JALISCO
La justicia y su valor democrático: Proceso abierto en elección del presidente del Poder Judicial
Análisis del magistrado Luis Enrique Villanueva Gómez //
Nuestro país ha tenido a lo largo de su historia muchos problemas para alcanzar mejores niveles de bienestar y crecimiento, debido a la arraigada costumbre de no respetar el orden, la legalidad y el estado de derecho como vía para fomentar una plena y sana convivencia entre los ciudadanos.
Una sociedad donde la mayoría de las personas tienen la convicción en que el Estado social, democrático y de derecho ofrece la mejor oportunidad a largo plazo para asegurar sus propios derechos y lograr sus objetivos, es lo que constituye una auténtica cultura de la legalidad, donde la mayor parte de las personas se esfuerzan por ajustarse al marco de derecho para promover la convivencia pacífica, solidaria y cívica.
Sin duda, la cultura de la legalidad es uno de los elementos importantes en la construcción y definición de un Estado Democrático de Derecho.
Existe un amplio debate en torno a la forma en que opera la Justicia en el país y en Jalisco, controversia que también debe incluir la voz de los impartidores de justicia en su responsabilidad por la construcción del estado y de la nación a la que aspiramos todos.
ESTADO DE LA JUSTICIA EN JALISCO
En efecto, una de las más importantes y urgentes asignaturas que tiene el estado de Jalisco es la modernización de las formas y procesos de impartición y seguimiento de la justicia en todas las materias que le competen.
La pandemia en que aún transitamos, trajo a Jalisco, además del contagio y las lamentables pérdidas de vidas, también la exhibición y confirmación de una contundente y dolorosa verdad: la impartición de justicia está sumida en un mar de obsolescencias.
La suspensión de términos decretada por los correspondientes órganos de gobierno de las instituciones del poder judicial, pusieron en evidencia que la jurisdicción en Jalisco no sabe ni le ha interesado la utilización de las tecnologías de la información para modernizar, agilizar y facilitar el acceso al servicio público de justicia.
Y es que desde hace más de dos décadas el Poder Judicial ha dejado en el olvido la modernización de sus procesos y la correspondiente sistematización necesarias para guardar congruencia con el desarrollo de las tecnologías, ha ignorado la lacerante realidad social y el impulso normativo regional que nos ha rebasado fácilmente dejándonos en lejanos últimos lugares en el concierto nacional, muy distante de la tradición jurídica que nos distingue y de la importancia económica que tiene la entidad.
Si bien los recientes esfuerzos realizados como reacción ante la emergencia sanitaria son plausibles, también debe contextualizarse adecuadamente en especial cuando lo que se requiere es un profundo cambio en la cultura de la justicia que modifique la percepción de la sociedad que es de desconfianza, de tardanza, de impunidad y obsolescencia en los procesos y las estructuras de impartición de justicia.
RIESGOS Y RETOS DE LAS DEFICIENCIAS DE LA JUSTICIA
En términos generales la percepción social de las condiciones de la impartición de Justicia en el Estado no es buena, lo que obliga a plantear soluciones de fondo y medidas de largo alcance que no solo resuelvan los problemas ya existentes sino que también eviten en surgimiento de otros en el corto y mediano plazo.
Es necesaria la coordinación entre los distintos poderes y niveles de gobierno para que un conjunto con la ciudadanía se encuentren las mejores alternativas que propicien un Poder Judicial fuerte y sólido, que permita que Jalisco recupere, en su caso, y mantenga los primeros lugares en la escala nacional en competitividad, ingreso per cápita y calidad de vida.
En otras palabras, se requiere consolidar la administración eficiente de justicia a través de un Poder Judicial independiente, autónomo, moderno, certero, accesible y transparente que con decisiones contundentes y oportunas propicie que la impartición de justicia sea el motor del desarrollo y de la colaboración participativa de todos los sectores generando confianza, armonía y paz social a los jaliscienses.
LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
La participación ciudadana en los procesos administrativos y jurisdiccionales resulta indispensable para enriquecer incluso los trabajos legislativos en temas de justicia con opiniones acerca de las dificultades de litigantes y usuarios en aspectos procesales que con su mejora, darían agilidad y oportunidad a la resolución de las controversias jurídicas de los jaliscienses.
Poner a disposición de la sociedad, la información del trabajo y la administración y aplicación de los recursos públicos, no solo es un imperativo legal, también debe ser una actitud permanente en las dependencias oficiales de cualquier nivel de gobierno porque en ello estriba uno de los reclamos más álgidos de los jaliscienses a sus instituciones.
Estar abiertos a atender y proporcionar cualquier necesidad de información que no comprometa la seguridad jurídica de las partes y la violación de sus derechos, es una responsabilidad que debe asumirse por las instituciones judiciales sin restricciones ni evasivas.
