NACIONALES
Buscan apagar el fuego de la «casa gris» con gasolina: Piden que investigue el gobierno de EEUU

Crónicas Depacheco, por Daniel Emilio Pacheco //
«Soy un ciudadano privado y no tengo injerencia alguna en el Gobierno de México. Mis ingresos provienen al cien por ciento de mi trabajo en Houston. No hubo ni habrá conflicto de interés. Les pido respeten mi vida privada y la de mi familia», aseguró José Ramón López Beltrán, luego de más de dos semanas de esperar una reacción al reportaje presentado por Carlos Loret de Mola en LatinUS.
Así respondía el hijo del presidente López Obrador a la polémica generada por su estilo de vida en Estados Unidos, dijo que desde 2020 trabaja en Houston, Estados Unidos, como asesor legal y de desarrollo para la compañía KEI Partners.
Sin embargo, el hijo del presidente López Obrador, debió de revalidar sus estudios en Estados Unidos, pues al ser totalmente diferente la ley y los procedimientos legales en aquel país, debió casi volver a estudiar la carrera, y hasta ahora no se ha encontrado documentos ni referencias que acrediten eso.
Al estar trabajando en los Estados Unidos desde hace más de dos años, José Ramon López Beltrán debió de darse de alta en el IRS (Internal Revenue Service). El Servicio de Impuestos Internos, también conocido como Servicio de Rentas Internas, que es la instancia federal del Gobierno de los Estados Unidos encargada de la recaudación fiscal y del cumplimiento de las leyes tributarias, cualquier persona que trabaje en EU debe presentar su declaración de impuestos año con año, sí sus ingresos brutos son mayores a $10,400 dlls anuales, es decir, $866 dlls al mes, tiene que hacer su declaración anual a fuerzas, por tanto, se está esperando conocer las declaraciones realizadas los dos años anteriores del hijo de López Obrador.
Sí como dice José Ramon López Beltrán, trabaja como asesor legal y de desarrollo para la compañía KEI Partners, esta compañía debió también darlo de alta y declarar que le paga ese sueldo al hijo del presidente de México.
Otras de las acciones que debió realizar José Ramón López Beltrán al empezar a trabajar en Texas es darse de alta en la Texas Workforce Commission (TWC), que es la agencia estatal encargada de supervisar y proveer servicios de desarrollo de fuerza de trabajo a empleadores y solicitantes de empleo de Texas.
Debió además de pagar Medicare y Social Security, si es verdad, que sus ingresos para vivir vienen de su trabajo, el hijo del presidente puede presentar esas declaraciones anuales, y los pagos correspondientes tanto al IRS como al TWC, así terminaría con cualquier duda sobre su forma de ingresos financieros.
Como empleado, el hijo de López Obrador tiene que recibir una forma W2 o la forma 1099 como self-employed, también puede presentarla y terminar con los dimes y diretes.
También hubo respuesta por parte de Carolyn Adams, esposa de José Ramón López Beltrán, quien según Latinus y Mexicanos contra la Impunidad y la Corrupción (MCCI) trabajó para Baker Hughes, compañía energética que, según el reportaje presentado por Carlos Loret de Mola fue beneficiada por el Gobierno de México.
Carolyn Adams, declaró que nunca ha trabajado ni colaborado para Baker Hughes y presentó screenshots de una conversación de mensajes, como explicación del acuerdo de renta de la mansión donde vivió con el hijo mayor de López Obrador.
«Aquí se tiene que usar un agente inmobiliario con licencia y rara vez se conocen las partes (arrendador y arrendatario). Todo se hizo bajo formalidad, reglas y requisitos estadounidenses: contrato depósito en garantía, rentas mensuales», afirmó Adams.
Sin embargo, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) informó la noche de este viernes que dicha operación no fue registrada en el sistema que utilizan los agentes de bienes raíces en Texas.
A través de un comunicado, MCCI señaló que, tres agentes inmobiliarios confirmaron que el supuesto arrendamiento de la propiedad valuada en poco más de un millón de dólares (20 millones 800 mil pesos) no está registrada en el sistema MLS (Multiple Listing Service), a la que únicamente pueden acceder quienes son miembros de la asociación de Agentes de Bienes Raíces de Houston (HAR, por sus siglas en inglés).
“Si rentaron la casa, tienen que declarar en el sistema de HAR”, declaró una agente con licencia para operar en Texas a MCCI.
