JALISCO
Reforma política regresiva en Jalisco: Freno a las conquistas de las mujeres

Por Mario Ávila //
Con el gran disfraz de privilegiar las candidaturas de jóvenes, migrantes, discapacitados, indígenas, miembros de la comunidad LGTB y mujeres, en los municipios donde los partidos políticos tengan mejores condiciones de competitividad, los coordinadores de las bancadas de MC, Morena, PAN, PRI y PVEM, de la LXIII Legislatura, defienden y mantienen vigente la iniciativa de reforma política mediante la que buscan revertir las ventajas legales con las que las mujeres se colocaron en el 2021 en la primera posición de las listas de candidatos plurinominales al Congreso del Estado y en la mitad de las candidaturas de los 10 municipios más poblados de Jalisco.
La iniciativa preferentemente apoyada por la fracción parlamentaria naranja, plantea la subdivisión de los municipios en bloques de competitividad, desdeñando los bloques de población, que fue el criterio que aplicó en la elección anterior. Y para justificar su propuesta, propusieron que se turnara el documento, antes de ser sometido a consideración del pleno, al análisis del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Jalisco.
A ello se opusieron sin éxito las mujeres de distintos partidos políticos, habida cuenta de que el Observatorio en cuestión, conformado en el gobierno de Jorge Aristóteles Sandoval, tiene ahora gran influencia del mandatario en turno, Enrique Alfaro Ramírez, ya que entre sus integrantes se encuentran personas como la contralora del Estado, Teresa Brito; la presidenta de la CEDHJ, Luz del Carmen Godínez; el director del IIEG, Augusto Valencia López; el comisionado del ITEI, Salvador Romero Espinosa; la secretaria de Igualdad Sustantiva, Paola Lazo; la consejera presidenta del IEPC, Paula Ramírez; el ex vocal del INE en Jalisco, Carlos Manuel Rodríguez; la presidenta del CPS, Nancy García Vázquez, el vocal Ejecutivo del INE en Jalisco, Luis Zamora Cobián, así como representantes de partidos políticos y universidades.
Tal como lo hicieron un mes atrás, las diputadas inconformes con la iniciativa de reforma, salieron a mostrar su inconformidad en una rueda de prensa, en donde las legisladoras, regidoras y presidentas de los partidos políticos de Hagamos, Futuro, PRI, PRD, hoy sí contaron con la participación de las mujeres de Morena, que en las protestas del mes de mayo se habían marginado.
Incluso tres de las legisladoras morenistas realizaron su propia rueda de prensa, no solo para exponer su abierta oposición a la iniciativa, firmada por cierto por su propio coordinador, José María Martínez, sino que presentaron una nueva iniciativa de reforma a la ley, en donde se plantea de manera preferente, que al margen de los bloques de competitividad se pueda respetar el bloque de población que hoy contempla la ley, en donde los 10 municipios más poblados del estado, tengan obligadamente que estar representados en la elección del 2024 por 5 candidatos varones y 5 mujeres.
CARTA ABIERTA AL IEPC PIDIENDO 1 Y 1 EN LOS MUNICIPIOS GRANDES
Adelantándose a las conclusiones que pudieran generarse en el seno del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Jalisco, nueve de sus integrantes enviaron el jueves 22 de junio, una carta abierta a la presidenta del IEPC y a la vez presidenta del Observatorio, Paula Ramírez Höne, en la manifiestan no solo su abierto desacuerdo con la propuesta de reforma política, sino que plantean la necesidad de implementar el criterio que obligue a los partidos políticos a designar alternadamente hombre-mujer en las candidaturas de los 10 municipios más poblados del estado.
Expusieron en su propuesta, que como una medida adicional a los bloques de competitividad y bloques poblacionales combinados de manera correcta, se impulse el criterio de postulación paritaria en los 10 municipios más poblados.
Y se advierte: “Debe además incluir un esquema que garantice una candidata mujer en alguno de los dos municipios más grandes de la entidad, que son Zapopan y Guadalajara, ya sea por un mecanismo de postulación alternada o por una subdivisión en el bloque poblacional, con lo que se maximiza la calidad de la paridad de género”, según se expone en la carta.
La carta está firmada por nueve integrantes del Observatorio: Susana Gabriela Muñiz Moreno, Centro de Estudios de Género de la UdeG; Ernesto Rafael Gutiérrez Guízar, presidente de Hagamos; María Jacqueline Galaviz Ramos, Titular del órgano independiente de género de Futuro; Natalia Juárez Miranda, presidenta del PRD; Sandra Nadezhda Martínez Díaz, Centro de Investigación y Proyectos para la Igualdad de Género, A.C.; Griselda Beatriz Rangel Juárez, G-10 x Jalisco; Laura Nereida Plascencia Pacheco, asesora; Frida Viridiana Rodelo Amezcua, asesora y Ana Fátima López Iturríos, Red de Abogadas Violeta.
Piden que sus opiniones y sus propuestas sean consideradas como parte del proceso de consulta y una vez que se realizó ya el foro denominado “Criterios de población y competitividad para avanzar en la paridad sustantiva”, efectuado con el objeto de dar respuesta a la solicitud enviada por el Congreso del Estado, en el sentido de someter a consulta la iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversos artículos del Código Electoral del Estado de Jalisco en materia de paridad.
