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REPORTAJES

Las decisiones mágicas de la gran burocracia: Bajan delitos en Jalisco, con simple juego de palabras

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Por Mario Ávila y Redacción //

Con una simple estrategia de semántica, el Gobierno del Estado bajó las estadísticas de los índices delictivos, particularmente al cambiar el estatus de 5 mil 752 víctimas, que pasaron de ser “Personas Desaparecidas”, para ahora ser consideradas simplemente como “Personas No Localizadas”.

Esto lo denunció el Colectivo Por Amor a Ellxs, quien acusa directamente al Gobierno del Estado y en particular a la Fiscalía, de violentar con ello la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, en donde se establece con claridad que la diferencia entre unas y otras es la probable comisión de un delito.

En concreto se violenta el artículo 89 en el que se determina que aún sin haber elementos de la probable comisión de un delito, si después de 72 horas de interpuesta la denuncia, no hay noticias de la persona, se debe presumir la comisión de un delito y por tanto debe considerarse a la persona como “Desaparecida”.

Las modificaciones a las estadísticas de incidencia delictiva se dieron el pasado 4 de julio de 2019 cuando en la actualización del Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición (SISOVID) del Gobierno del Estado de Jalisco, la cifra de personas catalogadas como “Desaparecidas”, se había reducido de 7 mil 504 a 1 mil 752; mientras que la cifra de personas en calidad de “No Localizadas”, había aumentado a 5 mil 752.

Ante ello a través de un comunicado que se difundió principalmente a través de los medios electrónicos, Por Amor a Ellxs expusieron que la ley de la materia contempla una diferencia entre personas desaparecidas (cuando se presume la comisión de un delito) y las personas no localizadas (cuando no hay elementos para relacionar la ausencia a uno), pero en la misma ley se establecen los criterios para determinar cada caso.

Y detallan que, según la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, se entiende por persona desaparecida, a la persona cuyo paradero se desconoce, y se presuma a partir de cualquier indicio, que su ausencia se relaciona con la comisión de un delito; mientras que la persona no localizada es la persona cuya ubicación es desconocida y que de acuerdo con la información que se reporte a la autoridad, su ausencia no se relacione con la probable comisión de algún delito.

De ahí que una de las primeras exigencias del colectivo Por Amor a Ellxs, es para que la Fiscalía no sea omisa en hacer públicos los criterios que se utilizaron para determinar qué personas están en calidad de “Desaparecidas” y cuáles como “No Localizadas”.

Y ante ello exigieron de manera tajante, pero sin respuesta hasta la fecha: “Exigimos conocer la razón por la cual hicieron esa diferenciación y los criterios que tomaron en cuenta para hacer esa división de los casos”.

También denunciaron los quejosos, que la mayor parte de las carpetas de investigación no se actualizan con nuevos elementos a la velocidad que deberían y advierten: “Por ello nos extraña que sin haber suficiente investigación, hayan concluido que son personas “No Localizadas”.

De ahí que lanzaron un llamado en concreto a la Fiscalía Especial, a que acate la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, particularmente el artículo 89 en el que se determinan los criterios para establecer la presunción de un delito y así determinar si una persona es considerada “Desaparecida” o “No Localizada”.

El artículo en cuestión dice a la letra:

Inciso II.- Cuando de la descripción inicial de los hechos se pueda desprender la probable comisión del delito de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares o cualquier otro delito.

Inciso III.- Cuando de conformidad con el análisis de contexto se determine que las condiciones de la desaparición de la persona corresponden a la probable comisión de un delito.

Inciso IV.- Cuando, aún sin haber elementos de la probable comisión de un delito, han transcurrido 72 horas sin tener noticias de la suerte, ubicación o paradero de la persona.

Por lo tanto, en la argumentación de su protesta los integrantes del Colectivo “Por Amor a Ellxs”, si después de 72 de interpuesta la denuncia, no hay noticias de la persona, se presume la comisión de un delito y debe considerarse a la persona como “Desaparecida”.

Y rematan diciendo: “Recordamos a las autoridades que, a pesar de que hay una diferenciación en la Ley entre una persona “Desaparecida” y una “No Localizada”, la autoridad está obligada a buscarlas de la misma manera”.

EXTRAÑA LA RECLASIFICACIÓN: DARWIN FRANCO

Para el académico del ITESO, periodista e investigador experto en la materia de desapariciones, Darwin Franco, resulta extraño como el Gobierno de Jalisco actualizó el Sistema de Información de Víctimas de Desaparición, donde pasó de 7 mil 504 personas desaparecidas a sólo mil 752.

Expuso que el SISOVID tardó casi cuatro meses en actualizarse, desde que se presentó en marzo de este año, y cuando lo hizo “desapareció” de la estadística oficial a 5 mil 572 personas que se habían denunciado como desaparecidas, ya que ahora éstas sólo son reconocidas como “no localizadas”, lo cual –conforme a la Fiscalía General de Jalisco- deja a la entidad con tan sólo mil 752 desaparecidos.

Y advierte: “Esto lo hizo sin presentar mayores evidencias que expliquen cómo y por qué de la noche a la mañana, 5 mil 752 desaparecidos se convirtieron ahora en personas no localizadas, por lo que se debe aclarar de inmediato esta reclasificación”.

Si la Fiscalía no tuviera elementos fehacientes para sostener tal ‘re-clasificación legal’, estaría cometiendo una falta grave a la Ley de la materia y, a la par, evidenciaría que la baja notable en las personas que consideran oficialmente como desaparecidas; en realidad, no tiene ningún sustento pericial dentro de las carpetas de investigación que actualmente deberían estar investigando, las cuales según su propio registro estatal ascienden a 7 mil 504 desapariciones”, expuso el comunicador Darwin Franco.

