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REPORTAJES

Villas Panamericanas: Alfaro a la ofensiva, el denunciado se convierte en denunciante y el villano en víctima

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Por Mario Ávila //

En un santiamén, lo que durante 10 años se consideraba como una realidad, cambió drásticamente. Aquel empresario de Grupo Corey considerado por la opinión pública como el villano de la película, acusado por tráfico de influencias al haber construido las Villas Panamericanas sin permisos y en un sitio prohibido, hoy es la víctima; mientras que aquellos que durante una década exhibieron el abuso de autoridad y las ilegalidades que se cometieron para construir arbitrariamente las Villas Panamericanas en la zona de El Bajío, de la noche a la mañana pasaron de ser los denunciantes, a los denunciados.

La historia la cambió de un plumazo el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, al acordar la venta “para uso habitacional” de las Villas Panamericanas, lo que durante 10 años las tuvo entrampadas y solo se otorgó un permiso provisional para ser habitadas durante la celebración de los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011.

Durante una década supimos que las Villas Panamericanas no tenían permiso de habitabilidad por rebasar con mucho, los parámetros que exigen los reglamentos para esa zona de amortiguamiento, cercana al bosque de La Primavera.

Hoy, según expone el mandatario estatal, no hay ningún impedimento legal para ser vendidas y habitadas, y así se hará con el pretexto de recuperar los 340 millones de pesos que se invirtieron del fondo de pensiones del IPEJAL y los 630 millones del Iprovipe, el organismo del Estado para velar por la construcción de vivienda popular para los más necesitados.

Pero hay mucho más que eso, el debate ante la opinión pública lo piensa ganar el mandatario estatal con el simple hecho de emitir un decreto en donde admite que ya violaron la habitabilidad de El Bajío, pero no lo volverán a violar.

Ante los ambientalistas el gobernador pretende despojarlos de argumentos, con el hecho de emitir un decreto en el que se designa como “Zona de Recuperación Ambiental”, las 980 hectáreas de la zona y emite la obligatoriedad de ejecutar cuatro ejes de trabajo para su recuperación, durante su gobierno.

Y a los opositores de la Villa Panamericana, no solamente los combate, sino que los destroza, con la presentación de 7 denuncias penales en contra de una presunta mafia de extorsionadores, que defendían causas ambientales, presentaban juicios o algún recurso legal y luego se desistía a cambio de una cantidad de dinero, según lo informa el Fiscal, Gerardo Octavio Solís Gómez.

Con esta estrategia, Alfaro Ramírez parece que ve un panorama limpio para poder ejecutar sus intereses en la Villa Panamericana, tal como lo aplicó durante su llegada a la alcaldía de Guadalajara, cuando detectó que 200 torres de más de 20 pisos habían sido construidas fuera de norma y la solución que encontró fue cobrarles un impuesto inventado por él, para enderezar las chuecuras.

EL DECRETO DE PROTECCIÓN AL BAJÍO

Con las atribuciones le confiere la ley respecto a la preservación y restauración del equilibrio ecológico y ordenamiento territorial, el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro emitió un decreto para garantizar que no se vuelva a construir un metro cuadrado en la zona de El Bajío, pero a la vez para poder vender y habitar las Villas Panamericanas.

Este decreto de recuperación ambiental nos ayudará primero a garantizar la viabilidad de los acuíferos, a evitar más cambios de uso de suelo, a armonizar los usos de suelo ya existentes con el mantenimiento de los servicios ambientales y a conservar los esquemas de infiltración de agua evitando modificaciones en la topografía del lugar.

De esta manera -dijo-, contribuiremos a la protección de los bosques de pino y encino del área natural protegida del bosque de La Primavera y a dar sustento jurídico a la protección de los servicios ambientales proporcionados por la zona.

Como una justificación para sus determinaciones, Alfaro Ramírez aseguró que El Bajío ya es una zona urbanizada que cuenta con licencias de construcción expedidas desde hace por lo menos 10 años. “El decreto que hoy estamos firmando no puede borrar lo que ya se hizo, pero sí puede evitar que se siga haciendo tanto daño; ésta ya no es un área natural, sino una zona urbana de alta fragilidad ambiental que ya tiene escuelas, viviendas, comercios, servicios y hasta un estadio de futbol. Y para entenderlo mejor, de las 980 hectáreas que compone el polígono del El Bajío, un total de 315 hectáreas están ya totalmente urbanizadas, de las cuales solamente 16 corresponden a las Villas Panamericanas”.

