JALISCO
Observatorio de Seguridad y Justicia de la UdeG: Cierre del Tribunal Unitario Agrario 16 es una medida desafortunada y opaca
Por Belisario Bourjac
El cierre del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 16, con sede en Guadalajara, ordenado mediante el Acuerdo General 11/2026 del Tribunal Superior Agrario, ha generado un fuerte rechazo tanto desde la academia como desde el Gobierno del Estado.
La medida, que implica la redistribución de 587 expedientes agrarios, ha sido calificada como una decisión que agravará los rezagos en el acceso a la justicia para ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios y comunidades indígenas de Jalisco.
El doctor Luis Octavio Cotero Bernal, director del Observatorio sobre Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara, lanzó un enérgico pronunciamiento en el que consideró la determinación como “desafortunada” y opaca. Criticó que se haya tomado sin consulta previa a los pueblos originarios —violando el Convenio 169 de la OIT—, sin publicar el supuesto estudio de viabilidad y sin un análisis suficiente de sus consecuencias.
Para Cotero Bernal, lejos de acercar la justicia, la supresión del tribunal la aleja de quienes más la necesitan.
Por su parte, la Dirección General de Asuntos Agrarios del Gobierno de Jalisco, a través de su titular, Óscar Eduardo Zaragoza Cerón, también lamentó la decisión y exigió su revocación.
Aunque reconoció la autonomía del Tribunal Superior Agrario, advirtió que la medida generará mayor incertidumbre y sobrecarga en los tribunales restantes, comprometiendo el derecho a una justicia pronta y efectiva. “La austeridad no debe aplicarse a costa del acceso a la justicia”, enfatizó.
MEDIDA DESAFORTUNADA
Cotero Bernal calificó la medida como “desafortunada” y criticó severamente su origen opaco, ya que —dijo— no fue consensuada ni suficientemente analizada con los sectores involucrados.
Advirtió que esta decisión, lejos de fortalecer el sistema de justicia agraria, agravará los rezagos históricos que enfrenta Jalisco en la procuración, administración e impartición de justicia en materia agraria.
“Desde nuestra vocación académica y nuestro compromiso con la justicia social, no podemos guardar silencio frente a una determinación que afecta directamente a ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios y comunidades indígenas del estado”, enfatizó el académico.
El director del Observatorio señaló la contradicción que representa el acuerdo: mientras en sus consideraciones invoca el artículo 17 constitucional y los principios de prontitud, completitud, imparcialidad y gratuidad, en los hechos los viola al alejar la justicia de quienes más la necesitan. “Suprimir un tribunal en una entidad federativa con alta densidad de propiedad social no acerca la justicia, la aleja”, afirmó.
La medida implicará la redistribución de 587 expedientes que involucran a 29 municipios, 253 ejidos y 12 comunidades agrarias. Detrás de cada expediente, subrayó Cotero, hay familias, generaciones de esfuerzo y un profundo vínculo con la tierra que no puede reducirse a una simple operación administrativa.
Particularmente grave resulta, según el pronunciamiento, que el acuerdo cite el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales, pero se haya adoptado sin realizar una consulta previa, libre e informada a las comunidades originarias cuyos litigios serán reasignados. “Aquello que invoca como fundamento, lo vulnera en su procedimiento”, denunció.
Además, cuestionó que el acuerdo mencione la existencia de un estudio de viabilidad elaborado por el Pleno, mismo que no ha sido hecho público ni socializado con la comunidad jurídica, litigantes, academia ni sectores afectados, impidiendo valorar su razonabilidad y proporcionalidad.
Con el cierre del TUA 16, el Distrito 13 pasará de atender 38 a 64 municipios —un incremento del 68 por ciento—, mientras que el Distrito 15 absorberá municipios de la zona metropolitana de Guadalajara, Zapopan y El Salto, donde los conflictos agrarios son particularmente complejos debido a la presión urbana y la expansión inmobiliaria.
Cotero Bernal alertó que los tiempos de resolución, que ya son excesivos —acuerdos que tardan hasta tres meses y juicios que pueden durar hasta seis años—, se verán seriamente agravados, comprometiendo el derecho humano a una justicia pronta y expedita.
“La austeridad republicana es un valor que compartimos, pero ninguna razón presupuestal justifica cerrar la puerta de la justicia a quienes menos tienen. Una justicia que llega tarde no es justicia, es desamparo”, sentenció.
El Observatorio hizo un llamado respetuoso, pero firme, al Pleno del Tribunal Superior Agrario para que reconsidere y revoque el acuerdo, publique el estudio de viabilidad y abra un diálogo genuino con comunidades agrarias, pueblos indígenas, litigantes y academia. También solicitó la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum para proteger los derechos de los campesinos y pueblos originarios.
Gobierno de Jalisco rechaza cierre del Tribunal Agrario del Distrito 16 y pide su revocación
La Dirección General de Asuntos Agrarios del Gobierno de Jalisco lamentó la decisión del Tribunal Superior Agrario de extinguir operativamente el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 16, con sede en Guadalajara.
A través de un pronunciamiento firmado por su director general, Óscar Eduardo Zaragoza Cerón, la dependencia reconoció la autonomía del Tribunal Superior Agrario, pero consideró que suprimir este tribunal “no contribuye a mejorar la atención ni a garantizar una impartición de justicia pronta, cercana y efectiva” para ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios y comunidades indígenas.
La medida implicará la redistribución de 587 expedientes que corresponden a 29 municipios, 253 ejidos y 12 comunidades agrarias. “Esta determinación genera incertidumbre entre quienes ya enfrentan procesos largos para defender su tierra, su patrimonio y su historia comunitaria”, señaló Zaragoza Cerón.
El funcionario expresó la empatía y respaldo del Gobierno de Jalisco a las comunidades agrarias y personas afectadas, así como a los profesionistas del derecho que litigan en esta materia. Advirtió que la sobrecarga que sufrirán los tribunales restantes comprometerá seriamente el acceso a la justicia agraria en el estado.
“La austeridad no debe aplicarse a costa del acceso a la justicia. En materia agraria, cada expediente representa tierra, trabajo, familia y paz social”, enfatizó.
Finalmente, la Dirección General de Asuntos Agrarios hizo un llamado firme al Tribunal Superior Agrario para que reconsidere y revoque el acuerdo que extingue operativamente el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 16.
