JALISCO
Reconoce Alfaro: En feminicidios y violencia intrafamiliar no se ha avanzado en Jalisco
Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco //
“Sol”, de 10 años de edad, fue víctima de abuso sexual dentro de la escuela primaria Marco Antonio Montes de Oca en la colonia Mirador del Bosque en Zapopan, los agresores fueron tres estudiantes del mismo plantel dos años mayores que Sol. Los hechos ocurrieron entre agosto de 2019 y enero de 2020.
Al conocer del caso, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), emitió la Recomendación 183/2020, dirigida a la Secretaría de Educación Jalisco, la cual reconoce una “serie de omisiones cometidas por personas servidoras públicas pertenecientes a la escuela primaria”, pues los hechos se cometieron frente a la omisión de profesores y directivos de la escuela.
Ana estalla en llanto de rabia y frustración, una semana más sin ver a sus tres hijos, su exmarido y padre de los tres menores simplemente no se los ha querido “prestar”, cuando llega el día en que por ley le toca tener a sus hijos, el ex marido simplemente apaga el celular. Ana tiene casi tres meses sin ver a su hija mayor, casi dos sin ver a su hijo de en medio y un mes sin ver a la más pequeña, el juzgado de Tlajomulco donde se lleva su caso simplemente no revisa el expediente, cambio de juez, les dio covid, cosas que complican aún más el tortuguismo burocrático que caracteriza a ese juzgado.
En Jalisco, la violencia contra las mujeres es un tema en el que no se ha podido avanzar para bien, sino todo lo contrario, así queda evidenciado por los datos que esta semana proporcionó el Gobierno del Estado, donde se nota el incremento de distintos delitos y llamadas de emergencia por razón de género, durante 2022 se han registrado 6 asesinatos de mujeres como feminicidio, mientras que de 2018 a 2021 las denuncias por violencia familiar han incrementado en 41%; en el mismo periodo, las llamadas de emergencia al 911 por sucesos de violencia de género crecieron en 161%. De 2020 a 2021 el delito de violación creció en 40% y el delito de abuso sexual infantil aumentó en 11%, en el mismo periodo, la emisión de medidas de protección por parte de la Fiscalía Estatal incrementó en 36%.
Entre el 2019 y enero de 2022 se han vinculado a proceso 130 presuntos responsables por feminicidio; 3 mil 014 presuntos responsables por violencia familiar y mil 002 presuntos responsables por abuso sexual infantil.
Esta semana el propio gobernador Enrique Alfaro reconoció que, en los primeros tres años de esta administración, en Jalisco han disminuido a la mitad los delitos de seguimiento especial, y está por debajo de la media nacional en la incidencia delictiva total y en homicidios dolosos en la tasa de 100 mil habitantes, sin embargo, los feminicidios y la violencia familiar es un tema pendiente que merece un abordaje distinto.
Dijo el mandatario que este problema va más allá de resolverlo con “policías y patrullas”, pues la estadística de feminicidios en 2021, de los 71, la mitad fueron cometidos por una persona conocida de la víctima y el 40 por ciento de ellos sucedieron al interior del hogar de las afectadas.
Según Alfaro Ramírez, Jalisco contó con la capacidad de aplicar los protocolos de feminicidios a todos los delitos contra mujeres. En el estado se incrementaron en 18 por ciento las medidas de protección, pero falta hacer más para que sea suficiente, y mencionó el gobernador de Jalisco:
“Lo que es una realidad es que durante los tres años no se ha podido reducir este indicador, ese es nuestro reto, y un Gobierno que no es capaz de identificar un problema tampoco es capaz de atenderlo. Por eso lo que nosotros estamos tratando de hacer con esta estrategia es entrarle a fondo a un tema que tiene que ver con algo que lastima profundamente a nuestra sociedad”, indicó Enrique Alfaro Ramírez.
El intento de mejorar la vulnerable situación de la mujer en Jalisco ante la violencia ha llevado al Gobierno de Jalisco a presentar una nueva estrategia, que yo personalmente creo, es la primera estrategia que presenta esta administración realmente a favor de la mujer.
La llamada “Estrategia Emergente contra la Violencia en Razón de Género”, tendrá según el gobernador, una inversión este año de La Estrategia Emergente contra la Violencia en Razón de Género contará con un presupuesto total de 260 millones 794 mil 978 pesos, y buscará dar resultado en los objetivos específicos de:
◦ Aumentar la capacidad operativa especializada
◦ Ampliar la infraestructura institucional
◦ Fortalecer el seguimiento a las víctimas de violencia
◦ Reforzar y armonizar el marco normativo-jurídico
◦ Incrementar la investigación y el análisis
◦ Instrumentar mecanismos de evaluación de riesgo ajustados a las nuevas dinámicas psicosociales para que la protección de las mujeres víctimas de violencia familiar sea más efectiva.