Externaron de manera contundente que plasmar en el Código Electoral exclusivamente el criterio de bloques de competitividad, prescindiendo del criterio poblacional en la designación de candidaturas, significa un retroceso al principio de paridad.
A la vez, suscribieron lo dicho por el magistrado presidente del TEPJF, Reyes Rodríguez Mondragón, que en el mismo foro expuso: “La paridad de género implica promover las carreras políticas de las mujeres por medio de postulaciones en ayuntamientos que les den mayor visibilidad (…) Un triunfo en este tipo de municipios genera mayor capital social y político para las candidatas, mayor experiencia y exposición y funciona como una plataforma para otro tipo de cargos en posiciones más complejas”.
De igual manera suscribieron lo dicho por la politóloga de la UNAM, Karolina Gilas, que en el mismo foro, planteó: “La paridad significa la total integración en pie de igualdad de las mujeres en las sociedades democráticas, utilizando para ello las estrategias que sean necesarias”.
EN LA PARIDAD NO HAY REVERSA, ES UN DERECHO PROGRESIVO: ACADÉMICAS
En el presente siglo ha quedado demostrado que gobernar la ciudad de Guadalajara, es colocarse en la antesala de la gubernatura de Jalisco, de ahí que la verdadera intención de los coordinadores de MC, Morena, PAN, PRI y PVEM, como autores de la reforma política, es eliminar del Código Electoral los bloques de población y sustituirlo por bloques de competitividad para la elección 2024, con el ánimo de que sean los varones los que mantengan los privilegios de las candidaturas de los municipios más poblados de Jalisco.
En ello coincidieron la académica de la Universidad de Guadalajara y doctora en derecho, Livier Macías Guzmán y la activista, expresidenta del G.-10 X Jalisco y jueza del Poder Judicial del Estado de Jalisco, Diana Arredondo Rodríguez.
Para Macías Guzmán, la intención de los varones de no poner en riesgo las postulaciones partidistas para el 2024 en los municipios metropolitanos, es evidente y así lo explica: “Sin lugar a dudas el aspecto del control del poder, que por siglos han tenido los hombres, sin duda se quiere conservar el espacio y no están dispuestos que sea competitivo para las mujeres como lo vimos en el 2021 en donde sí hubo mujeres preparadas y competentes, sin embargo, los partidos mayormente posicionados en el ámbito electoral, no postularon mujeres, lo que quiere decir que sin lugar a dudas siguen guardando esos espacios para que sea una competencia exclusiva para los hombres”.
La maestra en derecho constitucional en la UdeG recuerda que el tema de la lucha por la paridad, se intensificó en el 2014 “con una reforma constitucional que se plasmó en el artículo 41 desde la perspectiva de la paridad de género, entendida la paridad como 1 y 1 en todos los cargos de elección popular, que tendrían que ser asignados en forma paritaria, el mismo número para hombres, que para mujeres.
“En aquel entonces Jalisco llegó a tener solo 6 presidentas municipales en los 125 municipios de Jalisco. Sin embargo, Jalisco siempre fue pionero en ir un paso adelante en crear lineamientos de paridad y en el 2018 se creó la paridad transversal, esto es, que no solamente fueran candidatas en aquellos lugares en donde comúnmente perdían los espacios y por lo tanto era adonde postulaban a las mujeres, sino que también compitieran las mujeres en espacios en donde podrían ocupar posiciones y espacios públicos.
“En el 2018 fue un tema muy interesante que se denominó como paridad transversal; luego ya en el 2021 fue una total revolución progresiva en materia de los derechos de la mujer, al crearse los bloques de competitividad y de población, que claramente funcionaron y las mujeres al fin compitieron por espacios en donde tenían las mismas posibilidades que los hombres de ganar. Vemos el reflejo en el resultado de la elección del 2021, con un congreso histórico con una mayoría absoluta de mujeres, pero ahora la pregunta es a cuántos ciudadanos representan, cuál es el porcentaje de representación que tienen realmente las mujeres.
“No solamente es hablar de que tenemos la mitad de los espacios y con esta pretendida nueva reforma que hoy se cocina en el Congreso del Estado, no solamente sería un retroceso, sino que en materia de derechos humanos, se debe advertir que son derechos progresivos constitucionalmente y así se plasma en el artículo primero, en donde se establece que los derechos humanos deberán basarse en los principios de universalidad, progresividad e interdependencia. Hablar de la paridad de género es hablar de progresividad, no podemos retroceder en algo sobre el que ya existe un antecedente tan marcado y que fue una acción positiva para las mujeres en nuestro estado.
“Yo considero que la nueva propuesta de reforma política implicaría un retroceso y constitucionalmente sería imposible retroceder en un tema que es del ámbito de los derechos humanos; y no solamente deben de conservarse estos derechos, hablando de progresividad deberán estudiarse los bloques basados en los resultados de la elección del 2021 para ver en donde las mujeres podemos ser más competitivas y con ello no solamente conservar el derecho sino deberá estudiarse para que las mujeres podamos tener esa competitividad en las futuras elecciones”, expuso”.
“SERÍA VERGONZOSO QUE 24 DIPUTADAS NO HICIERAN VALER SU MAYORÍA”: DIANA ARREDONDO
Para la doctora en derecho y jueza del Poder Judicial del Estado, Diana Arredondo Rodríguez, “sería vergonzoso, reprobable, reprochable y un sinsentido, que teniendo un Congreso con mayoría de mujeres en las curules (24 de 38), se aprobara una iniciativa en materia de paridad de género, como la que se cocina ya en las comisiones para ser presentada al pleno de un momento a otro”.
