Por Redacción Conciencia Pública // 

En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Peatón, cientos de mexicanos se manifestaron en Ciudad de México, Guadalajara, Morelia, Guaymas, Puebla, Torreón, Aguascalientes y Ensenada para convocar a los legisladores a aprobar la Ley General de Seguridad Vial (LGSV) propuesta por 35 organizaciones civiles y que actualmente se dictamina en el Senado.

Ciudadanos se congregaron en Paseo Alcalde para realizar una caminata en memoria del peatón y disfrutar una calle que se convirtió en un paseo peatonal, para instar a legisladores y autoridades a lograr juntos la aprobación de la Ley General de Seguridad Vial para proteger la vida de los mexicanos, especialmente niños y niñas.

En México, se registran 16 mil muertes y casi 123 mil lesiones por incidentes viales cada año y los usuarios que más mueren en las calles son precisamente peatones. En el 2016, se registraron 7,137 atropellamientos fatales en el país. Es decir 20 peatones mueren al día, lo que representa el 44% del total de muertes por accidentes viales. Es la forma más sencilla de movilidad que ejercemos prácticamente todos en algún tramo de nuestros recorridos diarios y a pesar de ser uno de los modos más vulnerables, es al que menos financiamiento se le destina.

En un mensaje de audio, Román Mayer Falcón, Secretario de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, saludó esta conmemoración nacional y manifestó el compromiso e interés del gobierno federal por tomar acciones para disminuir las muertes y lesiones por accidentes de tránsito en nuestro país. Mencionó la importancia de contar con una ley “porque las cosas tienen que cambiar” y reafirmó su compromiso de trabajar para que las calles sean más seguras para los peatones.

Al evento asistieron la senadora Patricia Mercado, presidenta de la Comisión de Coordinación Metropolitana y Movilidad en el Senado, la diputada Pilar Lozano McGregor, presidenta de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad en la Cámara de Diputados, el diputado Javier Hidalgo, el maestro Javier Garduño Titular de la Unidad de Políticas , Planeación y Enlace Institucional de SEDATU, la maestra Sonia Salazar Ham, titular de la Unidad de Atención para las Organizaciones Sociales de la Secretaría de Gobernación y el doctor Miguel Malo, representante de la Organización Mundial de la Salud y Organización Panamericana de la Salud en México.

Por parte de las organizaciones civiles que han construido por casi 5 años la propuesta de ley que está en proceso de dictaminación en el Senado y que se espera sea discutida y aprobada en el próximo periodo legislativo que inicia en septiembre, habló Gabriel Paredes, padre de la joven Monserrat Paredes quien fue atropellada mortalmente frente a Chapultepec en noviembre de 2015. Las organizaciones recalcaron la importancia de este instrumento para salvaguardar a las familias, y reiteraron su esperanza en su pronta aprobación.

Invertir para salvar vidas es una inversión inteligente porque nos ahorra pérdidas y dolor incuantificable, además nos permite prosperar como nación, ya que según estimaciones presentadas por la Organizadión para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) la atención de muertes y lesiones ocasionadas por accidentes viales, ascienden a un costo total de 18.7 mil millones de dólares, lo que representa 1.64% del PIB nacional.

Las asociaciones civiles y expertos convocantes son Jóvenes Salvaguarda, PROACCIÓN, Por mi comunidad, Víctimas de Violencia Vial, Paz Vial, Consejo Ciudadano de Movilidad No Motorizado de Guadalajara, Bike Revolución, Asociación de Lisiados de Jalisco, Instituto de Capacitación Profesional de Jalisco, el diputado Jonadab Martínez (presidente de la Comisión de Movilidad y Transporte del Congreso del Estado de Jalisco), más decenas de otras organizaciones similares en los estados de la República, con el apoyo de las organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Esta conversación para promover la aprobación de la ley puede seguirse en redes sociales con los hashtags #DejaHuella, #LeyDeSeguridadVial y #DiaMundialdelPeatón.