RECUADRO

FRANCELIA HERNÁNDEZ CUEVAS

CON LA TAREA DE ENCONTRAR A LOS DESAPARECIDOS Y NO LOCALIZADOS

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La maestra Francelia Hernández Cuevas entre las primeras acciones que realiza al frente de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Jalisco, es crear nuevas bases de datos y hacer búsqueda de gabinete con todos los registros posibles.

Ante los integrantes del Comité de Selección que realizó las entrevistas a los 13 participantes, la maestra planteó lo que serían sus prioridades, resaltando la creación de nuevos modelos de búsqueda de personas que sirvan de ejemplo a las demás entidades para realizar gestiones. “Una base de datos permanente en la comisión, vinculante de todas las instituciones habidas y por haber: en albergues, reclusorios, el registro civil, todas estas bases de datos que nos sirvan para poder dar con esa persona”.

Ante las interrogantes de cómo le haría para iniciar la búsqueda de personas desaparecidas, expresó que con los datos que proporciona la familia al momento de la desaparición, iniciando de manera inmediata, haciendo búsqueda de gabinete en todas las instituciones habidas y por haber, con todos los datos proporcionados y con todos los vínculos que se tengan con las instituciones.

Apenas el pasado 5 de julio la maestra Francelia Hernández Cuevas fue seleccionada para asumir la titularidad de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Jalisco, entre 13 aspirantes.

Francelia cuenta con 20 años de experiencia en temas de prevención de desaparición de personas, políticas públicas y programas relacionados con la procuración de la justicia.

Su designación se dio después de que el Comité de Selección, integrado por los colectivos de familias de personas desaparecidas Por Amor a Ellxs y Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (Fundej); además de servidores públicos de la Fiscalía General, la Secretaría de Gobierno y el Gabinete de Desarrollo Social, entregó una terna al Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, quien eligió a la maestra Francelia Hernández por su amplia trayectoria y sensibilidad en el tema.

Hernández Cuevas, es la creadora del proyecto Red Municipal de Alerta Amber en los 125 municipios de Jalisco. Actualmente estudia un doctorado en Derecho por la Universidad de Guadalajara, cuenta con una maestría en Seguridad Pública y Administración de la Justicia, y es licenciada en Derecho.

Entre las primeras tareas tiene enfrente la maestra Hernández Cuevas como cabeza de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Jalisco, destacan las siguientes:

1. Continuar con el proceso de coordinación y establecer rutas de trabajo estrecho con las dependencias involucradas en el proceso de búsqueda de personas a nivel local y nacional.

2. Llevará a cabo acciones de búsqueda de manera física cuando éstas no representen un riesgo para él o su equipo. Para el caso en que implique un riesgo se realizará planeación previa y coordinación con otras dependencias.

3. Fortalecer y establecer mecanismos claros de coordinación y flujos de información con instituciones, dependencias y organizaciones que puedan agilizar y colaborar con el proceso de búsqueda de personas. Por ejemplo, hospitales, instituciones, establecimientos o dependencias que cuenten con circuitos de vigilancia, colectivos a nivel local y nacional, entre otros.

4. Trabajar, acompañar y orientar a las familias de personas desaparecidas para establecer otras estrategias y cursos de acción inmediatas.

5. Consolidar un equipo de trabajo para cubrir y responder a las necesidades expresadas por los colectivos y la situación actual del problema de desaparición de personas en el estado de Jalisco.

6. Definir características y ruta de trabajo para consolidar un sistema de información que agilice la búsqueda de personas en la entidad.

RECUADRO

FUERTES CRÍTICAS A MARGARITA SIERRA

La titular de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana en el Estado, Margarita Sierra, fue centro de fuertes críticas por defensores de los desaparecidos por su anuncio de que la Comisión Estatal de Búsqueda de personas desaparecidas operará con un nuevo esquema virtual y que se avocará únicamente a la recolección de información.

La coordinadora en el Estado del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem), Guadalupe Ramos Ponce, escribió en un artículo editorial publicado en el diario Crónica Jalisco que la funcionaria del Gobierno Estatal con su declaración refleja ignorancia sobre el problema de desaparecidos que prevalece en Jalisco y la

displicencia para su atención.

Margarita Sierra había declarado al respecto: “Y hemos llegado a este acuerdo, nuestra comisión de búsqueda va a ser una búsqueda virtual, vamos a tener acceso a todas las bases de datos y a generar bases de datos con la Fiscalía, con el Semefo, con los Semefos al interior del Estado, con los municipios, para que la persona pueda llegar a esta comisión y podamos darle información acerca de la persona que busca, la búsqueda en campo, será responsabilidad exclusiva de la Fiscalía”.  

Con estas declaraciones, evidentemente el gobierno estatal sigue sin entender la responsabilidad que tiene en el tema de desapariciones y en las instituciones que por ley se han creado para la búsqueda de las personas desaparecidas”, precisó la abogada Ramos Ponce.

Lo primero que salta a la vista es que la secretaria de Planeación y Participación Ciudadana sea quien asuma “llegar a acuerdos” para determinar el nuevo funcionamiento de la Comisión de Búsqueda y sea quien emita públicamente estas declaraciones”.

Legalmente, esta Secretaría no tiene ninguna injerencia ni en el sistema nacional ni estatal de búsqueda y tampoco tiene facultades para cambiar las funciones de una institución que ha sido creada a nivel nacional y estatal con el empuje de las y los familiares de las personas desaparecidas y de las organizaciones de la sociedad civil que acompañan en estos casos”.

