NACIONALES
De empresa productiva a símbolo patriotero
Opinión, por Luis Manuel Robles Naya //
Soberanía es el concepto en que se basa el propósito presidencial de recuperar el poder de decisión del gobierno en las dos grandes empresas productivas del Estado Mexicano y debemos desprender, de la confusa retórica oficial, que en el fondo es más la obsesión por el dominio, el ejercicio absoluto del poder, que un diseño estratégico de crecimiento.
En los estados modernos, la soberanía, o el poder absoluto del soberano se encuentra constreñido por la Constitución, las leyes, que controlan e impiden que, como en las sociedades feudales medievales, el soberano sea omnipresente, omnicompetente y que sea él quien intervenga en cualquier cuestión sin permitir que otras instancias decidan.
México había entrado en ese canal de modernidad y control democrático del poder, disminuyendo las pretensiones absolutistas y el dominio hegemónico de partidos, mientras en la administración pública la técnica y la especialización iban abriéndose paso en las instituciones. El nuevo concepto de soberanía estaba marcado por la realidad de una sociedad más pluralista y democrática así como el carácter que han tomado las nuevas relaciones internacionales y el comercio. Por ello es absurdo que ahora, arguyendo razones de soberanía se imponga la sola voluntad del soberano, inspirada en conceptos medievales.
La racionalidad parece estar ausente en la toma de decisiones, como nunca antes centralizadas, envueltas en una lógica incomprensible por la ausencia de sentido común. Se dice que es necesario ser autosuficientes para garantizar la no dependencia del exterior sobre los energéticos y se elude el hecho de que las reservas petrolíferas del país van en descenso con reservas probadas suficientes para nueve años, si creemos el segundo informe presidencial. Según una evaluación de Fitch Ratings hecha en mayo de 2019, si la empresa estuviera invirtiendo a nivel suficiente para estabilizar su producción y reponer sus reservas, su déficit de flujo de efectivo sería entre 12 y 17 mil MDD. Por lo menos desde 2014, los ingresos que genera PEMEX han venido descendiendo mientras las transferencias aumentan, y con ello el riesgo para las finanzas públicas, como lo han venido advirtiendo las calificadoras internacionales como Moody’s, Fitch Ratings, y HR Ratings.
En 2018, PEMEX recibió 27 mil millones de dólares de transferencias directas, más una reducción de 1,100 millones de dólares (mdd) en su carga impositiva. En 2019, el apoyo total a la empresa superó los 5,500 mdd, incluida la reducción de impuestos, exenciones fiscales, inyección de capital y amortización de bonos del gobierno para pago de pensiones.
Desde el periodo de gobierno de Ernesto Zedillo hasta el de Enrique Peña Nieto, PEMEX ha pagado impuestos que se encuentran por encima del cien por ciento de sus ganancias, generando como consecuencia una deuda de aproximadamente 110 mil 300 millones de dólares, misma que sigue en aumento. Para darle viabilidad, el gobierno ha seguido disminuyendo la carga fiscal y el 19 de febrero se publicó un decreto que otorga a Pemex un estímulo fiscal acreditable al pago de derechos por utilidad compartida por un monto de 73,280 millones de pesos. No obstante el flujo de apoyo económico, la situación de la empresa no mejora. La Fundación de Estudios Financieros A. C. (FUNDEF), señaló en febrero de 2021, que rescatar Pemex podría costar hasta 3 billones de pesos, el 12% del PIB.
Eso nos lleva a preguntar ¿Dónde está la racionalidad y cuál es el beneficio de ser autosuficientes? Sin racionalidad técnica ni programática, entendidas solo como una declaración soberana, inútil, porque nadie lo discute, de que el poder lo tiene el gobierno y no quienes ostentan el poder económico, las decisiones políticas tienen un alto costo y son, en contrario de lo que se intenta, un pesado lastre para el desarrollo nacional.
El alto costo de rescatar Pemex y lo riesgoso de una economía dependiente del petróleo ya había sido observado por administraciones anteriores y por ello se optó por darle mayor libertad como empresa que, manteniendo sus activos y los derechos sobre el recurso, obtuviera utilidades y generara impuestos sin los altos costos de su operación obsoleta. Dichas reformas están siendo revertidas aduciendo recobrar el control de la soberanía y la autosuficiencia, reduciendo la exportación de crudo y destinando la producción al consumo doméstico; es decir, al consumarse la transformación dejaremos de recibir dólares por la venta de crudo y obtendremos pesos por la venta de productos refinados en el mercado nacional, con producción subsidiada para mantener bajos los precios al público. Tal política no ha resultado exitosa en Venezuela que tiene 50 veces más reservas probadas que México.
