Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco //

Esta semana, un nuevo capítulo de intrigas internas en Morena sacudió los pasillos del poder en Jalisco. Ahora, el epicentro del conflicto se ubica en la Delegación de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), donde una disputa por el control de un inmueble federal ubicado en la calle Napoleón 448, en Guadalajara, ha expuesto un desgarrador retrato de improvisación, ambiciones personales y maniobras cuestionables.

El acta de certificación de hechos, levantado por el notario público número 27 de Zapopan, Salvador Pérez Gómez, pinta un cuadro que rebasa la ficción. El pasado 8 de enero de 2025, Andrés Avelino Palma Flores, quien se identificó como subdelegado de coordinación con las delegaciones federales en Jalisco, se presentó en las oficinas de la calle Napoleón, en Providencia, sólo para encontrarse con que las chapas habían sido cambiadas y que Gustavo Hernández Aréchiga, quien también reclamaba ser el titular de la dependencia, le impedía el acceso.

El choque entre Palma Flores y Hernández Aréchiga es sólo la punta del iceberg de una narrativa donde los procedimientos formales parecen ser opcionales. Mientras Andrés Palma mostraba una credencial oficial y documentos que lo acreditan como encargado del despacho, Hernández Aréchiga se negó a identificarse ante el notario, argumentando que su “director” ya lo había designado. No proporcionó, sin embargo, el nombre de ese supuesto director ni documento alguno que avalara su posición.

El testimonio recogido por el notario público detalla que, además de Palma Flores, cinco empleados más se vieron impedidos de ingresar al inmueble. Estas personas son María Guadalupe Carrillo Valencia, Juan José Ortiz Jaime, Isabel Guzmán Miramontes, Roberto García Sánchez y Miguel Alejandro Hernández Pérez, quienes también fueron informados por Hernández Aréchiga de que sus contratos habían concluido el 31 de diciembre de 2024. Sin embargo, ninguno de ellos recibió documentación que corroborara esta versión.

La negativa de acceso incluso para retirar pertenencias personales representa una clara violación de derechos laborales y humanos. Además, el cambio de chapas sin notificación previa ni autorización documentada apunta a una toma de control forzada del inmueble, cuestionando el respeto al debido proceso.

La situación rayó en lo absurdo: empleados como María Guadalupe Carrillo Valencia, Isabel Guzmán Miramontes y el propio Andrés Avelino Palma Flores son funcionarios del servicio profesional de carrera, y, simplemente, fueron privados de acceso, bajo el pretexto de que sus contratos laborales habían concluido el 31 de diciembre de 2024. Palma Flores, respaldado por el notario, sostuvo que no sólo sus nombramientos eran válidos, sino que la acción de Hernández Aréchiga constituía una usurpación de funciones.

CONTEXTO Y ANTECEDENTES

El nombre del expriísta Gustavo Hernández Aréchiga no es nuevo en la arena pública. Exasesor de la Dirección de Asuntos Políticos durante la administración municipal de Pablo Lemus y presidente especial de la Décima Junta de Conciliación y Arbitraje en Guadalajara, su historial también incluye contratos como prestador de servicios profesionales en la Secretaría de Bienestar.

Su pasado revela un entramado de relaciones con las estructuras federales, aunque con funciones subordinadas y condiciones laborales precarias: honorarios mensuales de poco más de 8 mil pesos y obligaciones que iban desde coordinar mesas de atención hasta elaborar estrategias de promoción.

Este trasfondo vuelve más incomprensible su resistencia a identificarse formalmente en el reciente altercado. ¿Cómo alguien con un currículo que denota conocimiento de las normas básicas del servicio público opta por el oscurantismo frente a un notario?

EL TRASFONDO POLÍTICO

En el contexto de Morena, este incidente no es un hecho aislado, sino un reflejo de las pugnas internas que han desgastado al partido en Jalisco. Las luchas por el control de oficinas clave no sólo delatan la fragmentación al interior del partido, sino también el pragmatismo que ha reemplazado cualquier pretensión de institucionalidad.