La Ley general en materia de Desaparición Forzada de personas, Desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas; establece con claridad cuáles son las funciones de estas instituciones. Y aunque no se cuenta aún con la ley armonizada en Jalisco, la Ley General es  de orden público, interés social y observancia general en todo el territorio nacional”.

El Artículo 50 de la Ley establece que: “La Comisión Nacional de Búsqueda es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, que determina, ejecuta y da seguimiento a las acciones de búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en todo el territorio nacional… Tiene por objeto impulsar los esfuerzos de vinculación, operación, gestión, evaluación y seguimiento de las acciones entre autoridades que participan en la búsqueda, localización e identificación de personas…”

Cada Entidad Federativa debe crear una Comisión Local de Búsqueda, la cual debe coordinarse con la Comisión Nacional de Búsqueda y realizar, en el ámbito de sus competencias, funciones análogas a las previstas en esta Ley para la Comisión Nacional de Búsqueda” ¿Así o más claro?, no hay tiempo para que sigan inventando sus comisiones “virtuales”, en Jalisco esperan sus familias de regreso a más de siete mil desaparecidos”.

JALISCO

Alfaro, MC y el PAN endeudarán a Jalisco con 6,200 millones de pesos más: La justificación es la pandemia

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Por Raúl Cantú //

Total manga ancha tiene el Ejecutivo del Estado para manejar el crédito de 6,200 millones de pesos cómo quiera, sin etiqueta, sin disciplina financiera y otros recursos excedentes que tendría el Gobierno del Estado durante el presente año.

Así lo explica la diputada priista Mariana Fernández, quien se convirtió en la voz más crítica que se opuso a la contratación de dicho crédito. Consideró que no había necesidad alguna de contraer una nueva deuda, ya que hay 13,120 millones de pesos disponibles que podrían redirigirse.

En lugar de eso nos presentan una reducción de estimación de ingresos, lo cual les permite ejercer a discreción los excedentes, en caso de faltantes no sujetarse al artículo 15 en la ley de disciplina financiera, todas las ampliaciones se dan en concepto de erogaciones imprevistas que es ejercicio discrecional no etiquetan ni programas de plan COVID19 y tampoco a insumos médicos”.

La realidad es que están usando esta contingencia, el dolor, el miedo y la complicada situación económica de la gente para liberarse de todos los candados que evitan que hagan mal uso del dinero a sus anchas y sin rendición de cuentas”.

LA ARGUMENTACIÓN DEL RECTOR DE LA UDEG

Si alguien conoce de presupuesto y manejo financiero del Gobierno del Eatado es el actual rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, quien en la primera mitad del gobierno que encabezó Aristóteles Sandoval, fue el titular de las finanzas estatales.

Ricardo Villanueva Lomelí en su página de Twitter antes que se diera la aprobación del endeudamiento había dejado clara la posición de esta casa de estudios en torno a contratar más deuda para el Estado de Jalisco.

En muy poco tiempo estoy intentando descifrar las iniciativas de reasignación presupuestal y la de un crédito que se quiere resolver el día de hoy en el Congreso. Hay cosas que no me quedan claras”, escribió.

En el presupuesto 2020, la Universidad de Guadalajara ya tenía asignados 320 millones de pesos para infraestructura educativa y cultural, las cuales, con esta iniciativa, se propone recortar para mandarlos a la compra de consumibles y gasto de operación”.

Pero además, ahora en el crédito solicitado se propone volverlos a colocar. Primera pregunta: ¿para qué quitarles ese dinero a la universidad si de todas formas piensan volver a poner?”.

Segunda pregunta, bajo esa lógica de quitar, reasignar y poner, ¿el crédito sería entonces para obra o para consumibles?”

Tercera interrogante, ¿si no hay crédito entonces la universidad se queda sin esa infraestructura?

LOS INSULTOS DE SALVADOR CARO

El diputado Caro nos dijo vulgares, por debatir con argumentos y cifras su solicitud del endeudamiento”, precisó la diputada Mariana Fernández al subir el viernes a la tribuna del Congreso del Estado para presentar su argumentación sobre el por qué se oponían los legisladores del PRI al nuevo endeudamiento del Gobierno del Estado por 6,200 millones de pesos que solicitó el titular del Poder Ejecutivo, Enrique Alfaro y que a la postre fue aprobado.

Nosotros sabemos que se equivoca, no hay vulgaridad en el disenso, vulgar es desacreditar con insultos a los críticos del gobierno, vulgar es decir que no van a endeudar al Estado, vulgar es burlarse de quienes votaron por ustedes y después meterles la peor deuda que tendrá Jalisco en su historia”, argumentó la legisladora priísta y prima hermana del gobernador Enrique Alfaro.

Ante el avasallamiento impuesto por el Poder Ejecutivo, con la complicidad de las cúpulas del sector privado y el silencio de la mayor parte de los medios de comunicación, desde la tribuna del Congreso del Estado se escuchó la voz de la legisladora Mariana Fernández, se convirtió en la voz crítica pero se estrelló con la aplanadora que permite la alianza entre los diputados de MC y el PAN, que le aprueban todo lo que el gobernador Enrique Alfaro ordena.

Al final se votó la contratación del nuevo crédito con 28 votos a favor y 10 en contra; los votos que se sumaron a los del PAN y MC fueron los de la diputada morenista Patricia Meza y del perredista Quirino Velázquez.

El diputado Enrique Velázquez convertida en la voz del Grupo Universidad, presentó su argumentación de por qué votar en contra de este endeudamiento. “Le están quitando recursos a un fondo de los trabajadores antiguos del Hospital Civil que no entraron al sistema de Pensiones, se está quitando dinero de infraestructura educativa, y si tanto criticamos al Presidente de la República de las formas como toma las decisiones, a veces aquí hacemos lo mismo”.

