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REPORTAJES

Caso Antonio Gloria: Con débil justificación jurídica y fuertes argumentos políticos

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Por Mario Ávila //

En un verdadero “galimatías” se ha convertido el caso de la detención de Antonio Gloria Morales, por la presunta compra a sobre precio de la Casa Jalisco en Chicago, particularmente por la debilidad de la justificación jurídica que hay en su contra, pero a la vez por la fortaleza de los argumentos políticos que salen a la luz, en un momento en el que el PAN olvidó la alianza parcial que suscribió con Enrique Alfaro en la elección de julio del 2018 y se ha convertido en la más fuerte oposición de cara al proceso electoral del 2021.

El haber girado un oficio al secretario General de Gobierno, en la administración de Emilio González Márquez, sugiriendo la compra de una finca de 43 millones de pesos, más 17 millones para su remodelación y haber dicho verbalmente que visitó la ciudad norteamericana y conoció el inmueble, fueron motivos suficientes para la Contralora, Teresa Brito y para el Fiscal, Gerardo Octavio Solís Gómez, para solicitar la orden de aprehensión en contra de Antonio Gloria, quien se desempeñó como Coordinador de Políticas Públicas y ninguna autoridad tenía en el Consejo de Administración de JalTrade, que fue en donde se aprobó la compra.

Gloria Morales, quien entre otros cargos se desempeñó como diputado local, presidente del PAN en Jalisco y Secretario de Educación, fue detenido y encarcelado el pasado miércoles 7 de agosto, acusado del delito de peculado por la presunta compra de la Casa Jalisco en Chicago que costó 3.5 millones de dólares, cuando su precio era de 2 millones de dólares.

La denuncia se interpuso en el mes de mayo del 2016 y desde entonces se le citó a Antonio Gloria para que aportara datos a la investigación que se le seguía en principio en contra de otros responsables que estaban siendo investigados, pero ya en el proceso de la indagatoria, se detectó el oficio firmado por el aludido y girado al secretario General de Gobierno sugiriendo la compra de la Casa Jalisco en Chicago y el reconocimiento verbal de haber visitado el inmueble destinado a los migrantes en Illinois, lo que a juicio de la contralora, Teresa Brito y el Fiscal, Gerardo Solís, lo convertían en partícipe del ilícito.

Las especulaciones se vinieron en cascada en la opinión pública, ante la poca solidez de las acusaciones y lo mismo se especuló del rompimiento de relaciones amistosas entre Enrique Alfaro y Emilio González, que de dilemas políticos entre las dirigencias nacionales del PAN y MC.

LOS DESMENTIDOS DE LA DEFENSA

El despacho que defiende a Antonio Gloria, Del Toro Carazo Abogados, se ha dado a la tarea de acercarse a los medios masivos de comunicación para desmentir a la Fiscalía del Estado, que en su opinión ha faltado a su deber de lealtad, ya que difundió hechos falsos ante la opinión pública.

Primero, argumenta que la Fiscalía no imputa un sobreprecio en la compra del inmueble, como tampoco lo hace el juez. Y detalla: “La acusación del Ministerio Público se limitó al hecho de que el órgano directivo de Jaltrade -del que no formaba parte Antonio Gloria-, autorizó comprar un inmueble distinto al que originalmente habían elegido”.

Aún en el caso de que se planteara un sobreprecio, Antonio Gloria resulta ajeno porque no tenía y por tanto no ejerció la disponibilidad de los fondos relacionados con esta operación. Se estaría pasando por alto jurisprudencia de la Suprema Corte si se pretende imputarlo cuando los fondos relacionados con este caso nuca estuvieron en su administración o custodia”, expone la defensa.

En segundo lugar -advierten-, la Fiscalía afirmó que se presume la responsabilidad de Antonio Gloria en tanto firmó un oficio dirigido al Secretario de Gobierno donde se instruía la compra del inmueble relacionado con la imputación. Falso. Ese oficio no instruye la compra del inmueble materia de la imputación, ni ningún otro. Dicho oficio ni siquiera lo razona el Ministerio Público como parte de su acusación, como tampoco el juez lo considera como parte de la misma.

En tercer lugar -abunda el comunicado de Del Toro Carazo-, dice la Fiscalía que Antonio Gloria se trasladó al inmueble en Chicago, por lo que se presume que conocía su precio. Al margen de que ello es irrelevante para la acusación por peculado (ya que Antonio Gloria no dispuso de fondo alguno a su cargo para el pago del inmueble), en la acusación del Ministerio Público no se le imputa que conociera el precio, por tanto es falso que ello esté comprehendido en el expediente.

Señalan que la Fiscalía está obligada a conducirse en todo momento con lealtad, objetividad y buena fe. “Conforme a esos principios, no debe ahora intentar cambiar la acusación que previamente y por escrito ya formuló”, plantean en el comunicado.

MOTIVOS TURBIOS EN LA DETENCIÓN: DEFENSORES

Para el grupo de abogados que defiende a Antonio Gloria Morales, no existen razones jurídicas para que se haya dado la detención de Antonio Gloria Morales y confiados en su inocencia advierten que trabajarán sin descanso hasta verlo en libertad.

Recuerdan que se le acusa de ser el autor del delito de peculado, en menoscabo del patrimonio del extinto Instituto de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Jalisco (JALTRADE), a propósito de la compra de Casa Jalisco en la ciudad de Chicago.