Por Remberto Hernández Padilla /(*)

Todo comenzó el viernes 23 de Febrero de 1990 cuando el gobierno federal determinó realizar estudios para el aprovechamiento de las aguas de la Cuenca del Río Verde; desde entonces ha habido una serie de acuerdos, decretos y convenios de coordinación entre las dependencias de la propia federación y los gobiernos de los estados de Jalisco y Guanajuato.

La tradicional falta de información del gobierno a la ciudadanía no permitió el conocimiento de documentos importantes –algunos de ellos contradictorios y hasta tendenciosos – como el Decreto del lunes 3 de abril de 1995, que reserva las aguas nacionales superficiales del Río Verde para usos doméstico y público urbano. Y, el Acuerdo de Coordinación de Mayo de 1997, entre el Ejecutivo Federal y los ejecutivos de los estados de Jalisco y Guanajuato, para el aprovechamiento integral de las aguas del Río Verde. Sobresalió el Convenio de coordinación del martes 16 de Octubre de 2007, que consistía en el programa especial para estudios, proyectos, construcción y operación del Sistema Presa El Zapotillo y Acueducto el Zapotillo – Los altos de Jalisco – León, Guanajuato-. Este Convenio despertó gran animadversión entre los alteños, dado que contemplaba que la cortina de la presa tuviera una altitud de 105 metros, lo que provocaría la inundación de las localidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo; ante ello los pobladores de esas comunidades, en su defensa, emprendieron una lucha, hasta religiosa, en contra la construcción de la referida presa.

AGUA ÚNICAMENTE A LEÓN

Cuando en el año 2010 el organismo de Cuenca Lerma, Santiago Pacífico hizo públicas las bases para un “Concurso Público Internacional consistente en el Acueducto El Zapotillo – Los Altos de Jalisco – León, Guanajuato-; y para la prestación del servicio hidráulico, que preveía el suministro de agua en bloque potabilizada al municipio de León; así como la preparación de los sitios de conexión para los municipios de los altos de Jalisco”. El texto (entrecomillado) es oficial y muy claro: llevar agua a León, no tomando en cuenta el surtir del vital líquido a la región alteña e ignorando totalmente a Guadalajara.

EL RECLAMO ALTEÑO

Ante el justo reclamo de los alteños, el gobierno federal, por conducto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales instruyó a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para que el proyecto El Zapotillo quedara debidamente integrado; fue sí que el lunes 19 de septiembre de 2011 se otorgó la concesión y prestación del servicio, por 25 años, al grupo español “Abengoa” al que se le asignó el compromiso del terminado del proyecto integral, así como la construcción, equipamiento, operación, conservación y mantenimiento de la infraestructura para que suministrara agua potable a municipios de la región de Los Altos de Jalisco, a la ciudad de León, Guanajuato y a la Zona Conurbada de Guadalajara.

El grupo encabezado por Abengoa-México había cumplido con los requisitos financieros y técnicos señalados en el Concurso Público Internacional y garantizado su cumplimiento; había presentado la propuesta económica de 4 mil 569 millones de pesos, (otra propuesta había sido por un monto de 12 – mil 156 millones de pesos) por lo que la Conagua emitió el fallo a favor de Abengoa, a la que se le otorgó la concesión. Muy pronto se hicieron presentes los problemas entre los gobiernos: federal y estatales con la empresa trasnacional, porque hubo un marcado incumplimiento que dejó la obra a medias para luego renunciar a su compromiso; pero ese tema es diferente al que aquí nos ocupa. 

LA POSICIÓN DE LOS ACTORES POLÍTICOS

El creador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) Andrés Manuel López Obrador, como presidente electo, había exteriorizado un importante compromiso en un acto en Salamanca, Guanajuato, el lunes 1 de octubre de 2018, cuando expresó: “No se van a violar los derechos humanos, no van a desaparecer los pueblos, vamos a ser respetuosos de la altura de cortina de la presa y vamos a tener un acuerdo con el gobierno de Jalisco”.

Y, en plena campaña política el candidato del Movimiento Ciudadano (MC), al gobierno de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, había exteriorizado que “Las aguas son nacionales, sí, pero es territorio de Jalisco, y es momento de que se pueda levantar la voz y mandar un mensaje claro de que no vamos a dejar que pisoteen los intereses de nuestro estado”…“Entendemos que es un despropósito que el gobernador sencillamente permita este abuso de la federación, construyendo una presa en territorio de Jalisco para resolver un problema de León cuando Los Altos y Guadalajara no tienen resuelto su problema de abasto de agua”.