Qué más podría pasarnos si las mujeres no vemos por nosotras -se preguntó Diana Arredondo y abundó-, hay que recordar que muchas de las que están ahí ahorita en el Congreso, llegaron gracias a la batalla que hemos dado nosotras, no pueden desconocer esa lucha y no pueden patear a las mujeres que las pusimos ahí; sería terrible y más terrible que muchas de ellas salieron de nuestras filas, es decir abanderaban esta causa y ahora que están ahí, que tienen la posición de poder, que están en posición de toma de decisiones, no utilizan su liderazgo para seguir defendiendo la agenda que las llevó a ese cargo, eso es deplorable por donde lo veas.
Expuso que la responsabilidad directa, si el retroceso se consuma, recaerá en las 24 legisladoras. “Hoy son mayoría, y tú sabes que yo tengo ya cuatro legislaturas trabajando estos temas de la paridad, concretamente para el Poder Judicial y para los puestos de elección popular, por eso para mí esta actitud de las mujeres no es novedosa y en cada legislatura le apostamos a que sean más mujeres que vienen de otros perfiles, de otros terrenos, de otras trayectorias, de otras agendas, van a llegar y se van a colocar en sus curules con estas agendas que las llevaron, pero las desconocen y ya cuando están ahí se pliegan a los intereses del patriarca, en un abierto contrasentido”, denunció.
Mientras no lleguen mujeres empoderadas -dijo-, con autonomía, que lleven la propia agenda de las mujeres y nos representen y representen nuestra voz, no vamos a avanzar y sería deplorable que no hagan lo que les toca, porque son más de la mitad de la legislatura, ellas tendrían que votar por las acciones afirmativas para las mujeres y hacer cabildeo y haber lobby con los hombres para que también se sumen a la agenda.
Diana Arredondo, representante de la Red Nacional de Mujeres Defensoras de la Paridad en Todo, Capítulo Jalisco y ex presidenta de G-10 x Jalisco, recordó que las acciones afirmativas “están previstas en los tratados internacionales; es una lucha no de ahorita, es una agenda que hemos peleado de dos décadas para acá y en cada proceso electoral en Jalisco estamos presentes insistiendo al Congreso y al IEPC de la obligación de hacer acciones afirmativas.
“Yo creo que lo que está pasando aquí es la falta de liderazgos comprometidos e identificados con la agenda de la paridad de género, desde que perdimos a la maestra Beatriz Rangel en el IEPC todo se vino abajo. El problema es que no están llegando mujeres al IEPC ni al Congreso del Estado, que den la batalla por nosotras. Ahorita se requiere de esas medidas (acciones afirmativas) que de alguna manera privilegian a las mujeres para cambiar la estructura, para cambiar la conformación de las bancadas de los cabildos y del Congreso, así como las estructuras orgánicas y hasta que cambiemos también la percepción de las mujeres en el imaginario colectivo y en los electores.
“Porque de los liderazgos debe venir ese apoyo a las mujeres, ese colocar mujeres encabezando planillas y ese votar por las mujeres, y si no se trabaja a nivel estructural y no se transversaliza en los partidos políticos, en los organismos electorales, en las campañas y en los medios de comunicación, no se normalizará la imagen de las mujeres en las posiciones de poder y en la toma de decisiones”, planteó.
Arredondo Rodríguez integrante del Consejo Rector del “G-10 x Jalisco” expuso que “en lo que eso pasa, se requieren medidas importantes, medidas extremas por decirlo así, que posibiliten que las mujeres lleguen y el bloque poblacional es súper importante, porque qué nos ganamos con colocar mujeres en los partidos para cumplir simplemente con una ‘cuota’, cuando ya no es tiempo de hablar de ‘cuotas’ y ellos siguen con esa mentalidad. Si, mis cuotas son tantas mujeres, pues las reparto en los municipios chiquitos, o las reparto y las coloco en las planillas de los municipios en donde o tengo ninguna posibilidad y a mis ‘gallos’, mis consentidos, mis hombres, los coloco en los municipios importantes”, denunció.
En lugar de perder derechos -sentenció-, la obligación de las mujeres en el Congreso al momento de proponer nuevas leyes, era ir por más, la propia Constitución lo marca en su artículo primero, uno de los principios que rigen los derechos humanos es la progresividad y si logramos conquistas en el proceso 2018, porque si tenemos después dos reformas políticas constitucionales y de leyes generales en materia electoral muy importantes, de calado enorme, como son las reformas de paridad en todo y la reforma de violencia política en razón de género, por qué no hemos avanzado, por qué fuimos hacia atrás después de lo que avanzamos en el 2018-2019…(¿?) pues porque nos están fallando los lineamientos y están fallando las políticas internas de los partidos, que capaciten a sus mujeres, que privilegien a sus mujeres, que le pongan pesos y centavos a las candidaturas de sus mujeres al momento de hacer campañas proselitistas.
