OPINIÓN
La lucha permanente: Maestros acosadores, la irresponsabilidad institucionalizada

Educación, por Isabel Venegas //
El pasado lunes 9 de marzo quedó marcado como una fecha histórica después de que la movilización del día 8 registrara una participación de decenas de miles de mujeres que marcharon en las diferentes ciudades del país.
La convocatoria invitaba a un paro nacional, en el que se hiciera visible la relevancia del papel de la mujer en la sociedad moderna; el estimado calculaba un impacto económico de alrededor de los 26,000 millones de pesos, pero las cifras que arrojaban las cámaras de comercio la cerraron en más de 30,000 millones.
La mayoría de los reportajes y programas de análisis se basaron en la pregunta, Y al día siguiente, ¿qué va a pasar? ¿Cómo debe reaccionar la sociedad mexicana ante un movimiento que comienza a dialogar estos temas y que se enfrenta a un debate que desde hace mucho había estado abandonado, falto de argumentos, de tolerancia y de escucha? Tan es así, que durante el día del paro hubo lugares llenos de hombres se dedicaron a hacer “la carnita asada”, letreros de burla y memes que se difundieron contrastando el análisis de alto valor que en otros espacios sí se dio, porque ciertamente hubo donde se aprovechó para dar conferencias de las nuevas masculinidades, talleres de sana convivencia y conversatorios sobre lo que estaba ocurriendo.
Creo que ahí hay una clave importante, cuando decimos que hace falta dar el debate entre los temas de fondo de la causa feminista: el aborto (en sus diferentes circunstancias), la brecha salarial, el techo de cristal, la concepción de las nuevas relaciones en espacios políticos, etc. También debemos considerar el diálogo que entre ambos géneros pareciera de principio obvio: los hombres deben respetar a las mujeres, y viceversa, pero en realidad esa “obviedad” es la que sepulta el análisis debajo de un montón de conjeturas que debemos empezar a rescatar.
Vivimos una era en la que un argumento altamente coincidente es el de que a nuestra sociedad le hace falta retomar los valores, algo que puede ser tan subjetivo como peligroso; hay hombres que desde sus modelos de valor, conciben la figura masculina como el protector, proveedor y cabeza o líder de familia, con lo cual si eso no se cumple, se está perdiendo la buena organización. Ciertamente ese esquema contemplaba un elemento con alto grado de valía y es que subyace en él un núcleo de bondad y generosidad, es decir, el hombre que se preocupa por los demás.
Desde esa perspectiva el espacio de poder y autoridad se fue construyendo para los hombres, con el “equilibrio” de mujeres, quienes también habían constituido su ser con un concepto cultural de protección y generosidad, pero constreñido a un modelo de abnegación, entrega y sumisión. Generalizar tanto el comportamiento de los hombres como de las mujeres desde estos modelos, nos acerca a un entendimiento cultural que tiene en mente a mujeres con un liderazgo más allá de lo que la norma estipula, o a hombres que reflexionan sobre sus dinámicas personales y sociales, sin la necesidad de que una marcha visibilice sus abusos y errores, pero ahí está la clave, el momento en el que se ha pedido, se ha exigido, se ha marchado, se ha parado… y al final se sigue sin reflexionar sobre lo que para algunos puede ser normal, correcto e incluso bueno, sin entender lo que le duele al otro, sin asomarse siquiera a un poco de empatía.
Las mujeres piden que cese el acoso y muchos hombres dijeron, ¡qué exageración! ¡Deberían de agradecer que les decimos cosas bonitas! ¡Va, se quejan de todo! Con lo cual sus vidas continuaron exactamente igual, pero, ¿qué le significa a una mujer el tema del acoso?
La semana anterior al paro nacional yo hacía un reclamo hacía los entes de gobierno que se pronunciaban a favor del movimiento y “permitían” a sus colaboradoras faltar con la promesa de que no habrían de ser sancionadas. Sostengo que era un error de las instancias que (sin nada que perder, y mucha fuerza política que ganar) levantaban sus voces en favor de las mujeres. La mayoría de los primeros en ponerse de pie fueron los institutos y universidades, sí, esos que albergan a una serie de predadores, acosadores, cuya tribuna como grandes investigadores o simplemente mediocres con un poco de poder, les otorga la autoridad de abusar, aunque debo reconocer que lo hacen igual a hombres que a mujeres.