PROTESTA POR UN MALHADADO ACUERDO

A bombo y platillo celebraron los gobernadores de Jalisco y Guanajuato una firma que pregonaron como “Acuerdo de Entendimiento para el Aprovechamiento de las Aguas del Río Verde”, el sábado 29 de junio, en Lagos de Moreno; sin embargo, ese “acuerdo entre gobernantes” alteró y enardeció a los alteños, quienes creen que el resultado vendría a perjudicar a la región de los Altos de Jalisco.

Ante dicho acuerdo surgió la “Alianza Cívica Alteña para la Defensa de los Derechos del Agua” integrada por las asociaciones y uniones de ganaderos de la región; comunidades y rancherías; cámaras de comercio, así como de abogados y de colegios de ingenieros y arquitectos; en fin, lo que se da en denominar “las fuerzas vivas”, que hicieron un enérgico reclamo al gobierno federal, el viernes 5 de julio de 2019; y utilizando varios medios de comunicación pidieron al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, “su inmediata intervención antes de que el conflicto que está generando la firma del convenio escale y afecte a miles de familias de pequeños productores del sector, ya que al despojarnos del derecho al agua para nuestro consumo y para el sector agropecuario (que es el principal generador de empleos) producirá un impacto negativo: social, ambiental, cultural y de identidad Alteña; así como gran baja en la productividad y el empleo, con impacto a nivel nacional en la autosuficiencia alimentaria, afectando a los más desfavorecidos”.

ALFARO, HONRA TU PALABRA

Al gobernador del estado Enrique Alfaro Ramírez, los alteños le entregaron copia del referido texto; y le aclararon que “no somos moneda de cambio”; y en un justo reclamo dejaron aclarado: “No aceptaremos ni reconoceremos ningún acuerdo o convenio que lesione nuestros legítimos derechos, en especial el que acaba de firmar con su homólogo de Guanajuato el pasado 29 de junio en Lagos de Moreno”. Le pidieron que “No provoque enfrentamientos entre Los Altos de Jalisco y la ciudad León, ya que hemos sido por siglos regiones hermanas”; y finalizan su exigencia para que ¡Honre su palabra! dado que “está faltando al compromiso que hizo a la región durante su campaña, de que defendería nuestro derecho al agua y gestionaría la cancelación del pretendido trasvase Zapotillo (Los Altos)-León por ser una cuenca deficitaria”.

OPOSICIÓN DE ALTEÑOS AL TRASVASE

En oportuna voz y representando a los alteños, especialmente a quienes viven en el Distrito II, con cabecera en Lagos de Moreno, el diputado José de Jesús Hurtado Torres alzó la voz en forma muy crítica en torno al envío de agua a León, Guanajuato; él, ante varios medios de comunicación afirmó: “La gente de la región donde va a pasar el ducto, no está contenta”; y agregó que: “existe una grave falta de información por parte de las autoridades, misma que puede generar un conflicto de grandes proporciones”. Y, en su carácter de presidente de la Comisión del Agua en la LXII Legislatura, exige que en el acuerdo final que se tenga con la federación “Se incorpore el tema agropecuario que hoy se vuelve a dejar afuera; eso sí es una preocupación para nuestra región. La región de los Altos es la número uno en materia agropecuaria del país, no de Jalisco, del país, y dejarlos sin agua es un grave atentado”. Quien fuera alcalde de Unión de San Antonio y ahora diputado local se convirtió en vocero de los alteños al exteriorizar: “No estamos dispuestos a que nuestra región no sea tomada en cuenta, somos la región donde se ubica la presa, donde se va a represar el agua y donde se va a distribuir y nada más faltaba que en la Zona de los Altos no saliera suficientemente beneficiada”.

¿El bien mayor?

Tanto el gobierno federal como el estatal afirman que con la terminación del proyecto integral de la presa El Zapotillo se llevará agua a miles de personas y al campo alteño; que serían beneficiados los municipios de la región, la Zona Metropolitana de Guadalajara y la Ciudad de León.