Pero sentencian que Antonio Gloria no intervino jamás en dicha compra, “es más, no podía hacerlo ya que no fue nunca miembro del Consejo de Administración de JALTRADE; no aprobó esa compra; no la gestionó; no firmó contrato alguno relacionado con ésta; no intervino en ninguna negociación para realizarla; no se le imputa desde luego el haber obtenido beneficio con motivo de esa compra; no firmó documento alguno. En síntesis, no hizo nada relacionado con esa adquisición ya que simplemente no podía hacerlo por ser ajeno a sus funciones, atribuciones y responsabilidades como Coordinador de Políticas Públicas del Gobierno del Estado”.

Fue un invitado -dicen-, como un simple espectador en la sesión del Consejo de JALTRADE sin derecho de voto. Y, además, los recursos de esa compra no salieron de la Coordinación de Políticas Públicas a cargo de Antonio Gloria, quién naturalmente tampoco autorizó ninguno de los pagos; los fondos con los que se pagó el inmueble en Chicago no estaban siquiera bajo la administración o cuidado de Antonio Gloria. Todo lo relacionado con esa compra, era ajeno a las funciones de su cargo público.

AFIRMAN QUE ES UNA ACUSACIÓN ABSURDA

Si esto es así, ¿entonces por qué se le acusa?, se preguntan los abogados defensores de Gloria Morales y al mismo tiempo advierten: “De manera absurda se dice que acudió como invitado a una reunión con los miembros del Consejo de JALTRADE y manifestó que a efecto de tratar con mayor eficiencia el tema de migrantes jaliscienses y comercio bilateral, consideraba conveniente que existiera una Casa Jalisco en Chicago. Ese mismo comentario lo hicieron también los que sí eran consejeros de JALTRADE, los que curiosamente no fueron imputados a pesar de que éstos sí tenían poder decisorio y sí lo ejercieron (lo que tampoco implica que hayan cometido delito alguno).

Lo acusan en concreto -abundan-, de que en el año 2008 se resolvió comprar un inmueble ubicado en el número 1933 de Melrose Park, pero que en 2009 se decidió comprar otro en su lugar, en el número 1600 del mismo Melrose Park. Dice la Fiscalía del Estado que eso constituye un peculado porque debió haberse comprado el autorizado la primera vez, no la segunda. Así de ridículo es este asunto.

Detallan también los litigantes que el delito de peculado dice, en lo que interesa: “Que se comete cuando un servidor público distrae de su objeto para usos propios o ajenos dinero perteneciente al Estado, si por razón de su cargo lo hubiera recibido en administración, depósito o por otra causa.”

De ahí que advierten que a Antonio Gloria no le correspondió -en razón de su cargo- administrar el dinero con el que se pagó el inmueble en Chicago, “no estaba en sus funciones administrar esos fondos, ni jamás los tuvo en depósito; vamos, por ninguna causa esos fondos estuvieron bajo su cuidado o siquiera pasaron por sus manos o autorización para que fueran erogados. Si esto es así, es obvio que no pudo distraerlos de su objeto”.

Por ello, para los defensores de Gloria lo que ocurre es “una vergüenza de acusación en su contra que resulta inexplicable, cuando menos jurídica y lógicamente; por sentido común, cualquier persona -sin requerir ser abogado-, puede constatar que estamos ante una imputación sin sustento”.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación -señalan-, ha sostenido que el delito de peculado requiere que el acusado servidor público goce de una facultad de disposición real del dinero y así estar en condiciones de desviarlo de su objeto; porque sólo los servidores públicos que tengan esa disponibilidad de decidir sobre el destino de los fondos que administran en razón de su cargo, pueden cometer ese delito.

Y Antonio Gloria -aseguran-, jamás estuvo facultado, en razón de su cargo o cualquier otro motivo, para poder disponer del dinero con el que se pagó Casa Jalisco en Chicago. Si esto es así, mucho menos pudo desviarlo. Es así de claro. Evidentemente ni los consejeros ni un mero invitado que se limitan a expresar una opinión pueden o deben ser acusados por ese hecho.

Finalmente, en su análisis del caso los abogados de la parte acusada dejan en claro que el Consejo de Administración de JALTRADE incluía a representantes de reconocidos organismos empresariales como CANACO, Consejo Mexicano de Comercio Exterior (COMCE), American Chambers y la Asociación de Hoteles y Moteles de Puerto Vallarta, y que ahí se discutió y votó de manera unánime en favor de comprar el inmueble ubicado en el número 1600 de Melrose Park, Illinois, para asentar ahí Casa Jalisco Chicago; facultando al Gerente General de JALTRADE para concretar la adquisición, la que dicho Gerente en efecto realizó con fondos de JALTRADE el 15 de mayo del 2008.

UN ABISMO, LAS POSTURAS DE LOS ALIADOS PAN Y PRD

Pero al margen del tema estrictamente jurídico, bien se puede atender al análisis de hechos de índole político y hasta partidista; para ello basta con observar cuál ha sido la diferencia, al menos en el Congreso del Estado, de la postura de los dos partidos que fueron aliados de Movimiento Ciudadano en la elección de julio del 2018, cuando Enrique Alfaro ganó la gubernatura de Jalisco.

Tras esta que se llamó, una “alianza parcial” impulsada por Raúl Padilla López y el candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, el PRD se ha conducido con mucha docilidad ante las decisiones emanadas de Casa Jalisco o de la fracción naranja en la LXII Legislatura y los diputados del sol azteca que llegaron bajo el cobijo naranja y azul, Mara Robles y Enrique Velázquez, no han causado problemas mayores.

Mientras que los legisladores del PAN han asumido una actitud de oposición crítica, férrea y decidida, olvidando que habían pactado un compromiso por seis años y no solo por el día de la jornada electoral, al grado de que lo mismo han interpuesto denuncias por la compra de la maquinaria, que han censurado con determinación el alza a la tarifa del transporte público, entre otros temas polémicos.