DIP. MARÍA DE JESÚS PADILLA / MORENA
“Hay dos situaciones dentro de esta reforma que perjudican directamente a las mujeres, una es que se habla de acciones afirmativas que ya se cumplieron, que ya cumplieron su meta, como es el caso de que las listas plurinominales sean encabezadas por mujeres. Dicen que como ya tuvimos una primera legislatura con mujeres, entonces ya se cumplió con esa deuda histórica de la paridad horizontal y ya no hay nada más que hacer. Y por otro lado, otra cuestión que nos preocupa es que además quieren quitar este primer bloque de población, particularmente para los 10 municipios con mayor número de habitantes”.
DIP. ANGELA GÓMEZ PONCE / MORENA
“El 8 de marzo del año 2022 tomamos protesta como la Bancada de Legisladoras en la que 24 de las legisladoras que estamos en este Congreso nos unimos precisamente para la defensa de este tipo de temas. Pues bien, yo creo que ha llegado el momento de demostrar realmente que estamos comprometidas con las mujeres de Jalisco y queremos hacer un respetuoso exhorto a todas nuestras compañeras para que lleguemos a un punto de acuerdo, porque de no ser así entonces no tendría caso haber integrado una Bancada de Legisladoras que se queda callada ante este tipo de atropellos”.
DIP. LETICIA PÉREZ RODRÍGUEZ / MORENA
“Es evidente que nosotras como mujeres, como diputadas y como morenistas no nos podíamos quedar cruzadas de brazos viendo como una vez más relegan a la mujer, cómo nos hacen menos cuando los intereses políticos de algunos partidos están en juego. Como lo nuestro no es quedarnos calladitas para vernos más bonitas, ni criticar sin actuar, hoy presentamos una iniciativa de ley en materia de paridad electoral para homologar los lineamientos elaborados por el IEPC en materia de paridad de género así como lo resuelto en esta materia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”.
DIP. YUSSARA ELIZABETH CANALES / MORENA
Somos por primera vez en la historia de este Congreso del Estado de Jalisco 24 mujeres y 14 hombres, un logro que sin duda se verá manchado si se pretende dar cabida a una reforma electoral que a todas luces atenta contra los derechos políticos de las mujeres, pretenden establecer bloques de competitividad, vaya eufemismo, para relegar a las mujeres a los municipios de menor importancia del Estado y claro que no es lo mismo gobernar Puerto Vallarta, Guadalajara, Zapopan o Tlaquepaque, que municipios del interior del estado que con una población mínima, con un presupuesto raquítico y por tanto una importancia política mucho menor.
ENTREVISTAS
Fuerte cabildeo para aumentar tarifas del SIAPA: ¿Es para el mantenimiento o para nuevos fraccionamientos?

Por Mario Ávila //
La propuesta de incrementar un 12.5% la tarifa del agua potable en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) para 2025, impulsada por la fracción de Movimiento Ciudadano en el Congreso de Jalisco, ha desatado controversia. Según el doctor Javier Hurtado González, expresidente del Colegio de Jalisco y politólogo, este ajuste no estaría destinado a mejorar la infraestructura ni la calidad del servicio del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), sino a financiar la expansión de redes para abastecer a los nuevos fraccionamientos del denominado “cártel inmobiliario”.
Hurtado cuestiona la justificación oficial del aumento, que habla de necesidades como el mantenimiento de tuberías, la mejora en la calidad del agua y la solución a los cortes de suministro. “Están metiendo otras cosas”, afirma. “Tengo la sensación, aunque podría equivocarme, de que nos hacen pagar a los contribuyentes cautivos las redes nuevas y los costos de instalación para llevar agua a estos desarrollos inmobiliarios”. Para el académico, los usuarios cumplidos terminan subsidiando a los morosos y cubriendo gastos que deberían recaer en los constructores.
Una deuda que ahoga al SIAPA
El SIAPA arrastra una deuda de 17,900 millones de pesos, un monto que, según Hurtado, se triplicó durante el gobierno de Enrique Alfaro (2018-2024). Cuando Aristóteles Sandoval entregó la administración en 2018, la deuda rondaba los 6,000 millones. Esta escalada, explica Hurtado, es producto de una baja eficiencia recaudatoria, la existencia de grandes deudores y la resistencia de usuarios que dejan de pagar como protesta por un servicio deficiente. “El consumidor normal muchas veces no paga porque no recibe agua en la cantidad ni calidad requerida, y así crece la deuda”, señala.
El incremento propuesto del 12.5% generaría unos 650 millones de pesos, apenas el 4% de la deuda total. Hurtado lamenta que los usuarios responsables no solo paguen por los morosos, sino que también asuman los costos de ampliar la red para nuevos fraccionamientos. “Que se lo cobren a los desarrolladores”, sentencia, al tiempo que denuncia la opacidad en las cuotas de conexión, donde recursos a menudo no llegan a las arcas del SIAPA debido a prácticas corruptas.
Javier Hurtado
Un organismo politizado
Hurtado, quien acompañó a Sandoval en reuniones del SIAPA, apunta a un problema estructural: aunque el organismo es teóricamente intermunicipal, en la práctica funciona como una extensión del Poder Ejecutivo. “El director no lo eligen los ayuntamientos, lo nombra el gobernador”, explica. Esto convierte al SIAPA en un “botín político”, con designaciones que priorizan lealtades sobre profesionalismo. Ejemplo de ello, recuerda, fue el gobierno de Emilio González Márquez, cuando familiares del entonces gobernador ocuparon cargos clave sin experiencia técnica.
