REPORTAJE
Viene iniciativa del Poder Ejecutivo: Alfaro con reforma al Ipejal no toca las pensiones VIP

Por Raúl Cantú //
Con todo y las críticas que vino realizando cuando era opositor a las llamadas “pensiones estratosféricas” que reciben del Instituto de Pensiones del Estado ex gobernadores, ex senadores, ex magistrados y políticos que fueron muy importantes en su momento, Enrique Alfaro no va a la acción y se abstiene de solicitar se reforme la ley para acabar con éstas.
Hoy cuando su voz suena fuerte y es el político de mayor influencia en Jalisco, extrañamente lo que predicaba como opositor ahora que gobierna y que puede impulsar el cambio, ya no le da la importancia que le daba en el pasado cuando buscaba votos y popularidad.
Al Congreso del Estado el gobernador Enrique Alfaro Ramírez mandó iniciativa que reforma un solo concepto de Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco para otorgar una pensión al 100% a deudos de elementos operativos de las corporaciones policiales y de la unidad estatal de protección civil y bomberos, caídos en cumplimiento del deber.
El viernes 24 de junio de 2016 cuando Alfaro era presidente municipal de Guadalajara criticó las pensiones estratosféricas que recibían y siguen recibiendo el ex magistrado del Tribunal Administrativo (TAE) Eleuterio Valencia Carranza de más de 192 mil millones de pesos, así como el que en aquel tiempo era presidente estatal del PRI, José Socorro Velázquez, quien percibía en aquella fecha 155 mil 868 pesos y al año millón 870 mil pesos.
Esos dos casos citó Alfaro como ejemplo de esas estratosféricas pensiones y como exigencia de la reestructuración del instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (IPEJAL).
Por su parte el director de Pensiones designado por el gobernador Enrique Alfaro, Iván Arguelles ya no habló de reformar la ley para acabar con estas pensiones “estratosféricas” como las calificaba el hoy titular del Poder Ejecutivo de Jalisco cuando era líder de oposición, dijo que las revisarían para ver si existía alguna irregularidad.
LA PROPUESTA DE ENRIQUE VELÁZQUEZ
Diferente al discurso del gobernador es el del diputado perredista Enrique Velázquez quien sí plantea cambio de fondo para que las jubilaciones de Ipejal tengan un límite, considerando que de “nada le sirven a los trabajadores tener el derecho de la jubilación, si al llegar al cajero no habrá dinero en sus tarjetas”.
La iniciativa que presentó el diputado Enrique Velázquez la hizo pensando en el futuro de las finanzas del Ipejal, para tabular una pensión se debe de promediar lo que ganó en los últimos 10 años y se impone un tope financiero máximo de 30 salarios mínimos. Es decir, la pensión máxima debería ser hoy día de 92 mil 412 pesos.
Entre las modificaciones que impulsa el legislador, está el evitar los abusos en las pensiones de los funcionarios públicos de primer nivel, ampliar el promedio de 3 a 10 años laborados en el cargo para jubilarse y generar comités de inversión con gente responsable y capaz en Pensiones del Estado.
“Si algo tenemos que entender en el país, no únicamente en el estado donde me toca ser legislador, es que de nada te sirve tener el derecho si no hay dinero. Si no administras bien los fondos de Pensiones que han sido un tema a nivel global muy complicados, en la década de los noventa se pensaron en los afores, se fueron cambiando las leyes para que hubiera topes a las cotizaciones, entonces el boquete financiero que tiene México tiene que ver con las pensiones que hay en Comisión Federal de Electricidad, IMSS, donde hay personas de 51 o 52 años jubilados, que han trabajado 25 o 27 años, que vivirán por lo menos 30 años más de acuerdo a la esperanza de vida”.
Con la convicción que la propuesta no es en contra de la gente y su acceso a buenos salarios, reiteró la importancia de frenar las súper jubilaciones, pues con la jubilación de un funcionario de primer nivel se cubren decenas de trabajadores en el estado.