Lo importante en esta ocasión es el compromiso por parte de las autoridades de mejorar el trato y atención a las mujeres que siendo violentadas acuden a buscar ayuda ante las autoridades.
El agilizar procesos judiciales y capacitar al personal en una atención empática con las victimas denunciantes es una necesidad urgente que puede cambiar la situación de muchas de las mujeres violentadas en el estado, desde niñas hasta mujeres de la tercera edad.
Y aunque reconozco que presentar este tipo de estrategias es muy bueno, también queda claro que, las autoridades demuestran lo desvinculadas que están de la realidad.
Mire, esta es la lista de las dependencias que integran la “Estrategia Emergente contra la Violencia en Razón de Género”, son: Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, Coordinación de Seguridad, Fiscalía del Estado, Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Escudo Urbano C5, Secretaría de Seguridad, Coordinación de Desarrollo Social. Secretaría del Sistema de Asistencia Social, Sistema DIF Jalisco, Secretaría de Educación, Secretaría de Salud, Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Coordinación de Gestión del Territorio, Consejo Estatal contra las Adicciones en Jalisco, Instituto Jalisciense de Salud Mental, Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, Subsecretaría de Derechos Humanos, la LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Jalisco, el Supremo Tribunal de Justicia, Poder Judicial del Estado de Jalisco y los Gobiernos Municipales de Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco de Zúñiga y San Pedro Tlaquepaque.
Todo ese listado que se presume integrara la nueva estrategia, ¿No se supone que ya deberían de estar interrelacionadas entre si para atender los hechos violentos que viven día a día las mujeres en Jalisco?
Esta semana en el Área Metropolitana de Guadalajara se estarán llevando a cabo diferentes actos y actividades para recordar que el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, unos días después se habrá olvidado el tema, pero, lo que no podemos olvidar es que durante la presentación de la “Estrategia Emergente contra la Violencia en Razón de Género”, el Gobernador de Jalisco detalló que esta propuesta busca implementar un cambio de enfoque en el trabajo en contra de la violencia contra la mujer, no podemos dejar de presionar para que este objetivo verdaderamente se logre.
En Twitter @DEPACHECOS
– Por Francisco Junco
La diputada de Morena Brenda Carrera García, presentó una propuesta que busca tipificar con claridad la fabricación de pruebas materiales falsas para inculpar a una persona en un proceso judicial.
La legisladora advirtió sobre el vacío jurídico que actualmente permite que este tipo de conductas no tengan una sanción específica en el Código Penal del Estado.
Carrera García explicó que el artículo 168 del Código Penal vigente contempla conductas como declarar falsamente ante la autoridad, simular pruebas para exculpar, incurrir en falsedad como perito o realizar llamadas falsas al 911.
Sin embargo, subrayó que no existe sanción expresa para quien “con el propósito de inculpar a alguien de un delito, simule pruebas materiales en su contra”, lo que deja sin protección a personas inocentes frente a acusaciones fabricadas.
La legisladora sostuvo que la impunidad es el telón de fondo de este problema.
Recordó que, según datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del INEGI, de cada diez delitos denunciados en Jalisco apenas el 8.4% llegan a investigación y menos del 1% termina en una sentencia efectiva. “Esto evidencia que el sistema de justicia privilegia la inacción sobre la justicia”, expuso.
Como ejemplo de la gravedad del fenómeno, relató el caso de un conductor de plataforma digital que fue amenazado con denuncias falsas de acoso por parte de una usuaria.
El chofer logró demostrar su inocencia únicamente porque grabó la conversación; de lo contrario, pudo haber enfrentado una condena injusta.
También mencionó situaciones en las que hombres, aprovechando su posición económica, fabrican testigos y hechos falsos para obtener la custodia de los hijos o privar de la libertad a su pareja.
“Muchos hombres o mujeres hoy reciben un castigo injusto o están privados de su libertad porque se falsearon los hechos. Eso no puede suceder más sin recibir un castigo ejemplar”, declaró Carrera García. Agregó que fabricar pruebas falsas vulnera derechos fundamentales como la defensa, la verdad y la seguridad jurídica, por lo que urge endurecer las sanciones.
La diputada concluyó que la iniciativa busca proteger al inocente, fortalecer la institucionalidad y desincentivar las prácticas deshonestas que minan la confianza pública.
“Presentamos este decreto porque consideramos que la ley debe estar al nivel de la problemática real y defender los derechos fundamentales de las personas. Nadie debe enfrentar consecuencias bajo acusaciones falsas sustentadas en pruebas fabricadas”, puntualizó.
– Por Mario Ávila
Con la certeza de que a Jalisco no le faltará agua, el diputado Ricardo Monreal dijo respaldar el plan hídrico de la presidenta Claudia Sheinbaum y por ende la construcción del acueducto de la Presa Solís que llevará agua León, Guanajuato.