El legislador Velázquez dijo que no podían aprobar un endeudamiento cuando se desconoce el proyecto, sobre lo que no se dio debate. “Lo que necesitamos aquí es obediencia a pesar de que se vulneren esquemas de equilibrio que deberíamos tener en el Estado, por eso me parece que no se dice toda la verdad”.

LA VOZ DE MC

Al diputado Ricardo Rodríguez, presidente de la Comisión de Hacienda y Coordinador Nacional de MC en Jalisco, le tocó hacer la argumentación para la aprobación del crédito de 6,200 millones de pesos que pidió el Ejecutivo.

Dijo que la contratación del crédito no fue una decisión unilateral del Poder Ejecutivo, toda vez que se elaboró en la mesa de reactivación económica, cuyo secretario técnico es el ex presidente de Coparmex Jalisco, Mauro Garza Marín. Dijo que la crisis actual del coronavirus genera una circunstancia que hace necesario la contratación de un crédito y recordó que en anteriores gobiernos del PRI se respaldó esta medida de contratar créditos sin que hubiera una crisis como la actual.

Ricardo Rodríguez asumió el compromiso que la Secretaría de Hacienda y la de Infraestructura comparecerán periódicamente para informar sobre los gastos.

Nos sentimos satisfechos de haber tenido la capacidad de convencer a diputados y diputadas de seis de siete grupos parlamentarios que tenemos en este Congreso, para votar a favor de las iniciativas que presentó el Gobierno del Estado”.

En sus redes sociales, Ricardo Rodríguez apuntó que con este financiamiento, se busca reactivar la economía de las y los jaliscienses a través de proyectos de obra pública que traerán consigo la creación de miles de empleos.

Recordó que en los meses de abril y marzo, producto de la crisis sanitaria que enfrentamos en Jalisco, se perdieron 44 mil empleos en Jalisco. “Esta es la razón de la importancia del financiamiento de 6,200 millones de pesos para que la economía de los jaliscienses no se siga viendo más afectada y poder reactivar la economía del Estado.

SON 11,500 MILLONES DE DEUDA: MARIANA

Ya me acostumbré en este sexenio a estar de luto con tantas tragedias que le ocurren a Jalisco (…) Hace poco más de 6 años el partido que hoy gobierna se indignaba por la aprobación de una deuda por algo así de 2 mil 500 millones de pesos, decían que se estaba hipotecando el futuro de Jalisco y que eso los ponía muy triste. Hoy están por aprobar un nuevo crédito, el segundo apenas en 531 días de su administración. Esa administración que prometió que no volvería a endeudar a Jalisco, pero claro, eran campañas”, expuso Mariana Fernández.

Aquí los argumentos que esgrimió en el debate:

En total el gobierno de MC habrá solicitado 11 mil 450 millones de pesos. Nos han endeudado con 33 millones de pesos por cada día que han gobernado, eso sin contar con los intereses que estos créditos están generando. Esta nueva propuesta de endeudamiento por 6 mil 200 millones de pesos se colocará en el mercado bursátil, no habrá certeza de la tasa de interés que vamos a estar pagano. El riesgo que se corre es muy grande, una previsión optimista estima que los intereses alcanzarán los 6 mil 537 millones de pesos, es decir, pagaremos más de intereses que lo que se tendrá disponible para gastar. La suma de pagos de capital e intereses al terminar el plazo será de 11 mil 737 millones de pesos, de ese tamaño es el compromiso que están autorizando”.

Ya sabemos que no les interesa mucho, la prueba está en todas las pequeñas deudas que han contratado a través de pagos multianuales. A toda máquina, renta de equipo fotocopiado, renta de autos y vehículos para funcionarios, otros muchos rubros de los que ya hemos hablado. Alguien tal vez, vendrá a decir que así les dejaron el estado, hecho trisas sin oportunidad de manejar adecuadamente las finanzas, luego se va a contradecir porque aseguraban que Jalisco hoy tiene una buena calificación crediticia y finanzas sanas, que por eso aún pueden endeudar el estado por ese monto”.

Vamos haciendo un análisis de lo que está sucediendo. En 2003 los compromisos financieros de Jalisco eran apenas de 2 mil 668 millones de pesos, poco a poco se fueron adquiriendo nuevas deudas entre 2007 y 2012, se pasaron de 4 mil 400 millones de pesos, a 14 mil 362 millones, si recordarán a Emilio González Márquez. Luego vino el PRI, sí, el terrible PRI, ahí se reestructuró la deuda, y para 2016 se creció a 20 mil 186 millones, pero hasta ese momento y el año pasado, los compromisos de Jalisco y la deuda empezaron a descender y se empezaron a pagar. Sí, aunque les parezca terrible el PRI, fue una administración de nuestro partido en la única donde la deuda empezó a bajar, producto de la austeridad, el PRI sí rescató las finanzas del estado”.

En cambio, con el partido que no iba a endeudar a Jalisco, el saldo que se debe el gobierno pasó de 19 mil 761 millones de pesos al comienzo de 2019, ahora la cifra gracias a ustedes llegará a 30 mil 641 millones de pesos, esto quiere decir que más del 68 por ciento de la deuda que deberá Jalisco será gracias a MC. La deuda adquirida por este primer año de gobierno de MC ya es más alta que la de cualquier otro periodo y eso que apenas van empezando”.