Por donde se vea no existe racionalidad económica ni viabilidad estratégica en el objetivo manifestado de devolver a Pemex su papel como palanca del desarrollo. El alto costo que representa actualmente y en el futuro, gravita negativamente sobre las finanzas públicas, reduce la posibilidad de inversión en infraestructura, servicios y asistencia social. Con un horizonte limitado por la dimensión de las reservas, la tendencia mundial al uso de energías alternativas y la dependencia creciente de las transferencias gubernamentales, la única utilidad que puede arrojar el “rescate” de Pemex es su utilización para desplantes patrioteros y demagógicos.
– Por José Modesto Barros Romo, Conciencia Pública
El internet de ultra velocidad ya no es un asunto de ciencia ficción, sino un campo estratégico donde las potencias tecnológicas definen su hegemonía. Japón, China y, en menor medida, México, han roto en este año barreras históricas de transmisión de datos, cada uno desde trincheras distintas, pero con un objetivo común: asegurar ventajas en la economía digital del siglo XXI.
Japón sorprendió al mundo al anunciar que sus científicos del Instituto Nacional de Información y Comunicaciones Tecnológicas (NICT) lograron transmitir datos a 1.02 petabits por segundo a través de fibra óptica.
Se trata de un récord mundial que equivale a descargar en un segundo la información de más de 10 millones de videos en alta definición, el equivalente a todo el catálogo de Netflix en un solo segundo.
Más allá de la hazaña técnica, el logro japonés envía un mensaje claro: su apuesta es consolidar infraestructuras terrestres estables y de larga distancia, con la mira puesta en mantener la competitividad industrial frente a China, Estados Unidos y Europa.
El gigante asiático, por su parte, libra otra batalla: el dominio del espacio inalámbrico. China Mobile reveló que en una red experimental de 6G alcanzó velocidades de 280 gigabits por segundo, descargando un archivo de 50 GB (unas 25 películas de mediana calidad) en apenas 1.4 segundos.
A esto se suman proyectos universitarios que exploran transmisiones en frecuencias en terahercios y enlaces satelitales de 100 Gbps, tecnologías que se perfilan como piezas centrales en la construcción de un ecosistema digital global, donde China pretende marcar la pauta a la espera lanzar comercialmente las redes 6G para el año 2030 en todo su territorio.
La estrategia china es evidente: no se conforma con desplegar infraestructura terrestre, busca liderar el futuro de las comunicaciones en el espacio y en el aire, donde se definirá el control de datos y, con ello, el poder geopolítico. De ahí que los experimentos en 6G no solo representen avances científicos, sino una carta de presentación en la carrera tecnológica frente a los estadounidenses, japoneses y los europeos.
México, en contraste, aparece con un logro más modesto pero simbólico. El año pasado la empresa Megacable, en alianza con Nokia, alcanzó 1.1 terabits por segundo en pruebas de fibra óptica de larga distancia.
No es un récord mundial ni una revolución en telecomunicaciones (aunque sí es un hito a nivel Latinoamérica, equivalente a descargar un videojuego como Call of Duty: Modern Warfare III en un segundo). Esta es una señal de que nuestro país busca modernizar su infraestructura digital con miras a los próximos años.
El reto está en si estos avances se traducirán en beneficios reales para los ciudadanos o quedarán como demostraciones técnicas en un país donde millones aún carecen de acceso a internet estable.
La comparación es reveladora: mientras Japón apuesta por la perfección de la fibra, China por la supremacía inalámbrica y espacial, México apenas intenta ponerse al día. El dilema nacional es mayúsculo: ¿apostar por ser solo consumidores de tecnologías extranjeras o trazar un plan estratégico que coloque a la región en la disputa global por la soberanía digital?
Lo cierto es que el internet del futuro no será solo más rápido; también será la nueva frontera de poder. Quien controle las redes de transmisión controlará la información, la seguridad nacional y el desarrollo económico. Japón y China ya están en esa carrera. México, como suele ocurrir, observa desde la periferia.
– Por Redacción Conciencia Pública
El Gobierno de México anunció su intención de imponer un arancel del 50 por ciento a los automóviles importados de países asiáticos sin tratados de libre comercio, como China, India, Corea del Sur, Tailandia e Indonesia.
La medida, que representa un salto desde el 20 por ciento actual, busca frenar la entrada masiva de vehículos de bajo costo que, según autoridades federales, ponen en riesgo la competitividad de la industria automotriz nacional.
El anuncio forma parte de un paquete de reformas arancelarias que pretende abarcar importaciones por alrededor de 52 mil millones de dólares.
Además de los automóviles, se contempla aplicar nuevos gravámenes de entre el 10 y 50 por ciento a productos como acero, textiles, motocicletas y juguetes. De acuerdo con la Secretaría de Economía, la estrategia busca proteger más de 325 mil empleos vinculados directamente con el sector automotriz y manufacturero en el país.
