Por Cayetano Frías Frías //

Emilio González Márquez, como gobernador de Jalisco, ya había intentado hace siete años, imponer las pruebas de control de confianza a los servidores públicos del Poder Judicial y fracasó, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, declaró como inconstitucional a la Ley de Control y Confianza del Estado de Jalisco y sus Municipios, y declaró inválidos sus efectos en ese tema.

Si el actual gobernador, Enrique Alfaro Ramírez, insiste en la reforma para obligar a los servidores públicos del Poder Judicial a someterse a estos exámenes, seguramente sufrirá un revés similar.

Esta sentencia fue acordada por el voto unánime de los once ministros durante la sesión de pleno de la SCJN del 31 de marzo de 2014, en la cual se asienta que el Gobierno de Jalisco incurría en la transgresión de los Artículos 16, 17, 21, 73 fracción XXIII, 116 fracción III, y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anterior, se declaró la invalidez de los Artículos 1º, 11, 12, 17 y Transitorio Tercero, en los contenidos que aluden al Poder Judicial, quedando sin efecto lo que se consideró una intromisión de los Poderes Ejecutivo y Legislativo en detrimento de la independencia del Poder Judicial.

Este antecedente aprobado por el más alto tribunal del país, o es ignorado por Enrique Alfaro Ramírez y sus asesores, o pretende imponer con su iniciativa de reforma a la Ley de Control y Confianza, un mecanismo de evaluación que ya ha sido desnudado como violatorio de algunos preceptos de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos.

ANTECEDENTES

El 21 de julio de 2012 se publicó en el Periódico Oficial «El Estado de Jalisco», la Ley de Control y Confianza en base al Decreto 24035/LIX/12 aprobado por el Congreso del Estado, la cual en su Artículo 1º ordenaba someter a los servidores públicos de la administración de justicia, a los exámenes de control y confianza.

El Poder Judicial de Jalisco promovió una controversia constitucional (86/2012) ante la Suprema Corte de Justicia por lo que consideró intromisión de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, al pretender imponer exámenes que se aplicarían a sus empleados por otro poder.

El Poder Judicial de Jalisco alegó que la norma general cuya invalidez demandaba, resultaba transgresora de los artículos 16, 17, 21, 73 fracción XXIII, 116, fracción III, y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En lo esencial, el Poder Judicial de Jalisco precisa que la reforma al Artículo 21 de la Constitución, especifica que los exámenes de control y confianza incluyen a las instituciones de seguridad pública, pero no contemplan a los servidores encargados de la impartición de justicia; por lo tanto el Artículo 1º de la Ley de Control y Confianza del Estado de Jalisco y sus Municipios es contraria a la Ley Rectora.

Entre los agravios, señalan que la citada Ley pretendía obligar al Poder Judicial a crear su Unidad de Control y Confianza, la cual estaría supeditada al Centro Estatal y al Centro Nacional, ambos de Evaluación y Control de Confianza, lo cual es atentatorio del principio de la división de poderes plasmada en la Constitución General.

En las conclusiones se establece que los servidores públicos del Poder Judicial local ya cuentan con un esquema legal que regula su ingreso, permanencia, promoción y separación del cargo, por lo que de observar lo consignado en la Ley de Control y Confianza promovida por el gobernador Emilio González, se cambiarán las condiciones laborales que imperaban al acceder al cargo, además de romper con los principios de autonomía e independencia.

El documento también incluye la opinión de la Procuraduría General de la República, que precisa:

«En consecuencia, al incluir a los servidores públicos del Poder Judicial en los procesos de evaluación de control de confianza se vulneran los principios o garantías establecidos en el numeral 116, fracción III, de la Constitución Federal.

«Esto se estima así, porque la norma impugnada, nace a la luz de los principios de la seguridad pública y los poderes judiciales locales están previstos en el artículo 116, párrafo III, de la Constitución Federal, lo cual es de naturaleza distinta».

En consecuencia, los ministros de la SCJN declararon la invalidez de los preceptos de la Ley de Control de Confianza y ordenan tachar en el Artículo 1º, la referencia al Poder Judicial, para quedar de la forma siguiente:

«Artículo 1.

1. Esta ley tiene por objeto establecer los procesos de evaluación de control de confianza aplicables a los mandos operativos y sus elementos de las instituciones de seguridad pública y a los servidores públicos de la administración de justicia y defensores de oficio». 

