De Frente al Poder, por Óscar Ábrego //

“Será Merilyn Gómez Pozos la candidata de Morena”.

“A Ricardo Villanueva lo perfilan como sucesor de Mario Delgado al frente de la Secretaría de Educación”, me asegura una fuente bien enterada al comentarme sobre la postulación guinda al gobierno municipal de Guadalajara.

De acuerdo a esta información, la presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados Federal, tiene el camino despejado para dirigirse con cierta tranquilidad hacia la candidatura de la alcaldía tapatía.

Así, de confirmarse lo anterior, entonces se explicaría por qué varios equipos que en principio se veían incompatibles iniciaron los trabajos relativos a darle forma a su proyecto.

De hecho, me enteran de que líderes sociales y empresariales comenzaron labores de vinculación con la precitada legisladora.

Dicho de otra forma, todo apunta a que en breve habrá señales más notorias de que la ex coordinadora de la campaña presidencial en Jalisco, encabezará las pretensiones morenistas de conquistar la capital política de nuestra entidad.

Pero mientras en el lado del Movimiento de Regeneración Nacional el panorama parece aclararse, en MC nubes oscuras se posan sobre la ciudad.

Personajes que conocen las entrañas naranjas me dicen que en Palacio de Gobierno dejaron de ver con buenos ojos la probable reelección de Verónica Delgadillo.

Al respecto, hay quien afirma que suenan dos nombres que tendrían la venia de la nueva nomenclatura partidista: Priscilla Franco y Salvador Zamora.

Y aunque todavía no se tiene plena certeza del motivo por el que la actual alcaldesa habría perdido la simpatía y el respaldo político del círculo más cercano a Pablo Lemus, me confían que existen dos razones principales: una, que aún sostiene una evidente lealtad a Enrique Alfaro; y dos, que ha dado muestras suficientes de que no desea alinearse a los criterios que mueven al hoy gobernador.

De ser verdad, entonces estaríamos en condición de suponer que la disputa por Guadalajara viviría sus momentos más intensos en el epicentro de Movimiento Ciudadano.

En X: @DeFrentealPoder

*Óscar Ábrego es empresario, consultor en los sectores público y privado, escritor y analista político.

Luchas Sociales, por Mónica Ortiz //

Ante la crisis que azota a nuestro país y a Jalisco, marcada por las transiciones gubernamentales, los cambios drásticos como la desaparición de los sistemas de transparencia y sus órganos garantes, la incertidumbre en las relaciones con nuestro vecino país del norte, la innegable crisis de desapariciones y el horror del crimen organizado, cuya presencia en regiones y comunidades es innegable, así como su infiltración en sectores sociales, los mexicanos estamos en vilo.

En medio de estas terribles circunstancias, se suma la extinción oficial de la transparencia en México y en los estados para tener una transición hacia un nuevo modelo, en un contexto donde cientos de acontecimientos exigirán la obligación de informar y el ejercicio del derecho a saber.

En este sentido, y ante la publicación en el Diario Oficial de la Federación del decreto por el que se expiden la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; y se reforma el artículo 37, fracción XV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, es el nacimiento del nuevo sistema de transparencia en el país.

Sumamente criticado, pues preocupa la eliminación de principios e interpretaciones, se asegura que las leyes aprobadas representan un retroceso significativo en la protección de los derechos de acceso a la información y la protección de datos personales.

Ante el desastroso panorama del desmantelamiento de más de veinte años de transparencia y rendición de cuentas, pilares del derecho de la ciudadanía a saber y ser informada, actualmente nos toca presenciar la transición hacia un nuevo modelo que, paradójicamente, llevará por nombre «Transparencia para el pueblo».

No obstante, sería más preciso si incluyera la palabra «a modo», pues resulta evidente que la nueva legislación busca suavizar y aligerar la carga de obligaciones y responsabilidades inherentes al derecho de acceso a la información pública, dejando lagunas y ambigüedades.

Además, elimina principios constitucionales e introduce figuras legales que permitirán restringir el acceso a la información pública, como la «paz social» y los «daños al interés del Estado», podrían ser utilizados como criterios para reservar información. Por si fuera poco, se menoscaba la autonomía, la imparcialidad y la profesionalización de las autoridades de transparencia.

En este sentido, se presenta una resistencia y dura crítica social al gobierno federal por la supresión de un modelo de transparencia construido a través de más de dos décadas, perfeccionado bajo procesos legislativos que reformaban para construir y no para destruir, no como el del pasado 20 de marzo, que dio luz a las nuevas legislaciones en la materia que son incompatibles e incomparables a lo que gozábamos en materia de transparencia, que sin duda garantizaba el derecho a saber y ser informado sin la interferencia de gobiernos.

Hoy que los asuntos de transparencia gubernamental pasan a ser parte del mismo gobierno, son ellos quienes, ante las preguntas del pueblo sobre su actuar y sus obligaciones, responderán si tenemos o no derecho a la información solicitada, lo cual profundiza la concentración del poder y restringe derechos sociales, afectando la democracia.

En Jalisco, nos queda esperar animosamente que este gobierno respete congruentemente la construcción, el papel y la participación histórica que tuvo nuestra entidad en estas dos décadas de transparencia y rendición de cuentas, honrando la historia y las luchas sociales ganadas desde las trincheras de los muchos jaliscienses que actualmente son expertos, especialistas o defensores férreos del derecho al acceso a la información.