El aprovechamiento de los avances tecnológicos en las actividades cotidianas y la implementación de herramientas electrónicas para la gestión judicial, debe ser una constante en los órganos jurisdiccionales, a fin de acercar con toda oportunidad la justicia a la sociedad y generar mejores controles que inhiban conductas irregulares.
La utilización de las utilerías tecnológicas más novedosas para difundir el accionar jurisdiccional y la comunicación de las actividades, funciones, necesidades, limitaciones y novedades de los órganos del poder judicial, facilitarán gradualmente la socialización y el reconocimiento de la importancia de la difícil función de administrar justicia.
En la medida que los jaliscienses conozcan las responsabilidades, alcances y facultades del Poder Judicial, estarán en posibilidades de evaluar, reclamar y reconocer con conocimiento y justificación el desempeño de jueces y magistrados en una retroalimentación simultánea que no tiene ángulo de desaprovechamiento alguno.
En conjunto, una cultura de la legalidad facilita enormemente al estado y la sociedad para diseñar con tranquilidad y confianza el trazo que debe seguir rumbo al desarrollo al que legítimamente se aspira.
La consolidación del estado de derecho pasa forzosamente por la participación activa e infranqueable de todos los componentes de la sociedad jalisciense.
EL PAPEL DE LOS OPERADORES DEL DERECHO
Ante ese panorama, lo que también deja en claro la pandemia es que el Poder Judicial requiere a gritos la participación de los operadores del derecho, los sectores productivos y en general de la sociedad en su conjunto en cada uno de los procesos judiciales, aportando sugerencias y mejoras y supervisando su ejecución y sanción, sin influir desde luego en la independencia y autonomía de sus resoluciones, para lo cual deben aprovecharse los vehículos y medios que lo permitan y lo promuevan.
Mejorar el funcionamiento del sistema de justicia en Jalisco es una tarea y responsabilidad de todos, pero somos quienes formamos parte de sus operadores jurídicos quienes debemos comenzar el proceso, nunca será suficiente cualquier esfuerzo cuando no exista la voluntad para iniciar el cambio transicional urgente y necesario.
Quienes nos formamos aquí, quienes tenemos carrera judicial y quienes formamos parte en este momento del Poder Judicial estamos obligados a promover permanentemente la mejora de la justicia en Jalisco.
Sólo quien asume responsablemente aquí su función conoce la importancia y trascendencia del actuar jurisdiccional y con ello promueve su adecuado desarrollo y fortalecimiento.
Estamos obligados a ser iniciadores de una nueva cultura de acercamiento y colaboración de la sociedad con sus instituciones judiciales y con ello mantener el reconocimiento de calidad y profesionalismo que tradicionalmente distingue a los juristas jaliscienses.
LA NECESIDAD DE DEBATIR
Estoy convencido que el servicio público y más uno tan sensible como lo es el de justicia, debe contar con los mecanismos suficientes para adecuarse a las necesidades de una sociedad cada vez más informada, más demandante, mas intercomunicada e interactuar invariablemente con los ciudadanos para su mejora continua, por ello en los tiempos actuales y especialmente frente a necesidades de carácter extraordinario debemos ser capaces de ajustarnos a las nuevas normalidades, para emprender acciones inmediatas con amplia cobertura y alto impacto a partir de la automatización de procesos jurisdiccionales en las materias competentes, abatiendo el marcado rezago en innovación tecnológica, lo cual implica de inicio la transición de los tradicionales sistemas de consulta hacía los modelos de expediente virtual, tribunales electrónicos y tribunales inteligentes.
Es urgente proponer una estrategia inaplazable para replantear las formas y modalidades de administrar justicia en Jalisco, aplicando estrategias de innovación sectorizadas y planeando racional y estratégicamente la implementación de muy diversos aplicativos informáticos ya presentes en la vida de las personas, para que de manera natural sean también instrumento cotidiano de la relaciones entre gobierno y gobernados, así como entre tribunales y justiciables.
UNA LEGÍTIMA ASPIRACIÓN
Tengo la voluntad de servir a mi Estado de toda manera que sea posible pero especialmente aspiro a representar a la institución en la que me he desarrollado, a la que conozco desde sus entrañas, para lo cual además me he preparado en todos los aspectos.
He generado en consecuencia una inercia virtuosa en un grupo de compañeros que comparten ese compromiso y vocación institucional concentrando el minucioso diagnóstico, el análisis de las causas y efectos así como el amplio cúmulo de propuestas de mejora en un proyecto metodológico, sistemático y profesional que además se ha socializado con los diversos sectores productivos, académicos y gremiales de operadores jurídicos que sin duda han enriquecido la obra al grado de estar lista para su puesta en marcha a partir del primer día de enero del próximo año, dejando abierta siempre la posibilidad de discutir las oportunidades de mejora continua.