Por lo que bien se podría interpretar la sorpresiva detención de Antonio Gloria, como un manotazo del gobernador Enrique Alfaro, para recordarle a los panistas de Jalisco que tienen un compromiso con él, por su calidad de aliados, hasta el 2024. Y para ratificarles y demostrarles que tienen un compromiso, pone justamente al Fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez (posición concedida al PAN por la alianza junto con la Secretaría de Educación), en calidad de verdugo de Gloria Morales.

Pero una lectura adicional que bien podría dársele a este hecho de abierto enfrentamiento entre Enrique Alfaro y el PAN, es que el PAN da por finalizada la alianza y ha optado por ir solo en la elección del 2021, pretendiendo hacer valer su posición de primera fuerza de oposición en la entidad.

Ante ello salta a la vista otro argumento que estaría en la disputa entre naranjas y azules, que es el control del Poder Judicial, ya que las 8 posiciones vacantes en el Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, serían suficientes para que Enrique Alfaro cumpliera el propósito del que con insistencia se le ha acusado: controlar al Poder Judicial.

Y si a eso le agregamos que se ha puesto en un predicamento con señalamientos y acusaciones, a jueces y magistrados que llegaron al cargo bajo el cobijo del PAN, el mandatario estatal bien podría lograr más espacios vacantes, que se llenarían con gente afín.

 

JALISCO

Alfaro, MC y el PAN endeudarán a Jalisco con 6,200 millones de pesos más: La justificación es la pandemia

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Por Raúl Cantú //

Total manga ancha tiene el Ejecutivo del Estado para manejar el crédito de 6,200 millones de pesos cómo quiera, sin etiqueta, sin disciplina financiera y otros recursos excedentes que tendría el Gobierno del Estado durante el presente año.

Así lo explica la diputada priista Mariana Fernández, quien se convirtió en la voz más crítica que se opuso a la contratación de dicho crédito. Consideró que no había necesidad alguna de contraer una nueva deuda, ya que hay 13,120 millones de pesos disponibles que podrían redirigirse.

En lugar de eso nos presentan una reducción de estimación de ingresos, lo cual les permite ejercer a discreción los excedentes, en caso de faltantes no sujetarse al artículo 15 en la ley de disciplina financiera, todas las ampliaciones se dan en concepto de erogaciones imprevistas que es ejercicio discrecional no etiquetan ni programas de plan COVID19 y tampoco a insumos médicos”.

La realidad es que están usando esta contingencia, el dolor, el miedo y la complicada situación económica de la gente para liberarse de todos los candados que evitan que hagan mal uso del dinero a sus anchas y sin rendición de cuentas”.

LA ARGUMENTACIÓN DEL RECTOR DE LA UDEG

Si alguien conoce de presupuesto y manejo financiero del Gobierno del Eatado es el actual rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, quien en la primera mitad del gobierno que encabezó Aristóteles Sandoval, fue el titular de las finanzas estatales.

Ricardo Villanueva Lomelí en su página de Twitter antes que se diera la aprobación del endeudamiento había dejado clara la posición de esta casa de estudios en torno a contratar más deuda para el Estado de Jalisco.

En muy poco tiempo estoy intentando descifrar las iniciativas de reasignación presupuestal y la de un crédito que se quiere resolver el día de hoy en el Congreso. Hay cosas que no me quedan claras”, escribió.

En el presupuesto 2020, la Universidad de Guadalajara ya tenía asignados 320 millones de pesos para infraestructura educativa y cultural, las cuales, con esta iniciativa, se propone recortar para mandarlos a la compra de consumibles y gasto de operación”.

Pero además, ahora en el crédito solicitado se propone volverlos a colocar. Primera pregunta: ¿para qué quitarles ese dinero a la universidad si de todas formas piensan volver a poner?”.

Segunda pregunta, bajo esa lógica de quitar, reasignar y poner, ¿el crédito sería entonces para obra o para consumibles?”

Tercera interrogante, ¿si no hay crédito entonces la universidad se queda sin esa infraestructura?

LOS INSULTOS DE SALVADOR CARO

El diputado Caro nos dijo vulgares, por debatir con argumentos y cifras su solicitud del endeudamiento”, precisó la diputada Mariana Fernández al subir el viernes a la tribuna del Congreso del Estado para presentar su argumentación sobre el por qué se oponían los legisladores del PRI al nuevo endeudamiento del Gobierno del Estado por 6,200 millones de pesos que solicitó el titular del Poder Ejecutivo, Enrique Alfaro y que a la postre fue aprobado.

Nosotros sabemos que se equivoca, no hay vulgaridad en el disenso, vulgar es desacreditar con insultos a los críticos del gobierno, vulgar es decir que no van a endeudar al Estado, vulgar es burlarse de quienes votaron por ustedes y después meterles la peor deuda que tendrá Jalisco en su historia”, argumentó la legisladora priísta y prima hermana del gobernador Enrique Alfaro.

Ante el avasallamiento impuesto por el Poder Ejecutivo, con la complicidad de las cúpulas del sector privado y el silencio de la mayor parte de los medios de comunicación, desde la tribuna del Congreso del Estado se escuchó la voz de la legisladora Mariana Fernández, se convirtió en la voz crítica pero se estrelló con la aplanadora que permite la alianza entre los diputados de MC y el PAN, que le aprueban todo lo que el gobernador Enrique Alfaro ordena.

Al final se votó la contratación del nuevo crédito con 28 votos a favor y 10 en contra; los votos que se sumaron a los del PAN y MC fueron los de la diputada morenista Patricia Meza y del perredista Quirino Velázquez.