De hecho, entre 2012 y 2013 la urbanización aumentó en un 400% pasando de 58 a 237 hectáreas y desde entonces se han urbanizado un promedio de 13 hectáreas, esto sucedió por cierto para refrescar la memoria de todos, antes de que yo fuera gobernador del Estado”.

Precisamente por la realidad en la que se encuentra El Bajío, aquí no procede decretar a esta zona como área natural protegida, pero la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, sí establece una figura legal con la que podemos declararla una zona de recuperación ambiental, pues circunda a la Primavera, como una medida de sustentabilidad ambiental y de seguridad contar el impacto que reciba del exterior, así como para asegurar su conservación, protección, restauración y recuperación de las condiciones de su biodiversidad”, expuso el mandatario estatal.

Sobre el programa de recuperación ambiental, Alfaro Ramírez detalló que tiene cuatro ejes estratégicos: 1. Manejo sustentable del agua, 2. Restauración y conservación del suelo, 3. Conservación de la biodiversidad y 4. Sustentabilidad.

En ambos documentos se establece que en esta zona solo podrán realizarse obras y acciones para la infiltración de agua, el aprovechamiento sustentable de los recursos hídricos, el tratamiento de aguas residuales, la conservación de suelos para evitar erosión, para la restauración y reforestación con especies nativas y protección de flora y fauna silvestre.

Además, se prohíbe expresamente verter o descargar aguas residuales sin ser tratadas, se prohíben nuevas construcciones o edificaciones, se prohíbe alterar o destruir los sitios de alimentación, anidación, refugio o reproducción de la vida silvestre, remover o extraer material geológico, rellenar con cualquier tipo de residuos y realizar quemas agrícolas.

AL BAJÍO, LO VAMOS A CUIDAR ENTRE TODOS”

En resumen, según lo expuso el gobernador Enrique Alfaro: “Se asegurará la protección y recuperación de las condiciones naturales que permiten la recarga de los acuíferos; se establecerán las medidas de amortiguamiento y sustentabilidad ambiental, así como acciones que garanticen la infiltración de agua, la conservación y protección de la flora y fauna silvestre y algo muy importante, en este decreto queda expresamente prohibido urbanizar superficies no urbanizadas con anterioridad”.

En El Bajío -sentenció- no habrá un solo permiso de construcción nuevo, El Bajío se va a conservar como lo que es, una zona estratégica en materia medioambiental, nunca más podemos permitir que ningún gobernante irresponsable o corrupto permitan que los intereses privados sometan y lastimen al capital ambiental de Guadalajara. Al Bajío lo vamos a cuidar entre todos”.

Sobre el caso de las Villas Panamericanas, aseguró que se le quiere achacar a él cuando fue “una decisión absurda e irresponsable del Gobierno del Estado y del Gobierno de Zapopan en el año 2009, no solo fue un crimen ambiental, sino una traición a los intereses de los trabajadores al servicio del Estado”.

Lo digo de otra manera para que quede claro, la Villa Panamericana, no la autoricé ni la construí yo, se construyó entre el 2009 y el 2011 con una parte de dinero privado, con 340 millones de pesos del dinero de los trabajadores al servicio del Estado y con 587 millones de pesos del dinero público”.

También dicen nuestros adversarios que nosotros queremos darle uso habitacional a este proyecto. Para que lo sepan, las Villas Panamericanas ya tienen uso habitacional desde hace muchos años y por supuesto no se los di yo, este uso se los dieron dos veces dos administraciones distintas, una a finales del 2009 y otra en 2011, ambas con un dictamen de impacto ambiental aprobado por la Secretaría del Medio Ambiente”.

Hoy las Villas panamericanas no solo tiene uso habitacional de baja densidad, sino que se agregaron el uso comercial y servicios turístico, hotelero y de equipamiento institucional. ‘¿Cómo la ven?’ – Se preguntó el mandatario estatal al presentar documentos que supuestamente avalaban desde hace 10 años lo que estaba diciendo”- planteó.

Y reveló parte del contenido de los documentos, uno de los cuales a la letra decía: “Una vez concluidos los Juegos Panamericanos, la infraestructura panamericana se adecuará como conjunto residencial de nivel socioeconómico medio-alto, respetuoso del ambiente”.

Es decir, en el dictamen de impacto ambiental se establece que las Villas Panamericanas van a ser utilizadas para fines habitacionales, y no queda ahí la cosa, lo que tenemos también para demostrar lo que decimos, es que hay incluso licencia para llevar a cabo obras de urbanización y edificación simultáneas, según autorizaciones dadas por el Gobierno de Zapopan.