Me atrevo a suponer que en casi todas las escuelas y universidades existe más de un acosador, el que condiciona la calificación de sus alumnas, que les manda mensajes privados para invitarlas a salir para “asesorarlas” en temas que requieren de más charla, que les promociona puntos extra dependiendo de la amabilidad con la que respondan a ese profesor, que pueden llegar hasta la denuncia de abusos y extorsión graves ¿Cómo atienden las casas de estudio estas problemáticas?
Una clave está en los esquemas de ingreso, promoción y permanencia de sus profesores. En los últimos años muchos institutos adoptaron dinámicas mercantilistas con las que por ahorrar unos centavos comenzaron a pagar cada vez menos a sus docentes teniendo altos niveles de rotación; existen escuelas en las que los contratos son por 6 meses, con bajas prestaciones, en donde los despachos de recursos humanos (generalmente empresas de subcontratación) no se dan abasto buscando quién atienda los grupos –sobre todo- en bachilleratos o en los primeros niveles de licenciatura, en donde los investigadores especializados con bases o contratos definitivos, no se quieren desgastar por la propia dinámica de adolescentes que todavía están en el proceso de adquirir su madurez intelectual y social.
Es justamente ese momento de alta vulnerabilidad personal el que representa un caldo de cultivo para que la combinación de alguien con mucha necesidad se “aviente” el ruedo de trabajar por 70 u 80 pesos la hora, aguantando a jóvenes que pueden tener una cantidad enorme de carencias, necesidades y en medio de eso, afrontar el reto de enseñar una asignatura con la motivación para seguir aprendiendo por el resto de su vida.
Ya hemos hablado del enorme riesgo que se corre con el “yo sí te creo” a ciegas, con la conciencia de que muchas veces la denuncia social, libre y sin evidencias ha dado pie a grandes injusticias y revanchas que no tenían nada que ver con un abuso real, sin embargo queda claro un punto: en tanto las universidades e institutos sigan dejando de lado la enorme tarea de analizar los mecanismos de contratación y promover con un enorme sentido de conciencia social la permanencia de sus profesores, entonces no hay una respuesta real.
La valoración de las personas no se da tan solo con pagar más de los 80 pesos por hora, pero sí tiene mucho que ver con que permitas dar un esquema de acompañamiento emocional, de empoderamiento positivo, sobre todo porque su propio liderazgo lo exige. Hay quienes con el simple hecho de poner una calificación encuentran esa potestad que les hace estar ahí, aún y cuando las condiciones y el salario sean malos, luego entonces, es claro que las dinámicas con sus estudiantes no van a ser las más buenas, sanas y de alto sentido social.
Aquellas casas de estudio que cobijan a sus profesores, que buscan una verdadera comunidad de aprendizaje para la vida, y que fomentan una construcción social y personal a largo plazo, son aquellas en las que sus estudiantes reconocen el alto valor de quienes los acompañan en su formación personal y pueden darse el lujo de cobrar a los padres de familia la colegiatura o la asignación de recursos del gobierno, con toda honestidad; de lo contrario son la digna representación de la deshonestidad y la tranza, abusando de los bellos edificios que hacen parecer que los estudiantes que salen de ahí tienen una buena formación, mientras que lo único que aprendieron fue a ver cómo se puede humillar o ser humillado de manera institucional.
Mat. y M. en C. Isabel Alejandra María Venegas Salazar
E-mail: isa venegas@hotmail.com
NACIONALES
Grupo Salinas y la erosión de la justicia fiscal

Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //
La posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falle a favor de Grupo Salinas, eximiendo al conglomerado de Ricardo Salinas Pliego de pagar más de 74 mil millones de pesos en impuestos, trasciende un simple revés fiscal: representa un agravio directo al pueblo de México.
Esta cifra colosal, que supera el presupuesto anual de 25 estados y el financiamiento de programas sociales esenciales como salud y educación, pone en evidencia una verdad incómoda: el poder económico puede doblegar las instituciones diseñadas para velar por el interés colectivo. En un país donde las desigualdades persisten, este caso no es solo un debate legal, sino un reflejo de cómo las élites financieras influyen en la democracia y erosionan la confianza ciudadana.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha calificado un fallo favorable como “la injusticia llevada a la máxima expresión”, y su afirmación encuentra eco en los números. Con 74 mil millones de pesos se podrían construir hospitales como el Agustín O’Horán en Mérida, cuyo costo estimado es de 3 mil millones, financiar el programa de apoyo a mujeres de 60 a 64 años, con un presupuesto de 54 mil millones, o sostener la beca universal para estudiantes de secundaria, beneficiando a millones de jóvenes.