El hecho de que un funcionario como Andrés Palma necesite recurrir a un notario para defender sus derechos laborales y el acceso a su lugar de trabajo evidencia un estado de anomia dentro de las estructuras federales en el estado. Más allá de las personalidades involucradas, lo que está en juego es la credibilidad de las instituciones.

La negación de acceso al inmueble también impidió que Palma Flores y su equipo recuperaran sus pertenencias personales. Este pequeño detalle retrata la dimensión humana del conflicto: empleados que, más allá de sus nombramientos y funciones, quedaron atrapados en una disputa de poder que no controla ni comprende.

Mientras tanto, los usuarios de los servicios que deberían prestarse en esta delegación son los grandes olvidados. La inestabilidad y la falta de claridad sobre quién tiene la legitimidad para operar la oficina han dejado en el limbo a los ciudadanos que dependen de su funcionamiento.

EL DESENLACE INCIERTO

El caso de la Delegación de la SEGOB en Jalisco simboliza el desorden administrativo y político que amenaza con desbordar a Morena en su afán por mantener el control territorial. A medida que las diferencias internas se ventilan públicamente, el partido arriesga no sólo su imagen, sino también la confianza ciudadana.

La crónica de estos hechos invita a una reflexión urgente: si Morena aspira a consolidarse como un proyecto político con vocación transformadora, necesita reconstruir los cimientos de su organización interna. Las chapas cambiadas y las acusaciones de usurpación son sólo símbolos de un mal mayor: el abandono de los principios que alguna vez prometieron revolucionar la forma de gobernar.

En X: @DEPACHECOS

A título personal, por Armando Morquecho Camacho //

En el horizonte de la Zona Metropolitana de Guadalajara, las torres de departamentos se alzan como un bosque de concreto, una metáfora de un crecimiento desmedido y poco armonioso. Estas estructuras, que prometen modernidad y desarrollo, son también reflejo de un sistema que, como un río desbordado, ha dejado a su paso problemas que no pueden ignorarse: especulación inmobiliaria, saturación de servicios y la sombra persistente de algunos vicios.

De acuerdo con algunos datos que leí la semana pasada, desde el año 2010, cuando comenzaron a proliferar estos desarrollos verticales, la narrativa del progreso tomó forma en edificios de más de veinte niveles que cambiaron el rostro de colonias tradicionales como Providencia, Colomos y Vallarta. En apenas trece años, los proyectos registrados pasaron de 54 en 2010 a la asombrosa cifra de 291 en 2023. Este crecimiento, lejos de responder a una planeación adecuada, parece más bien el resultado de un apetito voraz por la urbanización a cualquier costo.

Ciertamente este tema no es para menos y debería ser un pilar en la agenda pública, ya que el impacto de estas construcciones no se limita al paisaje urbano. La especulación inmobiliaria ha convertido la vivienda en un lujo inalcanzable para muchos. En lugar de responder a la demanda real de hogares accesibles, las torres han inflado los precios de terrenos y propiedades a niveles que excluyen a una gran parte de la población. La ciudad, antaño accesible, ahora se parece más a una vitrina donde solo algunos pueden pagar el precio de la entrada.

Pero los costos económicos no son los únicos que pesan. Los servicios públicos de estas zonas, diseñados para una densidad habitacional mucho menor, enfrentan ahora el desafío de atender a una población multiplicada. Las vialidades, como arterias obstruidas, se colapsan bajo el peso de un tráfico cada vez más intenso. El suministro de agua, la recolección de basura y los servicios de drenaje muestran sus límites, poniendo en evidencia una infraestructura que no fue concebida para soportar este nivel de urbanización.

