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UIF habría congelado las cuentas bancarias de Rocha Moya y funcionarios señalados en investigación de EU
Por Redacción Conciencia Pública
Transcripción de texto a voz
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De acuerdo a reportes de medios como El Economista, Emeequis y Azucena Uresti, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda ordenó el congelamiento de las cuentas bancarias del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como de sus hijos y varios funcionarios y exfuncionarios presuntamente relacionados con investigaciones abiertas en Estados Unidos por supuestos vínculos con el narcotráfico.
La medida también alcanza a Rubén Rocha Ruiz, Ricardo Rocha Ruiz y José de Jesús Rocha Ruiz, además del senador Enrique Inzunza Cázarez, exmandos policiacos y autoridades municipales señaladas en las indagatorias que se siguen en una Corte Federal de Nueva York.
De acuerdo a la información difundida, el bloqueo fue instruido mediante el Acuerdo 156/2026, emitido el pasado 6 de mayo y distribuido al sistema financiero nacional a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
La disposición habría sido incorporada al Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información para Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (SITI PLD/FT), plataforma mediante la cual se alerta a bancos y entidades financieras sobre personas sujetas a bloqueo o vigilancia especial.
A partir de la notificación, las instituciones financieras contarían con un plazo de 10 días hábiles para suspender operaciones, cancelar relaciones comerciales y congelar activos relacionados con los señalados dentro del sistema bancario mexicano.
La decisión ocurre en medio de una creciente presión de autoridades estadounidenses, luego de que fiscales federales del Distrito Sur de Nueva York solicitaran órdenes de captura con fines de extradición contra varios de los implicados, a quienes se les atribuye presunta colaboración con el grupo criminal conocido como “Los Chapitos”.
Según documentos judiciales dados a conocer por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la investigación sostiene que existiría una supuesta red de protección política, policial y financiera que habría facilitado operaciones de tráfico de drogas hacia territorio estadounidense y el encubrimiento de actividades ilícitas.
Entre los involucrados mencionados en las investigaciones aparecen Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas; Gerardo Mérida Sánchez, extitular de Seguridad Pública; además de exmandos policiacos y funcionarios municipales acusados de recibir sobornos, filtrar información operativa y colaborar presuntamente con integrantes del crimen organizado.
En la lista también figuran Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal general; Juan de Dios Gámez Mendívil; Juan Valenzuela Millán, comandante de la policía municipal; así como otros servidores públicos bajo investigación por autoridades estadounidenses.
El caso ha generado un fuerte impacto político debido a que Rubén Rocha Moya es uno de los gobernadores emanados de Morena con mayor cercanía al gobierno federal, además de que Enrique Inzunza Cázarez forma parte actualmente del Senado de la República.
Hasta el momento, ni la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ni la UIF han emitido un posicionamiento público oficial confirmando el contenido del presunto acuerdo, aunque medios nacionales sostienen que la instrucción ya fue distribuida a instituciones financieras del país.
Por su parte, el Gobierno de México ha señalado que no existen órdenes de aprehensión nacionales contra los implicados y ha sostenido que cualquier eventual proceso de extradición deberá realizarse conforme a los mecanismos legales y tratados bilaterales vigentes entre México y Estados Unidos.
Enrique Inzunza Cázarez rechazó públicamente las acusaciones y aseguró que demostrará su inocencia, al tiempo que calificó los señalamientos como falsos y carentes de sustento jurídico. Hasta ahora, el gobernador Rubén Rocha Moya no ha emitido una postura amplia sobre las versiones relacionadas con el congelamiento de cuentas.
El caso se perfila como uno de los episodios de mayor tensión política y diplomática entre México y Estados Unidos en materia de combate al narcotráfico, particularmente por involucrar a funcionarios en activo, presuntas operaciones financieras y solicitudes de extradición derivadas de investigaciones federales estadounidenses.