Estos recursos representan una oportunidad perdida para mejorar la calidad de vida de las mayorías, en contraste con el accionar de Grupo Salinas. Este conglomerado, que incluye gigantes como Elektra y TV Azteca, ha acumulado 32 litigios fiscales durante 16 años, retrasando desde 2008 el pago de impuestos que, según la Procuraduría Fiscal, debió saldarse. ¿Es esto justicia o un privilegio camuflado tras tecnicismos legales que solo los poderosos pueden costear?
El trasfondo de esta situación revela una relación alarmante entre el poder económico y el judicial. Durante casi dos décadas, Grupo Salinas ha empleado estrategias como amparos y maniobras dilatorias para evadir sus obligaciones fiscales, una práctica que ha escalado hasta llegar a la SCJN.
Reportes sugieren que ministros como Luis María Aguilar Morales han retrasado resoluciones, dejando expedientes congelados por meses, lo que alimenta sospechas de influencias indebidas. Este problema no es un fenómeno aislado ni reciente; tiene raíces en las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, cuando el emporio comenzó a litigar para eludir impuestos, acumulando una deuda que hoy alcanza niveles escandalosos.
La pregunta se impone: ¿quién protege los intereses de la nación cuando las instituciones ceden ante la presión de unos pocos magnates? La respuesta parece diluirse en un sistema donde la balanza de la justicia se inclina hacia quienes pueden pagar por su defensa.
Sheinbaum ha vinculado las críticas de TV Azteca —un brazo mediático de Grupo Salinas— contra la reforma judicial y su gobierno con un interés claro: preservar un sistema que permita a corporativos evadir responsabilidades fiscales. Este señalamiento no puede tomarse a la ligera. La cadena ha intensificado su narrativa en contra de las iniciativas del Ejecutivo, lo que refuerza la percepción de un conflicto de intereses.
Un fallo favorable a Grupo Salinas no solo legitimaría una deuda impaga, sino que enviaría un mensaje devastador: en México, la justicia se doblega ante quienes tienen los recursos para litigar eternamente, mientras el pueblo carga con las consecuencias económicas y sociales. Este precedente podría abrir la puerta a más empresas para seguir el mismo camino, agravando la erosión fiscal y la desigualdad.
Estos excesos del poder económico, respaldados por complicidades en el ámbito judicial, justifican la urgente necesidad de reformar el sistema. Millones de mexicanos, sin los recursos ni el acceso a un ejército de abogados como el de Salinas Pliego, quedan desprotegidos frente a un sistema que favorece a las élites.
A nivel local, la situación no es distinta. En Jalisco y otras entidades, se han documentado casos de jueces coludidos con funcionarios políticos para reprimir a ciudadanos que denuncian corruptelas, utilizando su autoridad para aplastar voces disidentes. Algunos de estos actores judiciales incluso buscaron el voto popular para perpetuarse en el poder, pero su pasado de complicidad ha sido expuesto, desmantelando su fachada de imparcialidad.
La reforma judicial propuesta por el gobierno actual busca romper con este ciclo de impunidad. Sin embargo, su éxito dependerá de la voluntad política y de la presión ciudadana para garantizar que los nuevos mecanismos no sean cooptados por los mismos intereses que hoy se cuestionan. Se espera que esta nueva etapa trace un horizonte donde la justicia sea verdaderamente igualitaria, sin distinción de clases ni influencias económicas.
En México y Jalisco, urge un sistema renovado donde el poder político y el económico no dicten el rumbo de la justicia, sino que esta responda a los principios de equidad y transparencia.
Este debate sigue vigente, reflejando las tensiones entre poder político y el económico, y el papel que el poder judicial ha asumido en un país en transformación. La ciudadanía debe mantenerse vigilante, exigiendo que la SCJN actúe con integridad y que las reformas prometidas se traduzcan en un sistema judicial que sirva a todos, no solo a unos pocos. Solo así se podrá cerrar el capítulo de los “juegos del poder” y abrir uno donde la justicia fiscal sea un pilar de la democracia mexicana.