Esta politización, según Hurtado, explica en parte la deuda impagable y la ineficiencia. “Ponen negociantes, no profesionales, y el SIAPA siempre ha sido visto como una agencia de colocaciones para el gobernador en turno”, critica. La falta de autonomía municipal agrava el problema, ya que las decisiones suelen reflejar los intereses del gobierno estatal o del municipio con mayor peso, como Guadalajara.
Perspectiva legislativa
La diputada Gabriela Cárdenas, presidenta de la Comisión de Hacienda del Congreso, defiende el aumento del 12.5% como un primer paso para rescatar al SIAPA. Argumenta que las tarifas no se han actualizado en años y que el rezago en pagos ha generado un “círculo vicioso” de mala calidad y falta de inversión. Cárdenas estima que el organismo requiere 8,000 millones de pesos anuales durante tres décadas para garantizar el suministro, además de promover financiamiento público-privado para proyectos hídricos estratégicos.
No obstante, Hurtado ve con escepticismo la viabilidad del aumento, dado el respaldo que la bancada de Morena parece ofrecer a Movimiento Ciudadano. “Morena está jugando una posición de comparsa del gobierno en turno”, asegura, sugiriendo una falta de oposición crítica que podría facilitar la aprobación del ajuste sin un debate profundo.
Acciones pendientes
El tema del aumento quedó en suspenso, pues el Congreso entró en receso del 11 al 28 de abril. Sin embargo, el viernes 11 de abril se aprobó un punto de acuerdo para que la Secretaría de Gestión Integral del Agua, la Comisión Estatal del Agua, el SIAPA, la Secretaría de Salud y la COPRISJAL analicen la calidad del agua en pozos y plantas potabilizadoras de la ZMG. Este paso, aunque necesario, no aborda directamente la deuda ni las acusaciones de Hurtado sobre el desvío de recursos hacia el sector inmobiliario.
Conclusión
El incremento del 12.5% a la tarifa del agua en la ZMG plantea un dilema: ¿es una solución para rescatar al SIAPA o una carga más para los usuarios en beneficio de intereses privados? Las críticas de Javier Hurtado señalan una verdad incómoda: mientras la deuda del organismo crece y la politización persiste, los ciudadanos cumplidos pagan el precio de un sistema ineficiente. La transparencia en el uso de los recursos y un cobro justo a los desarrolladores inmobiliarios son pasos urgentes para devolverle al SIAPA su propósito: servir a la población, no a los privilegios de unos pocos.
¿QUIENES DEFIENDEN EL AUMENTO A LA TARIFA DEL SIAPA?
La propuesta de incrementar la tarifa del agua potable del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) en un 12.5% para 2025 en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) ha sido defendida principalmente por los siguientes actores:
- Fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano (MC) en el Congreso de Jalisco:
- La bancada de MC, impulsa el aumento como una medida necesaria para rescatar al SIAPA de su crisis financiera, que arrastra una deuda de 17,900 millones de pesos. Argumentan que la actualización tarifaria permitirá financiar infraestructura, mejorar el servicio y enfrentar el rezago en mantenimiento.
- Diputada Gabriela Cárdenas, presidenta de la Comisión de Hacienda del Congreso:
- Cárdenas ha sido una de las voces más visibles en defensa del ajuste. En abril de 2025, afirmó que las tarifas no se han actualizado en años, lo que ha generado un “círculo vicioso” de mala calidad en el servicio y falta de recursos. Según ella, el aumento del 12.5% es un primer paso para garantizar el suministro a largo plazo, estimando que el SIAPA requiere 8,000 millones de pesos anuales durante tres décadas para ser sostenible. También aboga por financiamiento público-privado como complemento.
- Gobierno de Jalisco, encabezado por Pablo Lemus:
- Aunque Lemus no ha liderado directamente la defensa del aumento, su administración respalda la propuesta a través de instancias como la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIA) y la Comisión Estatal del Agua (CEA). Funcionarios estatales han señalado que el incremento es crucial para evitar el colapso financiero del SIAPA y mejorar la infraestructura hídrica en la ZMG.
- Algunos alcaldes de la ZMG:
- Presidentes municipales de Movimiento Ciudadano, como Juan José Frangie (Zapopan) ha apoyado indirectamente el ajuste al participar en foros donde se discute la crisis del SIAPA. Su respaldo se centra en la necesidad de recursos para mantener el servicio en municipios con alta demanda.
- Contexto y matices
- Consenso legislativo: Según el politólogo Javier Hurtado González, la bancada de Morena en el Congreso ha mostrado una postura complaciente, actuando como “comparsa” de MC, lo que facilita la posible aprobación del aumento. Esto-esto es, no se han registrado críticas públicas destacadas de Morena contra el incremento, lo que sugiere un apoyo tácito o falta de oposición significativa.
- Apoyo implícito de organismos empresariales: Aunque no hay declaraciones directas, cámaras como la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) y la Cámara de la Industria de la Construcción (CMIC) suelen respaldar medidas que estabilicen servicios públicos, ya que benefician el desarrollo económico. Es probable que apoyen el aumento si se traduce en mejor infraestructura hídrica.
Críticas y falta de oposición clara
Mientras que el académico Javier Hurtado ha criticado el aumento, argumentando que beneficia al “cártel inmobiliario” más que a los usuarios, no se identifican figuras específicas que lideren una defensa opuesta en el debate público. La falta de una resistencia organizada puede deberse al receso legislativo (del 11 al 28 de abril de 2025) o a la percepción de que el tema es políticamente sensible, lo que limita posturas públicas en contra antes de que se retome en el Congreso.