El diputado Enrique Velázquez convertida en la voz del Grupo Universidad, presentó su argumentación de por qué votar en contra de este endeudamiento. “Le están quitando recursos a un fondo de los trabajadores antiguos del Hospital Civil que no entraron al sistema de Pensiones, se está quitando dinero de infraestructura educativa, y si tanto criticamos al Presidente de la República de las formas como toma las decisiones, a veces aquí hacemos lo mismo”.

El legislador Velázquez dijo que no podían aprobar un endeudamiento cuando se desconoce el proyecto, sobre lo que no se dio debate. “Lo que necesitamos aquí es obediencia a pesar de que se vulneren esquemas de equilibrio que deberíamos tener en el Estado, por eso me parece que no se dice toda la verdad”.

LA VOZ DE MC

Al diputado Ricardo Rodríguez, presidente de la Comisión de Hacienda y Coordinador Nacional de MC en Jalisco, le tocó hacer la argumentación para la aprobación del crédito de 6,200 millones de pesos que pidió el Ejecutivo.

Dijo que la contratación del crédito no fue una decisión unilateral del Poder Ejecutivo, toda vez que se elaboró en la mesa de reactivación económica, cuyo secretario técnico es el ex presidente de Coparmex Jalisco, Mauro Garza Marín. Dijo que la crisis actual del coronavirus genera una circunstancia que hace necesario la contratación de un crédito y recordó que en anteriores gobiernos del PRI se respaldó esta medida de contratar créditos sin que hubiera una crisis como la actual.

Ricardo Rodríguez asumió el compromiso que la Secretaría de Hacienda y la de Infraestructura comparecerán periódicamente para informar sobre los gastos.

Nos sentimos satisfechos de haber tenido la capacidad de convencer a diputados y diputadas de seis de siete grupos parlamentarios que tenemos en este Congreso, para votar a favor de las iniciativas que presentó el Gobierno del Estado”.

En sus redes sociales, Ricardo Rodríguez apuntó que con este financiamiento, se busca reactivar la economía de las y los jaliscienses a través de proyectos de obra pública que traerán consigo la creación de miles de empleos.

Recordó que en los meses de abril y marzo, producto de la crisis sanitaria que enfrentamos en Jalisco, se perdieron 44 mil empleos en Jalisco. “Esta es la razón de la importancia del financiamiento de 6,200 millones de pesos para que la economía de los jaliscienses no se siga viendo más afectada y poder reactivar la economía del Estado.

SON 11,500 MILLONES DE DEUDA: MARIANA

Ya me acostumbré en este sexenio a estar de luto con tantas tragedias que le ocurren a Jalisco (…) Hace poco más de 6 años el partido que hoy gobierna se indignaba por la aprobación de una deuda por algo así de 2 mil 500 millones de pesos, decían que se estaba hipotecando el futuro de Jalisco y que eso los ponía muy triste. Hoy están por aprobar un nuevo crédito, el segundo apenas en 531 días de su administración. Esa administración que prometió que no volvería a endeudar a Jalisco, pero claro, eran campañas”, expuso Mariana Fernández.

Aquí los argumentos que esgrimió en el debate:

En total el gobierno de MC habrá solicitado 11 mil 450 millones de pesos. Nos han endeudado con 33 millones de pesos por cada día que han gobernado, eso sin contar con los intereses que estos créditos están generando. Esta nueva propuesta de endeudamiento por 6 mil 200 millones de pesos se colocará en el mercado bursátil, no habrá certeza de la tasa de interés que vamos a estar pagano. El riesgo que se corre es muy grande, una previsión optimista estima que los intereses alcanzarán los 6 mil 537 millones de pesos, es decir, pagaremos más de intereses que lo que se tendrá disponible para gastar. La suma de pagos de capital e intereses al terminar el plazo será de 11 mil 737 millones de pesos, de ese tamaño es el compromiso que están autorizando”.

Ya sabemos que no les interesa mucho, la prueba está en todas las pequeñas deudas que han contratado a través de pagos multianuales. A toda máquina, renta de equipo fotocopiado, renta de autos y vehículos para funcionarios, otros muchos rubros de los que ya hemos hablado. Alguien tal vez, vendrá a decir que así les dejaron el estado, hecho trisas sin oportunidad de manejar adecuadamente las finanzas, luego se va a contradecir porque aseguraban que Jalisco hoy tiene una buena calificación crediticia y finanzas sanas, que por eso aún pueden endeudar el estado por ese monto”.

Vamos haciendo un análisis de lo que está sucediendo. En 2003 los compromisos financieros de Jalisco eran apenas de 2 mil 668 millones de pesos, poco a poco se fueron adquiriendo nuevas deudas entre 2007 y 2012, se pasaron de 4 mil 400 millones de pesos, a 14 mil 362 millones, si recordarán a Emilio González Márquez. Luego vino el PRI, sí, el terrible PRI, ahí se reestructuró la deuda, y para 2016 se creció a 20 mil 186 millones, pero hasta ese momento y el año pasado, los compromisos de Jalisco y la deuda empezaron a descender y se empezaron a pagar. Sí, aunque les parezca terrible el PRI, fue una administración de nuestro partido en la única donde la deuda empezó a bajar, producto de la austeridad, el PRI sí rescató las finanzas del estado”.

En cambio, con el partido que no iba a endeudar a Jalisco, el saldo que se debe el gobierno pasó de 19 mil 761 millones de pesos al comienzo de 2019, ahora la cifra gracias a ustedes llegará a 30 mil 641 millones de pesos, esto quiere decir que más del 68 por ciento de la deuda que deberá Jalisco será gracias a MC. La deuda adquirida por este primer año de gobierno de MC ya es más alta que la de cualquier otro periodo y eso que apenas van empezando”.