PONDERACIÓN DE PROYECTOS
Estoy consciente que hay alternativas con el mismo propósito, pero también sé que no podemos sumergirnos en una lucha sin cuartel como si de una contienda electoral constitucional se tratara, el tema y la gravedad de la justicia en Jalisco nos dejan la experiencia de buscar los mecanismos de difusión más adecuados, de provocar la participación ciudadana organizada en los procesos y de privilegiar el interés del estado por encima de cualquier otro, cuando se trata del futuro de una sociedad más justa, moderada y tolerante, de ahí que propongo una confrontación de proyectos y su deliberación pública.
Porque estoy convencido que el debate constructivo, el diálogo abierto y generoso, la conversación prudente y el razonamiento formativo son sin duda los ejes que deben marcar el rumbo de las instituciones judiciales, dado el valor democrático de que se trata.
Reitero aquí, mi plena disposición para trabajar desde de las instituciones de Justicia de Jalisco a la par con los colegios y barras de abogados, la comunidad universitaria, sectores productivos y todos aquellos quienes tengan interés en dotar al estado de las mejores y más modernas herramientas jurídicas que contribuyan al desarrollo sostenido de la entidad.
Jalisco es cuna de grandes juristas que han realizado enormes aportaciones a la vida jurídica nacional, por lo que el espacio de debate que se propone es, sin lugar a dudas, un excelente ejercicio para continuar en la formación y aprovechamiento de los talentos que tenemos.
Tenemos la gran oportunidad de rediseñar la justicia en nuestro estado, para convertirla en el referente nacional que le corresponde, aprovechemos la coyuntura y demos a Jalisco el sistema judicial que necesita para crecer como todos lo deseamos.
– Por Francisco Junco
La diputada de Morena Brenda Carrera García, presentó una propuesta que busca tipificar con claridad la fabricación de pruebas materiales falsas para inculpar a una persona en un proceso judicial.
La legisladora advirtió sobre el vacío jurídico que actualmente permite que este tipo de conductas no tengan una sanción específica en el Código Penal del Estado.
Carrera García explicó que el artículo 168 del Código Penal vigente contempla conductas como declarar falsamente ante la autoridad, simular pruebas para exculpar, incurrir en falsedad como perito o realizar llamadas falsas al 911.
Sin embargo, subrayó que no existe sanción expresa para quien “con el propósito de inculpar a alguien de un delito, simule pruebas materiales en su contra”, lo que deja sin protección a personas inocentes frente a acusaciones fabricadas.
La legisladora sostuvo que la impunidad es el telón de fondo de este problema.
Recordó que, según datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del INEGI, de cada diez delitos denunciados en Jalisco apenas el 8.4% llegan a investigación y menos del 1% termina en una sentencia efectiva. “Esto evidencia que el sistema de justicia privilegia la inacción sobre la justicia”, expuso.
Como ejemplo de la gravedad del fenómeno, relató el caso de un conductor de plataforma digital que fue amenazado con denuncias falsas de acoso por parte de una usuaria.
El chofer logró demostrar su inocencia únicamente porque grabó la conversación; de lo contrario, pudo haber enfrentado una condena injusta.
También mencionó situaciones en las que hombres, aprovechando su posición económica, fabrican testigos y hechos falsos para obtener la custodia de los hijos o privar de la libertad a su pareja.
“Muchos hombres o mujeres hoy reciben un castigo injusto o están privados de su libertad porque se falsearon los hechos. Eso no puede suceder más sin recibir un castigo ejemplar”, declaró Carrera García. Agregó que fabricar pruebas falsas vulnera derechos fundamentales como la defensa, la verdad y la seguridad jurídica, por lo que urge endurecer las sanciones.
La diputada concluyó que la iniciativa busca proteger al inocente, fortalecer la institucionalidad y desincentivar las prácticas deshonestas que minan la confianza pública.
“Presentamos este decreto porque consideramos que la ley debe estar al nivel de la problemática real y defender los derechos fundamentales de las personas. Nadie debe enfrentar consecuencias bajo acusaciones falsas sustentadas en pruebas fabricadas”, puntualizó.
– Por Mario Ávila
Con la certeza de que a Jalisco no le faltará agua, el diputado Ricardo Monreal dijo respaldar el plan hídrico de la presidenta Claudia Sheinbaum y por ende la construcción del acueducto de la Presa Solís que llevará agua León, Guanajuato.