Aquí están incluso las licencias de edificación con el uso habitacional mínima plurifamiliar-vertical, con lo que se demuestra que nosotros no estamos autorizando el uso habitacional, ni el gobierno ni Pensiones están pidiendo al municipio cambio de uso de suelo ni un cambio de densidad”, estableció el mandatario.

Finalmente apuntó, “dicen que el gobierno quiere torcer la ley y desacatar mandatos judiciales para resolver el problema de la villa, lo que es otra vil mentira, no hay ya impedimento legal de ningún tipo, porque así lo decidieron los jueces que atendieron cada uno de los tres juicios que fueron presentados y que fueron desechados por distintas razones, la única suspensión vigente es sobre un contrato de compra-venta que nada tiene que ver con el proceso que está siguiendo Pensiones del Estado”.

LA JUSTIFICACIÓN DEL GOBERNADOR

Mediante un comunicado oficial presentado vía su página de facebook, Alfaro Ramírez, sentencia: “Hoy después de 7 meses y una profunda revisión técnica y jurídica para encontrar la mejor figura de protección para la zona de El Bajío, acabo de firmar el decreto que estable a El Bajío como Zona de Recuperación Ambiental y al mismo tiempo estoy presentando el Programa de Recuperación Ambiental, para esta importante zona de transición y amortiguamiento entre la ciudad y el área natural protegida, Bosque de La Primavera. Con estos dos instrumentos, el gobierno de Jalisco garantiza que no se va a construir ni una casa más en esta zona de la ciudad.

Incluso desde el pasado 8 de febrero iniciamos las reuniones de trabajo con el Ayuntamiento de Zapopan, nada de lo que hemos hecho en ese sentido se ha hecho a espaldas de la autoridad que tiene la responsabilidad constitucional en materia de ordenamiento territorial.

Ahora le toca al municipio actualizar sus instrumentos de planeación y alinearlos a este decreto, ahora sí vamos a poner a prueba el compromiso de cada una de las partes involucradas.

Este decreto esta sustentado en base a los programas de ordenamiento ecológico local 2012-2019 del municipio de Zapopan, en el Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano 2016, así como en la legislación estatal y federal en materia medio ambiental”, estableció.

Sin embargo, también Enrique Alfaro en su mensaje a través de su medio de comunicación oficial, que en este sexenio han sido las redes sociales, asumió la posición de víctima y enlistó una serie de determinaciones que han inconformado a la ciudadanía y han sido consideradas por él, como una oportunidad de atacarlo políticamente.

La agenda de los asuntos medioambientales -dijo-, ha sido manipulada, han desorientado a la gente y han inventado historias para hacerme ver como un depredador de los recursos naturales. Iniciaron hace años diciendo que yo era el responsable del caótico crecimiento urbano en Tlajomulco; siguieron diciendo que yo era el responsable de la contaminación de la laguna de Cajititlán; luego siendo ya presidente de Guadalajara mis adversarios dijeron que quería vender el bosque de Los Colomos; le siguieron con el mismo cuento en el caso del parque natural de Huentitán; luego vino el parque El Deán; luego el parque Morelos; después el parque Arboledas del Sur y después el parque San Rafael y así muchas historias más”.

El final siempre es el mismo -advirtió-, yo me mantengo del lado correcto y dejo que el tiempo ponga las cosas en su lugar. Hoy una vez más nuestros adversarios, los mismos de siempre, nos quieren inventar una nueva historia entorno a la zona de El Bajío y las Villas Panamericanas”.

EMBESTIDA CONTRA DETRACTORES

Durante los 8 minutos que duró el mensaje sobre la promulgación del decreto para El Bajío, Alfaro Ramírez tuvo espacio para anticipar el golpe que ya se avecinaba en contra de sus detractores, en particular sobre el notario público y excandidato a gobernador por el PVEM, Salvador Cosío Gaona.

En su mensaje en Facebook, Alfaro Ramírez amenazó: “Los pillos que usan este tema para atacarnos, simplemente son cobardes, que escondidos tras complejas redes de intereses intentan que nada pase, que todo siga igual, que Jalisco siga sin poder resolver sus problemas; pues a ellos una vez más les digo, no pierdan su tiempo porque no nos van a doblar, a ellos les espera impaciente el basurero de la historia”.