Ya dijimos que la deuda se colocará en el mercado bursátil, eso es terrible para nuestra certeza financiera. Aunque haya un apartado donde especifican cantidades destinadas a conceptos abstractos, no especifican las obras a las que destinarán el recurso. Quieren el dinero antes de tener un plan delineado de trabajo, cómo supieron cuánto dinero necesitaban. También piden que se pueda ejercer la deuda hasta 2021, que casualidad, en año electoral, entonces dónde estaba urgencia. Hablan de un boquete de 5 mil millones de pesos y lo que en realidad están haciendo es recortar obras que ya estaban programadas para poder usar discrecionalmente el dinero que iban a usar en ellas y financiarlas como siempre, al doble de su costo”.

También van a argumentar que ya tienen un plan de austeridad que ya es opaco, no señalan qué programas se van a afectar, pero vamos a revisarlo hasta donde nos dejan. En lugar de reducir la publicidad, que solo se redujo el 8 por ciento, claro, no vayan a atentar contra los negocios de sus empresas de publicidad, o reducir en renta de carros, prestaciones extraordinarias o gasto corriente, le están quitando el dinero a áreas que son muy sensibles, particularmente en estos momentos. Reducen en 5 millones de pesos el presupuesto a la Secretaría de Igualdad, escatiman en el rescate a la violencia de mujeres cuando somos más vulnerables por este encierro. Además arrebatan 25 millones de pesos a la fiscalía, 23 millones de pesos al C5 y 96 millones a la Secretaría de Seguridad, como si la seguridad pública en el estado pasara por su mejor momento”.

Debo reconocer que nos escucharon y ajustaron algunos de los recortes en áreas sensibles como les propusimos, pero creemos que sigue prevaleciendo un desbalance presupuestal y que si esto se hiciera correctamente no necesitaríamos la deuda. Dirán que no tienen dinero, pero eso no es cierto, al iniciar el presente ejercicio fiscal, sonaban en la caja 10 mil 600 millones de pesos, de los cuales 5 mil estaban en efectivo y sin compromiso para estar dispuestos a ejecutarlos libremente. Además, durante 2019 se reportaron ingresos adicionales de participaciones por 4 mil 300 millones de pesos y se registró un sub ejercicio de 3 mil 300 millones de pesos. Creo que la mayoría de mis compañeros no están ni siquiera enterados que la SIOP, en el 2019, dejó de ejercer 2 mil 500 millones de pesos en obras, que es para lo que se puede pedir el crédito”.

Por si fuera poco, en lo que va del 2020 el gobierno de Jalisco ha recibido participaciones federales superiores a 17 mil 280 millones de pesos como se habían programado hasta abril pasado. Es muy fácil la narrativa del gobierno federal de que nos está castigando, pues en las participaciones federales crecieron al 2 por ciento, Jalisco recibió 600 millones de pesos más que no tenían contemplados este año. Entonces, la federación no ha castigado y hasta el momento no se sabe que castigará a Jalisco con un solo proyecto, así que terminen con esa narrativa que son mentiras”.

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JALISCO

Acusan de daño moral a Jorge Carlos Ruiz por hacer afirmaciones falsas que dañan imagen de empresa GAP

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Por Diego Corona // 

El contralor ciudadano independiente Jorge Carlos Ruiz Romero deberá responder por la acusación de daño moral que presentó ante la justicia el representante legal de la empresa Distribuidora Química y Hospitalaria GAP y que se cuantifica que podría ascender a un millón de dólares al hacer afirmaciones el hoy acusado de que esta empresa obtuvo contratos irregulares de dependencias del Gobierno del Estado.

Fue el pasado 4 de febrero cuando el contralor ciudadano independiente en una rueda de prensa presentó estas afirmaciones y que pueden ser observadas en internet en la página de la red social de Facebook de Jorge Carlos Ruiz Romero. “Las afirmaciones las hace sin bases legales ni con documentos fehacientes que lo acrediten”, señala el representante legal de la empresa Distribuidora Química y Hospitalaria GAP, Jesús Ortega Martínez.

En esa rueda de prensa, Ruiz Romero acusó a de la empresa Distribuidora Química y Hospitalaria GAP por contravenir la Ley de Compras Gubernamentales al recibir supuestamente adjudicaciones directas superiores a los 234 millones de pesos y ser además sancionada por supuestas ventas a sobreprecio.

El abogado de la empresa Distribuidora Química y Hospitalaria GAP , José Hidalgo Sánchez, en la demanda que presentó ante la justicia civil considera que estas aseveraciones sin fundamento alguno causan daño moral a la empresa que representa, en su prestigio, en su nombre, en su reputación que sin sustento legal alguno el demandado Jorge Carlos Ruiz Moreno haya afirmado lo siguiente: “encontramos una empresa que fue sancionada, fue retirada este de los contratos que se llama Química Distribuidora Química y Hospitalaria GAP que en el mes de Julio pasado cancela los contratos pero vamos a investigar tiene compras en adjudicaciones directas, escúchenlo bien, por más de 234 millones de pesos”.

El abogado José Hidalgo subraya el que Jorge Carlos Ruiz Romero haya afirmado que su representada “fue sancionada y retirada de los contratos, afirma un hecho falso que no fueron autorizados por mi representada y sin su consentimiento, siendo también que a la postre y derivado de dichas afirmaciones sin sustento, generan un sentimiento de rechazo y desprestigio que afecta a mi representada para no ser invitada a participar en convocatorias públicas a efectos de otorgar los servicios a los que se dedica, puesto como se afirma, y contrario a lo establecido por el demandado, mi representada nunca ha sido sancionada, ni se le ha cancelado contrato alguno, entonces con dicha declaración llena de dolo y falsedad se le infringe un daño moral a mi representada y lesiona sus intereses”.

