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OPINIÓN

Pacta sunt servanda

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Opinión, por Héctor Romero Fierro //

Esta es una locución latina que significa que los pactos, acuerdos entre partes (contratos) deben ser cumplidos en la forma en que se acordaron, atribuido al jurista Ulpiano en el Digesto. Los romanos llegaron a esta concepción en el derecho bizantino, ya que antes solo obligaban los contratos. Los pactos, que eran acuerdos de voluntades sin solemnidades solo daban origen a obligaciones naturales, y no a acciones civiles.

Este principio se incorporó como uno de los principios fundamentales del Derecho Internacional y del Derecho Civil de cada Estado, para lograr la seguridad jurídica. Significa que lo que acordaron las partes contratantes haciendo uso de la autonomía de su voluntad debe cumplirse entre ellas como si fuera una ley, y en caso de incumplimiento la parte perjudicada puede demandar judicialmente, ya sea su cumplimiento, y/o la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados.

Esto importante principio se le olvidó al gerente de la CFE, Manuel Bartlett y al señor LÓPEZ, ya que estos manifestaron su intención de no pagar, me canso ganso, los adeudos derivados de lo pactado en los contratos referentes a siete gasoductos con argumentos infantiles bajo la óptica del derecho internacional.

Debemos recordar que es una práctica común en los contratos internacionales, (y debería ser también en los nacionales), el someter cualquier diferendo ya sea desde la simple interpretación de una cláusula hasta la ejecución, en caso de incumplimiento, al llamado “Arbitraje Internacional”, que implica que se evite el acudir ante los tribunales convencionales de un Estado y resolver el diferendo por árbitros.

Nuestra legislación define el arbitraje como cualquier procedimiento arbitral de carácter comercial con independencia de que sea o no una institución arbitral permanente ante la que se lleve a cabo, y dice que es internacional cuando las partes, al momento de la celebración del acuerdo de arbitraje, tengan sus establecimientos en países diferentes, o que el lugar de arbitraje, el lugar del cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones de la relación comercial, o el lugar con el cual el objeto del litigio tenga una relación más estrecha, esté situado fuera del país en el que las partes tienen su establecimiento.

En este caso de los gasoductos, por la aplicación del principio en comento, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene altas probabilidades de perder dicho juicio arbitral, y además porque la CFE busca cambiar cláusulas que esta misma impuso, y porque las empresas involucradas no han incumplido con lo pactado en los contratos, mismos que derivaron de licitaciones internacionales, donde la propia y quebrada paraestatal fijaron unilateralmente las condiciones de los contratos, por lo que sin duda, podemos afirmar, es un juicio perdido para la CFE y en ese sentido se dictará el laudo, el cual es ejecutable ya que nuestro país ha suscrito diversos tratados internacionales que ahora le obligan a su cumplimiento, como lo es la Convención de New York, y con el CIADI que es la institución líder a nivel mundial dedicada al arreglo de diferencias relativas a inversiones internacionales, institución que posee amplia experiencia en este ámbito, dado que ha administrado la mayoría de los casos de inversión internacional. Los Estados han acordado que el CIADI sea el foro destinado al arreglo de diferencias entre inversionistas y Estados en la mayoría de los tratados internacionales de inversión, así como en numerosos contratos y legislación en materia de inversión.

El endeble argumento del gerente de la CFE es que los contratos son “inverosímil” ya que los ductos fueron construidos para suministrar gas a 14 plantas eléctricas que no existen, las constructoras pretenden los cobros mínimos ya que los contratos contienen cláusulas que protegen a las compañías contra cualquier imprevisto, por lo que ahora México le debe a las empresas los cargos mínimos que se generaron por la falta de la conclusión de dichas obras, situación totalmente imputable a la CFE.

Es como si usted, amigo lector, contratara un fontanero para poner una línea de gas hasta su calentador de agua, y ahora le negará el pago a dicho técnico, porque no le ha llegado a usted dicho calentador, o pretendiera un descuento por una situación de usted mismo provocó.

El responsable de ésto, no es otro más que el mismo presidente de la República quien a toda costa pretende desmantelar lo positivo de la reforma energética, y no construirá las plantas generadoras de energía que operarían con gas, ya que ahora, ignorando olímpicamente los compromisos de nuestro país en materia de protección al medio ambiente, operarán quemando carbón, con toda la contaminación que esto provoca.