Dos días después, el abogado del Grupo Corey, Alejandro Quezada, asociado al consorcio de despachos de abogados, como Bravo Corporativo especializado en materia penal, informó que su representado Francisco Cornejo Reynoso, que llevó a cabo la edificación de las Villas Panamericanas, presentó 5 denuncias penales, dos ante la Fiscalía General de la República, 1 ante la Fiscalía Anticorrupción y 2 ante la Fiscalía del Estado de Jalisco por delitos como la extorsión.

Refirió que Cornejo Reynoso recibió en su teléfono celular un mensaje reclamando el pago de 40 millones de pesos a cambio de que se presentara el desistimiento de las denuncias presentadas por Salvador Cosío Gaona y el Parlamento de Colonias que preside Alejandro Cárdenas Enríquez.

Las denuncias tienen que ver con violación a la Ley de Amparo, simulación de actos jurídicos, fraude procesal, extorsión y amenazas.

JALISCO

Duro golpe al cártel de la sangre: Cofece sanciona a empresas favoritas del Gobierno de Jalisco

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Por Raúl Cantú //

Por prácticas monopólicas la Comisión Federal de Competencia (Cofece) determinó sancionar a 11 empresas integradoras de bancos de sangre y pruebas de diagnósticos, al igual que a 14 directivos de estas empresas por ser culpables de cometer prácticas monopólicas en perjuicio del IMSS y deberán pagar multas por 626.4 millones de pesos.

En este listado se empresas sancionadas aparecen Impromed e Intermet, empresas que han sido favorecidas por el actual Gobierno de Jalisco con contratos anuales de varios cientos de millones de pesos ya que prestan el servicio de banco de sangre y el de laboratorio de análisis clínicos que entre ambos podrían llegar a contratos por 700 millones de pesos anuales.

La empresa Impromed es sancionada con 99 millones 130 mil 158 pesos y se ha señalado al Coordinador del Gabinete. El socio de esta empresa, Fernando Chein, ha quedado sancionado por Cofece con 620 mil 230 pesos. Entre los sancionados aparece también el director general de IMPROMED-INTERMET: Guillermo Alberto Hermosillo.

EL CÁRTEL DE LA SANGRE

Sobre el impacto que tendría en Jalisco estas resoluciones federales, una fuente consultada dijo que podría afectar el servicio de las mismas si se les retira el Registro Federal de Causantes por parte del Gobierno Federal.

El Gobierno de Jalisco encabezado por Enrique Alfaro fue señalado públicamente el pasado año de realizar licitaciones a modo para favorecer al llamado “Cártel de la Sangre”, en perjuicio de empresas locales al otorgarles los contratos.

El nombre de “Cártel de la Sangre” se lo ganaron Impromed- Intermet por monopolizar los servicios de banco de sangre y de laboratorios en el país y por haberse coludido para fijar precios y repartirse contratos, lo que se descubrió a través de audios divulgados en cuales los directivos de empresas se ponían de acuerdo para crear firmas fachada y simular competencia o no aparecer directamente en los procesos licitatorios.

Precisamente a través de la empresa Intermet, filial de Impromed, una de las empresas del cártel, fue inhabilitada para participar en procesos durante seis meses por parte de la Cofece después de comprobarse los manejos de simulación.

Sin embargo, con todo y la sanción esta empresa participó en licitaciones locales, y las empresas afectadas denunciaron una serie de anomalías en la licitación del pasado año, tales como que se exigieron una serie de insumos con características que sólo tenían las marcas que distribuye en exclusiva Impromed para garantizar que resultase ganadora y la adjudicación de contratos jugosos, pese a que no ofrecía los precios más bajos.

Fue la empresa Distribuidora Química y Hospitalaria GAP, SA de CV la que impugnó ante la Contraloría Interna de la SSJ ambos procesos de licitación por anomalías encontradas y solicitaron su suspensión.

Después que se hizo pública la queja interpuesta por GAP, el Gobernador Alfaro ordenó la cancelación de la mencionada licitación.

Pero posteriormente se realizaría una segunda licitación y se señaló al poderoso Coordinador del Gabinete del Estado, Hugo Luna, estar detrás de que se favoreciera al “Cártel de la Sangre”.

De acuerdo a lo denunciado el pasado año, la cancelación permitió que avanzara el tiempo y se cumplieren los seis meses de inhabilitación que impedían a Intermet participar en la licitación, al tiempo que se modificó una cláusula que también le significaría un obstáculo, al advertir sobre una posible descalificación de comprobarse su incumplimiento o mala calidad como proveedor con cualquiera de los tres niveles de Gobierno.

