Del rechazo al pleno: Organizaciones llaman a frenar iniciativa de ley sobre infancias trans

Por Francisco Junco

Ante la intención de Morena de impulsar una reforma a la Constitución de Jalisco que permita a cualquier persona modificar su acta de nacimiento conforme a su autopercepción, diversas organizaciones de la sociedad civil expresaron un rechazo unánime.

Advierten que esta vía abriría la puerta a la llamada “ley de infancias trans”, iniciativa previamente frenada en el Pleno, y sostienen que la propuesta pondría en riesgo el interés superior de la niñez, eje central de la controversia que hoy vuelve a escalar en el debate legislativo.

Y es que la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó el dictamen que permitirá llevar la iniciativa al pleno del Congreso del Estado, luego de un proceso marcado por votaciones divididas y el uso del voto de calidad para destrabar el empate.

Con ello, el proyecto avanza a la siguiente etapa legislativa; sin embargo, hasta el momento no existe una fecha definida para su discusión, lo que mantiene en expectativa a los distintos actores involucrados.

Integrantes de organizaciones civiles y movimientos sociales señalan que la propuesta permitiría decisiones que consideran prematuras en menores de edad, particularmente en torno a la identidad de género, lo que, desde su perspectiva, implicaría riesgos en su desarrollo integral.

Las voces consultadas advierten que, pese a los rechazos previos en el pleno en tres ocasiones, la ruta legislativa no se ha cerrado, sino que se ha reconfigurado mediante una modificación constitucional que ampliaría el alcance de la iniciativa.

Ana Monserrat Cortés, presidenta de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) capítulo Jalisco, señaló que el avance al pleno tomó por sorpresa a las organizaciones, aun cuando continúa la recolección de firmas. Destacó que el avance de estas, como parte de un mecanismo de participación ciudadana para solicitar la revisión de la iniciativa —proceso que, dijo, ya alcanzó el mínimo requerido para iniciar—, ahora busca ampliar su respaldo.

En ese sentido, hizo un llamado a la ciudadanía a involucrarse activamente, ya que “necesitamos que se sumen más padres de familia y ciudadanos, que se informen y participen”, al considerar que este instrumento puede convertirse en una vía para incidir en la decisión del Congreso y obligar a que se escuche a la sociedad.

“Nos sorprendió que se sumara y que ahora, en esta sesión, pasara la iniciativa al pleno del Congreso”, expresó Monserrat Cortés, quien encabeza el colectivo “Respetemos la Infancia”, el cual agrupa a más de 10 ONG, y solicitó a los legisladores que “nos escuchen a los padres de familia, que nos abran espacios de diálogo”.

Cuestionó la insistencia de diputados de Morena en impulsar el tema, pese a antecedentes de rechazo, y consideró que existe una desconexión con la ciudadanía.

“Están ignorando lo que realmente se quiere en Jalisco”, afirmó, al advertir que los diputados de Morena responden a “agendas que vienen desde otros lados”; aunque reconoció a las bancadas que han respaldado a los padres de familia, como Movimiento Ciudadano, el PAN, el PRI y el Partido Verde Ecologista.

Advirtió que mantendrán su estrategia de participación social y que “no vamos a permitirlo; estamos dispuestos a trabajar día y noche”, dijo, en referencia a la recolección de firmas y posibles movilizaciones.

Insistió en que el eje es la niñez, porque “necesitamos que cualquier decisión coloque siempre el bienestar de nuestros niños y su desarrollo integral”.

En tanto, el Frente Nacional por la Familia (FNF) Jalisco, a través de Jaime Cedillo, explicó que el proceso legislativo ha sido complejo y con votaciones divididas en comisión.

“Ya en tres ocasiones se subió a la mesa y se volvió a empatar”, detalló, al señalar que fue el voto de calidad de la presidencia lo que permitió que el dictamen avanzara al pleno. En ese contexto, advirtió que el proyecto no plantea de manera explícita el tema de infancias trans, pero sí introduce cambios de fondo, que consisten en “modificar el artículo cuarto de la Constitución para incluir como un derecho humano la identidad de género autopercibida, sin límite de edad”.

Sobre el fondo, advirtió que “lo vemos como un atentado al interés superior de la niñez”, al considerar que un menor no cuenta con la madurez suficiente para tomar estas decisiones.

También alertó sobre efectos legales, al señalar que “se está generando la posibilidad de una identidad oculta”, lo que podría impactar relaciones civiles o mercantiles.

En el plano político, se mostró cauteloso y apuntó que “seguimos confiados en que pueda haber una ratificación de la voluntad de los diputados”, aunque reconoció incertidumbre en tiempos y formas.

Guillermo Velasco, del movimiento “Por el Bien Común”, calificó la iniciativa como un intento reiterado por impulsar una agenda que, aseguró, ya ha sido rechazada previamente en Jalisco.

“Es la intentona terca de una imposición ideológica”, afirmó, al sostener que tanto la sociedad como sus representantes “ya dijeron que no quieren transigir con este tema”. En su lectura, el nuevo impulso legislativo responde a una estrategia para reintroducir la discusión por otras vías, lo que, dijo, mantiene activo el conflicto en torno a la propuesta.

Planteó que el debate pone a prueba a la clase política local. “Vamos a ver de qué está hecha la clase política en Jalisco”, expresó, al cuestionar si los legisladores mantendrán su postura o cederán ante presiones. En ese sentido, insistió en que el tema no solo es jurídico, sino también social, al advertir que, desde su perspectiva, se estaría dejando de lado “el derecho de los padres de familia a educar” y “el bienestar de los menores”.

Velasco también hizo un llamado a la participación ciudadana y a la vigilancia del proceso legislativo. “Tenemos que estar al pendiente, vigilantes con lupa de lo que pasa en el Congreso”, señaló, al advertir que estas decisiones podrían tomarse “de espaldas a la sociedad”.

Subrayó el peso del electorado en este tipo de discusiones, donde “los ciudadanos tenemos el control por nuestro voto”, concluyó, al anticipar que este tema podría tener repercusiones en futuros procesos electorales.

Rodrigo Solá, también del movimiento “Por el Bien Común”, advirtió que la iniciativa representa, desde su perspectiva, un riesgo en la relación entre el Estado y las familias, al considerar que podría trasladar decisiones clave sobre los menores al ámbito gubernamental.

“Este tipo de leyes le están arrebatando a los papás esa libertad”, afirmó, al sostener que se estaría limitando la capacidad de los padres para decidir sobre la formación y desarrollo de sus hijos. En ese sentido, cuestionó que los menores puedan tomar determinaciones de largo alcance: “¿Cómo un niño va a tener la capacidad para decidir sobre su futuro cuando ni siquiera puede tomar otras decisiones básicas?”, planteó.

Asimismo, señaló que el debate ha sido planteado de manera reduccionista y con tintes ideológicos. “No es un tema de religión, es un tema biológico, social y familiar”, expresó, al considerar que la discusión debe centrarse en el bienestar de los menores y no en posturas polarizadas. Hizo un llamado a revisar el alcance de este tipo de propuestas, porque “no todo lo nuevo es bueno, como tampoco todo lo pasado lo es”, concluyó, al insistir en la necesidad de analizar con cautela las implicaciones de la iniciativa.

En conjunto, las organizaciones no gubernamentales coinciden en hacer un llamado a la movilización social y a la vigilancia del proceso legislativo, al resaltar la necesidad de participación ciudadana, ya sea mediante presión pública, consultas, recolección de firmas o seguimiento a las decisiones del Congreso.