“Cambió la ley en 2009, es el promedio de los últimos 3 años, sigue siendo sobre periodos que tienen que ver con la posibilidad que cotizaste toda la vida con un salario de 5 a 10 mil pesos y tienes en el último tramo un salario de 100 a 150 mil pesos pues no habrá fondo que alcance, no estamos en contra que la gente tenga buenos salarios, sino en contra que se le pague a alguien como secretario o gobernador durante toda la vida cuando ese trabajo lo realizó algunos años”.
“Creo que una jubilación digna puede ser entre 50 y 70 mil pesos, pero si se van jubilados con 150 o 200 mil pesos, ellos solos toman el dinero de aportaciones de hasta 35 trabajadores, la proporción es lo que no da la viabilidad en un fondo”.
Agrega: “Lo que debemos hacer los legisladores es garantizar que ese derecho sea asequible, que se
PENSIÓN PARA DEUDOS DE POLICÍAS
Con la reforma un solo concepto de la ley, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez envió a la Cámara de Diputaos una iniciativa de decreto que modifica la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, para otorgar una pensión al 100% a deudos de elementos operativos de las corporaciones policiales y de la unidad estatal de protección civil y bomberos, caídos en cumplimiento del deber.
RETROACTIVA Y AL 100 POR CIENTO LA PENSIÓN PARA DEUDOS DE POLICÍAS
Por Mario Avila //
Con la reforma un solo concepto de la ley, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez envió a la Cámara de Diputaos una iniciativa de decreto que modifica la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, para otorgar una pensión al 100% a deudos de elementos operativos de las corporaciones policiales y de la unidad estatal de protección civil y bomberos, caídos en cumplimiento del deber.
Incluso se plantea que el beneficio se otorgue de manera retroactiva a quienes hayan muerto tres años antes de la entrada en vigor de la enmienda legal y se explica de la siguiente manera: “Las pensiones por viudez u orfandad a que se refiere la reforma prevista en este Decreto, será aplicable a favor de los beneficiarios de afiliados que hayan fallecido en cumplimiento de su deber durante los tres años previos al inicio de su vigencia”.
En la exposición de motivos que justifica la emisión de la iniciativa, el mandatario estatal recuerda que la seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social”.
Por cierto, el contenido vigente de este artículo habla de que los deudos de los servidores públicos pueden aspiran cuando mucho a una pensión del 50% de su sueldo, siempre y cuando se cumpliera el requisito de haber tenido 30 años o más de cotización en Ipejal.
Concretamente el Artículo 92 expone: “La pensión por viudez y orfandad será cuantificada sobre la base de cotización que hubiere tenido en vida el afiliado fallecido y conforme a los porcentajes establecidos en la siguiente tabla: Menos de 10 años de cotización en caso de muerte por riesgo de trabajo, 30%; 10 años de cotización, 30%; 11 años de cotización 31%; 12 años de cotización 32%; 13 años de cotización, 33%; 14 años de cotización, 34%; 15 años de cotización, 35%; 16 años de cotización, 36%; 17 años de cotización, 37%; 18 años de cotización, 38%; 19 años de cotización, 39%; 20 años de cotización, 40%; 21 años de cotización, 41%; 22 años de cotización, 42%; 23 años de cotización, 43%; 24 años de cotización, 44%; 25 años de cotización, 45%; 26 años de cotización, 46%; 27 años de cotización, 47%; 28 años de cotización, 48%; 29 años de cotización, 49% y 30 años o más de cotización, 50%”.
Vale la pena acarar que el derecho a la percepción de pensión por viudez y orfandad, nace a partir del día siguiente de la fecha en que ocurra el fallecimiento del afiliado y esta prestación se otorgará únicamente en económico sin que exista obligación de otorgar servicio médico ni otras prestaciones.