De esta manera, el Gobierno de Jalisco zanjó el camino para que Intermet pudiese acceder sin obstáculo alguno a ganar el concurso, ante la inconformidad manifiesta de empresas locales que aseguran la intención de la administración estatal era otorgarle ese y otros contratos que siguen en juego a la firma Intermet, mientras el OPD aseveró que este proceso licitatorio fue transparente y se actuó en todo momento dentro del marco de la Ley. El organismo refiere que las otras dos compañías que participaron en el proceso licitatorio  “no cumplieron con los elementos técnicos requeridos por el área solicitante para garantizar que el servicio que se ofrecerá a la población sea el óptimo”.

LAS SANCIONES DE COFECE

Esta sanción es una de las más altas infracciones que determina imponer la Cofece por prácticas monopólicas absolutas en contratos de servicios de laboratorio y banco de sangre del IMSS.

Destaca también entre las empresas sancionadas Falcon con 105 millones 150 mil pesos, cuyo Banco de Sangre y sus filiales (Dadial Médica en laboratorios de análisis clínicos) están en los hospitales civiles de Guadalajara, cuyos dueños Los Señores Ramírez de la misma forma fueron multados, al igual que su director general A. Bolín.

Cabe destacar que bajo la actual ley antimonopolios, la autoridad hoy tiene facultades no sólo para imponer multas, sino para determinar también sanciones penales, así como desmantelar las compañías.

De la misma forma el IMSS puede reclamar pagos de los daños comprobados.

Tardaron cuatro años para que se estableciera esta sanción por parte de la autoridad regulatoria de competencia deriva precisamente en que el Instituto Mexicano del Seguro Social recientemente licitó una nueva adquisición de los servicios de banco de sangre donde fueron asignadas algunas de estas empresas integradoras ahora sancionadas, como es Impromed, que se destaca por recibir las sanciones más altas de parte de Cofece.

Queda abierta si la Secretaría de la Función Pública presenta denuncia penal contra algunos de los actores sancionados ya por Cofece, así como si se decide inhabilitar a algunas de las empresas o de las personas físicas sancionadas.

EL IMSS ANALIZA SI PROCEDE LEGALMENTE

Sobre esta resolución, el pasado 24 de julio el IMSS dio a conocer un comunicado donde señala que analizará cuáles son los efectos jurídicos derivados de la determinación de Cofece y de la Secretaría de la Función Pública sobre los procedimientos de contratación en las que participan estas empresas sancionadas.

La mayor sanción económica fue aplicada por 105.1 millones de pesos, misma cantidad que se aplicó para cuatro empresas: Falcón, Centrum, Dicipa y Selecciones Médicas del Centro (Semece). Las sancionesbvan descendiendo hasta la más baja por 730,566 pesos que fue aplicada a Selecciones Médicas.

El Economista que le ha dado seguimiento puntual a este tema de los monopolios recuerda que el IMSS desde 2016, que estaba dirigida por

Mikel Arriola en el sexenio pasado, en medio de un escándalo detonado a través de audios que los empresarios difundieron en la plataforma de YouTube fue quien presentó la denuncia contra el “Cártel de la Sangre” y cuatro años después tiene consecuencias, como las que se determinaron esta semana por Cofece.

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JALISCO

Problemas rebasan a la admnistración del IPEJAL: Saturación en áreas de urgencias en hospitales; no aterrizan soluciones para desabasto de medicinas

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Por Daniel Emilio Pacheco //

A los directivos de IPEJAL los servicios rebasados, la falta de medicamentos y el aumento de pacientes crónicos, poco les importa. El 24 de enero de 2020 el médico Gustavo Adolfo Montes López, director general de Servicios Médicos del IPEJAL, presentó su evaluación de 2019 y proyección del año 2020.

El parte de novedades dado por el galeno, muestraa un IPEJAL con problemas por su saturación de servicios, así nos enteramos de que:

-En un corte realizado al mes de enero de 2020 la población con derecho e inscritos al sistema de salud subrogado de IPEJAL es de 33,023 derechohabientes, entre titulares y sus beneficiarios, el crecimiento de derechohabientes del 2018 al 2019 fue de un 7 por ciento.

-La distribución de derechohabientes en las tres Unidades Médico Familiares (UNIMEF) es la siguiente:

PILA SECA: 13,804

FEDERALISMO: 10,557

JAVIER MINA: 5,911

-El crecimiento anual en vigencias del 2019 comparado al 2018 fue de un 6%, donde se tienen 8,248 titulares y 2,878 beneficiarios.