“Era obligación del agente publicar esa información. Debe haber registro de la renta por el agente, pero no lo hicieron. Es muy raro que no lo hayan puesto en el sistema”
“No es normal que en una operación de renta, primero esté en ‘P’ de pending (pendiente) luego ‘W’ de withdrawn (retiramos la oferta del mercado) y después ‘T’ de terminated (se terminó la relación de cliente-agente para promover), cuando se supone que ‘existe’ un contrato”, dijo otro agente.
Un dato que también llama la atención es que, en el listado de datos aparece que la fecha de expiración fue 14 de diciembre de 2019, cuando José Ramón López Beltrán y su esposa habitaron la casa hasta 2020.
Esta falta de información hace pensar que la operación se realizó por fuera; es decir, entre particulares, o incluso, que no hubo ningún pago de renta o relación contractual de por medio.
“Y el hecho que en diciembre hayan terminado el listado quiere decir que posiblemente no se rentó (oficialmente). Se presta a que o hicieron el trato por fuera o de plano no hubo ninguna relación contractual”, mencionaron especialistas en el tema a MCCI.
Según el periódico La Jornada, en su nota titulada “Casa de la familia López Adams en Houston fue rentada de forma regular”, del 20 de febrero de 2022, se puede leer:
“De acuerdo con documentos en poder de este diario, la residencia situada en 1003 Oakshire In, Conroe, Texas, en un suburbio de Houston, fue rentada en forma regular mediante un contrato de arrendamiento entre sus propietarios, Keith L. Schilling y Lauren M. Schilling, y a Carolyn Adams, esposa de José Ramón López Beltrán.
A fines de enero pasado la ocupación de la vivienda fue señalada por algunos medios como posible indicio de “conflicto de intereses” porque uno de sus propietarios, Keith, laboró para la corporación petrolera Baker Hughes, contratista de Petróleos Mexicanos (Pemex) desde hace más de seis décadas, en tanto que López Beltrán es hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Sin embargo, La Jornada tuvo acceso no sólo al contrato formal de arrendamiento, en el que se especifica un depósito inicial de 5 mil 600 dólares y un alquiler mensual por la misma suma, con fecha inicial el 16 de agosto de 2019 y término el 31 de julio de 2020, con una cláusula de renovación automática.
Finalmente, este diario obtuvo copia de los cheques y los documentos que amparan transferencias bancarias de la arrendataria, Carolyn Adams, a los arrendadores, Keith y Lauren Schilling, papeles que pueden ser cotejados con los estados de cuenta mensuales de la cuenta bancaria a nombre de la primera”, asegura el diario La Jornada respecto al tema de la llamada Casa Gris.
La nota de La Jornada evidencia una contradicción de Carolyn Adams, pues presentan el cheque de Carolyn Adams, lo que contradice el dicho de la esposa de José Ramón López Beltrán en su carta, pues claramente asegura: “nosotros no teníamos relación alguna con los propietarios ni conocimiento de quiénes eran”.
El cheque a nombre de Keith y Lauren Shilling confirma que sí sabían.
Carolyn Adams, sólo mostró capturas de pantalla de chats de la supuesta negociación con el agente, pero no exhibió copia del contrato de arrendamiento.
El pasado 11 de febrero, inversionistas de Baker Hughes, solicitaron al gobierno de los EEUU investigar el potencial conflicto de interés y otras irregularidades con José Ramón López Beltrán.
En la solicitud enviada al gobierno, advirtieron que “la situación podría verse seriamente comprometida” al existir suficiente evidencia de los contratos con Pemex con los que ha sido beneficiada esta compañía petrolera, señalando que Adams es una intermediaria con experiencia de acuerdos energéticos a escala internacional.
El conflicto de la Casa Gris, se empieza a mover entre las autoridades de los Estados Unidos, parece que, los asesores del presidente López Obrador buscaron apagar el fuego con gasolina.
En Twitter @DEPACHECOS
ENTREVISTAS
Francisco Reséndiz Neri, candidato a juez de distrito: Juzgar con pasión, servir con independencia

Por Francisco Junco //
“Quiero seguir siendo juez porque es mi vocación y mi pasión. No busco poder, sino servir”, afirma con convicción Francisco Reséndiz Neri, Juez Séptimo de Distrito en Jalisco, mientras enfrenta un proceso inédito en México: la elección popular de jueces el 1 de junio de 2025.
Con más de 20 años en el Poder Judicial y nueve como titular en materia penal, Reséndiz, identificado con el número 25, defiende su trayectoria y su amor por los derechos humanos como su principal carta de presentación.
Un camino desde abajo
Reséndiz comenzó en los escalones más bajos del sistema judicial, como meritorio, haciendo copias y aprendiendo desde la base. Su carrera incluye roles como actuario penal, secretario del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, y juez federal en materia de cateos y arraigos en la Ciudad de México, hasta llegar a la titularidad del Juzgado Séptimo de Distrito.