Que Jalisco mantenga su posición de puntero en materia de acceso a la información pública, protección de datos personales y rendición de cuentas, va a depender de los actores políticos locales, del Congreso local en la armonización de la ley, de la escucha abierta de la sociedad especializada en el tema, pero sobre todo de dejar a un lado la tentación de ir a favor del gobierno federal y marcar un estilo que deje claro que en Jalisco sí se respetará y se transitará a un modelo de sistema de transparencia local que no destruye ni restringe el acceso, que no limita la protección.

Esperemos que, ante las crisis actuales y la desaparición de la transparencia en México, por lo menos Jalisco se resista, elija no ser parte del retroceso en la materia, privilegie el derecho al acceso a la información y se pronuncie transparente por elección.

Opinión, por Iván Arrazola //

En el ámbito de la toma de decisiones en política, pueden identificarse dos formas contrastantes de actuar. Por un lado, la clase gobernante pueda actuar con responsabilidad e inteligencia, analizando cuidadosamente todas las alternativas disponibles y, tras un examen riguroso, elegir la opción más adecuada.

Sin embargo, también existe otra forma de gobernar, marcada por la improvisación, la superficialidad y la preferencia por soluciones temporales que eluden las causas estructurales de los problemas. A esta práctica se le ha denominado, “la ciencia de salir del paso”.

Nuestra clase gobernante ha dado señales más que evidentes de que en el tema de las desapariciones, la improvisación y el desinterés son las formas que más se ajustan para tratar de resolver el problema, la superficialidad y las soluciones temporales son el mejor remedio en momentos de crisis.

Esta semana, tanto la presidenta Claudia Sheinbaum como el fiscal general Alejandro Gertz ofrecieron una muestra clara de que, en el tema de las desapariciones, predomina esa forma de gobernar basada en la improvisación y la contención simbólica.

Mientras la presidenta presume tener “cabeza fría” en su compleja relación con Donald Trump, en el ámbito interno da señales de insensibilidad y enojo. Tras poner en duda la existencia de un presunto campo de exterminio en Teuchitlán, Jalisco —argumentando que todo se basaba en fotografías y testimonios de personas buscadoras—, Sheinbaum terminó anunciando una serie de medidas, aunque no sin antes lanzar críticas contra la oposición.

Entre las medidas anunciadas por la presidenta se encuentran: 1) el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB); 2) la consolidación del Certificado Único de Registro de Población; 3) el fortalecimiento del Centro Nacional de Identificación Humana; 4) la incorporación de nuevos protocolos en la ley; 5) la equiparación del delito de desaparición con el de secuestro, y 6) el fortalecimiento de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Sin embargo, estas acciones generaron inconformidad entre diversos colectivos de personas buscadoras, quienes reprocharon que muchas de estas medidas ya están previstas en la legislación, pero no se han aplicado. Además, señalaron que no fueron tomadas en cuenta para la definición de estas políticas, lo cual refuerza la percepción de una decisión unilateral y sin diálogo.

Por último, aunque se anunció este paquete de acciones, no se establecieron plazos claros para su implementación ni compromisos concretos sobre los resultados que se esperan alcanzar. Todo indica que lo prioritario era calmar a la opinión pública y ofrecer una narrativa de acción, más que diseñar una estrategia real y efectiva para atender la crisis de desapariciones.

Pero quien sin duda ofreció el espectáculo más lamentable fue el fiscal general Alejandro Gertz, al dar una conferencia de prensa en la que, según las primeras investigaciones, la Fiscalía del Estado de Jalisco habría incurrido en graves omisiones: no se inspeccionó adecuadamente el lugar, no se tomaron muestras de huellas dactilares, no se realizaron análisis químicos ni físicos en los supuestos hornos crematorios, no se investigó la propiedad del terreno y no se dio seguimiento a las víctimas rescatadas del sitio.

Gertz no hizo mención alguna sobre las posibles responsabilidades de la Fiscalía General de la República, a pesar de que fue una autoridad federal la que intervino directamente en el rancho. Tampoco ofreció información sobre las víctimas ni sobre lo que realmente ocurrió en el lugar.

La comparecencia fue utilizada por el fiscal para invitar a los medios de comunicación y a los colectivos de personas buscadoras a visitar el sitio. No obstante, la visita resultó altamente cuestionable: ya no quedaba rastro de las prendas ni evidencia visible, lo que sugiere que el objetivo era mostrar un lugar vacío, sin restos ni indicios de crematorios. La fiscalía quedó en evidencia al abrir un sitio que, por su relevancia, debería haberse resguardado como prueba fundamental para una investigación seria.

El mensaje fue claro: el fiscal intentó deslindarse de toda responsabilidad, culpando únicamente a la fiscalía estatal por las omisiones. En todo momento se esforzó por marcar distancia, insistiendo en que “esto no es Ayotzinapa” y prometiendo que el caso “sí se tomaría en serio”. Fue una forma lamentable de presentar los hechos y, sobre todo, una forma de evadir su responsabilidad frente a una crisis nacional con más de 120 mil personas desaparecidas.

Resulta lamentable que una crisis como esta, que podría ser una oportunidad para que las instituciones del país revisen a fondo los procesos de procuración de justicia, se esté desperdiciando en el intento por proteger al gobierno. 

La presidenta ha declarado que antes las desapariciones eran responsabilidad del Estado y que ahora son obra del crimen organizado. Sin embargo, incluso si ese diagnóstico se comprobara, el escenario no sería mejor, sino más grave: implicaría que el Estado, al no actuar, es partícipe por omisión o por simulación.