APOYA CICEJ AUMENTO A LAS TARIFAS DEL SIAPA
El Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco (CICEJ) respalda la propuesta de incrementar un 12.5% las tarifas del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) para 2025 en la Zona Metropolitana de Guadalajara, conforme la posición asumida por su presidenta Mirna Aideé Avilés.
El incremento, ha argumentado la presidenta del CICEJ, permitirá lasostenibilidad financiera del organismo, que enfrenta una deuda de 17,900 millones de pesos y requiere recursos para cubrir costos operativos, mantenimiento, administración y rehabilitación de la infraestructura hidráulica existente, incluyendo amortizaciones y depreciaciones de activos.
El CICEJ argumenta que las tarifas actuales no son suficientes para atender las necesidades del SIAPA, como la renovación de la red de distribución, la mejora del abasto y la reducción de la mala calidad del agua, considerando que el organismo tiene un presupuesto de 1,200 millones de pesos para infraestructura en 2025. Sin embargo, esta postura ha generado críticas, con algunos sectores, como usuarios en redes sociales, acusando al colegio de avalar el aumento sin justificar plenamente la calidad del servicio actual.
JALISCO
Un comienzo con luces y sombras de Lemus en tragedia de desaparecidos

Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //
La crisis de desapariciones en México, y particularmente en Jalisco, es una herida abierta que refleja la descomposición del tejido social y la incapacidad del Estado para garantizar la seguridad y la justicia con gobernantes que han evadido su responsabilidad, minimizando el grave problema.
La llegada de Pablo Lemus al Gobierno de Jalisco despierta una mezcla de esperanza y escepticismo en un estado que carga con la vergüenza de ser líder nacional en desapariciones, con más de 15,000 personas perdidas en las sombras.
Lemus ha dado pasos iniciales que, al menos en el discurso, reconocen la gravedad del problema, algo que su predecesor, Enrique Alfaro, evitó con frases desafortunadas que culpaban a las víctimas, culpando a los medios de magnificar el problema.
La creación de la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas Desaparecidas, aprobada en octubre de 2024 y jefaturada por Edna Montoya Sánchez, es una señal de intenciones. Promete centralizar esfuerzos, integrar tecnología forense y coordinarse con colectivos de buscadores, como Guerreros Buscadores de Jalisco. Reuniones con líderes como Indira Navarro, quien ha encontrado más fosas que muchas fiscalías, muestran una apertura que contrasta con el cerco de la administración anterior.
Sin embargo, las promesas no son nuevas. En 2018, Alfaro también anunció una “estrategia integral” que nunca llegó a puerto. La secretaría de Lemus, aunque bien intencionada, nace con dudas: el presupuesto de 65 millones 200 mil pesos se ve muy bajo si se trata de enfrentar y buscar solución al principal problema de Jalisco.
¿Evitará la burocracia que asfixia a la Comisión de Búsqueda? El anuncio de mesas de trabajo con la Universidad de Guadalajara y la FEU es positivo, pero suena a eco de iniciativas pasadas que se diluyeron en foros sin impacto.
Más preocupante es la falta de claridad sobre cómo enfrentará a la criminalidad tan poderosa en la entidad. Su respaldo a la investigación federal sobre el campo de entrenamiento y supuesto crematorio en el Izaguirre Ranch de Teuchitlán en marzo de 2025 sugiere disposición a colaborar con la Federación, pero delegar responsabilidades no basta en un estado donde la complicidad local es un secreto a voces.
Recursos, pero con condiciones
Jalisco no es cualquier estado. Con un presupuesto de 174 mil millones de pesos en 2024 y una economía pujante, Lemus tiene los medios para marcar una diferencia, pero solo si los usa con audacia. Puede transformar la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, hoy un elefante blanco, con investigadores capacitados y libres de nexos con el crimen.
Puede invertir en un Centro Regional de Identificación Humana, como el de Coahuila, para procesar los restos de las más de 1,000 fosas clandestinas halladas en el estado desde 2018. Puede, también, liderar un esfuerzo legislativo que garantice derechos a las familias de los desaparecidos, desde permisos laborales hasta fondos de reparación, algo que estados como Chihuahua han implementado con éxito.
Un plan sin excusas
Si Pablo quiere ser recordado como el gobernador que enfrentó la crisis de desaparecidos, debe actuar con medidas concretas y medibles, no con discursos. Primero, dotar a la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de al menos 500 millones de pesos anuales, suficientes para contratar forenses, analistas de inteligencia y equipo de geolocalización. Esta secretaría debe rendir cuentas trimestrales, con metas claras: localizar 1,000 personas vivas o restos identificados en dos años. Los colectivos, que han hecho el trabajo del Estado, deben tener un asiento permanente en su consejo asesor, no solo reuniones protocolarias.
Auditar la Fiscalía Estatal y la Comisión de Búsqueda. Casos como el de Teuchitlán, donde colectivos hallaron restos ignorados por las autoridades, son una bofetada a la confianza ciudadana. Depurar a funcionarios corruptos o negligentes es impostergable.