En visita a Jalisco donde tuvo lugar la cuarta reunión plenaria de la Primera Circunscripción, con la presencia de 52 diputados federales de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sonora, Sinaloa, Nayarit y Jalisco, Monreal Avila, coordinador del grupo parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura dijo conocer el tema regional en donde hay una aparente polémica por la construcción del acueducto en la Presa Solís.
Sobre el tema expuso: “Yo diría a la gente de Jalisco que no debe de preocuparse, porque la presidenta Claudia Sheinbaum, ha indicado que se haga un plan hídrico nacional, porque el compromiso y el propósito de ella es dotar de agua potable a los lugares donde no existe y quiere dotar de agua a la región de Jalisco, pero también compartir la responsabilidad con la infraestructura nueva a otras entidades federativas”.
Y abundó: “Nosotros como grupo parlamentario, vamos a respaldar el plan hídrico y obviamente vamos a propugnar porque a Jalisco no le falte agua, pero hay que sanear el organismo que está en Jalisco, estoy enterado de algunas cosas… porque esa una decisión del Estado, no quisiera meterme a eso, pero en el tema federal sí hay toda la intención de la presidenta de la República de crear infraestructura y garantizar el agua en lugares donde actualmente no la tienen”.
– Por Francisco Junco
El escándalo en torno al auditor superior del estado de Jalisco, Jorge Ortiz Ramírez, llegó hasta el Senado de la República, donde legisladores de Morena y del PAN exigieron su renuncia tras revelarse, a través de una solicitud de transparencia, que no cuenta con el título de doctor que presume en su currículum.
Para los senadores, se trata de un engaño grave que mina la credibilidad de la institución encargada de vigilar el buen uso de los recursos públicos.
El senador panista, Mario Vázquez, fue enfático al señalar que una falta de este tipo deslegitima el trabajo de la Auditoría Superior.
“¿Qué calidad obtendrían sus observaciones, sus hallazgos, de quien preside esta función tan importante como es la auditoría y la revisión de las cuentas de los municipios y del estado? ¿Qué calidad moral y qué calidad profesional pueden tener los resultados del trabajo de este señor, que no tiene ningún escrúpulo en autoadjudicarse un título académico que no le corresponde?”, cuestionó.
El senador panista añadió que “la mentira no puede ser el sello del servicio público” y subrayó que el caso amerita la salida inmediata de Ortiz Ramírez.
“El servicio público debe ser abierto, limpio, sin mayor interés que el favorecer al bien común y a la población en México. Si mienten en este tipo de situaciones, obviamente también mienten a la ciudadanía cuando informan. Le mienten a la gente pensando que por su supuesta trayectoria académica tienen méritos para estar en esa posición. Eso es muy lastimoso”, advirtió.
El legislador blanquiazul incluso hizo un llamado a la dignidad del propio auditor: “Es una actitud de autorreconocimiento, para que ellos mismos renuncien, si no se da el caso de que los den de baja en la función que ostentan.
Que renuncien por dignidad, si es que les queda algo de dignidad, y dejen que gente preparada y que pueda acreditar sin mentiras su trayectoria profesional cumpla esas funciones”.
Desde Morena, el senador Emmanuel Reyes Carmona coincidió en que el caso no sólo es un problema ético, sino también económico, pues distorsiona el mercado laboral público al desplazar a perfiles competentes y generar costos elevados por decisiones mal fundamentadas.
“Me pronuncio porque ningún nombramiento de alta responsabilidad avance sin constancia pública de cédula y comprobación documental. La ciudadanía tiene derecho a saber quiénes toman decisiones sobre sus recursos, seguridad o salud”, declaró.
Reyes Carmona fue más allá al proponer medidas estructurales y señaló que la verificación obligatoria de títulos en el Registro de Profesiones antes de cualquier nombramiento, sanciones administrativas y penales contra quienes se ostenten con documentos falsos, y auditorías periódicas de credenciales en los tres órdenes de gobierno.
“El Estado y los servidores públicos tenemos la obligación de poner a la vista los registros, porque de otra manera, ¿cómo pueden confiar en nosotros?”, sentenció.
En medio de esta polémica, la Auditoría Superior del Estado de Jalisco difundió en sus redes sociales una publicación con la imagen de un título expedido por el Instituto Nacional de Administración Pública, en el que se acredita a Jorge Alejandro Ortiz Ramírez como Doctor en Administración Pública.
“Ante alusiones relativas a su grado académico, ponemos a su disposición el siguiente título que acredita al Auditor Superior del Estado de Jalisco, Jorge Alejandro Ortiz Ramírez, como doctor en Administración Pública”, señala el post de redes sociales, aunque el asunto es la solicitud de la cedula profesional, no del titulo.
Proponen reforma penal en Jalisco para castigar fabricación de pruebas falsas
Monreal dice sí a la construcción del acueducto de la presa Solís
Piden senadores del PAN y Morena renuncia del auditor superior de Jalisco
Respaldaría Sheinbaum el drenaje profundo pero es responsabilidad estatal y municipal