La pregunta inevitable es cómo se llegó hasta aquí. Parte de la respuesta yace en la flexibilización de normativas y, en algunos casos, en la omisión deliberada de regulaciones que deberían haber garantizado un crecimiento ordenado. Aunque los desarrolladores han argumentado que estos proyectos traen inversión y empleo, no puede ignorarse que muchos han encontrado la manera de sortear las reglas para maximizar sus beneficios.

Un ejemplo claro es el uso del Coeficiente de Uso del Suelo (C.U.S.) y el Coeficiente de Ocupación del Suelo (C.O.S.), cuyos parámetros, diseñados para regular la densidad y la ocupación máxima de los terrenos, han sido objeto de modificaciones discrecionales, como lo es la creación del CUSMAX que permite a los desarrolladores incrementar la densidad de construcción en áreas específicas, promoviendo un uso más ‘’eficiente’’ del suelo y fomentando el desarrollo urbano en zonas estratégicas, pero omitiendo tomar medias para contener el desarrollo inmobiliario vertical a través de los planes parciales de desarrollo urbano.

De esta manera, las autoridades han permitido el aumento en la densidad de construcción bajo argumentos como el «impacto positivo» o el «interés público», pero sin aumentar o incrementar los espacios de servicios públicos tales como parques, hospitales, obras de infraestructura hidráulica, para garantizar un verdadero impacto positivo o un crecimiento sustentable.

Sin embargo, estas decisiones suelen carecer de transparencia, dejando espacio para negociaciones opacas entre las partes involucradas y que suelen priorizar beneficios económicos inmediatos sobre el bienestar colectivo, dando como resultado que aquello que debió ser una herramienta para garantizar un crecimiento urbano sostenible se han convertido en piezas clave de un sistema donde la flexibilidad normativa sirve más a los intereses privados que al bien común.

De esta manera, este fenómeno deja entrever un problema más profundo que debe de ser también una invitación a reflexionar sobre los mecanismos que determinan cómo se otorgan los permisos de construcción, quién supervisa su cumplimiento y qué intereses se protegen en el proceso, preguntas que adquieren aún más relevancia cuando recordamos que cuando las leyes se convierten en sugerencias y los reglamentos en meros obstáculos burocráticos, el costo lo paga la ciudad entera.

En este contexto, la metáfora de las torres de Babel cobra un nuevo significado. Al igual que en el mito bíblico, estas construcciones parecen levantarse sin considerar las limitaciones del entorno, en un intento por alcanzar alturas que desafían la lógica y la sostenibilidad. Pero mientras en la historia original el castigo fue la confusión de las lenguas, aquí el resultado es un tejido urbano fracturado, donde los intereses privados eclipsan el bien común.

Es importante señalar que la crítica a este modelo de desarrollo no busca detener el progreso ni satanizar la urbanización vertical. Las ciudades necesitan adaptarse y crecer, pero este crecimiento debe ser resultado de una planeación estratégica que considere las necesidades de sus habitantes y respete la capacidad de sus servicios garantizando un desarrollo verdaderamente sostenible que a su vez brinde un verdadero equilibrio entre densidad y calidad de vida, entre inversión y regulación, entre lo público y lo privado.

Por eso mismo, el caso de Guadalajara y Zapopan, la proliferación de torres nos obliga a repensar el modelo de ciudad que estamos construyendo. ¿Queremos un espacio donde la modernidad se mida en metros de altura o una ciudad que priorice la equidad, la funcionalidad y la habitabilidad?

Ciertamente el reto que tenemos en frente es monumental, pero pese a esto no es imposible. Requiere de autoridades que actúen con integridad y voluntad política, de ciudadanos que exijan transparencia y participen en los procesos de decisión, y de desarrolladores que asuman su responsabilidad social. Solo así será posible transformar este paisaje urbano, para que las torres que ahora parecen desafiarnos desde su altura sean testimonio de un progreso auténtico y no de un sistema que ha perdido su rumbo.