Crear un fondo estatal de 100 millones de pesos para las familias de los desaparecidos, cubriendo asistencia psicológica, legal y económica, como lo pidió Blanca Yolanda, cuyo caso sigue sin respuesta desde 2024.
Las buscadoras, como Indira Navarro, necesitan escoltas en zonas de riesgo, tras episodios como la emboscada de Tlajomulco en 2023 que dejó seis policías muertos. Quinto, impulsar una campaña estatal que use estadios, escuelas y medios para educar y movilizar. Los Charros de Jalisco podrían dedicar juegos a las víctimas, y los artistas locales, como Alejandro Fernández, podrían sumarse a un mensaje de unidad.
El papel de la sociedad
La sociedad también tiene un rol. He visto cómo la indiferencia ciudadana perpetúa estas tragedias. Lemus debe convocar a los jaliscienses a romper el silencio, denunciando anónimamente fosas o apoyando a colectivos. Pero no puede cargar solo con la responsabilidad: la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que dirige Luz del Carmen Godínez, designada en los tiempos del gobernador Enrique Alfaro, que ha sido tibia en el tema de los desaparecidos, debe asumir una actitud responsable y comprometida con las víctimas y un rol más protagónico, ya que se requiere su voz a favor de la justicia y poner un alto a esta tragedia que tanto dolor ha ocasionado entre las familias jaliscienses.
Pablo tiene mucho por hacer y sin duda este tema de los desaparecidos es su principal desafío: si logra resolverlo pasará a la historia como el mejor gobernador de los nuevos tiempos, un gobernador comprometido y responsable. Eso es lo que anhelan los jaliscienses, que hable menos y actúe con más determinación, con metas y resultados tangibles y medibles.
JALISCO
Verónica Delgadillo y el «Pacto Limpia Guadalajara»: El reto es la sostenibilidad a largo plazo

Por Raúl Cantú //
La gran apuesta de la alcaldesa de Guadalajara es “Pacto Limpia Guadalajara”, un programa que presentó en días pasados desde la Canaco Guadalajara y que tiene como punto medular la corresponsabilidad ciudadana como una estrategia integral para abordar la crisis de recolección de basura y transformar a la ciudad en un modelo de limpieza y sostenibilidad.
La alcaldesa tapatía recordó que desde el 16 de diciembre pasado se dio como plazo tres meses para estabilizar el servicio de recolección de basura, luego de decidir no renovarle el servicio de concesión de recolección de desperdicios sólidos a la empresa Caabsa Eagle, que tenía tres décadas de prestar el servicio de aseo público en Guadalajara.
La segunda etapa de Limpia Guadalajara arranca con el programa Escuadrones de la Limpieza, un grupo conformado por 30 trabajadores operativos, a bordo de una camioneta de tres toneladas, con la cual se harán labores de limpieza, bacheo en frío, hidrolavado, borrado de graffitti, recolección de basura, y mantenimiento de áreas verdes.
Serán once escuadrones divididos en cada una de las comunidades de Guadalajara.
Los dos primeros escuadrones que entrarán en operación serán los de la Comunidad Centro y Alameda. En dos meses estarán habilitados el resto.
El Pacto Limpia Guadalajara fue firmado por 50 liderazgos de diversos sectores empresariales, culturales, integrantes de organizaciones ambientales, deportistas, medios de comunicación, partidos políticos y sindicatos, entre otros.
“La agenda de la limpieza está íntimamente relacionada con la de seguridad (…) los espacios sucios y abandonados, además de hacernos sentir inseguras e inseguros”, acotó.
“Una Ciudad limpia es altamente competitiva, una ciudad en el abandono no tiene la posibilidad de atraer inversión que genera riqueza, derrama económica y que, además, genera desarrollo y buen empleo”.
Los logros registrados en estos últimos tres meses los destacó la presidenta municipal en esta reunión en la Canaco Guadalajara ante cientos de invitados, vecinos, representantes de organizaciones de la sociedad civil, rectores de las universidades públicas y privadas, activistas, deportistas, líderes sindicales, representantes de organizaciones religiosas, partidos políticos, y funcionarios públicos de diversos órdenes de gobierno quienes cerraron filas en torno a una causa común en Guadalajara: la limpieza de la ciudad.
Los logros destacados fueron los siguientes:
Reducción de reportes: En el primer cuatrimestre de Limpia Guadalajara (diciembre 2024-marzo 2025), los reportes por fallas en recolección cayeron un 70%, de 10,166 (último cuatrimestre de Caabsa) a 1,717. Esto refleja una mejora significativa en cobertura y eficiencia.
- Operatividad: En abril de 2025, el servicio opera al 95% de cumplimiento, según Delgadillo, aunque reconoce que algunas colonias, como Lomas de Huentitán y Hermosa Provincia, aún enfrentan rezagos.
- Estabilización parcial: Aunque el plazo de tres meses para estabilizar el servicio (dado el 16 de diciembre de 2024) venció en marzo de 2025, Delgadillo afirmó que la ciudad está cerca de garantizar horarios fijos para las rutas, mejorando la predictibilidad para los ciudadanos.
- Reconocimiento laboral: La alcaldesa cambió la narrativa de “los de la basura” a “los de la limpieza”, destacando la labor de los trabajadores y asegurando que el OPD protege sus derechos laborales, a diferencia de las condiciones precarias bajo Caabsa.