-La población derechohabiente 2018 fue de 30,962; en 2019 fue de 33,023; para 2020 se estima tener 35,564. El incremento poblacional entre 2019 y 2018 se estima en 7.14 %.

CONSULTAS

2018

2019

2020

CONSULTA EN UNIMEF

235,506

270,971

291,823

INTERCONSULTA A ESPECIALISTAS

61,230

63,357

68,232

CONSULTA EN HOSPITAL

12,529

10,620

11,437

PROCEDIMIENTOS HOSPITALARIOS

24,730

23,572

25,386

 

-Pacientes con diabetes en 2018 fueron 7,355; en 2019 fueron 7,902.

-Pacientes con hipertensión en 2018 fueron 9,920; en 2019 fueron 10,668.

-En cuanto al cuadro básico de medicamentos en 2018 desde 2016 la Abastecedora de Insumos para la Salud (ABISALUD) tenía  763 claves adjudicadas.

-En el cuadro básico 2019, por medio de licitaciones se adjudicaron a 14 proveedores. En la licitación de julio de 2019: 53% claves adjudicadas, 47% claves desiertas. 

-En la licitación agosto de 2019: 17% de claves ajudicadas y 83% de claves desiertas.

En la última licitación de septiembre de 2019 quedaron un total de 538 claves adjudicadas de 587 claves. Por eso desde 2019 ya existe un desabasto en los medicamentos que maneja el IPEJAL.

-Para el cuadro básico 2020, con base a las necesidades que se presentaron en el 2019 ,se genera un nuevo cuadro donde participan 38 proveedores. En proceso de licitación 711 claves adjudicadas, de las cuales en 12% de las claves ningún proveedor presentó propuesta. Más de 80 claves del cuadro básico de medicamentos no están en existencia.

-En el 2019, de acuerdo con las necesidades que se presentaron para dar la atención adecuada a los derechohabientes, se realiza la nueva modalidad de reembolso, donde se ha realizado el trámite de 2,400 reembolsos.

– De las 587 claves de cuadro básico que, en 2019, se deberían de tener en existencia, solo se adjudicaron 538 Claves, pero, en inventario en el momento del informe solo había 342 Claves. El desabasto era evidente.

-Informan que las causas de desabasto son:

*Proveedores que no han cumplido con contrato en abastecimiento de medicamento.

*Proveedores con envío de cartas de cambio de medicamento debido a que laboratorios no están produciendo el medicamento.

*Laboratorios que no han entregado medicamento a proveedores.

-Dice el doctor Gustavo Adolfo Montes López en el informe que, la demanda de servicios médicos ha generado una saturación en los hospitales sobre todo en el área de urgencias, y día a día se vive con un sobrecupo, dejándolos en 2019 con una gran crisis de falta camas disponibles para los derechohabientes. El déficit de hospitales y las epidemias han ocasionado esta saturación.

En otro apartado de la minuta de la comparecencia del director de Servicios Médicos ante el Comité de Vigilancia, Transparencia y Rendición de Cuentas del IPEJAl, dice que: “Una vez agotada la comparecencia los miembros del comité comentaron lo informado y agradecieron al director general de Servicios Médicos por su asistencia”.

No se presentaron proyectos que dieran respuestas a los problemas de abastecimiento; ni se explicó cómo se enfrentará el inminente aumento de derechohabientes. Solo se informó lo ocurrido y no se generó un plan de acción que solucione o mejore los servicios médicos. 

En la licitación pública local IPEJAL-DGA-CA-LPN-001/2020 “COMPRA A CONSUMO DE MEDICAMENTOS DEL CUADRO BÁSICO, PRIMER, SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCIÓN MÉDICA DEL IPEJAL 2020-2021”, realizada el 30 de enero de 2020, el número de claves que integran el anexo 1 son 623 seiscientos veintitrés.

Había un techo presupuestal en el plan anual 2020 de 350 millones de pesos. Las empresas licitantes fueron 37, los licitantes adjudicados fueron 24, la cantidad de claves adjudicadas 479. El porcentaje de claves adjudicadas fue del 76%, es decir, se mantiene el desabasto de medicamentos desde la licitación.