La ciudad, como cualquier organismo vivo, necesita equilibrio. No basta con construir edificios; es imprescindible construir comunidad. La ambición desmedida sin planeación ni equilibrio puede fragmentar incluso las estructuras más imponentes. La verdadera pregunta es si seremos capaces de construir una ciudad que priorice el bienestar colectivo sobre los intereses particulares.

Por Francisco Junco //

El Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, ha asegurado el respaldo del Gobierno Federal para concretar la construcción de la Línea 5 del transporte masivo, un proyecto que promete transformar la conectividad en la Metrópoli de Guadalajara, que, a decir del mandatario estatal, dará un paso clave hacia la electromovilidad en la entidad.

“Le presenté (a la presidenta Claudia Sheinbaum) el esquema financiero, que es a través del FONADIN y nos dio luz verde, ya para empezar a trabajar el proyecto. Entrado el año, en los primeros días de enero vamos a tener una reunión, el secretario de Comunicaciones, el secretario Tavira, junto con el director general de Banobras y el gobierno del estado de Jalisco, para empezar a aterrizar ya el modelo financiero”, señaló, en rueda de prensa, tras presentar el proyecto, el mandatario jalisciense.

Pablo Lemus Navarro, calificó de exitosa la primera visita de la presidenta de la República, ya que no solamente “amarró” proyectos estratégicos de infraestructura, sino que podrán forjar una amistad entre ambos mandatarios.

Las actividades de la presidenta de México fueron privadas, al finalizar solamente hubo una rueda de prensa de Lemus Navarro, sin que se hiciera un pronunciamiento en conjunto.

En la primera gira presidencial en Jalisco, estuvieron los presidentes de la metrópoli, Verónica Delgadillo de Guadalajara, Laura Imelda Pérez de Tlaquepaque, Sergio Chávez de Tonalá, Juan José Frangie de Zapopan y Gerardo Quirino de Tlajomulco, así como funcionarios del gabinete presidencial.

“Supervisamos la Línea 4 de la Zona Metropolitana de Guadalajara con el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, y las y los presidentes municipales. En este proyecto, se invirtieron recursos federales que orientaron al entonces presidente AMLO por más de 10 mil millones de pesos”, posteó Claudia Sheinbaum en sus redes sociales.

En la reunión celebrada con la presidenta de México, Sheinbaum Pardo, que incluyó un recorrido por El Salto, Tlajomulco y Tlaquepaque, Pablo Lemus presentó iniciativas estratégicas para detonar el desarrollo del estado, destacando la Línea 5 como prioridad, y detalló que el proceso de licitación para la renovación de la carretera a Chapala, una obra preliminar de la mencionada línea de Tren Ligero, iniciará el primer mes de este año.

“Uno, iniciar ya los trabajos con Secretaría de Comunicaciones y Banobras para los trabajos o el esquema financiero para la habilitación de la Línea 5 del transporte público. Dos, la rehabilitación carretera en las cuatro carreteras mencionadas, 70, 80, 90 y 200. Tercer punto, trabajar con la Secretaría de Comunicaciones en los aeropuertos de Chalacatepec y Lagos de Moreno para encontrar los esquemas, yo no llamaría de concesión en este momento, yo llamaría los esquemas de co-inversión para estos dos aeropuertos. Lo del Puente Federación. Sobre el saneamiento del río Santiago”, resumió Lemus Navarro.

LÍNEA 5, COMPRENDE 18.5 KILÓMETROS

El proyecto Línea 5, apuntó, es un sistema de electromovilidad que abarca 18.5 kilómetros desde el Aeropuerto Internacional de Guadalajara hasta la antigua estación del Parque Agua Azul en el centro de la ciudad, como primera etapa, con ramales hacia el Estadio Akron y Expo Guadalajara.

“Que por cierto, estamos ya en pláticas muy profundas con el Grupo Aeroportuario del Pacífico, porque la línea nace al interior del aeropuerto y que, cuando menos, la primera etapa quedará terminada para el Mundial de Fútbol”, sostuvo.