Esta sentencia fue publicada el 18 de marzo de 2015 en el Diario Oficial de la Federación y al día siguiente, se hizo lo mismo en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco, aunque sus efectos ya estaban vigentes desde que el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo de Jalisco recibieron la notificación oficial.

Así el gobernador Emilio González Márquez ordenó que se publicara una fe de erratas, la cual aparece en el documento oficial de la Ley de Control de Confianza del Estado de Jalisco y sus Municipios, advirtiendo que el subrayado en el Artículo 1º invalida la obligación para someter a los exámenes «a los servidores públicos de la administración de justicia».

La iniciativa de Alfaro

Con las advertencias de que no tiene intención de imponer magistrados ni jueces y tampoco de intervenir en el Poder Judicial, el gobernador Enrique Alfaro lanza la amenaza:

«…tengo la firme determinación de que vamos a limpiar los poderes públicos del estado cueste lo que cueste. No vamos a permitir que siga permaneciendo esta red de complicidades que ha generado profundos daños a la vida de nuestro estado¨.

Con esa convicción, Alfaro Ramírez señala que en su iniciativa enviada al Congreso del Estado, va a insistir en aplicar exámenes de control y confianza a magistrados del Supremo Tribunal de Justicia y del Tribunal de Justicia Administrativa, así como a jueces, quienes de no aprobarlos en un plazo de seis meses, serán retirados del cargo.

 Otras modificaciones que propone, son eliminar el pago por «haber de retiro», cambiar el periodo de los nombramientos de magistrados por diez años sin posibilidad de reelección y someter a los aspirantes a exámenes de control y confianza durante los procesos de elección.

En los procesos de selección propone involucrar a representantes de universidades públicas y privadas para las evaluaciones técnicas, las cuales serían turnadas al Comité de Participación Social de donde se enviarán fichas de los mejores perfiles al Congreso del Estado, para que se elija de entre los tres mejor evaluados en un plazo máximo de 30 días.

En adelante, la selección de magistrados se haría en base a la equidad de género, en tanto que los jueces seguirán siendo electos por el Consejo de la Judicatura, pero serían sometidos a los exámenes de control y confianza como aspirantes y cuando busquen la reelección.

Por lo que toca a la aplicación de exámenes de control de confianza en el Poder Judicial, la iniciativa de Enrique Alfaro no parece tener viabilidad, dado el antecedente de la sentencia emitida por la SCJN, ya que primero tendría que modificarse la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos; el mismo resultado sería para cancelar el «haber de retiro».

De aprobarse como la envió el Ejecutivo, lo más probable es que se repita el camino de la controversia constitucional.

Por Mario Ávila //

Para los usuarios de los servicios de la medicina forense en Jalisco, los servicios que dan son ineficientes, el trato a los familiares de las víctimas es inhumano, se favorece abiertamente a la impunidad y lo peor del caso, ya se empiezan a perder juicios de amparo por deficiencias en los peritajes que ahí se realizan.

En síntesis, la situación está más crítica que en el pasado mes de septiembre del 2018, cuando Jalisco fue noticia mundial por el escándalo de los cadáveres paseando a bordo de un tráiler por distintos lugares de la zona metropolitana.

A consecuencia de que los índices de violencia han aumentado considerablemente y el hallazgo en el último mes de 5 casas de seguridad en donde se encontraron fosas clandestinas en diversos municipios del área conurbada de Guadalajara, hoy la crisis que se vive en el Semefo es peor que la del año pasado.

Hoy se han inhumado ya casi 400 cuerpos en tumbas de Guadalajara y algunos en el espacio que se acondicionó en el panteón de El Salto, sin embargo el apilamiento de cadáveres continúa llegando a la dependencia al grado de que en el refrigerador para 200 cuerpos que compró la pasada administración, hoy tienen amontonados los restos de 400 personas fallecidas.

No hay atención humana para los familiares de las víctimas, y los que acuden a identificar a un ser querido, que lo pueden encontrar mutilado o en avanzado estado de descomposición, no tienen ningún apoyo de la dependencia, no hay para ellos ni una pastilla, menos la atención de un especialista para soportar el estado de schock que pueden sufrir por el impacto de encontrar a su familiar.

