La diputada Alejandra Giadans propone una iniciativa de ley para «cero sustancias al volante»

Por Francisco Junco

La propuesta para incorporar pruebas de detección de drogas en los operativos “Salvando Vidas” abrió en Jalisco una discusión que va más allá de las sanciones de tránsito. La iniciativa presentada por la presidenta de la Comisión de Movilidad y Transporte del Congreso del Estado, diputada Alejandra Giadans, plantea facultar a las autoridades para aplicar pruebas rápidas de saliva a conductores que presenten indicios de manejar bajo el influjo de sustancias prohibidas, con el objetivo de prevenir accidentes y fortalecer la seguridad vial.

La legisladora explicó, en entrevista con Conciencia Pública, que actualmente en Jalisco existe la posibilidad de detener a personas que conducen en estado de ebriedad, pero no a quienes manejan tras consumir drogas ilegales. Señaló que la iniciativa denominada “Cero sustancias al volante” busca llenar ese vacío jurídico mediante reformas a la Ley de Movilidad, aprovechando la infraestructura ya existente de los operativos del alcoholímetro.

“¿Por qué en Jalisco podemos actualmente detener a quien maneja tomado, pero no a quien maneja bajo el influjo de sustancias? Lo que nos hace falta es una legislación que faculte a las autoridades para poder realizar estas pruebas rápidas”, sostuvo la diputada al explicar el fundamento central de la iniciativa.

La propuesta, dijo, no pretende criminalizar el consumo de drogas, sino intervenir cuando el consumo se combina con la conducción de un vehículo. La legisladora insistió en que la discusión debe centrarse en la protección de terceros y en la prevención de accidentes viales, especialmente en una entidad donde los percances automovilísticos continúan representando una de las principales causas de muerte y lesiones.

“No hay que confundir la discusión con el tema de la criminalización por el consumo de sustancias. Aquí lo que está en discusión es que las personas que consuman estas sustancias no agarren el volante, porque lo que queremos con esta iniciativa es salvar vidas”, expresó.

La iniciativa contempla sanciones similares a las ya existentes para conductores alcoholizados. Según explicó la diputada, las personas que resulten positivas podrían enfrentar arrestos de entre 24 y 36 horas, además de multas que oscilarían entre los 16 mil y los 21 mil pesos. Precisó que las medidas encuadrarían dentro de las sanciones actualmente consideradas como de segundo grado en el modelo de alcoholimetría.

En la propuesta también se establece que las pruebas no serían generalizadas para todos los automovilistas detenidos en los operativos. La diputada explicó que las revisiones se aplicarían únicamente cuando los agentes detecten conductas o condiciones que hagan presumir el consumo de sustancias, como alteraciones emocionales, agresividad o comportamientos inusuales.

“Va a ser en caso de que las personas que operan el dispositivo consideren que es necesario, ya sea por la actitud, por la agresividad o por el estado de ánimo de la persona. Primero se le hace la prueba de alcohol y posteriormente la de consumo de sustancias”, puntualizó.

Desde el ámbito técnico y ciudadano, la presidenta de la Federación Iberoamericana de Asociaciones Contra la Violencia Vial, Alma Chávez Guth, consideró viable la implementación de pruebas antidoping en operativos viales en Jalisco, aunque advirtió que el proceso será considerablemente más complejo que el modelo de alcoholimetría actualmente aplicado.

La especialista recordó que diversos países europeos, así como Estados Unidos y Canadá, ya aplican narcotests desde hace varios años. Destacó particularmente el caso de Chile, al que identificó como el único país iberoamericano que realiza pruebas de detección de marihuana, cocaína, anfetaminas, metanfetaminas y opiáceos en controles carreteros.

“En Jalisco puede ser viable, pero se debe tener claro que el camino será mucho más complicado que el que se siguió para las pruebas de alcoholimetría”, advirtió.

Chávez Guth señaló que uno de los principales desafíos será garantizar que la implementación del modelo esté acompañada de capacitación policial, supervisión permanente y mecanismos anticorrupción. Consideró indispensable que la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Fiscalía de Derechos Humanos y colectivos de víctimas viales participen en la vigilancia de los operativos.

“Lo que más me preocupa es la corrupción que se puede dar, lo que daría al traste con esta medida que lo único que busca es salvar vidas y evitar lesiones y discapacidades”, sostuvo.

En materia técnica, explicó que actualmente existen distintos mecanismos para detectar sustancias en conductores: pruebas de sangre, orina y saliva. Cada una tiene alcances y limitaciones distintas. La de orina, dijo, es rápida y económica, pero invasiva; la de sangre es útil en accidentes graves; mientras que la de saliva representa la alternativa más adecuada para operativos viales por ser menos invasiva y más ágil.

La activista detalló que la prueba salival opera en dos etapas. Una primera revisión permite identificar si existe presencia de sustancias ilegales; posteriormente, una segunda muestra enviada a laboratorio determina con precisión qué tipo de droga consumió la persona y en qué concentración. Ese procedimiento, explicó, implica cadena de custodia y protocolos más complejos que los del alcoholímetro convencional.

“En España llaman ‘evidencial’ a esa segunda muestra. Con ella se pueden detectar hasta 40 sustancias diferentes”, indicó.

La diputada Alejandra Giadans aseguró que las pruebas propuestas cuentan con niveles de especificidad de entre 90 y 99 por ciento, además de que no reaccionan frente a medicamentos de uso común como antidepresivos o ansiolíticos. Afirmó que el diseño técnico se elaboró junto con áreas del Poder Ejecutivo y autoridades sanitarias, buscando evitar falsos positivos y proteger derechos.

“Tiene sustento jurídico, sustento técnico y está alineada con la Constitución federal, que protege el derecho a la vida y a la movilidad segura. No partimos de una improvisación”, afirmó.

En paralelo, Alma Chávez Guth enfatizó que la discusión no puede reducirse únicamente a la aplicación de dispositivos tecnológicos. Consideró que la efectividad de una política pública de este tipo dependerá de la credibilidad de los operativos y de la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de aplicarlos.

La especialista recordó que el Operativo Salvando Vidas tuvo reconocimiento nacional en sus primeros años precisamente por sus mecanismos de supervisión y transparencia. Sin embargo, advirtió que en los últimos años se han encendido “focos rojos” relacionados con presuntos actos de corrupción y complicidad, lo que podría afectar la legitimidad de nuevas medidas.

“Sin corrupción se puede lograr”, resumió al referirse a los desafíos vinculados con la cadena de custodia, posibles controversias por falsos positivos y respeto a los derechos humanos.

La diputada reconoció que la iniciativa aún se encuentra en una etapa inicial. Explicó que fue presentada formalmente y será turnada a la Comisión de Movilidad y Transporte del Congreso local para su análisis y dictaminación. Posteriormente, deberá ser discutida y votada por el pleno legislativo.

Aunque evitó adelantar tiempos definitivos, expresó su expectativa de que la reforma pueda aprobarse antes de diciembre para entrar en operación durante los primeros meses del próximo año. También aseguró que ya existe conocimiento previo de la propuesta entre distintas fuerzas políticas y que espera construir consensos suficientes para sacar adelante la reforma.

“El mensaje central es crear conciencia. La decisión de consumo es un tema privado, pero la decisión de tomar el volante bajo el influjo de sustancias ya es un tema de índole pública”, puntualizó la legisladora.