JALISCO
Uribe y su circunstancia

De Frente al Poder, por Óscar Ábrego //
Hay cuatro asignaturas en la agenda de Guadalajara que están fastidiando al gobierno de Movimiento Ciudadano: Inseguridad, agua, movilidad y basura.
En todas las evaluaciones brotan esos temas de manera consistente.
Personalmente creo que Verónica Delgadillo hace –como puede y con lo que tiene- un esfuerzo que merece un alto reconocimiento.
Y aunque no tenemos condiciones para afirmar que su labor pinta para lograr la postulación naranja con miras a nuestro próximo encuentro con las urnas, lo cierto es que nadie puede negar que le pone seriedad y esfuerzo a su función como presidenta.
En un contexto así, a Morena se le presenta una oportunidad única para conquistar el triunfo en menos de dos años.
Hay cartas con nombre y apellido en la baraja guinda.
Cito algunos con verdaderas posibilidades de alcanzar la nominación:
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Merilyn Gómez Pozos, presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara Federal de Diputados.
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Claudia Delgadillo González, ex diputada federal y ex candidata al gobierno del Estado.
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Carlos Lomelí Bolaños, ex candidato al gobierno de Jalisco y actual senador de la República.
Sin embargo debemos colocar en la primera línea a quien ya ha sido alcalde, Alberto Uribe.
Hombre de las confianzas de Marcelo Ebrard, es titular de la Dirección General de Contenido Nacional y Fomento en el Sector Energético y Coordinador del Corredor del Bienestar del Pacífico (Jalisco, Michoacán, Colima y Nayarit) de la Secretaría de Economía, posición que lo coloca en inmejorables condiciones para vincularse con sectores estratégicos que si bien no definen una elección, sí inciden en ella.
Por una extraña razón, distinguidos opinantes se resisten a suponer que a Uribe Camacho le aguarda un futuro prometedor en la escena electoral.
Yo difiero. Lo conozco, y si alguien sabe sortear el oleaje del impredecible e implacable mar de la política, es Alberto.
Por eso, para aquellos que sostienen que la historia sobre la designación de la candidatura de Morena rumbo a la alcaldía tapatía ya se escribió, vale la pena recordarles esa máxima que dice que en la política, como en la vida misma, la circunstancia lo es todo.
En X: @DeFrentealPoder
*Óscar Ábrego es empresario, consultor en los sectores público y privado, activista, escritor y analista político.
JALISCO
El agua sucia del poder: Megacortes, tarifas infladas y la red clientelar del SIAPA

Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco //
En Jalisco, el agua no solo escasea: se pudre. Apesta a burocracia, a negocios entre compadres, a ineptitud maquillada de eficiencia y a un modelo de saqueo que, bajo el nombre del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), ha convertido “el vital líquido” en un bien de lujo, controlado por burócratas de alto sueldo y baja moral.
Apenas 72 horas tras el Congreso, dominado por MC, Verde, PAN y HAGAMOS, aprobar un 9.65% de alza al agua para 2025, SIAPA anunció un megacorte de cuatro días a 113 colonias por reparaciones. Con cortes, fugas y baja presión en zonas pobres, el servicio flaquea.
Entre las afectadas están comunidades de Zapopan, Guadalajara y San Pedro Tlaquepaque: nombres que, para los operadores del SIAPA, parecen no existir más que como renglones en una lista de cobros. Porque eso sí: la factura llega puntual, aunque el agua no.
TARIFAZO CON PREMIO DE IMPUNIDAD
Con 21 votos a favor y 16 en contra, el Congreso del Estado avaló el tarifazo. Aumentaron las tarifas y, de paso, aprobaron que las siguientes subidas se actualicen automáticamente conforme al índice inflacionario. Como si el ciudadano de a pie tuviera una inflación personal controlada, o un ingreso garantizado. El pretexto fue la “viabilidad financiera” del organismo, aunque el mismo SIAPA admitió que el alza no resolverá la crisis del servicio.
Eso no impidió, claro, que el gobernador Pablo Lemus les diera un espaldarazo: “Se acabaron los pretextos, ahora deben mejorar el servicio”. Palabras que, como muchas en Casa Jalisco, no se traducen en acciones.