En visita a Jalisco donde tuvo lugar la cuarta reunión plenaria de la Primera Circunscripción, con la presencia de 52 diputados federales de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sonora, Sinaloa, Nayarit y Jalisco, Monreal Avila, coordinador del grupo parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura dijo conocer el tema regional en donde hay una aparente polémica por la construcción del acueducto en la Presa Solís.
Sobre el tema expuso: “Yo diría a la gente de Jalisco que no debe de preocuparse, porque la presidenta Claudia Sheinbaum, ha indicado que se haga un plan hídrico nacional, porque el compromiso y el propósito de ella es dotar de agua potable a los lugares donde no existe y quiere dotar de agua a la región de Jalisco, pero también compartir la responsabilidad con la infraestructura nueva a otras entidades federativas”.
Y abundó: “Nosotros como grupo parlamentario, vamos a respaldar el plan hídrico y obviamente vamos a propugnar porque a Jalisco no le falte agua, pero hay que sanear el organismo que está en Jalisco, estoy enterado de algunas cosas… porque esa una decisión del Estado, no quisiera meterme a eso, pero en el tema federal sí hay toda la intención de la presidenta de la República de crear infraestructura y garantizar el agua en lugares donde actualmente no la tienen”.
– Por Francisco Junco
El escándalo en torno al auditor superior del estado de Jalisco, Jorge Ortiz Ramírez, llegó hasta el Senado de la República, donde legisladores de Morena y del PAN exigieron su renuncia tras revelarse, a través de una solicitud de transparencia, que no cuenta con el título de doctor que presume en su currículum.
Para los senadores, se trata de un engaño grave que mina la credibilidad de la institución encargada de vigilar el buen uso de los recursos públicos.
El senador panista, Mario Vázquez, fue enfático al señalar que una falta de este tipo deslegitima el trabajo de la Auditoría Superior.
“¿Qué calidad obtendrían sus observaciones, sus hallazgos, de quien preside esta función tan importante como es la auditoría y la revisión de las cuentas de los municipios y del estado? ¿Qué calidad moral y qué calidad profesional pueden tener los resultados del trabajo de este señor, que no tiene ningún escrúpulo en autoadjudicarse un título académico que no le corresponde?”, cuestionó.
El senador panista añadió que “la mentira no puede ser el sello del servicio público” y subrayó que el caso amerita la salida inmediata de Ortiz Ramírez.
“El servicio público debe ser abierto, limpio, sin mayor interés que el favorecer al bien común y a la población en México. Si mienten en este tipo de situaciones, obviamente también mienten a la ciudadanía cuando informan. Le mienten a la gente pensando que por su supuesta trayectoria académica tienen méritos para estar en esa posición. Eso es muy lastimoso”, advirtió.
El legislador blanquiazul incluso hizo un llamado a la dignidad del propio auditor: “Es una actitud de autorreconocimiento, para que ellos mismos renuncien, si no se da el caso de que los den de baja en la función que ostentan.
Que renuncien por dignidad, si es que les queda algo de dignidad, y dejen que gente preparada y que pueda acreditar sin mentiras su trayectoria profesional cumpla esas funciones”.
Desde Morena, el senador Emmanuel Reyes Carmona coincidió en que el caso no sólo es un problema ético, sino también económico, pues distorsiona el mercado laboral público al desplazar a perfiles competentes y generar costos elevados por decisiones mal fundamentadas.
“Me pronuncio porque ningún nombramiento de alta responsabilidad avance sin constancia pública de cédula y comprobación documental. La ciudadanía tiene derecho a saber quiénes toman decisiones sobre sus recursos, seguridad o salud”, declaró.
Reyes Carmona fue más allá al proponer medidas estructurales y señaló que la verificación obligatoria de títulos en el Registro de Profesiones antes de cualquier nombramiento, sanciones administrativas y penales contra quienes se ostenten con documentos falsos, y auditorías periódicas de credenciales en los tres órdenes de gobierno.
“El Estado y los servidores públicos tenemos la obligación de poner a la vista los registros, porque de otra manera, ¿cómo pueden confiar en nosotros?”, sentenció.
En medio de esta polémica, la Auditoría Superior del Estado de Jalisco difundió en sus redes sociales una publicación con la imagen de un título expedido por el Instituto Nacional de Administración Pública, en el que se acredita a Jorge Alejandro Ortiz Ramírez como Doctor en Administración Pública.
“Ante alusiones relativas a su grado académico, ponemos a su disposición el siguiente título que acredita al Auditor Superior del Estado de Jalisco, Jorge Alejandro Ortiz Ramírez, como doctor en Administración Pública”, señala el post de redes sociales, aunque el asunto es la solicitud de la cedula profesional, no del titulo.
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