“Me mueve, el hecho de que creo que esto tiene que mejorar en la selección y que se requerirán personas de experiencia, personas independientes, que contribuyan a que subsista lo que es propiamente la división de poderes, la democracia como la conocemos actualmente, porque la defensa más cercana que tiene el ciudadano y todas las personas contra cualquier acto arbitrario, es precisamente el juicio de amparo, único en el mundo que permite anular cualquier acto”, señala, destacando su compromiso con la división de poderes y la democracia.
Retos de una elección sin precedentes
En entrevista con Conciencia Pública, Reséndiz aborda con franqueza los desafíos de esta elección. “Será difícil que la gente vote con cientos de nombres en una boleta, sin partidos ni propuestas tangibles”, admite. Reconoce riesgos, como la posible influencia de poderes fácticos, incluido el crimen organizado, pero insiste en que la solución es simple: “Apegarse a la ley, al caso concreto y a la Constitución”. Su experiencia, dice, es su escudo contra presiones externas.
Dilemas judiciales
Francisco Reséndiz Neri reconoce que uno de los grandes dilemas actuales en la labor jurisdiccional es la falta de una postura clara de la Suprema Corte respecto a la jerarquía entre los tratados internacionales y la Constitución.
“Muchos jueces, actuando de manera fundada, han establecido que debe prevalecer el tratado sobre la Constitución en ciertos casos, especialmente cuando se trata de derechos humanos”, explica. Sin embargo, esa práctica ha generado reacciones del poder legislativo, que habla de afectaciones a la soberanía nacional. “El problema es que cuando un juez aplica el tratado por encima de la Constitución, aunque sea para proteger derechos humanos, puede ser señalado o etiquetado, y eso no debería pasar”, señala.
Una justicia humana y equitativa
Cuenta cómo, en un caso de abuso sexual contra un menor, “coincidía la edad con la de mi hija. Estás tentado a echarle más cosas, pero no puedes. Tienes que ser objetivo. No puedes decidir por lo que sientes” y reafirmó que la objetividad no lo aleja de la empatía, “hay que ponerse en los zapatos de los otros. Todos tienen un proyecto de vida, todos merecen respeto”.
Propuestas claras
¿Por qué votar por él? Reséndiz enumera tres razones:
“Quiero que votes por mí porque tienes derecho a una persona capacitada. Quiero que votes por mí porque tienes derecho a una persona que ha administrado justicia y que tiene noción de lo que es o son los actos injustos. Y, tres, quiero que votes por mí porque siempre dialogaré por la protección de los derechos de las personas. Esa es mi directriz”, subraya.
Deuda histórica con las víctimas
Para Reséndiz Neri, el sistema penal mexicano tiene una deuda histórica con las víctimas, “el sistema ha privilegiado la forma sobre el fondo”, lamenta. Y pone un ejemplo elocuente, “no es lo mismo liberar a alguien porque no se leyó un derecho a tiempo, que porque no se comprobó su responsabilidad. Hay que cuidar las formas, sí, pero sin perder de vista la justicia de fondo”, apunta. Desde esa visión, Francisco Reséndiz cree necesario revisar la legislación para que no se convierta en un laberinto que sirva como impunidad.
El juez habla con firmeza sobre temas que no todos tocan con tanta claridad, por ejemplo, aseguró que la diversidad llegó para quedarse. “No puede haber discriminación por preferencia sexual, por origen étnico o por discapacidad. Es una deuda histórica que tenemos con los grupos vulnerables”. Defiende los protocolos para juzgar con perspectiva de género, y asegura que su compromiso es procurar una justicia que no sólo sea formalmente igual, sino sustantivamente justa.
En un México donde la desconfianza hacia las instituciones prevalece, Reséndiz ofrece su trayectoria: nueve años como titular del Juzgado Séptimo de Distrito y una carrera forjada en la experiencia.
En la inédita elección de jueces del 1 de junio de 2025, lamenta no poder prometer resultados tangibles como un político que ofrece obras públicas. “Solo prometo proteger los derechos de quienes lleguen a mi juzgado, porque así lo manda la Constitución”, asegura con convicción. “No lo hago por poder, sino por deber”.
CARTÓN POLÍTICO
Herida abierta
NACIONALES
Daniel Cosío Villegas y el dominio presidencial

Conciencia con Texto, por José Carlos Legaspi Íñiguez //
Muy certero el dicho aquel de “quien no conoce la historia está condenado a repetirla”.