Ya dijimos que la deuda se colocará en el mercado bursátil, eso es terrible para nuestra certeza financiera. Aunque haya un apartado donde especifican cantidades destinadas a conceptos abstractos, no especifican las obras a las que destinarán el recurso. Quieren el dinero antes de tener un plan delineado de trabajo, cómo supieron cuánto dinero necesitaban. También piden que se pueda ejercer la deuda hasta 2021, que casualidad, en año electoral, entonces dónde estaba urgencia. Hablan de un boquete de 5 mil millones de pesos y lo que en realidad están haciendo es recortar obras que ya estaban programadas para poder usar discrecionalmente el dinero que iban a usar en ellas y financiarlas como siempre, al doble de su costo”.

También van a argumentar que ya tienen un plan de austeridad que ya es opaco, no señalan qué programas se van a afectar, pero vamos a revisarlo hasta donde nos dejan. En lugar de reducir la publicidad, que solo se redujo el 8 por ciento, claro, no vayan a atentar contra los negocios de sus empresas de publicidad, o reducir en renta de carros, prestaciones extraordinarias o gasto corriente, le están quitando el dinero a áreas que son muy sensibles, particularmente en estos momentos. Reducen en 5 millones de pesos el presupuesto a la Secretaría de Igualdad, escatiman en el rescate a la violencia de mujeres cuando somos más vulnerables por este encierro. Además arrebatan 25 millones de pesos a la fiscalía, 23 millones de pesos al C5 y 96 millones a la Secretaría de Seguridad, como si la seguridad pública en el estado pasara por su mejor momento”.

Debo reconocer que nos escucharon y ajustaron algunos de los recortes en áreas sensibles como les propusimos, pero creemos que sigue prevaleciendo un desbalance presupuestal y que si esto se hiciera correctamente no necesitaríamos la deuda. Dirán que no tienen dinero, pero eso no es cierto, al iniciar el presente ejercicio fiscal, sonaban en la caja 10 mil 600 millones de pesos, de los cuales 5 mil estaban en efectivo y sin compromiso para estar dispuestos a ejecutarlos libremente. Además, durante 2019 se reportaron ingresos adicionales de participaciones por 4 mil 300 millones de pesos y se registró un sub ejercicio de 3 mil 300 millones de pesos. Creo que la mayoría de mis compañeros no están ni siquiera enterados que la SIOP, en el 2019, dejó de ejercer 2 mil 500 millones de pesos en obras, que es para lo que se puede pedir el crédito”.

Por si fuera poco, en lo que va del 2020 el gobierno de Jalisco ha recibido participaciones federales superiores a 17 mil 280 millones de pesos como se habían programado hasta abril pasado. Es muy fácil la narrativa del gobierno federal de que nos está castigando, pues en las participaciones federales crecieron al 2 por ciento, Jalisco recibió 600 millones de pesos más que no tenían contemplados este año. Entonces, la federación no ha castigado y hasta el momento no se sabe que castigará a Jalisco con un solo proyecto, así que terminen con esa narrativa que son mentiras”.

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JALISCO

Acusan de daño moral a Jorge Carlos Ruiz por hacer afirmaciones falsas que dañan imagen de empresa GAP

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Por Diego Corona // 

El contralor ciudadano independiente Jorge Carlos Ruiz Romero deberá responder por la acusación de daño moral que presentó ante la justicia el representante legal de la empresa Distribuidora Química y Hospitalaria GAP y que se cuantifica que podría ascender a un millón de dólares al hacer afirmaciones el hoy acusado de que esta empresa obtuvo contratos irregulares de dependencias del Gobierno del Estado.

Fue el pasado 4 de febrero cuando el contralor ciudadano independiente en una rueda de prensa presentó estas afirmaciones y que pueden ser observadas en internet en la página de la red social de Facebook de Jorge Carlos Ruiz Romero. “Las afirmaciones las hace sin bases legales ni con documentos fehacientes que lo acrediten”, señala el representante legal de la empresa Distribuidora Química y Hospitalaria GAP, Jesús Ortega Martínez.

En esa rueda de prensa, Ruiz Romero acusó a de la empresa Distribuidora Química y Hospitalaria GAP por contravenir la Ley de Compras Gubernamentales al recibir supuestamente adjudicaciones directas superiores a los 234 millones de pesos y ser además sancionada por supuestas ventas a sobreprecio.

El abogado de la empresa Distribuidora Química y Hospitalaria GAP , José Hidalgo Sánchez, en la demanda que presentó ante la justicia civil considera que estas aseveraciones sin fundamento alguno causan daño moral a la empresa que representa, en su prestigio, en su nombre, en su reputación que sin sustento legal alguno el demandado Jorge Carlos Ruiz Moreno haya afirmado lo siguiente: “encontramos una empresa que fue sancionada, fue retirada este de los contratos que se llama Química Distribuidora Química y Hospitalaria GAP que en el mes de Julio pasado cancela los contratos pero vamos a investigar tiene compras en adjudicaciones directas, escúchenlo bien, por más de 234 millones de pesos”.

El abogado José Hidalgo subraya el que Jorge Carlos Ruiz Romero haya afirmado que su representada “fue sancionada y retirada de los contratos, afirma un hecho falso que no fueron autorizados por mi representada y sin su consentimiento, siendo también que a la postre y derivado de dichas afirmaciones sin sustento, generan un sentimiento de rechazo y desprestigio que afecta a mi representada para no ser invitada a participar en convocatorias públicas a efectos de otorgar los servicios a los que se dedica, puesto como se afirma, y contrario a lo establecido por el demandado, mi representada nunca ha sido sancionada, ni se le ha cancelado contrato alguno, entonces con dicha declaración llena de dolo y falsedad se le infringe un daño moral a mi representada y lesiona sus intereses”.

