¿Puede sostenerse la ZMG sin resolver el agua?

Opinión, por Violeta Moreno Haro

La discusión sobre el agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) dejó de ser un tema técnico para convertirse en un problema de viabilidad urbana. Ya no se trata solo de si hay cortes o tandeos, sino de si una ciudad puede seguir creciendo cuando su base más elemental —el acceso a agua suficiente y de calidad— está comprometida.

Los problemas son conocidos, pero pocas veces se nombran en conjunto. En distintas colonias no hay agua de manera regular; en otras, llega con intermitencias que obligan a almacenarla en condiciones precarias. Donde sí hay suministro, cada vez son más frecuentes los reportes de agua con mal olor, coloración extraña o sedimentos visibles. A ello se suma la presión sobre las fuentes de abastecimiento, la sobreexplotación de acuíferos y una infraestructura que, en buena parte de la ciudad, opera al límite o por debajo de estándares aceptables.

Los análisis técnicos y científicos han señalado desde hace años que el problema no es solo de disponibilidad, sino de gestión integral. La calidad del agua, los niveles de contaminación en cuerpos como el lago de Chapala o el río Santiago, y la capacidad de tratamiento y distribución son variables directamente conectadas. No es un asunto aislado ni coyuntural: es estructural.

Durante mucho tiempo se instaló una narrativa cómoda: el problema del agua se atribuía principalmente al crecimiento desordenado de colonias populares. Sin embargo, esa explicación hoy resulta insuficiente. El crecimiento formal —el que cuenta con permisos, desarrollos autorizados y respaldo institucional— también está presionando el sistema de manera significativa. Y ahí es donde aparece una de las omisiones más relevantes.

Los desarrollos inmobiliarios con todos los permisos en regla han operado bajo una lógica clara: maximizar metros vendibles con el menor costo posible en infraestructura compartida. En ese esquema, rara vez se les exige ser parte de la solución.

No existe una obligación sistemática de aportar a la ampliación de colectores, de invertir en la mejora de redes hidráulicas existentes en las zonas aledañas ni de garantizar esquemas propios de captación, tratamiento o reutilización que reduzcan su impacto. El resultado es predecible: más demanda sobre una red que ya estaba tensionada.

El punto no es frenar el desarrollo, sino entender que crecer sin ajustar las reglas del juego solo traslada el problema hacia adelante. Una ciudad no puede sostener su expansión si no asegura primero la viabilidad de sus servicios básicos. Y el agua no es un servicio más: es el que condiciona todos los demás.

La pregunta, entonces, no es si la ZMG puede seguir creciendo, sino en qué condiciones. Si la política pública no corrige incentivos, si no se exige corresponsabilidad a quienes desarrollan y si no se invierte con seriedad en infraestructura y gestión, el problema dejará de ser de molestias y pasará a ser de límites.

Porque las ciudades no colapsan de un día a otro: se van agotando. Y, en el caso del agua, la señal de agotamiento ya está sobre la mesa.

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Resolver la crisis del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara ya no es una opción técnica, sino una condición de supervivencia urbana. Sin una gestión integral seria, con reglas claras y corresponsabilidad real entre gobierno, desarrolladores y sociedad, el crecimiento desordenado seguirá profundizando un problema estructural que amenaza con ponerle un techo definitivo a la viabilidad de la ciudad.

La ZMG tiene frente a sí una disyuntiva impostergable: o construye un nuevo pacto por el agua —con un Instituto de Movilidad y Agua fuerte, autónomo y técnicamente sólido— o acepta que su modelo de expansión actual es insostenible. Porque una metrópoli que no puede garantizar agua suficiente y de calidad a sus habitantes no solo pierde calidad de vida, sino que pierde futuro.