Daniel Cosío Villegas, historiador, economista, catedrático, intelectual reconocido por tirios y troyanos, escribió varios libros que dieron luz para comprender cómo se hizo y cómo funcionó el Sistema Político Mexicano, confeccionado por revolucionarios, entre los que sobresalen, Álvaro Obregón, Venustiano Carranza, Plutarco Elías Calles, Lázaro Cárdenas y otros.
Don Daniel Cosío Villegas, quien tuvo que aclarar la mentirijilla que propagó de haber nacido en Colima, en 1900, cuando en verdad nació en la Ciudad de México en 1898, estableció en varios de sus libros, ensayos y textos, que México vivió alrededor de 70 años un sistema autoritario, presidencial y con un partido dominante.
Habrá que estar muy atentos a lo escrito por este sociólogo y diplomático que desnudó y encabritó a no pocos miembros de la élite que gobernó nuestro país desde que la Revolución se bajó del caballo hasta que llegó Fox con sus botas piteadas.
Don Daniel consideró que los poderes metaconstitucionales, de por sí concesionados en la Magna Carta de 1917, motivaron la Centralización del Poder en los rubros de política, economía y geografía. Esta concentración fue perversa, centralista y castrante para el resto de las entidades de la República. Tiempos hubo que en política “no se movía una hoja del árbol” sin la aprobación del Presidente de la República (así con mayúsculas) porque su poder era inmenso, total y arbitrario.
La subordinación de las autoridades municipales, estatales, así como de los poderes Legislativo y Judicial, al omnímodo poder presidencial se tornó, incluso, patético, absurdo y kafkiano.
El presidente priista en turno era un dios sexenal, que hacía y deshacía según su voluntad, su ánimo y sus intereses personales y de grupo. ¡Ay de aquél o aquellos que osaran ir en contra de la voluntad del todopoderoso presidente! Le esperaba cárcel, muerte política o… de veras.
Con esas condicionantes se canceló así la actividad política como factor de movilidad social; brilló la ausencia de un programa político claro y se apoderó del poder el oportunismo descarado y descarnado de las huestes “hienas” que pululan siempre buscando la carroña que dejan los “leones” de la grilla.
Un factor más fue el partido único, mediante el cual se legitimaron los cambios sexenales para aparentar la democracia hacia afuera, hacia los observadores mundiales. Mientras se mostraba esa falsa careta democrática al interior del partidazo y de otros partidos paleros, se practicaba la sumisión total al detentador del poder político.
Don Daniel Cosío Villegas publicó en 1972, bajo el auspicio de la Universidad de Texas, su ensayo “El sistema político mexicano, las posibilidades de cambio”.
Estableció que la creación del Partido Nacional Revolucionario, ideado en 1920, pero nacido hasta 1929, fue creado para eliminar el caudillismo de los neopolíticos postrevolucionarios, la mayoría hombres de armas, y así disminuir la violencia. Esto generó la “pax post revolución”, con el beneficio de sentar bases sólidas de la economía y algunos programas con objetivos sociales.
Octavio Paz, premio Nóbel de Literatura, solía decir que Cosío Villegas, “nos hizo conscientes de la dignidad humana”. Cosío Villegas fue director de la Escuela de Economía de la UNAM en 1933. Fue el primer director del Fondo de Cultura Económica, de 1934 a 1948 y presidente del Colegio de México de 1957 a 1963. Justamente don Daniel, siendo diplomático en Portugal, sugirió al entonces presidente Lázaro Cárdenas del Río, traer a México a los intelectuales españoles perseguidos por Francisco Franco por su afán republicano.
Ellos, los refugiados españoles fundaron la Casa de España, a la postre convertida en el Colegio de México. En 1943 el presidente Manuel Ávila Camacho aprueba y se crea el Colegio Nacional. Entre sus iniciadores está don Daniel Cosío Villegas y los jaliscienses, José Clemente Orozco, Enrique González Martínez, Mariano Azuela, acompañados por Manuel Sandoval Vallarta, Carlos Chávez, Alfonso Reyes, Alfonso y Antonio Caso, Ignacio Ochoterena, Diego Rivera, José Vasconcelos e Ignacio Chávez.
Cosío Villegas estableció que “el dominio presidencial mata todo espíritu cívico y convierte la vida política del país en una farsa profundamente aburrida”.
A este gran pensador mexicano se le consideró un liberal constitucionalista. Sus palabras parecieran resonar en estos tiempos de regresión al tiempo en que el sistema político mexicano se regía por el autoritarismo, la descalificación de los adversarios, la sumisión de los poderes, la compra de voluntades, el absolutismo y totalitarismo encarnado en un partido único al servicio del presidente en turno.
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