Con toda esta información, “comentada” por el Comité de Vigilancia, Transparencia y Rendición de Cuentas del IPEJAL, uno esperaría estrategias que solucionen las carencias, proyectos que consideren el aumento de derechohabientes, programas específicos dedicados a atender el aumento en pacientes con diabetes y con hipertensión, pero no, en nada de eso piensa una administración con una plantilla administrativa obesa y muy bien pagada, por el contrario.

Como ya lo he escrito anteriormente en Conciencia Pública, parte de la explicación al desabasto en medicinas y servicios externos, así como la tardanza en reembolsar gastos a los derechohabientes, tiene su origen en la Sesión de Consejo de febrero de este año, donde se aprobó por unanimidad disminuir 20% en las partidas de medicamentos y servicios médicos subrogados del presupuesto modificado para 2020.

¡Si! ¡Leyó usted bien! Se redujo la partida de medicamentos y servicios médicos subrogados, ¡A pesar de que se les informó a los miembros del Consejo Directivo del IPEJAL el aumento de derechohabientes! Y de enfermos crónicos.

Mire, la Dirección de Servicios Médicos en 2019 gastó $842, 238, 637.00; para 2020 tenía asignado un presupuesto de $1, 224, 222, 744.00; en esa Sesión de Consejo decidieron reducir el presupuesto a $1, 007, 019, 764.00; un total de $217, 202, 980.00 fue lo que se le redujo de presupuesto para este 2020.

En esa misma Sesión de Consejo de febrero, dice que en el punto diez del orden del día, “Licitación Medicamentos”, el Director General del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, Iván Eduardo Argüelles Sánchez, planteó la posibilidad de solicitar a la Secretaria de Administración del Gobierno del Estado, se encargue de llevar a cabo, por lo que este punto se presentará posteriormente.

La licitación de medicamentos del IPEJAL se pospuso en un inicio por irregularidades en su redacción, falta de un análisis en el costo-beneficio que sustente la opción de lanzar la licitación multianual, ausencia de distinción en los tiempos de entrega de medicamentos y la propia falta de datos de medicamentos, entre otras cosas.

El problema crece más cuando en febrero de 2020 cuando en plena sesión de consejo, Iván Argüelles Sánchez, director general del IPEJAL, planteó la “posibilidad de solicitar” a la Secretaria de Administración del Gobierno del Estado encargarse de llevar a cabo la licitación para que terminen en un “lo veremos posteriormente”, es decir, Argüelles llegó a platicar una idea no a presentar una solución.

Donde sí hubo propuestas puntuales fue con el incremento generalizado del 2.4% retroactivo al 1° de enero de 2020 a todos los empleados del instituto hasta el nivel 17 del tabulador, más 200 pesos en ayuda de transporte, además de la creación de plazas nuevas.

Para eso sirve la información en IPEJAL, para hacer exactamente lo contrario al bienestar de los derechohabientes.

Twitter: @DEPACHECOS

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JALISCO

Exigen grupos feministas sanción a incumpla la ley: Lo que mal comienza…renuncia Fela Pelayo por usurpación de funciones

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Por Diego Morales //

Yo estudié la carrera de Mercadotecnia, no estoy titulada, está en proceso (…) Me parece un tema totalmente irrelevante a la labor que yo hago”, fue la primera postura que asumió Fela Pelayo en entrevista con Mural en la cual se señaló que no cuenta con título profesional y ha ostentado como licenciada durante su cargo como titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres del Gobierno de Jalisco.

Y a pesar de que en principio el tema parecía menor, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo indica que para ser titular de una dependencia se requiere, mínimo, el nivel de licenciatura, preferentemente en la materia sustantiva del ente público que se asuma, o tener experiencia en el ramo.

En su paso por la Secretaría, Fela Pelayo firmaba documentos oficiales como licenciada, lo que deja abierta la posibilidad de una denuncia por ejercicio indebido del servicio público como se señala en los artículos 145 y 170 del Código Penal de Jalisco de usurpación como profesión.

Dentro de su currículo, Fela Pelayo fue diputada local en la LXI Legislatura, siendo presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas y vocal en Asuntos Migratorios, Cultura, Fomento Artesanal y Medio Ambiente. Trabajó como secretaria particular del Presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara para el periodo 2012-2015, Miguel Alfaro Aranguren, también, como Soporte Técnico en la Coordinación de Proyectos Estratégicos en el Ayuntamiento de Tlajomulco en 2011.