Y en honor a la verdad, no es con la pericia o la eficiencia de la autoridad como se han logrado las identificaciones de cuerpos, sino con el apoyo externo de un grupo de familiares de las víctimas, apoyados por el grupo de la sociedad civil denominado Por Amor a Ellas, como se han realizado las localizaciones, ya que de manera rudimentaria trazan dibujos, marcan señas y características particulares de los cuerpos encontrados, los difunden y hacen luego comparativos con los datos que aportan los familiares que están en la búsqueda de sus seres queridos.

Es decir, el éxito de encontrar a algunas de las personas desaparecidas, no es de los funcionarios públicos, sino de los familiares y las asociaciones que voluntariamente se han involucrado en esta tarea.

Incluso en el caso de los recientes hallazgos de casas de seguridad en donde se han encontrado fosas clandestinas, es evidente que no han sido gracias a la pericia, la eficiencia o el restado del trabajo de investigación de la autoridad, sino a obras de la casualidad, ya que alguna persona secuestrada logran huir y pide ayuda o algún ciudadano ejemplar hace una llamada para advertir de sucesos fuera de lo normal.

Todo este cúmulo de emociones, de indignación y de tratos inhumanos, se volcó en la manifestación del pasado viernes cuando familiares de dos mujeres desaparecidas convocaron a una manifestación a las afueras de Casa Jalisco, situación que se salió de control y se vandalizó el edificio donde vive el gobernador Enrique Alfaro Ramírez.

De ello hablaron para los lectores del semanario Conciencia Pública, Guadalupe Ramos, luchadora social y Luis Octavio Cotero Bernal, padre de una joven desaparecida y ex titular del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.

OFENDE E IRRITA LA REACCIÓN DE HUGO LUNA

“Hemos retrocedido y estamos peor, sin duda”, dijo el ex director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Luis Octavio Cotero Bernal, haciendo un comparativo de la situación actual en el Semefo, comparada con la crisis de 8 meses atrás.

Y abundó: “Corrieron a los peritos certificados que estaban calificados para hacer un buen trabajo, se redujo el número de personal que fue lo que yo siempre les pedí y nunca me pudieron atender; inhumaron más de 400 cadáveres en esa farsa para hacer creer que se estaba atendiendo el problema, pero hoy ya está exactamente igual con más de 400 cuerpos que ya no caben en los refrigeradores”.

“A la gente que va a buscar a sus familiares, si de casualidad alguien identifica a un hijo o una hija, muchos los encuentran en situaciones dramáticas o incluso en estado de descomposición y al verlos se desvanecen y no hay ni un solo médico ni una pastilla con lo que los puedan apoyar, no hay nadie que los atienda, que los auxilie y les ayude un poco a enfrentar el drama.

“Eso lo ocultan, Hugo Luna solo se dedica a manipular a Macedonio Tamez y ahora el Fiscal solo sirve para dar noticias malas, porque nunca hay resultados buenos, y nos informan cada vez es que con una llamada o una persona maniatada que se fuga, nos enteramos que había una casa de seguridad, no porque las investigaciones los hayan llevado a algún lugar. No se ha invertido un clavo en vehículos, ni en armamento, no hay capacitación, no están actualizados los policías para enfrentar a la delincuencia que sí está capacitada.

“Esto está peor. En el Semefo solo se despidió personal y no ha recontratado, y lo peor, ya están perdiendo los juicios en los amparos porque los dictámenes ya no los están haciendo peritos especializados, y con ello la impunidad se sigue agravando porque el Instituto se ha desatendido, no le invierten.

“En el gobierno saliente el secretario General de Gobierno, Roberto López Lara construyó un refrigerador para 200 cuerpos más, ya está agotado y tiene más de 400 amontonados ahí. De las 400 criptas que le compraron a Guadalajara ya las agotaron y solo en El Salto les quedan espacios en las nuevas que recién contrataron, pero no están inhumando, los cuerpos están ahí, porque para hacerlo se necesita más personal y efectuar gastos diversos, gastos que debe pagar la Fiscalía, no el Instituto, porque la función de Ciencias Forenses es muy concreta: hacer dictámenes periciales y ya”.

CON INTERINO O TITULAR, DA LO MISMO

Cotero Bernal, habla del tema con pleno conocimiento de causa y advierte que los meses que duró acéfalo el Semefo con el nombramiento solo de un encargado de despacho, es igual que ahora con un titular: “Con o sin nombramiento, no les dan nada de lo que realmente se necesita, se requieren vehículos, se requiere mucho personal y no tienen nada”.

