El Acueducto Independencia y lo que se hizo mal: Sonora sin agua, el problema que condiciona todo lo demás

Geopolítica, por Víctor Hugo Celaya Celaya

Ningún plan de gobierno, ni proyecto minero, ni promesa de inversión sobrevive sin resolver primero la ecuación hídrica del estado. Y hoy, esa ecuación no cuadra.

A lo largo de los años, tanto por mi formación profesional como por las responsabilidades que asumí en el sector agropecuario y rural de México, he seguido con atención el tema del agua como parte sustantiva de cualquier política pública de desarrollo económico y social. Se ha trabajado mucho para resolver los problemas que Sonora enfrenta, pero hay que decirlo con franqueza: los esfuerzos siguen siendo insuficientes.

Sonora tiene 62 acuíferos. De ellos, 32 presentan algún grado de déficit hídrico, según datos de la Comisión Nacional del Agua para el ejercicio fiscal 2026. Eso coloca al estado como el segundo con más fuentes subterráneas en condición de presión, solo detrás de Jalisco.

A nivel nacional, el panorama es igual de severo: 292 de los 653 acuíferos del país contienen menos agua de la que deberían y 178 están clasificados en déficit crítico (CONAGUA, 2026). El número de acuíferos sobreexplotados en México pasó de 32 en 1975 a 114 en 2023, un incremento de 256% en menos de cinco décadas.

Para la capital del estado, el problema ya no es futuro. Hermosillo enfrenta una demanda de 5,250 litros por segundo, y la ciudad crece entre 7,000 y 8,000 tomas nuevas cada año, el equivalente a integrar un municipio como Huatabampo anualmente (Agua de Hermosillo, Foro Estatal de Agua y Sustentabilidad, marzo de 2026). La presa El Molinito se secó. La única fuente superficial en operación, el Acueducto Independencia, aporta apenas 30 millones de metros cúbicos al año de los 135 que la ciudad consume.

El resto depende de entre 80 y 90 pozos subterráneos que operan al límite de su capacidad. Y cada verano, las colonias populares del norte de la ciudad reportan menos de seis horas de suministro diario, baja presión y fugas que tardan días en repararse.

Mientras tanto, Agua de Hermosillo llega a atender hasta 300 fugas por día en temporada alta. El 40% de la infraestructura hídrica nacional presenta fugas, según el Sistema de Información del Agua de CONAGUA; la UNAM estima que el 45% del agua se pierde antes de llegar al usuario final. La infraestructura subterránea de Hermosillo es vieja, y su deterioro multiplica las pérdidas del líquido que ya escasea.

LO QUE FUNCIONÓ EN LOS NOVENTA Y LO QUE DEJAMOS A MEDIAS

Recuerdo que, siendo asesor del director general de la Comisión Nacional del Agua en 1991, bajo el liderazgo de Fernando González Villarreal, un destacado sonorense originario de Ciudad Obregón, me tocó estar cerca del equipo técnico especializado en la política hídrica de México. Visitamos estados, revisamos programas y participamos en un cambio institucional profundo.

En 1989 inició el programa nacional de transferencia de distritos de riego a los usuarios. Se pasó de un modelo centralizado y subsidiado a uno de gestión directa por módulos de productores, respaldado por la Ley de Aguas Nacionales de 1992. El cambio redujo costos, mejoró el mantenimiento y elevó el valor de la producción en zonas de riego del 67% al 76% entre 1990 y 2010.

Pero los resultados tienen luces y sombras. Aún se desperdicia el 14.4% del volumen en los distritos de riego. Casi la mitad de los distritos presenta fallas operativas. Y la expansión del uso de agua subterránea durante los noventa generó la presión estructural que hoy padecemos: acuíferos sobreexplotados, especialmente en el noroeste. Si al principio el gran reto era operar mejor el agua, hoy el gran reto es cómo evitar que se acabe.