“Lo que le propuse fueron soluciones financieras que permitan el construir esta gran obra. Esta obra en esta etapa está planteada alrededor de 13 mil millones de pesos, es la inversión que se tendría”, puntualizó Pablo Lemus.

En la reunión con la presidenta, Claudia Sheinbaum, quien se mostró muy interesada, el gobernador de Jalisco le explicó que este proyecto de movilidad, no solamente es conectar el Aeropuerto Internacional con el Centro Histórico de Guadalajara, este sistema de electromovilidad estará interconectado con otras redes de transporte como Mi Macro Periférico, Mi Macro Calzada, la Ruta Eléctrica y las líneas 1, 2 y 3 de Mi Tren, operadas por SITEUR.

Este enfoque garantizará una movilidad eficiente entre municipios como El Salto, Guadalajara, Tlaquepaque, Tlajomulco y Zapopan, beneficiando a más de medio millón de personas que usan transporte público de forma habitual.

Gracias a la explicación, el mandatario anticipó que existe el compromiso de la presidenta de México, para iniciar el proceso de licitación de la renovación urbana de todo el ingreso de la carretera Chapala en enero.

“Es ganarle dos carriles por sentido, es la instalación de banquetas, que esto socialmente es muy importante. Ciclovía, que también socialmente es muy importante, instalación de luminarias, todo en concreto hidráulico. Le dio la instrucción al secretario Tavira de que ya nos entregué esta vialidad para que sea estatal y ya no sea federal en este tramo, solamente en este tramo”, aseguró Pablo Lemus ante periodistas, en la rueda de prensa.

“Ojo, que serán los trabajos preliminares de la línea 5 del transporte público, eso es lo que va a ser la rehabilitación de la carretera Chapala y es una renovación urbana de la imagen de la ciudad, que cuando lleguen al Aeropuerto de Guadalajara, pues vean una vialidad bonita, arbolada, con banquetas, segura, iluminada, etcétera”.

El impacto del proyecto será significativo, ya que se espera una reducción del 92 por ciento de las 41 mil toneladas anuales de contaminantes generados en el corredor, así como una disminución del 42 por ciento en los tiempos de traslado, ahorrando hasta 50 minutos diarios por persona.

EL SANEAMIENTO DEL RÍO SANTIAGO, UNA DEUDA HISTÓRICA

Otro proyecto crucial presentado por el Gobernador Pablo Lemus, fue la segunda etapa del saneamiento del Río Santiago. Este esfuerzo busca ampliar las plantas de tratamiento de aguas residuales en El Ahogado, Agua Prieta y Río Blanco, además de construir cinco nuevas plantas en la zona oriente de la ciudad, para tratar 4 mil 900 litros por segundo, que todavía se vierten sin tratar en la barranca del Río Santiago, con una inversión proyectada de 12 mil 600 millones de pesos entre 2024 y 2030.

“Dentro del paquete de recursos federal para el saneamiento de la cuenca Lerma-Santiago, la presidenta quedó de analizar las cuatro plantas de tratamiento que estamos proponiendo, una es en San Gaspar y una en Río Blanco. También vale la pena decir que le pedí apoyo a la presidenta, para que las gobernadoras y gobernadores que están en la cuenca, todos le entremos en una corresponsabilidad, incluido su servidor, para que el agua que se le saca al Santiago, pero también lo que se le vierte al Santiago, sea de buena calidad”.

Y es que, la calidad del agua en la cuenca, ha mostrado mejoría en algunos puntos, pero el trabajo está lejos de terminar, señaló Pablo Lemus, quien subrayó la importancia de la colaboración entre Profepa y Proepa para intensificar las inspecciones.

Las mejoras incluyen la construcción de colectores sanitarios, la modernización de estaciones de monitoreo y el uso de energías limpias en las plantas de tratamiento. Adicionalmente, se planea reutilizar hasta 6 metros cúbicos por segundo de aguas tratadas, reduciendo significativamente la descarga de aguas negras en el río.