“La gente ya está cansada de que no se le atiende, de sobra está más que justificada la protesta de ayer en Casa Jalisco. Le dan a uno unas respuestas como su fuera uno un idiota, como si lo que se te hubiera perdido una llave o un carro”, sentenció.

Y sobre las declaraciones del Jefe de Gabinete, Hugo Luna sobre sancionara los responsables del vandalismo en Casa Jalisco, planteó con indignación: “Qué estupidez. Hugo no es ninguna autoridad en el esquema del gobierno del Estado y no se vale que este tipo, me refiero a Alfaro, sea tan irresponsable y ponga a un una persona que ni entiende, ni sabe de Derecho, ni es abogado y que salga a decir eso, cuando lo que tenía que decir es que entiende a las personas por su desesperación y su impotencia y que ofrezca una disculpa en lugar de amenazar con criminalizar a estas personas”.

GUADALUPE RAMOS: EL TITULAR DE CIENCIAS FORENSES DEBE TENER UN PERFIL DE TRATO HUMANO

Guadalupe Ramos Ponce, abogada y eterna luchadora por los derechos de las mujeres a través de Cladem consideró que la situación sí está grave. “Hay una crisis nacional de violencia generalizada, quedaron rebasadas las instituciones que se encargan de los servicios forenses, en lugar de tomar las medidas más adecuadas es que un espacio como este se sobre cargue de trabajo, y la única manera de hacerlo es prevenir la violencia”, expuso.

“La prevención es la primera medida -dijo-, pero ante las circunstancias que tenemos tampoco se han preparado para atenderlas y resolverlas, nosotros hemos documentado algunos casos que han denunciado la desaparición y posteriormente aparecen en el Semefo y cuando se había denunciado la desaparición ya estaba el cuerpo ahí y no fueron capaces de darle una respuesta oportuna, lo que significa que se revictimiza a las familias cuando ni siquiera en ese momento el Estado te da una respuesta oportuna. Y ahí la familia tiene que enfrentar otro viacrucis tremendo para que les avisen que ahí tienen el cuerpo y luego para que se los puedan entregar; tenemos un caso en donde a la mamá de una chica asesinada le entregaron solo el acta de defunción y no el cuerpo porque el cuerpo estaba entre los cadáveres que estaban en los tráileres y le decían que no podían entrar a buscar entre todos los cadáveres que había ahí”.

En ese tema -abundó-, había muchas irregularidades porque el cuerpo lo encontraron cuando ella ya tenía la denuncia por la desaparición de su hija y en lugar de verificar de manera inmediata si correspondía a alguna de las denuncias que les habían presentado, pero lo que hicieron fue apilar el cuerpo en ese tráiler con los demás cuerpos que estaban ahí. Esto nos habla de la labor tan deshumanizada que priva ahí y si a esto le sumas que no designen a las personas de manera oportuna para que dirijan los trabajos en este lugar sí hay una complicación muy grande.

Se le recordó que fuimos noticia internacional cuando se supo de los tráileres y del manejo que se le daba a los cuerpos y a la pregunta de si estamos mejor, igual o peor, Guadalupe Ramos Ponce explicó: “Lo que yo te puedo decir es que lo que estamos viviendo es una tragedia tremenda, hay muchas cosas que no se dicen, a mí me acaban de enviar una nota de un periódico francés en donde da cuenta de la situación de Jalisco, vienen imágenes sobre el hallazgo constante de fosas clandestinas, pero el comunicado que me envían junto con esa nota, es que suspendieron en varias escuelas en Francia los intercambios de estudiantes que tenían de manera habitual con México y de esas cosas no se habla y no se duce nada, particularmente de las repercusiones negativas que esto está teniendo a nivel internacional. Y yo entiendo que en esos lugares cómo van a enviar a sus jóvenes a estudiar en un lugar en donde está ocurriendo ese grado de violencia día a día. Es una realidad que no quisiéramos vivir”.

“Nosotras con quienes tenemos una comunicación muy cercana con el Colectivo de Por Amor a Ellas, y ellas han suplido con creces, pero con sus debidas limitaciones a muchas de las funciones que le tocaría hacer al Estado, una de esas es por ejemplo la identificación de los cadáveres, muchos de los casos que han sido identificados de personas desaparecidas, son cuerpos que tenían en el Semefo”.