LO QUE MAL COMIENZA…

La desaparición del Instituto de la Mujer fue un punto de quiebre en el gobierno de Enrique Alfaro. Su intención original era atender desde una sola secretaría no solamente a las mujeres, sino a diversos grupos de desigualdad como los discapacitados, indígenas o migrantes, lo que le acarreó críticas. Al final, reculó en su intención. La naciente Secretaría de Igualdad Sustantiva Entre Mujeres y Hombres, solo atendería a las mujeres.

Entre los argumentos de los colectivos feministas es que como estaba planteada la Secretaría, no cumplía con los estándares internacionales al no ser exclusiva para tratar temas de mujeres, dando un paso atrás en la lucha que han mantenido por años, en un estado con altos índices de violencia contra las mujeres y la alza de feminicidios registrados en el estado.

Después de los dimes y diretes con señalamientos y calificativos contra los colectivos feministas, tachándolos en algunos casos como “falsos progresistas”, Enrique Alfaro pretendió limar asperezas con las representantes de las asociaciones con las que tuvo diferencias ante la desaparición del Instituto de la Mujer, apelando al diálogo.

Para el anecdotario queda que al hacer el anuncio de la nueva titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, Enrique Alfaro precisó que estaría bajo la responsabilidad de “la Licenciada Fela Patricia Pelayo López”.

PIDIERON SU SALIDA

Reconociendo la dignidad para proceder en consecuencia a la exigencia social que demandaba la salida de Fela Pelayo de la Secretaría, los Colectivos PARITÉ, CLADEM, G10 X Jalisco, Red de Defensoras de los Derechos Humanos de las Mujeres Jalisco, entre otras asociaciones civiles, precisaron que se deben tener los requerimientos legales necesarios para fungir cabalmente como servidores públicos, por lo cual esperan se siente un precedente y se sancione a quien no cumpla con la ley.

A la vez, exhortaron al Gobierno del Estado a hacer una revisión exhaustiva de los perfiles y en caso de que algún funcionario no cumpla con los requisitos de ley, se inicien procedimientos necesarios para su renuncia o destitución. Aseveraron en su comunicado, la preocupación que tienen como colectivos que las designaciones para ocupar los cargos de la administración pública obedezcan a cuotas de amistad, compadrazgos o relaciones personales,

En este mismo sentido, la exigencia de los colectivos feministas es que la designación de la nueva titular de la Secretaría se haga a través de una convocatoria abierta, pública, transparente y democrática que asegure que quien encabece estos esfuerzos cumpla con todos los requisitos de ley, cuente con una formación académica necesaria y esté capacitada para no volver a pasar por un episodio como la renuncia de Pelayo.

Sin más y a la espera de que sean atendidas sus exigencias, los colectivos recordaron que el gobernador Enrique Alfaro expresó en diversas ocasiones su compromiso porque Jalisco cuente con un alto mecanismo de protección para las mujeres, que esperan se haga realidad con el fin de garantizar la igualdad, dignidad, respeto y una vida libre de violencia para todas las mujeres jaliscienses.

LA RENUNCIA

Por medio de una carta en redes sociales dirigida al Gobernador Enrique Alfaro y a todas las personas de Jalisco, Fela Pelayo sucumbió ante la presión mediática y renunció a su cargo en la Secretaría. En el documento firmado el pasado 14 de julio, expresó que su desempeño fue por la vía de la dignidad y la honestidad, demostrando con capacidades que puede asumir responsabilidades como funcionaria pública.

Sobre el cuestionamiento de la falta de su título de licenciatura, precisó que su nombramiento fue legítimo, y los errores que se hubieran podido cometer “nunca fueron con dolo, ni malicia”. A la vez, compartió su satisfacción por haber pasado por el puesto, de su equipo de trabajo y de las labores realizadas con el único objetivo de ver un Jalisco más igualitario.

Me voy tranquila de saber que mi trabajo estuvo a la altura de las mujeres de Jalisco. Me llevo las historias de miles de mujeres que en tan poco tiempo encontraron en la Secretaría Sustantiva Entre Mujeres y Hombres un espacio de apoyo, esperanza y que al mismo tiempo me dieron a mí la lección más importante de mi vida (…) Me voy con la seguridad de que esté en donde esté, no dejaré de luchar”, plasma en el documento.

Horas después y apelando a haber tenido una charla sincera con Fela Pelayo sobre la situación que enfrentó, Enrique Alfaro aceptó su renuncia. Anunció la decisión de nombrar a María Elena García Trujillo como nueva titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres, y le dio fin a la historia de la funcionaria pública que ostentó como licenciada sin haber tenido su cédula profesional…

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