Con esta iniciativa se contempla un ARTÍCULO ÚNICO: “Se adiciona un párrafo segundo al artículo 92 de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, para quedar como sigue: ARTÍCULO 92. […] Lo dispuesto en este artículo respecto de la antigüedad de cotización del afiliado fallecido, no será aplicable en los casos de elementos operativos de Cuerpos de Seguridad Pública o de la Unidad Estatal o Municipales de Protección Civil y Bomberos cuando fallezcan en el cumplimiento de su deber y que hubiere acumulado cuando menos dos años y un día de cotización efectiva ante el Instituto, por lo que los beneficiarios del afiliado fallecido tendrán derecho a una pensión por viudez u orfandad en los términos de esta Ley”.
JALISCO
Arranca el Sistema Estatal de Participación Ciudadana en Jalisco

– Por Francisco Junco
En un evento histórico, Jalisco formalizó la creación del Sistema Estatal de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza, un espacio diseñado para articular esfuerzos entre gobierno y ciudadanía, garantizando que la voz de las personas influya en las decisiones públicas.
La secretaria de Planeación y Participación Ciudadana, Cynthia Patricia Cantero Pacheco, explicó que este sistema busca ser un mecanismo de cocreación entre sociedad y autoridades, rompiendo con la lógica paternalista del gobierno y promoviendo una relación horizontal basada en principios como la transparencia, inclusión, colaboración, legalidad y equidad.
UN SISTEMA PARA EMPODERAR A LA CIUDADANÍA
Cantero Pacheco destacó que el sistema no solo formaliza una estructura, sino que abre caminos reales para que la ciudadanía opine, decida e influya en temas de interés público.
Subrayó que el gobierno no está por encima de los ciudadanos, sino al mismo nivel, fomentando una participación activa y equitativa. Este enfoque responde a un diagnóstico derivado de la participación de más de 675 mil personas en la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024–2030, que identificó barreras como la burocracia, la falta de representatividad de grupos vulnerables y la baja incidencia de los consejos ciudadanos en las decisiones públicas.
Para abordar estos desafíos, en enero de 2026 se presentará la primera métrica de participación ciudadana, desarrollada con el investigador Guillermo Cejudo, herramienta que evaluará la madurez de los municipios y dependencias estatales en materia de participación, con el objetivo de emitir recomendaciones y fortalecer la democracia en Jalisco.
Cantero enfatizó que la participación ciudadana es un derecho humano que debe garantizarse, permitiendo a las personas involucrarse en los asuntos públicos y trabajar directamente con las autoridades para resolver problemas concretos en sus comunidades.
BENEFICIOS PARA LA CIUDADANÍA Y UN CAMBIO DE PARADIGMA
El sistema busca empoderar a los ciudadanos para que participen activamente en la atención de problemáticas locales, como las de sus colonias o comunidades, mediante una colaboración directa con los gobiernos municipales y estatal.
Cantero llamó a abandonar el paternalismo gubernamental y a fomentar un sentido de comunidad, tejiendo redes y alianzas entre ciudadanos y autoridades. Este enfoque promueve actuar con empatía y responsabilidad colectiva, pensando en el bienestar común.
UN EVENTO CON AMPLIA REPRESENTACIÓN
La instalación del sistema contó con la participación de representantes de los tres poderes del Estado, organismos autónomos, los 125 municipios de Jalisco y líderes sociales.
Durante el evento, se firmó una declaratoria conjunta que compromete a las instituciones a fortalecer los consejos municipales, garantizar accesibilidad universal en los procesos de participación y promover la inclusión de niños y adolescentes.
La presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, Paula Ramírez Höhne, celebró el sistema como un espacio para consolidar una democracia más vigorosa, donde todos los sectores de la sociedad sean escuchados.
VOCES MUNICIPALES: ZAPOPAN Y OCOTLÁN
El alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, calificó el evento como un hecho histórico y destacó que los grandes retos se resuelven con corresponsabilidad y diálogo social. Subrayó el éxito de Zapopan como ejemplo de lo que se logra cuando la ciudadanía se involucra activamente.