“Ha sido gracias a ellas, a la labor que han realizado, a las descripciones que han hecho, con sus limitaciones porque se pusieron a hacer dibujitos de cada cuerpo, identificando las señales que se podrían mostrar como tatuajes, alguna seña en el cuerpo que podría servir de identificación, en algunos casos los nombres, a esto se le ha dado difusión y con esto se ha logrado identificar a varios cuerpos que estaban ahí y a las personas que las estaban buscando. Yo creo que ellas son las que han hecho una labor fundamental aquí y que han suplido estas deficiencias que el Estado con sus recursos pudiera hacerlo mucho mejor todavía”.

Finalmente sobre el perfil que se necesita para ser titular del Semefo, Ramos Ponce precisó: “El perfil para el titular de Ciencias Forenses, primero es que tenga sensibilidad, porque lo que hemos visto hasta ahora es una deshumanización de lo que estaba ocurriendo ahí… el tema de los tráileres es lo que nos interpela a todo mundo y eso nos da en la cara de lo que estaba ocurriendo ahí.

Por ello lo primero que tendría que tener cualquier persona que llegue ahí es sensibilidad para atender a las familias. Y una deficiencia que nosotras hemos advertido es que no se cuenta con personal de psicología por ejemplo para atender los casos cuando las personas van a hacer la identificación de los cuerpos, ese es un momento muy difícil, muy complicado, que un familiar encuentre ahí a la persona que está buscando. Son muchos sentimientos encontrados porque están desaparecidos, por un lado está la alegría de por fin saber en dónde está, pero encontrarlos sin vida es un choque tremendo y nos ha tocado vivir experiencias muy fuertes con las familias, que necesitan contención, necesitan apoyo sicológico inmediato y no hay nadie que se los pueda dar yeso es terrible”, planteó.

Por Mario Ávila //

Propone el gobernador erradicar la reelección de magistrados, que la mitad de los candidatos sean mujeres y que el nombramiento será solo por 10 años; en tanto que se obliga a realizar a jueces y magistrados, electos y en funciones, los exámenes de control de confianza.

Pese a que son ya 23 las entidades del país en donde el titular del Poder Ejecutivo interviene en el proceso de selección de magistrados del Poder Judicial, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez toma la determinación de marginarse de participar en este proceso y mantener a la entidad como uno de los 9 estados que no tienen injerencia en la designación de jueces y magistrados.

Al dar a conocer un resumen del contenido de la iniciativa de reforma a la Constitución Política de Jalisco y a la Ley Orgánica del Poder Judicial, que presentó al Congreso del Estado con la intención de que se efectúe una “limpia” en el Poder Judicial del Estado de Jalisco, Alfaro Ramírez expuso que lo que sí contiene su propuesta es la eliminación de la reelección para magistrados y la aplicación de pruebas de control de confianza a jueces y magistrados.

Así mismo plantea que la mitad de los nuevos nombramientos recaiga en mujeres; sentenció que se les habrá de despojar a jueces y magistrados del beneficio de recibir un “haber de retiro” y se realizaría una evaluación preliminar, para que lleguen los mejores perfiles a la designación final que seguirá haciendo el Poder Legislativo, de acuerdo a la propuesta del gobernador.

Vale la pena mencionar que junto con Jalisco, las entidades en donde el Ejecutivo no participa en la designación de altos funcionaros del Poder Judicial, son: Baja California, Ciudad de México, México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Querétaro y Sinaloa.

Mientras que los estados en donde el Ejecutivo interviene en el proceso de selección de magistrados del Poder Judicial, son: Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

TRAS UNA EVALUACIÓN, LOS EXPEDIENTES VAN AL CPS

Lo primero que se tendría que hacer, según la propuesta de reforma constitucional del gobernador, será el registro de aspirantes y un proceso de evaluación en el que participarán entidades académicas y ya con los resultados de la evaluación técnica, los expedientes de los aspirantes que la aprueben se remitirán al Comité de Participación Social Anticorrupción (CPS) para que realice evaluaciones curriculares, de aptitudes y elabore un informe con sus opiniones técnicas de cada uno de los perfiles.