La duda que surge es: ¿Porqué la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no invitó a las empresas Transcanadá, IEnova, IMG y Grupo Carso a un proceso de Mediación donde podría lograr acuerdos favorables, en lugar de iniciar arbitrajes para, equivocadamente, evitar el pago en los términos pactados? El laudo (sentencia derivada de un proceso arbitral) sin duda alguna favorecerá a esas compañías y dejará, como en muchos otros casos más, en ridículo a las autoridades mexicanas. Pero lo más importante es la pérdida de confianza de los inversionistas extranjeros ante la falta de seguridad jurídica que refleja el gobierno mexicano.

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JALISCO

El Ministerio Público y el modelo de justicia penal en Jalisco

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Por Alfonso Partida Caballero //

El proceso de reforma del sistema de seguridad y justicia en Jalisco -en transcurso desde 2008-, ha impactado de manera decisiva al ente persecutor del delito, el Ministerio Público. Ésta figura esencial para el funcionamiento del modelo acusatorio, no ha sido -por una falta de visión- objeto de un análisis serio que incluya estudios de gran calado que desemboquen en un correcto funcionamiento, estructura y organización para dar la respuesta puntual que los tiempos modernos exigen, no resulta lógico que en nuestro estado esta figura continúe funcionando con criterios del sistema anterior (inquisitivo mixto), esta parálisis ha causado una preocupante crisis de impunidad y desorden, a pesar de ello resulta imperioso resaltar que esta institución constituye un garante imprescindible en el funcionamiento de toda la estructura legal y administrativa del sistema acusatorio adversarial, por lo que es necesario darle coherencia y articulación para conseguir mayor eficacia.

En Jalisco los continuados errores del Legislativo, la manipulación y la dominación que ha ejercido el Ejecutivo han frustrado y entorpecido las funciones de este importante organismo, pues no le han permitido un pleno desarrollo y la fluidez necesaria a la hora de representar los intereses de la sociedad mediante el ejercicio de las facultades de dirección de la investigación autónoma contra los hechos que revisten las conductas delictivas, con su intervención, el Ejecutivo ha complicado la protección a víctimas, testigos, esclarecimiento de los hechos delictivos y el sustento de la acción penal ante la autoridad judicial.

Se vislumbran sólo fracasos a la vista con el camino seguido hasta ahora, y las pocas voces discordantes parecen no tener cabida en el proceso, pero no existe alternativa, como sociedad debemos exigir diálogo, se acabaron los tiempos de monólogos autoritarios, es momento de tranformaciones con base en el conocimiento y no en los intereses políticos.

Como ciudadanos debemos tener claro cuáles son las funciones y funcionarios que requiere el Ministerio Público moderno y el rol que debe cumplir en el sistema acusatorio. Si no se comprende esta nueva concepción, la reforma puede verse reconducida hacia antiguos conceptos, en la inocua tarea de intentar -sin éxito- adecuar lo “moderno” dentro de lo “antiguo”, no sólo en lo normativo sino también en lo estructural y operativo.

El riesgo, es el de reproducir el sistema anterior -que duró más de 100 años dando tumbos entre violaciones a los Derechos Humanos, manipulación política, tortura y utilización facciosa en el nivel de sus prácticas y aplicación- bajo el manto de nuevas normas cancelando así las expectativas generadas por la reforma constitucional que pretendía transparencia, eficacia, legalidad, rendición de cuentas, para establecer criterios viables y resultados de la política criminal efectiva.

El sistema acusatorio en Jalisco demanda que las acciones del Ministerio Público se someta a los principios de legalidad, objetividad y dinamismo en el proceso de investigación criminal, dotándolo de mayor independencia, fortaleza y profesionalización, así como un diseño coherente de cargas de trabajo que le permitan funcionar con parámetros laborales claros y transparentes, sin un volúmen excesivo de trabajo y coordinando de manera eficiente la función policial y pericial, éstas acciones formarán parte de su naturaleza institucional y deben ser el parámetro que oriente su conformación orgánica.