El organismo tiene, sin embargo, otros mecanismos de supervivencia. No importa si baja la eficiencia (de 81.9% de reportes atendidos en 2023 a 78% en 2024), si disminuye el volumen de agua distribuido o si los reportes ciudadanos crecen. El SIAPA no colapsa. Se alimenta, eso sí, de la paciencia del contribuyente y de las arcas públicas, blindado por una red de intereses que lo mantiene a flote como una balsa mal armada en un mar de negligencia.
PIPAS GRATIS, ASESORES CAROS
A la par del anuncio del megacorte, el SIAPA ofreció pipas gratuitas. Un gesto que parecería generoso si no fuera un parche a un sistema crónicamente averiado. Y mientras familias almacenan agua en cubetas, el organismo desembolsa más de 73 mil pesos mensuales a una exconductora de televisión, sin formación técnica, convertida en asesora de dirección.
Elizabeth Margarita Castro Cárdenas —Según el periódico NTR, con un historial ligado a un fraude financiero, nexos con narcotraficantes y una carrera más cercana al espectáculo que al agua potable— fue nombrada asesora técnica del SIAPA. Su presencia en la nómina, denunciada por trabajadores del organismo, es sólo una muestra más de cómo el SIAPA sirve a fines políticos antes que ciudadanos. Ahí están los sueldos, los estímulos, las asesorías infladas, y los contactos bien ubicados.
En lugar de eficiencia, el organismo se volvió una caja chica para repartir favores. Y si no lo creen, revisen el historial: la misma Castro Cárdenas fue antes funcionaria en la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, con un sueldo prácticamente idéntico. La política jalisciense no bota a sus leales: los recicla.
LA RESISTENCIA CIUDADANA Y LOS GRITOS QUE NO SE OYEN
No todo el Congreso se rindió. La diputada Itzul Barrera, de Morena, denunció no sólo la falta de transparencia en el uso de los mil millones de pesos adicionales que se recaudarán por el aumento, sino el hecho inaudito de que el director del SIAPA admitiera que el alza no servirá para mejorar el servicio. Vaya sinceridad.
Denunció, también, que la sesión para aprobar el alza fue convocada con apenas una hora de anticipación y que los diputados debieron revisar más de 136 páginas de dictamen al vapor, lo que impidió una discusión real. Eso no impidió el voto mayoritario. El SIAPA es, hoy, un monstruo que factura más de 5 mil millones de pesos al año, que contrata asesores sin perfil, y que cada vez da menos agua.
Las más de 15 iniciativas presentadas para su reforma duermen en el congelador legislativo. Y así, los “diálogos” se dan en lo oscurito, entre cenas discretas y acuerdos inconfesables.
MUNICIPIOS DIVIDIDOS Y CIUDADANÍA HARTA
Guadalajara y Zapopan justifican con tibieza el alza tarifaria prometiendo eficiencia, mientras Tlaquepaque y Tonalá alertan. Laura Imelda Pérez, alcaldesa de Tlaquepaque, impulsa condonar cobros a quienes carecen de agua buena, destacando 80 millones gastados por el Ayuntamiento en tareas del SIAPA.
El alcalde de Tonalá, Sergio Chávez, fue todavía más contundente: “Es un SIAPA saqueado”, dijo. Denunció contrataciones sin perfil, falta de inversión y abandono institucional. Que lo diga alguien que ha conocido tanto del sistema sólo hace más grave la declaración.
La propuesta de Tlaquepaque de condonar pagos a quienes no reciben servicio no es una ocurrencia: es una exigencia mínima. El recibo llega, aunque no haya agua. La injusticia también.
En simulaciones, el agua es metáfora: transparente pero invisible, vital pero ausente, promesa electoral sin gestión. El SIAPA, manejado como botín político, encarna un gobierno enquistado en Jalisco, castigando a ciudadanos, premiando leales, exhibiendo cifras millonarias mientras ignoran expertos.
Y así, entre tarifazos, pipas y asesores musicales, el agua en Jalisco se ha vuelto tan sucia como el sistema que la administra.
Porque, como decía un viejo maestro del periodismo: “lo que daña al país no es la política, sino los políticos que no saben servirla”.
En X @DEPACHECOS
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