Por su parte, la presidenta municipal de Ocotlán, Daisy Nayeli Ángel Hernández, compartió cómo la participación de niños y adolescentes ha transformado su municipio. Relató la historia de una niña que describió las dificultades de su trayecto escolar, lo que llevó al ayuntamiento a invertir en transporte escolar.
Ocotlán, único municipio con participación presencial de infancias y juventudes, cuenta con un cabildo infantil y juvenil y será sede de una próxima sesión del Consejo Estatal.
COMPROMISOS Y AVANCES
El presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza, Ramón Marcelo Cortés, afirmó que este sistema marca el inicio de una nueva etapa donde la voz ciudadana será escuchada y valorada, actuando como un motor de cambio para Jalisco.
Actualmente, el 70% de los municipios de Jalisco cuentan con un consejo de participación ciudadana, con la meta de alcanzar el 100% para finales de 2025. Además, el 92% de los municipios tiene un consejo de planeación, y el 71% ha incorporado consultas ciudadanas en sus planes municipales de desarrollo.
Sin embargo, Cantero reconoció que muchos consejos aún tienen poca incidencia real, un desafío que el sistema busca transformar.
VOCES EXPERTAS Y EXPERIENCIAS INSPIRADORAS
El evento incluyó una conferencia magistral de Matías Bianchi, de la organización Asuntos del Sur, quien abordó el papel de la tecnología en la participación ciudadana en América Latina.
Además, el panel “Historias que inspiran el cambio desde la ciudadanía” reunió a figuras como Elizabeth Gómez Ibarra, Nayo Rodríguez Varela, Annabelle Sulmont (ONU) y Marta Bárbara Ochman Ikanowicz, quienes compartieron experiencias comunitarias y académicas que demuestran el poder transformador de la organización social.
COMPROMISOS CLAVE Y VISIÓN A FUTURO
Entre los compromisos asumidos destacan la creación de espacios digitales de consulta pública, la promoción de la participación de grupos prioritarios (como comunidades indígenas y colectivos estudiantiles) y la garantía de inclusión de sectores tradicionalmente excluidos.
Cantero insistió en la necesidad de pasar de ejercicios consultivos a espacios de cocreación efectiva, donde la ciudadanía no sea mera espectadora, sino protagonista de la vida pública.
El Sistema Estatal de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza establece las bases para una relación más horizontal entre gobierno y sociedad, asegurando que las decisiones públicas reflejen las necesidades reales de la comunidad. Este mecanismo permanente fortalecerá la rendición de cuentas y se regirá por la Ley del Sistema de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza.
La secretaria invitó a la ciudadanía a informarse y participar a través de http://participa.jalisco.gob.mx/sistema-estatal, subrayando que el objetivo es construir un Jalisco más democrático, inclusivo y participativo.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 804: Lo piden los expertos: Una nueva Corte de Justicia sin extremos ideológicos
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NACIONALES
El llamado de los expertos: Una nueva Suprema Corte de Justicia que priorice el derecho sin extremos ideológicos

– Por Mario Ávila
Este domingo 31 de agosto llega a su fin una era de tres décadas en las que se implementó un modelo de justicia, nacido con la llegada a la presidencia de México, de Ernesto Zedillo y el lunes 1 de septiembre México amanecerá con un nuevo modelo de justicia, nacido a iniciativa del ex presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y hecho realidad en el primer año del sexenio de la primera presidenta en la historia del país, Claudia Sheinbaum Pardo.
En un análisis somero, el doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara, Javier Hurtado González, habló no sólo del Poder Judicial, sino específicamente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la que dijo: “Se despide una Corte que preferentemente se dedicó a cuidar los intereses del capital, pero no podemos esperar que lleguemos a caer en el otro extremo y que se instale una Corte de tipo populista”.