Asimismo, con la difusión que hizo el demandado al haber subido el video a la Red Social Facebook, toda las personas que lo hayan visto se quedan con una percepción e imagen de que representada es una empresa que ha sido sancionada por contratos irregulares, lo cual no es cierto ni real, pero esa impresión queda en las personas que ven la red social, lo cual perjudica en el aspecto moral y económico a mi representada, en su prestigio y honor.

Las pruebas que presenta Ortega Martínez destaca una certificación de hechos que refiere a un video que fue subido a Facebook que contiene la declaración del contralor ciudadano, acompañada de una nota que se publicó en el portal de mural.com, y en el mismo diario Mural.

Una segunda prueba corresponde al memorándum del 15 de julio de 2019, firmado por el director general de Regiones Sanitarias del OPD Servicios de Salud Jalisco, Emmanuel Hernández Vázquez en que se asevera que GAP, cumplió satisfactoriamente con el servicio integral de Bancos de Sangre para sus unidades.

De igual forma se entregó un oficio con fecha 2 de diciembre de 2019, emitido por el director de área de Responsabilidades y de lo Contencioso, Francisco Javier Islas Godoy de la Contraloría del Estado, en la cual esta dependencia aprobó un convenio entre la empresa GAP y el OPD SSJ, en que se da punto final a las controversias existentes entre las dos partes y deja de existir entre las partes un procedimiento de recisión administrativa vigente.

Con esta documentación se desmiente la afirmación de Jorge Ruiz Romero, que no fue sancionada ni le fueron retirados los contratos.

Respecto al daño moral que ocasionaron las declaraciones de Jorge Ruiz Moreno a la empresa GAP, el abogado de ésta, José Hidalgo Sánchez, señala que su representada ha encontrado rechazo, toda vez que antes de entregar cualquier tipo de documentación para participar en licitaciones públicas, “ya se encuentra estigmatizada como la sancionada, y genera un sentimiento de que no es una empresa que cumpla debidamente con los contratos, lo cual no es cierto, y este rechazo es producto de las imputación falsa y dolosa que hizo el demandado, manifestando que los hechos precisados en el presente punto les consta a los testigos de nombre Alberto Jiménez Martínez y Rogelio Guerra Mármol, los cuales en su momento será presentado su testimonio”.

LA RESPUESTA DE JORGE RUIZ ROMERO

El contralor ciudadano Jorge Ruiz Romero ante estas acusaciones dio su versión y presentó una publicación de la Secretaría de Salud con fecha del 23 de julio del pasado año en la que se informa que la OPD de SSJ rescindió contrato con la empresa Distribuidora Química y Hospitalaria GAP, S.A de C.V., para el servicio subrogado de pruebas de laboratorio y estudios de gabinete para pacientes del Seguro Popular, Seguro Médico Nueva Generación, Gastos Catastróficos y población abierta de la red de Laboratorios del Estado de Jalisco.

Jorge Ruiz Romero envío un segundo archivo a la redacción de Conciencia en el que se señala que tras señalamientos, Gobierno de Jalisco cancela el proceso de licitación de medicamentos y servicios de salud y ordena reanudarlo bajo un nuevo modelo de máxima exposición pública., de acuerdo a publicación del de noviembre del 2019.

LA EXIGENCIA DE GAP A JORGE RUIZ ROMERO

En la demanda que presentan ante la autoridad civil contra Jorge Carlos Ruiz Romero, Jesús Ortega Martínez en su condición de representante de Distribuidora Química y Hospitalaria GAP, demanda lo siguiente:

  1. Que el demandado Jorge Carlos Ruiz Romero realice una rueda de prensa en los mismos términos de la que se desprende el daño moral causado a mi representada, y se retracte de que mi mandante nunca ha sido sancionada, ni ha obtenido contratos irregulares ante dependencias del Gobierno del Estado de Jalisco.

2).- Por el pago de los daños morales que el juez determine, de acuerdo a los derechos lesionados, el deshonor y el desprestigio que causaron a mi representada, por las indebidas e falsas afirmaciones que causo el demandado en contra de mi representada, mismas que solicito se cuantifiquen en ejecucion de sentencia.

3).- Por el pago de gastos y costas judiciales que se originen con motivo de la tramitación del presente Juicio, ya que me veo en la necesidad de requerir judicialmente al demandado las acciones que se le reclaman.

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JALISCO

Que María Elena Limón se someta a la revocación de mandato: Hugo Villavicencio, presidente de Intepro Contigo

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Por Mario Ávila //

Con el inicio del mes de mayo, los alcaldes de Jalisco llegan a la mitad de su trienio y con ello se abre la posibilidad de que los ciudadanos puedan exigir, que se les someta a un proceso de evaluación popular, a fin de determinar si siguen en el cargo o son removidos.

La primera que podría ser sentada en el “banquillo de los acusados”, aprovechando el contenido ya vigente de la Ley del Sistema de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza del Estado de Jalisco, particularmente en lo que se refiere a la Revocación de Mandato, podría ser la presidenta municipal de Tlaquepaque, María Elena Limón.

Ello luego de que Hugo Villavicencio Gallardo, presidente de Intepro Contigo, A.C., encabezando a medio centenar de ciudadanos habitantes de Tlaquepaque, que se dicen líderes de igual número de colonias, considera que la presidenta ha fallado en brindarle a los habitantes de su municipio las condiciones mínimas para salir de la pobreza extrema, protegerlos de la inseguridad, superar el grave desempleo y brindarle los servicios de salud.

Para ello ya turnó una carta de intención con la firma de 50 personas a la autoridad electoral en la entidad, es decir el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, anunciando su intención de cumplir con los requisitos de recabar el 3% de las formas de ciudadanos registrados en el Padrón Electoral del Municipio, es decir, para formalizar la petición tendría que conseguir el visto bueno de alrededor de 6 mil tlaquepaquenses.