LA HERIDA ABIERTA DEL RÍO SONORA

El 6 de agosto de 2014, una filial de Grupo México vertió miles de metros cúbicos de sulfato de cobre en los ríos Sonora y Bacanuchi. Fue uno de los desastres ambientales más graves en la historia del país. Más de 20,000 personas resultaron afectadas en varios municipios.

Se creó el Fideicomiso Río Sonora con 2,000 millones de pesos aportados por la empresa. Se distribuyeron pipas, tinacos y se construyeron algunas plantas potabilizadoras, además de programas médicos. Sin embargo, fue cerrado en 2017 sin concluir todas las obras. Hubo críticas por opacidad, falta de participación de afectados y compensaciones parciales. A más de una década, no existe remediación integral ni monitoreo independiente del agua. La CNDH emitió recomendaciones por violaciones a derechos humanos. Fue una solución parcial, orientada más a contener la crisis que a resolver el problema de fondo.

EL ACUEDUCTO INDEPENDENCIA:
SÍMBOLO DE LO QUE HACEMOS MAL

El Acueducto Independencia, que comenzó a operar en 2013, fue diseñado para llevar agua desde la presa El Novillo, cuenca del río Yaqui, hacia Hermosillo, con una capacidad de 75 millones de metros cúbicos al año. En esencia, resolvía parcialmente el problema de abasto urbano, pero generó un conflicto mayor.

La tribu Yaqui se opuso desde el inicio, argumentando que el agua del río Yaqui les pertenece, e interpuso recursos que llegaron hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ordenó consultar a la comunidad y revisar el impacto ambiental. Esa consulta nunca fue completa, el acueducto sigue operando de forma irregular y, lo más revelador, es que tampoco resolvió el problema de fondo: Hermosillo sigue buscando nuevas fuentes de abasto, porque lo que se planteó como solución de corto plazo terminó dejando un conflicto de largo plazo.

TRES ACCIONES CONCRETAS, NO ASPIRACIONALES

Con base en lo que conozco del estado y de la gestión del agua en México, mis ideas para Sonora se organizan en tres ejes que tendrían que caminar de forma simultánea.

Primero, reordenar el uso del agua como prioridad legal y operativa. Eso implica tecnificación obligatoria del riego: goteo, presurizado, medición en tiempo real; y reconversión de cultivos de alto consumo hídrico en los valles del Yaqui y del Mayo.

La agricultura necesita agua superficial y agua tratada. La minería necesita agua residual tratada y desalinización. Separar las fuentes evita que ambos sectores compitan por los mismos acuíferos. Con derechos volumétricos claros y transferibles, quien ahorra vende y quien necesita paga.

Segundo, crear nuevas fuentes sustentables de abasto. Un programa estatal de desalinización modular en la costa (Guaymas, Puerto Peñasco), para uso urbano e industrial, acompañado del reúso total de aguas tratadas para agricultura e industria.

Tercero, control real del recurso: medición digital obligatoria para todos los pozos, combate frontal a la sobreexplotación y un organismo técnico autónomo, con participación ciudadana, que planifique a 20 o 30 años sin politizaciones. He visitado Israel con productores y vi de primera mano cómo un país, con más de la mitad de su territorio desértico, recicla el 90% de sus aguas residuales para agricultura (la tasa más alta del mundo) y produce más del 80% de su agua potable mediante desalinización.

Su consumo per cápita es de solo 138 m³ anuales, frente a 691 del promedio de la OCDE. Lo que observé fue un modelo coherente donde la tecnología, acompañada de políticas públicas firmes, convierte la escasez en ventaja estratégica.

Si estas tres acciones no caminan de forma simultánea, Sonora seguirá administrando la crisis en lugar de construir la seguridad hídrica que el estado necesita para atraer inversión, sostener su agricultura y garantizar agua limpia para sus comunidades. El agua es el factor que determina el futuro económico de Sonora. Ignorarlo es gobernar a ciegas.

Víctor Hugo Celaya Celaya
Economista y estratega con trayectoria en gobierno, política interior, comercio internacional y política legislativa.