Críticas y desafíos
- Expectativas vs. realidad:
Aunque los reportes han disminuido, usuarios en redes sociales señalan que colonias periféricas aún enfrentan acumulación de basura ocasional. La promesa de una ciudad “sin basura en las calles” para el Mundial de 2026 (Guadalajara será sede del FIFA Fan Festival) parece ambiciosa frente a los retos logísticos.
La transición inicial fue caótica, con irregularidades en diciembre de 2024 debido a la falta de experiencia municipal tras 30 años de concesión.
- Falta de sanciones claras:
La propuesta de apercibimientos para quienes ensucien la ciudad ha generado dudas. Posts en X preguntan si habrá multas o detenciones, pero Delgadillo no ha especificado medidas punitivas, lo que podría limitar el impacto de la campaña de concientización.
- Costo financiero:
La adquisición de camiones y la creación del OPD representaron una inversión significativa, y algunos regidores de oposición, como Juan Alberto Salinas (Morena), han cuestionado la transparencia en la gestión de recursos. Acusaciones de que el municipio asumió pasivos laborales de Caabsa (480 empleados) sin claridad han avivado el debate.
- Participación ciudadana:
Aunque el pacto involucra a diversos sectores, críticos argumentan que la corresponsabilidad no debe eximir al gobierno de su obligación principal. La frase “todas las manos son bienvenidas” podría interpretarse como una transferencia de responsabilidad a los ciudadanos si los escuadrones no cumplen.
- Sostenibilidad a largo plazo:
La reducción de residuos requiere cambios estructurales, como incentivos al reciclaje y regulación de empaques, que no se han detallado. Sin estas medidas, el programa podría quedarse en acciones superficiales, como limpieza reactiva.
Fortalezas del programa
- Liderazgo proactivo: Delgadillo asumió un riesgo político al terminar con Caabsa, una decisión que ningún predecesor se atrevió a tomar. La creación del OPD y los escuadrones demuestra una visión integral que combina infraestructura, organización y comunidad.
- Énfasis cultural: La campaña de corresponsabilidad apela al orgullo tapatío, un enfoque emocional que puede movilizar a la ciudadanía. La inclusión de líderes vecinales y sectores diversos fortalece la legitimidad del pacto.
- Resultados iniciales: La caída del 70% en reportes y la operatividad al 95% son logros tangibles en un contexto de transición compleja.
Debilidades:
- Plazos optimistas: La estabilización en tres meses no se cumplió del todo, lo que podría erosionar la confianza si persisten fallas en colonias marginadas.
- Falta de profundidad en sostenibilidad: El programa se centra en limpieza inmediata, pero no aborda con claridad la gestión de residuos a largo plazo, como la reducción de plásticos o la creación de plantas de reciclaje.
- Riesgo político: La percepción de que el gobierno carga la responsabilidad a los ciudadanos podría generar rechazo, especialmente si los escuadrones no mantienen el ritmo inicial.
Oportunidades:
- La preparación para el Mundial de 2026 ofrece un incentivo para acelerar mejoras, visibilizando a Guadalajara internacionalmente.
- La colaboración con municipios como Zapopan (relleno de Picachos) y la propuesta de Pablo Lemus para una Agencia Metropolitana de Gestión de Residuos podrían escalar el modelo a nivel regional.
Amenazas:
- La deuda del SIAPA (17,900 millones de pesos) y la presión por financiar servicios públicos podrían limitar los recursos para Limpia Guadalajara.
- La politización del tema, con críticas de Morena y otros partidos, podría complicar el consenso necesario para sostener el programa.
Los desafíos
El Pacto Limpia Guadalajara de Verónica Delgadillo es una apuesta ambiciosa para transformar la gestión de residuos en la ciudad, combinando infraestructura propia, organización comunitaria y un cambio cultural.
Los escuadrones de la limpieza, la creación del OPD y la reducción de reportes son avances significativos, pero el éxito dependerá de mantener la eficiencia, aclarar sanciones y profundizar en estrategias de sostenibilidad.
Frente a una ciudadanía escéptica tras décadas de promesas incumplidas, Delgadillo debe demostrar que su visión no es solo un triunfo político, sino un cambio real para las tapatías y tapatíos.
Con el Mundial de 2026 en el horizonte, el programa tiene el potencial de convertir a Guadalajara en un referente, pero solo si supera los retos operativos y logra que la corresponsabilidad sea un esfuerzo compartido, no una carga desigual.
EL APOYO DE LÍDERES AL PACTO LIMPIA GUADALAJARA
El presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara, Javier Arroyo Navarro, firmó el acuerdo.
“El sector empresarial no es, ni puede ser ajeno a esta realidad. Somos parte activa de la dinámica urbana y, por tanto, también somos corresponsables de su bienestar”, afirmó.
El Rector de la Universidad Panamericana, campus Guadalajara, Abraham Mendoza, expresó que con la firma de este acuerdo también se fortalecen aspectos de civismo como un valor compartido, así como una educación con sentido de pertenencia y hábitos que integran el saber con el hacer. Anunció que la comunidad universitaria se sumará con talento de investigación y en campo.
“Queremos que nuestros estudiantes participen en programas de voluntariado, de servicio social, porque entendemos que educar también es involucrarse y que se trabaja en el territorio”, expresó.
Sofía Chávez, representante de Casa CEM, afirmó que Guadalajara tiene la oportunidad de lograr una gestión integral de residuos.
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