Sin embargo, si todo el trámite administrativo prospera, la autoridad electoral organizaría la consulta en la que para que se pueda cumplir la exigencia de los ciudadanos convocantes, de que la alcaldesa sea separada del cargo, se debe alcanzar al menos un voto más de los que votaron por ella en la elección inmediata anterior.

Vale la pena recordar que en la elección 2018, en pro de María Elena Limón votaron 86 mil 370 ciudadanos, y por lo tanto esa sería la barrera que tendrían que superar los ciudadanos inconformes. A este número de votos llegó María Elena Limón, gracias a la alianza que realizó MC con el PAN y el PRD en este municipio, ya que si la alcaldesa hubiera representado solo a MC, solo habría superado con escasos 58 votos a Morena. En el cómputo final MC obtuvo 58 mil 697 sufragios, Morena 58 mil 639, PAN 21 mil 812 la alianza recibió 3 mil 657 y el PRD 2 mil 204 votos.

Hugo Villavicencio, activista y líder de los quejosos, ya le turnó incluso una carta la alcaldesa el pasado 27 de abril, para exhortarla a que sea ella quien ofrezca voluntariamente ser sometida a la herramienta democrática que ofrece la Ley del Sistema de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza del Estado de Jalisco, en su capítulo VIII, artículo 82, referente de la Revocación de Mandato.

Ello para que en los 120 días posteriores, una vez cumpliendo el requisito de juntar las firmas del 3% del Padrón Electoral en el municipio, tal como lo marca el ordenamiento legal, sea el IEyPC el que lleve a cabo este ejercicio democrática de participación ciudadana.

Luego de que se formalice la petición, en los cuatro meses posteriores se habrá de efectuar un proceso de consulta a la ciudadanía, en el que para prosperar el rechazo a que la alcaldesa siga en el cargo, se debe obtener un voto más del total de los votos que conquistó en la elección inmediata anterior en la que resultó electa”, dice la misiva.

Y abunda: “Sin embargo en contra parte, si es el deseo de los ciudadanos de Tlaquepaque, el seguir gobernados bajo sus directrices, los ciudadanos promoventes de esta herramienta, habremos de reconocer su valor democrático, su profesionalismo, pero sobre todo su interés en mantener la credibilidad de su pueblo”.

EVALUAR A ALCALDES

Tal como se anticipó en Tlaquepaque, también ya se dieron muestras en Zapopan de iniciar con un procedimiento similar en contra del alcalde Pablo Lemus, particularmente iniciado por los trabajadores del DIF Zapopan (SideDIF) y apuntalado por los sindicatos adheridos a la Federación Democrática de Trabajadores de Jalisco (FEDETJAL), que lidera Martha Elia Naranjo Sánchez.

Por cierto ambos alcaldes se encuentran en su segundo período de gobierno, es decir triunfaron en la elección del 2015 y aprovechando las reformas a la ley electoral se reeligieron en el 2018, lo que significa que algo muy diferente hicieron en este segundo período, que no ha gustado a los gobernados que incluso es muy probable que hasta hayan votado por el munícipe en turno.

De ahí que no debe resultar extraño que entre los meses de mayo y agosto se sumen los habitantes de otros municipios, solicitando que su alcalde sea sometido al escrutinio social, para determinar si continúa su gobierno de 3 años o es separado del cargo.

Vale la pena mencionar que en los casos de María Elena Limón y Pablo Lemus, ambos ya fueron sometidos a un procedimiento similar a la mitad de su primer período de gobierno, solo que con las grandes diferencias de que en aquellos casos se llamada “Ratificación de Mandato” y el escrutinio y cómputo era organizado por la propia autoridad municipal, no por el órgano electoral del Estado, por lo que los resultados fueron ampliamente satisfactorios para los munícipes cuyo desempeño hoy es puesto en tela de duda.

Hoy lo que no queremos –dijo Hugo Villavicencio Gallardo, presidente de INTEPRO Contigo, A.C.-, es que el procedimiento lo hagan ellos mismos, en donde ellos lo organizan, ellos lo ejecutan, ellos lo coordinan, ellos cuentan los votos y salen abiertamente victoriosos. Hoy queremos que sea la autoridad electoral la que haga el procedimiento”.

Tenemos que juntar las formas del 3% del padrón electoral en el municipio –abundó-, que calculamos nosotros que es de cerca de 6 mil firmas. Lo primero que presentamos al IEyPC un documento con la firma de 50 líderes de diferentes colonias del municipio y estamos preparando ya en la siguiente semana una reunión con 100 líderes para empezar a poner módulos para que la gente, obviamente tomando las precauciones necesarias para evitar riesgos de contagio, pueda asistir a firmar. Y ya con los 100 líderes, será muy fácil llegar a estas 100 colonias de donde creo que fácilmente saldrán las 6 mil firmas, para que el Instituto nos pueda avalar el primer documento de Revocación de Mandato. Ya tenemos la luz verde de la autoridad electoral”.

A la pregunta de si el primer periodo de gobierno de María Elena Limón fue bueno, o a qué adjudicaba que haya logrado su reelección, planteó: “No, fue un mal gobierno pero tuvo a su favor dos cosas, primero que aprovechó muy bien el presupuesto y la nómina para controlar a un gran equipo, movilizar gente y operar con lo que sea necesario. Esa posibilidad ya no la tendrá ahora porque ya no puede intentar este mismo procedimiento. Y la segunda opción que tuvo a su favor fue que no había grandes opciones compitiendo por la alcaldía y la gente por supuesto tenía pánico de que existiera la posibilidad de que regresaran los Barba”.