CONEXIÓN FERROVIARIA Y FORTALECIMIENTO AEROPORTUARIO

La reunión también abordó la necesidad de una línea férrea directa entre Guadalajara y Aguascalientes, que reduciría los tiempos de espera de convoyes y detonará el desarrollo agroindustrial y automotriz. La propuesta contempla una inversión de 26 mil 700 millones de pesos para construir 188 kilómetros de vía férrea.

Este proyecto reducirá en un 55 por ciento la distancia actual del trayecto entre El Castillo e Irapuato, permitiendo una logística más eficiente para el transporte de bienes hacia Estados Unidos. Además, se plantea su uso como tren de pasajeros hacia ciudades como Monterrey, San Luis Potosí y Laredo, lo que incrementaría la conectividad regional.

Asimismo, se solicitó el apoyo federal para activar el Aeropuerto de Costa Alegre y expandir el Aeropuerto Altos Norte de Lagos de Moreno, lo que fortalecería la conectividad y competitividad regional.

Esta zona del litoral del Pacífico, crece 22 por ciento anual el número de visitantes y, para el próximo año, se estima una afluencia de más de 800 mil turistas a la región, para el año 2030 este aeropuerto podría mover un millón de pasajeros al año.

Para el Aeropuerto Altos Norte o de Lagos de Moreno, se está solicitando que pueda operar como aeropuerto de carga, para impulsar la competitividad de la región, que destaca por su producción agrícola y ganadera, y se busca impulsar el sector automotriz y aeroespacial.

La presidenta solicitó revisar este tema con la Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y también con las de Defensa Nacional y Marina, para determinar qué instancia se encarga de apoyar las gestiones para que operen adecuadamente ambos aeropuertos.

INFRAESTRUCTURA CARRETERA

Finalmente, Pablo Lemus presentó un plan para rehabilitar los 2 mil 196 kilómetros de carreteras federales en Jalisco, de los cuales el 31 por ciento está en estado crítico y el 40 por ciento en mal estado. La inversión requerida asciende a 11 mil 292 millones de pesos.

Las vías en esta situación son la carretera 80, que va de Ojuelos a Barra de Navidad; la carretera 70, que va de Ojuelos a Aguascalientes y de Zapopan a Mascota; la carretera 90, que va de Zapotlanejo a Degollado; y la carretera 200 que va de Puerto Vallarta a Barra de Navidad.

En la reunión, Claudia Sheinbaum aseguró que ya está en ruta el programa Bachetón y una renovación de la carpeta asfáltica en 47 kilómetros de la carretera 80.

Además, el gobernador destacó que estas obras no sólo mejorarán la seguridad vial, sino que también contribuirán al desarrollo económico de las regiones más alejadas de la Zona Metropolitana de Guadalajara, asegurando una mejor conectividad y reduciendo los costos logísticos para los sectores productivos.

La reunión, entre el gobernador de Jalisco y la presidenta de México, marca un hito en la colaboración intergubernamental. Los proyectos presentados no sólo buscan mejorar la infraestructura y la conectividad del estado, sino también impulsar un desarrollo sostenible que beneficie a millones de jaliscienses.

Pablo Lemus Navarro, visiblemente satisfecho y muy contento con la visita de Claudia Sheinbaum, aseguró que, esta primera gira de trabajo de la presidenta de México, estuvo marcada como una buena relación institucional y que incluso esta relación podría transformarse en una amistad personal.

En un mensaje de año nuevo, difundido en las redes sociales del gobernador, Pablo Lemus, aseguró que este año que comienza “es el año de Jalisco”, porque se inició trabajando juntos “para seguir engrandeciendo” a Jalisco.

“Es reconfortante saber que, hacemos un gran equipo, y que este año será exitoso para nosotros, porque los buenos gobiernos se construyen en equipo y Al Estilo Jalisco, sé que continuaremos siendo un ejemplo a nivel nacional y nos posicionaremos como un referente internacional”, posteó el mandatario.