Yo pienso -dijo-, que lo que deben hacer los nuevos ministros, es la recta aplicación del derecho, más allá de consideraciones de carácter social, étnico o político; tiene que ser una Corte imparcial, objetiva y apegada fielmente al derecho.
Hurtado González, politólogo y ex presidente del Colegio de Jalisco, aceptó la entrevista para los lectores del semanario Conciencia Pública y de entrada dijo: “En principio, hay que darles el beneficio de la duda y a través de sus sentencias, sus actos y sus decisiones, es como vamos a poder valorar, si realmente estos nuevos impartidores de Justicia que entran en funciones el día primero, van a estar a la altura de las circunstancias.
“Yo pienso que el Poder Judicial, sobre todo los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, van a tener que contrarrestar el problema de su legitimidad de origen, yo no estoy diciendo que hayan sido producto de una imposición, sino que todos sabemos lo que pasó en el proceso de su elección, los famosos acordeones, eso es una mancha muy importante que van a tener y con la que van a cargar; no sé durante cuánto tiempo se puedan despojar de ella, pero la única manera de poder hacerlo, será a través de sus sentencias”, planteó el académico e investigador de la Universidad de Guadalajara.
Este modelo de justicia que imperó durante 30 años -sentenció-, yo pienso que fue en un ensayo, que finalmente no derivó en lo que se tenía pensado que pudiera ser; me refiero sobre todo al problema de la Carrera Judicial, más bien fue digamos un principio a alcanzar, pero no la realidad.
Yo no niego tampoco -expuso-, que no haya habido casos en los que se respetó la Carrera Judicial, para decidir un ascenso o el ingreso de impartidores de Justicia; pero hubo muchos otros casos y reconocidos por ellos mismos, en los que se admitió, reconocidos por ellos mismos que el nepotismo estaba presente en el 50% del personal, según lo dijo la propia ministra presidenta, Norma Piña.
“Yo pienso que así es como se despide una Corte, que se dedicó mucho a cuidar los intereses del capital, en el entendido de que la mayor parte de la sentencias y de los casos que llegan a la Corte, son de carácter económico y fiscal y eso siempre lo resolvieron, o les daban largas y largas, como al caso de Salinas Pliego, que es paradigmático, para prolongar y mientras tanto ‘jinetear’ el dinero y les daban una parte de las mochadas de los intereses a los propios ministros que hacían eso, que escondían los expedientes en los cajones del escritorio”, recordó el entrevistado.
Sin embargo, Hurtado González también planteó que, con la llegada de los nuevos integrantes de la SCJN, no se debería caer en el otro extremo, “o sea, una Suprema Corte digamos de tipo populista, si la otra era elitista y favorecía a los grandes capitales como quedó demostrado, esta no debe caer en el otro extremo, su obligación es tomar decisiones bien sustentadas únicamente en el Derecho”.
LAS SENTENCIAS INTERNACIONALES
Al hacer un primer análisis de los retos que tendrá enfrente la nueva SCJN, el fundador de la carrera de Ciencias Políticas en la UdeG, Javier Hurtado, dijo ver un primer gran reto en el hecho de que si ésta Suprema Corte va a cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, particularmente con la sentencia emitida a fines del año 2023 sobre la prisión preventiva, “en donde se le ordenó al Estado Mexicano, adoptar una serie de medidas, entre otras dejar de aplicar esa medida atentatoria al principio de presunción de inocencia y también se le ordenó reformar su Constitución para adaptarla a los estándares internacionales en materia de derechos humanos”.
Censuró el abogado constitucionalista y también licenciado en sociología, cómo es que en México se tiene la prisión preventiva si hay de por medio una sentencia que la Corte Interamericana “y se sigue aplicando ese ‘engendro del demonio’, se sigue haciendo e incluso le siguen poniendo más delitos; es decir, en vez de marchar en el sentido que dijo la Corte Interamericana, no, le agregaron otros delitos en el artículo 19 a la prisión preventiva”.