La iniciativa surge en un contexto de presiones internacionales. Estados Unidos ha insistido en que México reduzca su dependencia comercial de China, en el marco de la revisión del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC). Washington considera que el ingreso creciente de autos eléctricos chinos, ensamblados a precios muy por debajo del mercado, amenaza con desestabilizar la cadena de valor regional que sostiene al acuerdo trilateral.
El Gobierno de México justifica la medida en el terreno de la defensa comercial, argumentando que los vehículos provenientes de Asia están siendo vendidos por debajo de los precios de referencia, lo cual constituye una práctica desleal.
El arancel del 50 por ciento es el máximo permitido por la Organización Mundial de Comercio (OMC) y colocaría a México como uno de los países más restrictivos frente a las importaciones automotrices chinas.
No obstante, la propuesta aún debe pasar por el Congreso de la Unión, donde se espera un intenso debate entre los defensores de la industria nacional y quienes advierten que un aumento de esta magnitud podría repercutir en la inflación y en el bolsillo de los consumidores.
Aunque el partido en el poder cuenta con mayoría, especialistas prevén que habrá presiones de distintos sectores empresariales antes de que se concrete la votación.
De aprobarse, los nuevos aranceles modificarían de manera sustancial el mercado automotriz en México, elevando los precios de las marcas asiáticas y obligando a las armadoras a replantear sus estrategias de inversión y distribución.
Para el gobierno, se trata de una medida necesaria para proteger a la industria nacional; para los críticos, una apuesta arriesgada que podría tener costos económicos y políticos de gran alcance.
– Por Redacción Conciencia Pública
La economía de los países del TMEC —Estados Unidos, México y Canadá— atraviesa un escenario de creciente incertidumbre marcado por la desaceleración del crecimiento y las presiones inflacionarias.
Aunque ninguno de los tres socios comerciales ha entrado oficialmente en un proceso de estanflación, los riesgos de caer en este fenómeno se han intensificado en los últimos meses debido a las tensiones comerciales, las tarifas arancelarias y el enfriamiento de la actividad productiva.
En el caso de Estados Unidos, analistas y organismos internacionales han señalado la presencia de un entorno conocido como “stagflation-lite”: una versión leve de estanflación caracterizada por inflación persistente y crecimiento económico débil.
Las tarifas impuestas a México, Canadá y otros socios han encarecido bienes y servicios, lo que eleva los precios al tiempo que limita la competitividad. La Reserva Federal ha reconocido la complejidad del momento, pero evita hablar de una estanflación plena como la de los años setenta.
Canadá enfrenta también un panorama complicado. Su crecimiento económico se ha frenado y diversos sectores productivos anticipan pérdidas importantes debido a los aranceles de Washington. Medidas de emergencia como el programa “Buy Canada” buscan proteger empleos y mitigar el impacto en la industria automotriz y energética, aunque las proyecciones apuntan a la posible pérdida de decenas de miles de empleos si las tensiones comerciales se prolongan. La inflación no ha escalado con la misma fuerza que en Estados Unidos, pero el riesgo de estanflación no se descarta.
México, por su parte, lidia con un crecimiento prácticamente nulo, con estimaciones de apenas 0.4 % del PIB en 2025, lo que coloca al país al borde de la recesión. A diferencia de sus socios, la inflación mexicana se ha mantenido moderada, en torno al 3.5 % anual, dentro del rango objetivo del Banco de México.
No obstante, la combinación de bajo dinamismo económico y presiones externas genera preocupación. El banco central ha optado por recortar tasas de interés en un intento de estimular la economía sin perder el control inflacionario.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y otros organismos han advertido que la política de tarifas en Estados Unidos está generando un “shock de oferta” que afecta no solo al propio mercado estadounidense, sino también a Canadá y México.
El encarecimiento de insumos y bienes intermedios repercute en las cadenas de suministro de la región, golpeando la inversión y elevando los costos para las empresas y consumidores.
En conjunto, el TMEC enfrenta un escenario de alto riesgo: crecimiento bajo, tensiones comerciales y presiones inflacionarias que ponen en entredicho la estabilidad económica regional.
Aunque la estanflación no se ha instalado de manera formal, la combinación de factores actuales mantiene a los tres países al filo de este fenómeno, lo que obliga a sus gobiernos y bancos centrales a buscar estrategias coordinadas que eviten repetir una crisis como la de los años setenta.
👉 Este cuadro ayuda a visualizar rápido que ninguno de los tres socios está formalmente en estanflación, pero todos enfrentan presiones distintas: EE. UU. por inflación, México por bajo crecimiento y Canadá por el impacto de las tarifas arancelarias impuestas por Donald Trump:
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