Asimismo, con la difusión que hizo el demandado al haber subido el video a la Red Social Facebook, toda las personas que lo hayan visto se quedan con una percepción e imagen de que representada es una empresa que ha sido sancionada por contratos irregulares, lo cual no es cierto ni real, pero esa impresión queda en las personas que ven la red social, lo cual perjudica en el aspecto moral y económico a mi representada, en su prestigio y honor.

Las pruebas que presenta Ortega Martínez destaca una certificación de hechos que refiere a un video que fue subido a Facebook que contiene la declaración del contralor ciudadano, acompañada de una nota que se publicó en el portal de mural.com, y en el mismo diario Mural.

Una segunda prueba corresponde al memorándum del 15 de julio de 2019, firmado por el director general de Regiones Sanitarias del OPD Servicios de Salud Jalisco, Emmanuel Hernández Vázquez en que se asevera que GAP, cumplió satisfactoriamente con el servicio integral de Bancos de Sangre para sus unidades.

De igual forma se entregó un oficio con fecha 2 de diciembre de 2019, emitido por el director de área de Responsabilidades y de lo Contencioso, Francisco Javier Islas Godoy de la Contraloría del Estado, en la cual esta dependencia aprobó un convenio entre la empresa GAP y el OPD SSJ, en que se da punto final a las controversias existentes entre las dos partes y deja de existir entre las partes un procedimiento de recisión administrativa vigente.

Con esta documentación se desmiente la afirmación de Jorge Ruiz Romero, que no fue sancionada ni le fueron retirados los contratos.

Respecto al daño moral que ocasionaron las declaraciones de Jorge Ruiz Moreno a la empresa GAP, el abogado de ésta, José Hidalgo Sánchez, señala que su representada ha encontrado rechazo, toda vez que antes de entregar cualquier tipo de documentación para participar en licitaciones públicas, “ya se encuentra estigmatizada como la sancionada, y genera un sentimiento de que no es una empresa que cumpla debidamente con los contratos, lo cual no es cierto, y este rechazo es producto de las imputación falsa y dolosa que hizo el demandado, manifestando que los hechos precisados en el presente punto les consta a los testigos de nombre Alberto Jiménez Martínez y Rogelio Guerra Mármol, los cuales en su momento será presentado su testimonio”.

LA RESPUESTA DE JORGE RUIZ ROMERO

El contralor ciudadano Jorge Ruiz Romero ante estas acusaciones dio su versión y presentó una publicación de la Secretaría de Salud con fecha del 23 de julio del pasado año en la que se informa que la OPD de SSJ rescindió contrato con la empresa Distribuidora Química y Hospitalaria GAP, S.A de C.V., para el servicio subrogado de pruebas de laboratorio y estudios de gabinete para pacientes del Seguro Popular, Seguro Médico Nueva Generación, Gastos Catastróficos y población abierta de la red de Laboratorios del Estado de Jalisco.

Jorge Ruiz Romero envío un segundo archivo a la redacción de Conciencia en el que se señala que tras señalamientos, Gobierno de Jalisco cancela el proceso de licitación de medicamentos y servicios de salud y ordena reanudarlo bajo un nuevo modelo de máxima exposición pública., de acuerdo a publicación del de noviembre del 2019.

LA EXIGENCIA DE GAP A JORGE RUIZ ROMERO

En la demanda que presentan ante la autoridad civil contra Jorge Carlos Ruiz Romero, Jesús Ortega Martínez en su condición de representante de Distribuidora Química y Hospitalaria GAP, demanda lo siguiente:

  1. Que el demandado Jorge Carlos Ruiz Romero realice una rueda de prensa en los mismos términos de la que se desprende el daño moral causado a mi representada, y se retracte de que mi mandante nunca ha sido sancionada, ni ha obtenido contratos irregulares ante dependencias del Gobierno del Estado de Jalisco.

2).- Por el pago de los daños morales que el juez determine, de acuerdo a los derechos lesionados, el deshonor y el desprestigio que causaron a mi representada, por las indebidas e falsas afirmaciones que causo el demandado en contra de mi representada, mismas que solicito se cuantifiquen en ejecucion de sentencia.

3).- Por el pago de gastos y costas judiciales que se originen con motivo de la tramitación del presente Juicio, ya que me veo en la necesidad de requerir judicialmente al demandado las acciones que se le reclaman.

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JALISCO

Que María Elena Limón se someta a la revocación de mandato: Hugo Villavicencio, presidente de Intepro Contigo

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Por Mario Ávila //

Con el inicio del mes de mayo, los alcaldes de Jalisco llegan a la mitad de su trienio y con ello se abre la posibilidad de que los ciudadanos puedan exigir, que se les someta a un proceso de evaluación popular, a fin de determinar si siguen en el cargo o son removidos.

La primera que podría ser sentada en el “banquillo de los acusados”, aprovechando el contenido ya vigente de la Ley del Sistema de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza del Estado de Jalisco, particularmente en lo que se refiere a la Revocación de Mandato, podría ser la presidenta municipal de Tlaquepaque, María Elena Limón.

Ello luego de que Hugo Villavicencio Gallardo, presidente de Intepro Contigo, A.C., encabezando a medio centenar de ciudadanos habitantes de Tlaquepaque, que se dicen líderes de igual número de colonias, considera que la presidenta ha fallado en brindarle a los habitantes de su municipio las condiciones mínimas para salir de la pobreza extrema, protegerlos de la inseguridad, superar el grave desempleo y brindarle los servicios de salud.

Para ello ya turnó una carta de intención con la firma de 50 personas a la autoridad electoral en la entidad, es decir el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, anunciando su intención de cumplir con los requisitos de recabar el 3% de las formas de ciudadanos registrados en el Padrón Electoral del Municipio, es decir, para formalizar la petición tendría que conseguir el visto bueno de alrededor de 6 mil tlaquepaquenses.