A sabiendas de que la aduana seria no son las 6 mil firmas, sino conseguir después 86 mil 370 más 1, Hugo Villavicencio Gallardo planteó: “Sé que es complejo, sé que está complicado, pero queremos jugárnosla, queremos ver hasta dónde llega el nivel de hartazgo de la gente y lo tenemos claro, sabemos que con los 6 mil firmas, nos dará el impulso para conseguir los votos que se necesiten, uno más de con los que ganó en la elección inmediata anterior. No es fácil, pero tampoco queremos que esto se quede aquí, a lo que tengamos que apostarle, creo que sí podemos lograrlo”, expuso.

LA SALUD, TEMA QUE DOMINA VILLAVICENCIO

Uno de los principales motivos es porque Villavicencio Gallardo ha estado recorriendo las calles de Tlaquepaque, desde hace tiempo, es porque tiene una asociación civil que está apoyando a la gente. “Intepro Contigo, A.C., con ella me dedico al tema de salud, apoyamos con atención médica a la gente más necesitada, principalmente ambulatoria, nada de hospitalización, por ejemplo hemodiálisis, rehabilitación física, medicamentos, aplicación de medicamentos, somos un centro oncológico, trabajamos mucho para aseguradoras y para algunas instituciones de gobierno que subrogan el servicio privado a empresas como la nuestra, como el IPEJAL, Banrural e inclusive tenemos un contrato con la Fiscalía del Estado para tener una unidad de hemodiálisis dentro del penal de Puente Grande. Aquí está el único penal del país y de Latinoamérica, que tiene dentro de sus instalaciones una unidad médica para brindar el tratamiento a los reos.

Hemos ayudado, soy de Tlaquepaque, he conocido algunas colonias y he visto un rezago importantísimo en el 70% de las colonias. Fuera del primer cuadro, que es lo que todo mundo conoce como la parte bonita de Tlaquepaque, hay un rezago impresionante, no hay calles, no hay alumbrado público, la inseguridad es el pan de cada día, balaceras por todos lados, lo mismo en el primer cuadro de la ciudad y en la colonia Las Huertas.

Ahora con la contingencia por el COVID-19 implementamos un programa que se llama ‘Apoyo a mil familias’ y consiste en entregar alimentos; estamos a punto de terminar la entrega de las primeras mil despensas, y digo las primeras mil porque no podemos dejar el apoyo en una sola despensa, tendremos que repetirlo porque empezamos cuando estaba la fase dos, pero obviamente esto va a tardar aún más”, planteó el líder social que ahora se ha echado a cuestas una tarea política, que tiene que ver con la intención de sacar a María Elena Limón de la Presidencia de Tlaquepaque”.

Y conocedor del tema de salud, Hugo Villavicencio advierte con pleno conocimiento de causa, que en Tlaquepaque “no tienes una población sana porque no tienen unidades de salud que sean efectivas, tienes una Cruz Verde ‘Marcos Montero’, que está rebasada y que es solo para atenciones de primer nivel, no hay un hospital en el municipio”.

Por ejemplo, es más eficiente la Cruz Ámbar, que no depende del municipio, está apoyada y subsidiada, a mí me tocó regalarle a través de la asociación civil, un carrito rojo, un equipo de choque y una ambulancia; este equipo se lo había estado pidiendo al municipio durante 8 años y nunca pudieron apoyarla y hoy la Cruz Ámbar atiende a casi 15 mil pacientes por año de diferentes colonias, está en Parques de la Victoria, las consultas les cuentan entre 30 y 40 pesos”, comentó con orgullo el líder social.

LAS CUATRO DEFICIENCIAS DEL GOBIERNO DE LIMÓN

Y finalmente, al enunciar los cuatro pecados principales que ha cometido la alcaldesa de Tlaquepaque y que han sido el motivo suficiente para pedir que se someta a la Revocación de Mandato, Hugo Villavicencio enlistó: Pobreza, inseguridad, marginación y salud.

Si ya de por sí había pobreza –dijo-, inseguridad y marginación en Tlaquepaque, hoy con este tema se ha complicado aún más, la gente no puede salir a la calle, hay muchos despedidos de sus trabajos, no tienen manera de salir a buscar empleo o a ganarse la vida día a día, la situación se ha vuelto más compleja”.

Los apoyos económicos que se prometieron desde el ayuntamiento para mil familias y por 4 mil pesos, no llegan, no hay una sola persona que pudiera constatar que haya recibido el apoyo, la mayoría de la gente dice que en los teléfonos que dieron, nunca contestaron y a la gente que iba personalmente al ayuntamiento, se les decía que ya se habían entregado”.

En esta tarea asistencial –abundó-, he visitado dos colonias por día, en donde celebro reuniones con entre 50 y 100 personas y al día de hoy no he podido constatar un solo apoyo. María Elena Limón desde 2015 ha cometido miles de anomalías, temas de corrupción se documentan día a día. Eliminó el sistema anticorrupción en el municipio porque no le conviene que le estén vigilando el uso que le da al de recursos públicos. Sabemos que arregló su casa con personal y presupuesto público.

Las colonias no tienen cercanía con ninguna autoridad -sentenció-, no los visitan y cuando los colonos van a buscar a sus gobernantes a sus oficinas, no los atienden, prefieren hacer obra solo en el centro, en el Pueblo Mágico, removieron las banquetas del primer cuadro dizque para meter una tubería o no sé qué diablos inventaron y a qué precio pagaron las obras. Hacen obra solo en la parte del municipio que la gente más ve, pero el centro no es todo Tlaquepaque, el municipio son las 240 colonias que están en la marginación total.

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