Esto implica que esté organizado, pueda tomar y ejercer sus funciones profesionales sin intimidación, trabas, hostigamiento, injerencias indebidas sobre los casos, sin presión y amenazas de los otros poderes estatales -o grupos políticos y económicos- y que estos mismos se conduzcan únicamente con fidelidad a la ley y a las pruebas que posean. Esto implica revisar la forma en que se regula su gestión administrativa, financiera, disciplinaria, los métodos para nombrar, designar, promover y remover a sus empleados; esto se conoce en cualquier latitud que se jacte de respetar el estado de derecho como “Autonomía”. Hay que precisar que existen cuatro directrices o condiciones insoslayables para hacer realidad este principio a) inexistencia de superior jerárquico sobre la institución del MP; b) exclusión de influencias externas en la toma de decisiones; c) potestad reglamentaria propia, y d) libertad de ejecución presupuestaria. 

Resulta imperioso precisar con criterios de eficiencia las funciones del Ministerio Público, fijar políticas, dictar criterios, lineamientos efectivos, reorganizar a la institución, preparar a los operadores con el perfil adecuado para darle coherencia y funcionalidad. Esta visión cumple con la realización de las exigencias ciudadanas, fortalecer la institución e inhibir la violencia social y, con base en estos objetivos, configurar una política de persecución penal que haga frente de forma efectiva a la criminalidad, le de certeza al ciudadano y revalorice la función del Estado.

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OPINIÓN

Semana incómoda para AMLO

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Metástasis, por Flavio Mendoza //

Una semana turbulenta para el Gobierno de México, sin duda la renuncia de Carlos Urzúa a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público fue lo que más sacudió a la administración de Andrés Manuel López Obrador, tras una dura carta que expone la crisis interna del Gabinete Federal en la que destaca la imposición, ineptitud en materia económica, claras diferencias en las decisiones del Ejecutivo y conflicto de interés de algunos integrantes del Gabinete. Pero es válido pensar que no fueron las únicas razones, Urzúa conoce al presidente en lo personal y profesional, las designaciones en el SAT fueron desde inicio, quizá con lo que no contaba es con la fuerte injerencia de Alfonso Romo.

El ex titular de Hacienda en la primera entrevista, de muchas que seguro dará, declaró que nunca estuvo de acuerdo con la decisión de cancelar el nuevo aeropuerto en Texcoco y Dos Bocas, así como la preocupación de que se ponga en riesgo el T-MEC por los caprichos del director de CFE, son parte también de las razones de Urzúa. Sobre él, el Presidente dijo tener claras diferencias, casi parecía estar describiendo a uno de sus adversarios del neoliberalismo, no le dedicó un segundo para destacar lo que hizo durante 7 meses.

Horas después se conoció otra renuncia, la del titular de la SIEDO, mientras los medios de comunicación y las benditas redes sociales daban a conocer un artículo del Financial Times en el que advertían que el Presidente debería aceptar la realidad económica del país, sobre esto el ejecutivo dijo que el diario británico le debe una disculpa al pueblo de México por la publicación.

Pero apenas se cuestionaban los datos del Presidente cuando Bank of America, el  banco estadounidense de los más importantes en el mundo, publicaba que técnicamente el país entraba en recesión, luego de la contracción del crecimiento del PIB en los primeros dos trimestres, esto incluso podría implicar que se deprecie el peso que tanto presume el ejecutivo.

Al Presidente no se le ve muy contento, en la mañanera del viernes desde Nayarit, pidió a los medios ser responsables y tajantemente dijo que no veía riesgos de recesión, horas más tarde en esta ciudad tapatía durante el desarrollo de su agenda, no quiso responder a los cuestionamientos sobre el delegado federal en Jalisco, quien horas más tarde presentaría su renuncia para evitar el golpeteo. El Dr. Carlos Lomelí Bolaños acompañó al ahora Presidente AMLO políticamente desde 2006, cuando fue candidato a senador, luego en 2009, 2012, hasta llegar al 2015 en el que fue diputado federal plurinominal por Movimiento Ciudadano y en 2018 candidato a gobernador por Morena, fue designado delegado de programas sociales en Jalisco hasta el viernes pasado que decidió separarse del cargo, seguido de ello la titular de la Función Pública hizo una crítica críptica contra Lomelí, sin mencionarlo y propició que otros integrantes de la 4T golpearan al empresario jalisciense, un hombre que ha sido leal al Presidente y que pagó el costo político y de las circunstancia que vive el propio ejecutivo federal.

