
La negativa oficial sobre los hornos de Teuchitlán no solo busca invisibilizar la tragedia, sino evitar las consecuencias internacionales que podría acarrear el reconocimiento de un crimen que claramente constituye una violación masiva de derechos humanos. Flores apunta hacia organismos internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Penal Internacional, advirtiendo que esta crisis, de ocurrir en cualquier país europeo, sería inmediatamente calificada como una emergencia global. Pero ocurre en México, donde los muertos pesan menos, donde los desaparecidos son culpables antes que víctimas.
La negación no es solo federal, es también local. Enrique Alfaro, gobernador saliente de Jalisco, dejó en herencia un récord macabro: pasó de 5,000 a más de 15,000 desaparecidos durante su mandato. Colectivos como «Por Amor a Ellxs» recuerdan cómo Alfaro prometió diálogo y puertas abiertas, pero solo entregó indiferencia y abandono. María del Refugio Torres resume así el gobierno de Alfaro: «ineficaz, lleno de omisiones y deficiencias».
Ahora la responsabilidad recae en Pablo Lemus, sucesor político que, al parecer, ante esta prueba está actuando a destiempo. En reuniones en noviembre del año pasado, previas a la toma de poder, Salvador Zamora, quien ahora es secretario general de Gobierno, asistió solo para sacarse la foto. No escuchó, no conversó, no actuó, en esta crisis, no ha aparecido.
La crisis institucional no se detiene en el Ejecutivo. Jonathan Ávila, del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), denunciaba al finalizar la administración de Enrique Alfaro que no había ni siquiera un programa estatal de búsqueda en Jalisco y que el rezago en el Servicio Médico Forense alcanzaba niveles vergonzosos: más de 9,400 cuerpos sin identificar.
Mientras las autoridades siguen negando la realidad, las familias se organizan y protestan. Este sábado pasado, frente al Palacio de Gobierno de Jalisco, más de dos mil personas gritaron consignas claras y dolorosas: «El Estado sí sabía, Alfaro sí sabía». Lo sabían porque es imposible no saberlo, porque los campos del horror no nacen en secreto sino bajo el amparo de complicidades. Daniela Gómez, quien busca a su hermano desaparecido, resume el sentimiento común: «No es posible que haya más de 18,000 desaparecidos y solamente seis buscadores en el gobierno».
La vigilia del sábado fue otra demostración del dolor transformado en resistencia. Héctor Águila Carvajal, padre de otro desaparecido, pidió unidad: «Sigamos uniendo fuerzas, el dolor no cesa». Y no cesa porque la respuesta oficial sigue siendo mínima, burocrática, cínica.
Y lo de que Teuchitlán no se trata de un caso aislado. La lista de sitios donde se repite la tragedia es dolorosamente extensa: desde la macabra «Gallera» en Veracruz hasta los cuerpos disueltos en ácido por el infame «Pozolero» de Tijuana, pasando por la escalofriante cifra de restos en «La Bartolina», Tamaulipas. Un catálogo infernal de barbaries toleradas, acaso protegidas, por autoridades que prefieren mirar hacia otro lado.
Esta crisis no puede seguir siendo escondida bajo excusas burocráticas ni minimizada con comunicados oficiales. Los colectivos lo denuncian: Teuchitlán no es un caso aislado, sino un símbolo más de la impunidad institucionalizada. Héctor Flores alerta sobre al menos seis puntos más similares en Jalisco, que nadie quiere investigar porque nadie quiere reconocer lo evidente.
Desde Madrid hasta Nueva York, mexicanos en el exilio exigen lo básico: reconocer el término «sitios de exterminio», proteger efectivamente a las buscadoras, garantizar justicia y reparación. Es un grito desesperado, es una demanda urgente, y es, sobre todo, una advertencia: la negación no borrará los muertos, solo prolongará el sufrimiento.
Negar lo evidente es una forma más de violencia. México merece más que excusas. Las víctimas merecen más que palabras. Y la justicia, que debería ser obvia, hoy parece un privilegio inalcanzable.
En X @DEPACHECOS
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