¿El mal menor?

Quien escribe la presente crónica encontró que Temacapulin (Temaca) localidad ubicada en el municipio de Cañadas de Obregón, Jalisco, reflejó en el censo de población de 2010: 332 habitantes en 101 viviendas; también la localidad de Acasico, que está ubicada en ese municipio reflejó 73 habitantes en 80 viviendas; y su vecina Palmarejo, en del Municipio de Cañadas de Obregón se encontraron 19 habitantes en 15 viviendas. Ahí, en la actualidad, existe una profunda soledad…

Se había previsto que para el tiempo de que se comenzaran a inundar los referidos terrenos, las personas que los habían ocupado se contabilizarían en un máximo de 250 personas, las cuales casi todas aceptarían ir a vivir a la población de Talicoyunque que en la parte alta de la zona previamente había construido el gobierno.

Borrón y cuenta nueva: El gobierno federal manda, y si se equivoca vuelve a mandar.

El gobierno federal había pedido a los gobernadores de Jalisco y Guanajuato que se pusieran de acuerdo; y con un borrón y cuenta nueva determinaran el porcentaje en que se distribuirían el vital líquido que sería extraído de la presa El Zapotillo, con 105 metros de altura; los gobernadores firmaron que quedaría así: Jalisco recibiría el 76 por ciento de agua, y León, Guanajuato, el 24 por ciento; ese “convenio entre gobernadores” recibió la complacencia del gobierno federal.

¡Por fin! hubo diálogo de parte del gobierno federal y del estatal con las autoridades municipales alteñas para que aceptaran la determinación gubernamental; el tema se socializó y fructificó habiéndose logrado que la mayor parte de ellos convinieron en lo que se les propuso y, ¡firmaron!

Y, frente a los inconformes que se han venido oponiendo al traslado de agua a León, como los que no aceptan que se inunden los tres pequeños poblados, el gobierno llevó la política de hacerles ofrecimientos; y, casi todos aceptaron…porque “reconocieron” el objetivo del gobernador Enrique Alfaro, que en referencia al acuerdo con la autoridad de Guanajuato lo simplifica así: “Un paso histórico; es el primer elemento que se necesita para ahora sí poder resolver de fondo el problema de abasto de agua para nuestro estado”. (¿…?)

ADENDA:

1.- Por incumplimiento de una empresa trasnacional, y por “grillas políticas”, no se terminó la presa El Zapotillo, pero se quedó una gran deuda económica debido a un préstamo internacional que se sigue pagando, Y, ahora, la obra continuará, pero…con más préstamos internacionales.

2.- Cuando los alteños ven los enormes ductos de concreto (que en una línea de conducción con una longitud de 139 kilómetros) del acueducto que permitiría llevar agua a León, les provoca indignación, porque en sus “tierras flacas” sufren la carencia del suficiente vital elemento.

3.- Con el “borrón y cuenta nueva” del programa integral El Zapotillo, vendrán otros compromisos: políticos y económicos mediante el pregonado bien mayor…pero, éste podrá tardar varios años en estar presente; en el inter habrá un tiempo de jauja para políticos y empresarios…

Al final de todo el proyecto integral de El Zapotillo irá: tal y como lo ha determinado el gobierno…

(*) Crónica de Remberto Hernández Padilla: Cronista del Municipio de San Juan de los Lagos.

Premio Nacional de Periodismo y Presidente H.V. del Colegio de Periodistas de Jalisco.

Por Alfonso Partida Caballero //

El proceso de reforma del sistema de seguridad y justicia en Jalisco -en transcurso desde 2008-, ha impactado de manera decisiva al ente persecutor del delito, el Ministerio Público. Ésta figura esencial para el funcionamiento del modelo acusatorio, no ha sido -por una falta de visión- objeto de un análisis serio que incluya estudios de gran calado que desemboquen en un correcto funcionamiento, estructura y organización para dar la respuesta puntual que los tiempos modernos exigen, no resulta lógico que en nuestro estado esta figura continúe funcionando con criterios del sistema anterior (inquisitivo mixto), esta parálisis ha causado una preocupante crisis de impunidad y desorden, a pesar de ello resulta imperioso resaltar que esta institución constituye un garante imprescindible en el funcionamiento de toda la estructura legal y administrativa del sistema acusatorio adversarial, por lo que es necesario darle coherencia y articulación para conseguir mayor eficacia.