Finalmente en Michoacan, frente a Silvano Auroles quien recibió aplausos, el primer mandatario recibió reclamos, al final de su discurso sentenció a los manifestantes “mejor vámonos respetando” a quienes acusó de ser simpatizantes de los anteriores presidentes, el semblante no es el mismo, a pesar de ello, sigue prometiendo y comprometiendo al gobierno, ahora dice que hará de Bansefi un “bancote” que tendrá sucursales en todo el territorio nacional. Al Presidente no se le ve igual que hace un año, comienza a perder popularidad y parece que el gobierno a perder el control, la fractura interna y los problemas de seguridad y económicos pueden hacer de la 4T un fracaso prematuro.

@FlavioMendoza_

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OPINIÓN

La renuncia de Lomelí, oportunidad y desafío

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De Frente al Poder, por Óscar Ábrego //

La renuncia de Carlos Lomelí Bolaños como delegado de programas para el desarrollo del gobierno federal en Jalisco debe revisarse como una causa, no como una consecuencia. Y es que en realidad, para nadie -ni siquiera para él mismo- la dimisión a su responsabilidad como funcionario de la Cuarta Transformación era un escenario improbable. El desgaste que vivió en los ámbitos personal, familiar e industrial, ya había sido llevado a un extremo tal, que existían pocas posibilidades de salir victorioso… por ahora.

Recordemos que en el implacable e impredecible mundo de la política nadie muere hasta que muere; de ahí que no hay quien pueda declararse vencedor ni perdedor en esta coyuntura. Los festejos en Casa Jalisco como en algunas oficinas de Palacio Nacional y el Senado de la República, carecen de sustento en virtud de que en la ley de la vida nada es para siempre. Cosa que también deberán tener en mente algunos miembros de la iniciativa privada local.

Es cuestión de días para que conozcamos los términos en que se dio el acuerdo de su retiro, sin embargo, lo cierto es que con su salida hay algunas señales positivas. Por un lado, el ex candidato de Morena al gobierno del Estado, gana tiempo y espacio a fin de atender las investigaciones que giran a su alrededor y para rehacer y relanzar su proyecto político.

Es verdad que su deserción no deja de ser un trago amargo, pero como muchas medicinas –él lo sabe- puede restaurar sus condiciones generales.

Pero decía que su renuncia debe verse como una causa y no como una consecuencia. ¿Por qué? Porque en términos llanos, su libertad de maniobra le cae muy bien a todos. Ante la ausencia de oposición, es casi seguro que el Doctor asuma un rol protagónico en esa arena. Más allá de las reflexiones que hagan los opinantes profesionales, lo que podemos esperar es que diversos personajes y grupos se incorporen en torno a su persona para articular un bloque con la mira puesta en el 2021.

Coincido con los columnistas que afirman que Carlos Lomelí se mantendrá activo, pero desde una zona mucho más cómoda. Incluso yo creo que al propio Enrique Alfaro le conviene que se oiga y se sienta una fuerza contraria. La experiencia ha demostrado una y otra vez que los porristas y los abyectos son la peor compañía de un gobernante, y vaya que los tiene de sobra.

Sí, nuestra entidad atraviesa por el momento más crítico de su historia en materia de seguridad, pero también de credibilidad. Todas las encuestas indican con suma precisión que la gente no cree en la palabra de los hombres y las mujeres del poder. El deterioro de imagen provocado por las serias sospechas de corrupción en todas las instituciones es colosal. De igual modo, los tres poderes están sumidos en un brutal descrédito que se antoja irreversible e irreparable. Es decir, nada ni nadie se salva del desprestigio. Por eso es tan importante que Lomelí Bolaños asuma el desafío de ocupar el vacío que nadie se ha atrevido a llenar. Se avecina una época de enormes retos, y uno de ellos es el de construir contrapesos serios y responsables. La grilla barata (politiquería) que emana de los viejos rencores y de los míseros odios entre los partidos y sus actores, ha erosionado en su nivel más profundo el quehacer público.

Insisto, la renuncia de Lomelí no es un efecto, es un motivo, y de él depende que sirva para la edificación de una democracia más madura, propositiva y trascendente.

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