El mito y la realidad de la coordinación en seguridad

Opinión, por Iván Arrazola

El mito y la realidad de la coordinación en seguridad reflejan una constante de la política contemporánea: la coexistencia de narrativas contradictorias sobre un mismo fenómeno. En materia de seguridad pública, el gobierno mexicano proyecta un panorama alentador, destacando reducciones en delitos como los homicidios dolosos y atribuyéndolas a una supuesta coordinación institucional eficaz, sustentada en la confianza en el trabajo riguroso de las fiscalías. Sin embargo, esta versión configura más un relato oficial que una realidad plenamente verificable.

Asimismo, tanto la presidenta Claudia Sheinbaum como su secretario de Seguridad han insistido en que existe una coordinación efectiva entre los distintos niveles de gobierno, destacando la operación de las mesas de seguridad en las entidades federativas como un mecanismo que, en teoría, fortalece la gobernanza en la materia y contribuye a la construcción de un país más seguro.

Sin embargo, esta narrativa contrasta con otra visión que ha cobrado fuerza en distintos momentos: aquella que sostiene que el gobierno está aún lejos de controlar el fenómeno de la violencia y, sobre todo, la influencia que el crimen organizado mantiene en diversas regiones del país. Esta percepción se hizo particularmente evidente tras la detención de uno de los líderes criminales más relevantes con base en Jalisco, evento que detonó una serie de reacciones violentas que rebasaron la capacidad de respuesta institucional.

A esta situación se sumó un hecho inusual que profundizó las dudas: el desmantelamiento de un narcolaboratorio en Chihuahua, en el que participaron fuerzas estatales junto con agentes de la CIA. Tras el operativo, un accidente vehicular provocó la muerte de dos agentes estadounidenses y dos mexicanos, lo que detonó una serie de cuestionamientos políticos y diplomáticos.

De inmediato, surgieron preguntas dirigidas a la presidenta sobre su conocimiento del operativo, a lo que respondió que no estaba informada y que solicitaría explicaciones tanto a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, como al gobierno de Estados Unidos.

No obstante, lo que siguió fue una cadena de inconsistencias en la comunicación oficial que ha comenzado a ser una característica recurrente de la actual administración. Por un lado, se dio a conocer que elementos del Ejército mexicano participaron en el operativo, lo que puso en entredicho la versión inicial de desconocimiento por parte del Ejecutivo. Posteriormente, la Secretaría de la Defensa matizó esta información al señalar que la participación se limitó a labores de cobertura perimetral.

Paralelamente, se intensificaron las tensiones políticas: la presidenta reprochó a la gobernadora de Chihuahua por no atender sus llamadas, mientras que desde Estados Unidos se criticó la falta de sensibilidad del gobierno mexicano ante la muerte de los agentes.

El conflicto escaló cuando el Senado solicitó la comparecencia de la gobernadora y, desde la Presidencia, se planteó la posibilidad de investigar una eventual violación constitucional si se confirmaba que agentes extranjeros realizaron operaciones sin autorización federal.

Este conjunto de hechos abre interrogantes relevantes. En primer lugar, cabe preguntarse si el gobierno estadounidense ha optado por establecer vínculos directos con gobiernos estatales ante una posible falta de confianza en las autoridades federales mexicanas. En segundo término, surge la duda sobre si las fuerzas federales pueden participar en operativos de esta naturaleza sin informar a sus superiores, lo cual implicaría fallas graves en la cadena de mando.

Asimismo, se cuestiona la efectividad real de los mecanismos de coordinación entre niveles de gobierno, considerando que, en teoría, estos se reúnen de manera periódica para atender precisamente estos temas.

En este contexto, el gobierno de Estados Unidos ha reiterado que México enfrenta limitaciones para resolver por sí solo el problema de la inseguridad, señalando que ha ofrecido apoyo de manera constante. Sin embargo, el gobierno federal mexicano mantiene una postura marcada por un componente ideológico que, al menos en el discurso público, limita la cooperación en materia de seguridad, bajo la premisa de evitar cualquier afectación a la soberanía nacional.

Esta tensión entre cooperación y soberanía ha generado un escenario en el que, aunque existen indicios de colaboración, esta no se reconoce abiertamente, lo que dificulta la construcción de una estrategia integral.

Así, el problema se vuelve más complejo. Por una parte, la administración enfrenta dificultades para comunicar de manera clara y oportuna, como se evidenció también en otros casos recientes.

Por otra, las tensiones políticas entre distintos niveles de gobierno, especialmente cuando pertenecen a partidos diferentes, agravan la falta de coordinación. A ello se suma la negativa del gobierno federal a reconocer la magnitud del problema de inseguridad, apostando por una narrativa que, en muchos casos, parece insuficiente frente a la realidad.

Finalmente, si la coordinación en materia de seguridad fuera realmente efectiva, las autoridades deberían ser capaces de ofrecer explicaciones claras y consistentes sobre lo ocurrido, más allá de trasladar responsabilidades o politizar el debate.

En última instancia, el eje central debería ser la seguridad de la ciudadanía.