Posteriormente el CPS turnará al Congreso sus informes y los legisladores tendrían plazo máximo de un mes para aprobar el nombramiento, en donde se deberán elegir de entre los tres aspirantes mejor evaluados en un plazo máximo de 30 días. En caso de que ninguno alcance el voto calificado de las dos terceras partes de la asamblea (26 legisladores) se procederá a la insaculación (sorteo) del cargo.

En la presentación de su iniciativa, el gobernador apunta que espera que haya voluntad de los integrantes del Poder Judicial de sumarse a las medidas, entre las que reiteró la intención de aplicar pruebas de control de confianza a los juzgadores, suprimir el pago de haber de retiro, eliminar la posibilidad de que se reelijan y fijar un solo periodo por diez años.

En concreto a los actuales magistrados del Supremo Tribunal de Justicia y del Tribunal de Justicia Administrativa, así como los jueces de primera instancia en funciones o designados; se les da plazo de seis meses para aprobar las evaluaciones de control de confianza, de lo contrario se advierte que serán retirados del cargo.

El mandatario jalisciense explicó que si bien “no tengo interés de ganar espacios de control político; sí tengo la firme determinación de que vamos a limpiar los poderes públicos del estado cueste lo que cueste; no vamos a permitir que siga permaneciendo esta red de complicidades que ha generado profundos daños a la vida de nuestro estado”.

Para elegir magistrados se detalla que será el Congreso Estatal quien emita la convocatoria, luego se deberá solicitar a una institución de educación superior, la elaboración, aplicación y revisión de un examen, se integraría un comité de vigilancia, conformado por representantes de las universidades públicas y privadas del estado, para acompañar este trámite.

En el caso del nombramiento de jueces se mantiene que serán designados por el Consejo de la Judicatura, por periodos de cuatro años, pero se añade que además de una prueba técnica tendrán que someterse a las pruebas de control de confianza. Para aspirar a ser ratificados cada cuatro años deberán volver a evaluarse.

RECHAZA STJJ LAS PRUEBAS DE CONTROL DE CONFIANZA

En una reacción inmediata a la propuesta formal del mandatario jalisciense, Enrique Alfaro, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, Ricardo Suro Estéves, manifestó su abierta oposición a que se les realice a jueces y magistrados las pruebas de control de confianza.

Como ya lo ha explicado con anterioridad, dice que se trata de una determinación ilegal que ya ha sido sentenciada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero recalcó que de nueva cuenta estarán en condiciones de recurrir de nueva cuenta a un amparo o bien podrían interponer nuevamente una controversia constitucional.

“Podemos presumir que en Jalisco hay un respeto entre los tres poderes. Podemos coincidir en muchas cosas, otras no, en lo personal no coincido con los exámenes de control y confianza. No coincido en la idea de que un Poder analice a otro Poder, en la cuestión de los exámenes. Habrá que ver las adecuaciones que se puedan hacer eventualmente a una legislación”, indicó el titular del Poder Judicial.

En contraste, los diputados coordinadores de las bancadas de Movimiento Ciudadano y el PAN, Salvador Caro Cabrera y Gustavo Macías Zambrano, sentenciaron que apoyarán la propuesta de aplicar pruebas de control de confianza a jueces y magistrados.

Establecer en la Constitución estatal como requisito que magistrados y jueces acrediten pruebas de control y confianza implicaría una reforma para crear un centro de evaluación en el Poder Judicial y no incumplir una resolución de la Suprema Corte al respecto, señaló Salvador Caro Cabrera, coordinador de la fracción de Movimiento Ciudadano (MC) en el Congreso del Estado.

Recordó que en el 2012 la Suprema Corte emitió una resolución donde confirma que no es constitucional que una entidad ajena al Poder Judicial aplique controles de confianza sobre los magistrados, pero con una enmienda constitucional se podría resarcir este escollo.

Un trámite que podría correr la misma suerte, sería la propuesta de cancelar el bono de “haber de retiro” para jueces y magistrados cuando dejan el cargo, toda vez que en el pasado también la SCJN ya resolvió una controversia en la que avaló la legalidad de la prestación.

Por su parte, el coordinador del grupo parlamentario del PAN, Gustavo Macías Zambrano, adelantó que están de acuerdo en el planteamiento de aplicar las pruebas de control de confianza a jueces y magistrados, pero a la vez planteó que su propuesta consiste en que la evaluación venga directamente del CPS “y que nos llegue al Congreso y de ahí saquemos las propuestas a designar”.