Sin embargo, si todo el trámite administrativo prospera, la autoridad electoral organizaría la consulta en la que para que se pueda cumplir la exigencia de los ciudadanos convocantes, de que la alcaldesa sea separada del cargo, se debe alcanzar al menos un voto más de los que votaron por ella en la elección inmediata anterior.

Vale la pena recordar que en la elección 2018, en pro de María Elena Limón votaron 86 mil 370 ciudadanos, y por lo tanto esa sería la barrera que tendrían que superar los ciudadanos inconformes. A este número de votos llegó María Elena Limón, gracias a la alianza que realizó MC con el PAN y el PRD en este municipio, ya que si la alcaldesa hubiera representado solo a MC, solo habría superado con escasos 58 votos a Morena. En el cómputo final MC obtuvo 58 mil 697 sufragios, Morena 58 mil 639, PAN 21 mil 812 la alianza recibió 3 mil 657 y el PRD 2 mil 204 votos.

Hugo Villavicencio, activista y líder de los quejosos, ya le turnó incluso una carta la alcaldesa el pasado 27 de abril, para exhortarla a que sea ella quien ofrezca voluntariamente ser sometida a la herramienta democrática que ofrece la Ley del Sistema de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza del Estado de Jalisco, en su capítulo VIII, artículo 82, referente de la Revocación de Mandato.

Ello para que en los 120 días posteriores, una vez cumpliendo el requisito de juntar las firmas del 3% del Padrón Electoral en el municipio, tal como lo marca el ordenamiento legal, sea el IEyPC el que lleve a cabo este ejercicio democrática de participación ciudadana.

Luego de que se formalice la petición, en los cuatro meses posteriores se habrá de efectuar un proceso de consulta a la ciudadanía, en el que para prosperar el rechazo a que la alcaldesa siga en el cargo, se debe obtener un voto más del total de los votos que conquistó en la elección inmediata anterior en la que resultó electa”, dice la misiva.

Y abunda: “Sin embargo en contra parte, si es el deseo de los ciudadanos de Tlaquepaque, el seguir gobernados bajo sus directrices, los ciudadanos promoventes de esta herramienta, habremos de reconocer su valor democrático, su profesionalismo, pero sobre todo su interés en mantener la credibilidad de su pueblo”.

EVALUAR A ALCALDES

Tal como se anticipó en Tlaquepaque, también ya se dieron muestras en Zapopan de iniciar con un procedimiento similar en contra del alcalde Pablo Lemus, particularmente iniciado por los trabajadores del DIF Zapopan (SideDIF) y apuntalado por los sindicatos adheridos a la Federación Democrática de Trabajadores de Jalisco (FEDETJAL), que lidera Martha Elia Naranjo Sánchez.

Por cierto ambos alcaldes se encuentran en su segundo período de gobierno, es decir triunfaron en la elección del 2015 y aprovechando las reformas a la ley electoral se reeligieron en el 2018, lo que significa que algo muy diferente hicieron en este segundo período, que no ha gustado a los gobernados que incluso es muy probable que hasta hayan votado por el munícipe en turno.

De ahí que no debe resultar extraño que entre los meses de mayo y agosto se sumen los habitantes de otros municipios, solicitando que su alcalde sea sometido al escrutinio social, para determinar si continúa su gobierno de 3 años o es separado del cargo.

Vale la pena mencionar que en los casos de María Elena Limón y Pablo Lemus, ambos ya fueron sometidos a un procedimiento similar a la mitad de su primer período de gobierno, solo que con las grandes diferencias de que en aquellos casos se llamada “Ratificación de Mandato” y el escrutinio y cómputo era organizado por la propia autoridad municipal, no por el órgano electoral del Estado, por lo que los resultados fueron ampliamente satisfactorios para los munícipes cuyo desempeño hoy es puesto en tela de duda.

Hoy lo que no queremos –dijo Hugo Villavicencio Gallardo, presidente de INTEPRO Contigo, A.C.-, es que el procedimiento lo hagan ellos mismos, en donde ellos lo organizan, ellos lo ejecutan, ellos lo coordinan, ellos cuentan los votos y salen abiertamente victoriosos. Hoy queremos que sea la autoridad electoral la que haga el procedimiento”.

Tenemos que juntar las formas del 3% del padrón electoral en el municipio –abundó-, que calculamos nosotros que es de cerca de 6 mil firmas. Lo primero que presentamos al IEyPC un documento con la firma de 50 líderes de diferentes colonias del municipio y estamos preparando ya en la siguiente semana una reunión con 100 líderes para empezar a poner módulos para que la gente, obviamente tomando las precauciones necesarias para evitar riesgos de contagio, pueda asistir a firmar. Y ya con los 100 líderes, será muy fácil llegar a estas 100 colonias de donde creo que fácilmente saldrán las 6 mil firmas, para que el Instituto nos pueda avalar el primer documento de Revocación de Mandato. Ya tenemos la luz verde de la autoridad electoral”.

A la pregunta de si el primer periodo de gobierno de María Elena Limón fue bueno, o a qué adjudicaba que haya logrado su reelección, planteó: “No, fue un mal gobierno pero tuvo a su favor dos cosas, primero que aprovechó muy bien el presupuesto y la nómina para controlar a un gran equipo, movilizar gente y operar con lo que sea necesario. Esa posibilidad ya no la tendrá ahora porque ya no puede intentar este mismo procedimiento. Y la segunda opción que tuvo a su favor fue que no había grandes opciones compitiendo por la alcaldía y la gente por supuesto tenía pánico de que existiera la posibilidad de que regresaran los Barba”.