Vaticinó que ese será uno de los temas fundamentales que tiene que atender el próximo Poder Judicial y se preguntó si la SCJN va a acatar esa sentencia y dejará de aplicar la prisión preventiva, concretamente cuestionó qué es lo que le habrán de decir o qué le van a ordenar a los impartidores de justicia.
Aseguró que hay uno que otro juez que no ha aplicado la prisión preventiva ni el arraigo, porque son muy valientes, “pero creo que no llegan al 5% de los jueces quienes por sus pantalones no la aplican, acatando la decisión de la Corte Interamericana, pero los demás no lo hacen porque la Corte ha defendido la prisión preventiva.
“Y ahí va a estar en un predicamento esta SCJN, va a estar a dos fuegos, por un lado, la presión del gobierno y el partido que los favoreció en la elección, que son favorables a la presión preventiva e incluso de agregarle más delitos y por otro lado, la Corte Interamericana que les dice, deja de aplicar eso y reforma tu Constitución para adaptarla a los estándares internacionales”, recalcó el jurista.
Refirió también que el arraigo, además de la presión preventiva, es una cosa totalmente fuera de cualquier consideración, en un país en el cual ya haya una plena observancia de los derechos humanos y se preguntó: “¿Cómo es posible que tú tengas presa a una persona para investigarla, hasta por 84 días?”
“No puede ser eso -abundó-, es decir, te aprenden para investigarte, no investigan para aprenderte. Y a la vez tenemos otro tema y otro reto muy importante, que es la extinción de dominio, que también es contrario a los derechos humanos, pero el estado mexicano se hace omiso con relación a esto y la Corte, pues no toma las medidas necesarias para revertir esa situación a través de sentencias y de jurisprudencia. Por ejemplo, yo tengo una casa y al que se la rento, se dedica a delinquir y lo aprenden, y a mí me quitan la casa, cuando yo qué culpa tengo y aparte sin un juicio, es decir solo te la confiscan.
EL TRABAJO SERÁ EXCESIVO, SIN SALAS Y CON DOS MINISTROS MENOS
Otra situación a la que se refirió el maestro Javier Hurtado, es el trabajo excesivo que augura, tendrá la Suprema Corte de Justicia de la nación, toda vez que con la reforma, desaparecieron las Salas y redujeron el número de ministros.
Son dos cosas en contra -planteó-, cómo le van a hacer para resolver en el Pleno, el número cada vez más creciente de casos que llegan a la Suprema Corte; antes las salas permitían que se desahogara esa carga de trabajo, pero ahora quitan las Salas y aparte eliminan dos ministros, entonces la verdad, van a tener que ser magos o no sé cómo le van a hacer, es increíble, no hay forma de entender cómo le van a hacer.
EL TRIBUNAL DE DISCIPLINA JUDICIAL
Y EL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN
Uno de los aspectos importantes que dejó la Reforma Judicial, es la creación de un nuevo ente llamado el Tribunal de Disciplina Judicial, se trata de un organismo inédito, sin paralelo en otros países, que transformará por completo el sistema de administración de justicia.
Este Tribunal sustituirá al actual Consejo de la Judicatura Federal y será un órgano con independencia técnica y de gestión, para emitir sus resoluciones. Su función principal será garantizar que jueces y magistrados actúen con ética, profesionalismo y respeto a la ley. Tendrá la responsabilidad de investigar y sancionar faltas graves en el ejercicio de la justicia.
Sobre esta creación, el doctor Javier Hurtado admitió que efectivamente, él nunca tuvo conocimiento de que el Consejo de la Judicatura sancionara a un juez o un magistrado, por lo que planteó su esperanza de que este nuevo tribunal cumpla bien con su misión, con su función y que sancione a los impartidores de Justicia que se aparten del Estado de Derecho o que incluso vendan la justicia.