MORENA PROPONE CREAR EL OBSERVATORIO JUDICIAL DEL PUEBLO

Por su parte la fracción parlamentaria de Morena en la LXII Legislatura, planteó en su iniciativa para transformar el Poder Judicial en Jalisco tres asuntos medulares: 1.- Incrementar el presupuesto del Poder Judicial, 2.- Eliminar el haber de retiro y 3.- Establecer candados que garanticen una impartición de justicia clara y eficiente en Jalisco.

La iniciativa, explicada en voz de la diputada María Esther López Chávez, propone una nueva ley orgánica para ese Poder, que establece principios de celeridad, competencia, austeridad y transparencia, dentro de un sistema que incluye la evaluación permanente para jueces y magistrados.

Entre los principales aspectos que prevé la iniciativa, destaca la eliminación del haber de retiro para jueces y magistrados; programas de capacitación permanente; un sistema claro y transparente de ingreso y promoción dentro de la carrera judicial, y un incremento presupuestal anual para este Poder, que garantice la correcta operación de juzgados.

Se establece además la obligatoriedad de presentar exámenes de honestidad e integridad para magistrados y jueces, así como de someterse a evaluaciones periódicas de desempeño por parte del Consejo de la Judicatura, donde se analice la celeridad en su trabajo judicial, estado de salud, y calidad de atención a usuarios, entre otros aspectos.

«Queremos que Jalisco se renueve y transforme, y empezamos desde las entrañas del Poder Judicial, necesitamos que el Poder Judicial tenga rostro humano, que deje de ser rehén de intereses políticos o públicos, lleno de arbitrariedades e injusticias», explicó López Chávez.

«Morena abre la puerta del diálogo y consenso, para crear una iniciativa que elimine la impunidad», señaló la legisladora, al tiempo que refrendó la invitación a todas las fuerzas políticas a sumarse a este proyecto, en beneficio de Jalisco.

Sobre las resoluciones emitidas por los jueces y magistrados de manera indebida, la diputada morenista, señaló que parte de la iniciativa alberga la intención de que las víctimas de una mala sentencia, sean indemnizadas.

Finalmente se establece también la creación del Observatorio Judicial del Pueblo, el cual será integrado por representantes ciudadanos y funcionarios de Gobierno, y cuya misión será la realización de diagnósticos y propuestas para mejorar el cumplimiento de los valores que rigen la función judicial.

Expone Alfaro el “caso Jalisco” ante la Suprema Corte

Como parte de la agenda de trabajo que realizó en la Ciudad de México, el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, se reunió el pasado jueves 9 de mayo con el ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar y con el consejero jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer, a quienes presentó su propuesta para exponer casos de corrupción en el Poder Judicial de Jalisco, así como un método para erradicar esta problemática en el sistema de justicia local y que podría ser de utilidad para otros estados.

Cierran la pinza con el Senado de la República

En la lucha para que el Poder Judicial de Jalisco y de todos los estados del país transiten hacia una cultura de transparencia, rendición de cuentas y se vuelvan eficientes, el gobernador Enrique Alfaro cierra la pinza y recordó que el senador, Clemente Castañeda Hoeflitch, presentó una iniciativa para que todas las sentencias que dicten jueces y magistrados sean información pública y así, la sociedad pueda saber, vigilar y tener la confianza de que ningún proceso ni delincuente, quedarán impunes o serán liberados por “debajo del agua”.

Entidades donde interviene el gobernador en la designación de magistrados:

–      Aguascalientes

–      Baja California Sur

–      Campeche

–      Chiapas

–      Chihuahua

–      Coahuila

–      Colima

–      Durango

–      Guanajuato

–      Guerrero

–      Hidalgo

–      Nayarit

–      Oaxaca

–      Puebla

–      Quintana Roo

–      San Luis Potosí

–      Sonora

–      Tabasco

–      Tamaulipas

–      Tlaxcala

–      Veracruz

–      Yucatán

–      Zacatecas. 

Entidades donde no interviene el gobernador en la designación de magistrados:

–      Jalisco

–      Baja California

–      Ciudad de México

–      México

–      Michoacán

–      Morelos

–      Nuevo León

–      Querétaro

–      Sinaloa.