En Jalisco los continuados errores del Legislativo, la manipulación y la dominación que ha ejercido el Ejecutivo han frustrado y entorpecido las funciones de este importante organismo, pues no le han permitido un pleno desarrollo y la fluidez necesaria a la hora de representar los intereses de la sociedad mediante el ejercicio de las facultades de dirección de la investigación autónoma contra los hechos que revisten las conductas delictivas, con su intervención, el Ejecutivo ha complicado la protección a víctimas, testigos, esclarecimiento de los hechos delictivos y el sustento de la acción penal ante la autoridad judicial.

Se vislumbran sólo fracasos a la vista con el camino seguido hasta ahora, y las pocas voces discordantes parecen no tener cabida en el proceso, pero no existe alternativa, como sociedad debemos exigir diálogo, se acabaron los tiempos de monólogos autoritarios, es momento de tranformaciones con base en el conocimiento y no en los intereses políticos.

Como ciudadanos debemos tener claro cuáles son las funciones y funcionarios que requiere el Ministerio Público moderno y el rol que debe cumplir en el sistema acusatorio. Si no se comprende esta nueva concepción, la reforma puede verse reconducida hacia antiguos conceptos, en la inocua tarea de intentar -sin éxito- adecuar lo “moderno” dentro de lo “antiguo”, no sólo en lo normativo sino también en lo estructural y operativo.

El riesgo, es el de reproducir el sistema anterior -que duró más de 100 años dando tumbos entre violaciones a los Derechos Humanos, manipulación política, tortura y utilización facciosa en el nivel de sus prácticas y aplicación- bajo el manto de nuevas normas cancelando así las expectativas generadas por la reforma constitucional que pretendía transparencia, eficacia, legalidad, rendición de cuentas, para establecer criterios viables y resultados de la política criminal efectiva.

El sistema acusatorio en Jalisco demanda que las acciones del Ministerio Público se someta a los principios de legalidad, objetividad y dinamismo en el proceso de investigación criminal, dotándolo de mayor independencia, fortaleza y profesionalización, así como un diseño coherente de cargas de trabajo que le permitan funcionar con parámetros laborales claros y transparentes, sin un volúmen excesivo de trabajo y coordinando de manera eficiente la función policial y pericial, éstas acciones formarán parte de su naturaleza institucional y deben ser el parámetro que oriente su conformación orgánica.

Esto implica que esté organizado, pueda tomar y ejercer sus funciones profesionales sin intimidación, trabas, hostigamiento, injerencias indebidas sobre los casos, sin presión y amenazas de los otros poderes estatales -o grupos políticos y económicos- y que estos mismos se conduzcan únicamente con fidelidad a la ley y a las pruebas que posean. Esto implica revisar la forma en que se regula su gestión administrativa, financiera, disciplinaria, los métodos para nombrar, designar, promover y remover a sus empleados; esto se conoce en cualquier latitud que se jacte de respetar el estado de derecho como “Autonomía”. Hay que precisar que existen cuatro directrices o condiciones insoslayables para hacer realidad este principio a) inexistencia de superior jerárquico sobre la institución del MP; b) exclusión de influencias externas en la toma de decisiones; c) potestad reglamentaria propia, y d) libertad de ejecución presupuestaria. 

Resulta imperioso precisar con criterios de eficiencia las funciones del Ministerio Público, fijar políticas, dictar criterios, lineamientos efectivos, reorganizar a la institución, preparar a los operadores con el perfil adecuado para darle coherencia y funcionalidad. Esta visión cumple con la realización de las exigencias ciudadanas, fortalecer la institución e inhibir la violencia social y, con base en estos objetivos, configurar una política de persecución penal que haga frente de forma efectiva a la criminalidad, le de certeza al ciudadano y revalorice la función del Estado.