Sin embargo, planteó a la vez que hay el riesgo de que queriendo cambiar totalmente la impartición de justicia, termine convirtiéndose ese Tribunal de Disciplina Judicial, en un ‘Tribunal de la santa inquisición’ y que corten cabezas por parejo; yo veo también que ese es otro gran problema, otro gran riesgo. Pero consideró que igual que a los ministros, habrá que darles el beneficio de la duda.
Hurtado González también habló del Órgano de Administración Judicial, el nuevo organismo que tendrá a su cargo la administración de los recursos financieros y humanos del Poder Judicial, así como dará seguimiento a la Carrera Judicial.
Este órgano estará integrado por cinco miembros: tres consejeros designados por el Pleno de la Suprema Corte, de entre los Magistrados de Circuito y Jueces de distrito; un consejero designado por el Senado, y uno por la presidenta de la República.
Y esa conformación es justamente la que llama la atención al doctor Javier Hurtado y sobre el que dijo: “Me parece quedó mal integrado, porque tanto ruido para tan pocas nueces, es lo mismo, la única diferencia con lo que existía (Consejo de la Judicatura), es que ya no lo preside la presidenta de la SCJN, pero ahí, en ese órgano de cinco miembros, el Poder Judicial tiene tres representantes, lo que significa que siguen siendo juez y parte, porque los otros dos, es un representante del Ejecutivo y otro del Senado; entonces quedamos igual, y ahí también el problema es que sigan tomando decisiones incestuosas para encubrir un mal manejo de los recursos que tienen a su cargo”, expuso.
¿UN TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
O UN TRIBUNAL DE CASACIÓN?
Una más de las inquietudes que un abogado constitucionalista como Javier Hurtado plantea, tiene que ver con dejar en claro cuál es la función, la figura y las facultades de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Y explica: “En 1994 cuando Zedillo hizo la reforma al Poder Judicial y se establecieron en el artículo 105 constitucional, en esa reforma del 31 de diciembre de 1994 se habló de las acciones de inconstitucionalidad, de las controversias constitucionales; entonces dijeron que la Suprema Corte era un Tribunal Constitucional y siempre se llamaron así.
“Y el 5 de noviembre del año pasado, si no me falla la memoria, se cayó eso de que era Tribunal Constitucional con el voto del ministro Alberto Pérez Dayán, que dijo: ‘Nosotros no tenemos facultades para controlar las reformas constitucionales’, entonces no es tribunal constitucional, por más que digan lo que digan, es Tribunal de Constitucionalidad, es un Tribunal de Casación, es un Tribunal de Tercera Instancia”.
Recordar que un Tribunal de Casación, es un órgano judicial superior, cuya función es conocer y resolver el recurso de casación, un medio extraordinario para revisar sentencias de tribunales inferiores, por infracción o quebrantamiento de la ley. A diferencia de un tribunal de apelación, el tribunal de casación no reexamina los hechos del caso, sino que se enfoca en la correcta aplicación del Derecho y la unificación de la jurisprudencia para garantizar la seguridad jurídica.
LA SCJN, OBLIGADA A ANTEPONER
EL INTERÉS NACIONAL: ANDRÉS VALDEZ
Andrés Valdez Zepeda, doctor en estudios latinoamericanos con especialidad en Ciencias Políticas por la Universidad de Nuevo México
“Hay mucha esperanza entre amplios sectores de la población, de que, con el nuevo modelo del Poder Judicial en México, las cosas cambien para bien, que haya justicia más expedita y, sobre todo, se reduzca o elimine la corrupción y el nepotismo. Lo que la gente no quiere es que haya más de lo mismo, lo que se requiere ahora es que el Poder Judicial ejerza sus labores profesionalmente y cumpla con sus funciones constitucionales. La nueva Suprema Corte de Justicia de la nación, debe trabajar en equipo, anteponer el interés nacional por encima de intereses particulares, eficientar y modernizar su estructura y dar señales claras de que hubo en cambio verdadero”.