A sabiendas de que la aduana seria no son las 6 mil firmas, sino conseguir después 86 mil 370 más 1, Hugo Villavicencio Gallardo planteó: “Sé que es complejo, sé que está complicado, pero queremos jugárnosla, queremos ver hasta dónde llega el nivel de hartazgo de la gente y lo tenemos claro, sabemos que con los 6 mil firmas, nos dará el impulso para conseguir los votos que se necesiten, uno más de con los que ganó en la elección inmediata anterior. No es fácil, pero tampoco queremos que esto se quede aquí, a lo que tengamos que apostarle, creo que sí podemos lograrlo”, expuso.

LA SALUD, TEMA QUE DOMINA VILLAVICENCIO

Uno de los principales motivos es porque Villavicencio Gallardo ha estado recorriendo las calles de Tlaquepaque, desde hace tiempo, es porque tiene una asociación civil que está apoyando a la gente. “Intepro Contigo, A.C., con ella me dedico al tema de salud, apoyamos con atención médica a la gente más necesitada, principalmente ambulatoria, nada de hospitalización, por ejemplo hemodiálisis, rehabilitación física, medicamentos, aplicación de medicamentos, somos un centro oncológico, trabajamos mucho para aseguradoras y para algunas instituciones de gobierno que subrogan el servicio privado a empresas como la nuestra, como el IPEJAL, Banrural e inclusive tenemos un contrato con la Fiscalía del Estado para tener una unidad de hemodiálisis dentro del penal de Puente Grande. Aquí está el único penal del país y de Latinoamérica, que tiene dentro de sus instalaciones una unidad médica para brindar el tratamiento a los reos.

Hemos ayudado, soy de Tlaquepaque, he conocido algunas colonias y he visto un rezago importantísimo en el 70% de las colonias. Fuera del primer cuadro, que es lo que todo mundo conoce como la parte bonita de Tlaquepaque, hay un rezago impresionante, no hay calles, no hay alumbrado público, la inseguridad es el pan de cada día, balaceras por todos lados, lo mismo en el primer cuadro de la ciudad y en la colonia Las Huertas.

Ahora con la contingencia por el COVID-19 implementamos un programa que se llama ‘Apoyo a mil familias’ y consiste en entregar alimentos; estamos a punto de terminar la entrega de las primeras mil despensas, y digo las primeras mil porque no podemos dejar el apoyo en una sola despensa, tendremos que repetirlo porque empezamos cuando estaba la fase dos, pero obviamente esto va a tardar aún más”, planteó el líder social que ahora se ha echado a cuestas una tarea política, que tiene que ver con la intención de sacar a María Elena Limón de la Presidencia de Tlaquepaque”.

Y conocedor del tema de salud, Hugo Villavicencio advierte con pleno conocimiento de causa, que en Tlaquepaque “no tienes una población sana porque no tienen unidades de salud que sean efectivas, tienes una Cruz Verde ‘Marcos Montero’, que está rebasada y que es solo para atenciones de primer nivel, no hay un hospital en el municipio”.

Por ejemplo, es más eficiente la Cruz Ámbar, que no depende del municipio, está apoyada y subsidiada, a mí me tocó regalarle a través de la asociación civil, un carrito rojo, un equipo de choque y una ambulancia; este equipo se lo había estado pidiendo al municipio durante 8 años y nunca pudieron apoyarla y hoy la Cruz Ámbar atiende a casi 15 mil pacientes por año de diferentes colonias, está en Parques de la Victoria, las consultas les cuentan entre 30 y 40 pesos”, comentó con orgullo el líder social.

LAS CUATRO DEFICIENCIAS DEL GOBIERNO DE LIMÓN

Y finalmente, al enunciar los cuatro pecados principales que ha cometido la alcaldesa de Tlaquepaque y que han sido el motivo suficiente para pedir que se someta a la Revocación de Mandato, Hugo Villavicencio enlistó: Pobreza, inseguridad, marginación y salud.

Si ya de por sí había pobreza –dijo-, inseguridad y marginación en Tlaquepaque, hoy con este tema se ha complicado aún más, la gente no puede salir a la calle, hay muchos despedidos de sus trabajos, no tienen manera de salir a buscar empleo o a ganarse la vida día a día, la situación se ha vuelto más compleja”.

Los apoyos económicos que se prometieron desde el ayuntamiento para mil familias y por 4 mil pesos, no llegan, no hay una sola persona que pudiera constatar que haya recibido el apoyo, la mayoría de la gente dice que en los teléfonos que dieron, nunca contestaron y a la gente que iba personalmente al ayuntamiento, se les decía que ya se habían entregado”.

En esta tarea asistencial –abundó-, he visitado dos colonias por día, en donde celebro reuniones con entre 50 y 100 personas y al día de hoy no he podido constatar un solo apoyo. María Elena Limón desde 2015 ha cometido miles de anomalías, temas de corrupción se documentan día a día. Eliminó el sistema anticorrupción en el municipio porque no le conviene que le estén vigilando el uso que le da al de recursos públicos. Sabemos que arregló su casa con personal y presupuesto público.

Las colonias no tienen cercanía con ninguna autoridad -sentenció-, no los visitan y cuando los colonos van a buscar a sus gobernantes a sus oficinas, no los atienden, prefieren hacer obra solo en el centro, en el Pueblo Mágico, removieron las banquetas del primer cuadro dizque para meter una tubería o no sé qué diablos inventaron y a qué precio pagaron las obras. Hacen obra solo en la parte del municipio que la gente más ve, pero el centro no es todo Tlaquepaque, el municipio son las 240 colonias que están en la marginación total.

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