Opinión, por Pedro Vargas Ávalos //

El poder es tan importante, que no debe estar concentrado. Por ello, la Constitución separa el ejercicio del poder público, y crea los tres ramos que se encargan de aplicarlo: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. En el Siglo XIX, la Iglesia estaba protegida por el Estado mexicano, como desde la Conquista de la Nueva España, declarando que solo se reconocía una religión, que era la católica.

Con las leyes de Reforma, expedidas a partir de julio de 1859 y hasta febrero de 1861 por el Benemérito de las Américas, D. Benito Juárez, presidente de nuestra patria, se llevó a cabo la separación de la iglesia y el Estado. Esas trascendentes normas, fueron constitucionales al formar parte de la Carta Suprema desde septiembre 25 de1873, siendo mandatario federal D. Sebastián Lerdo de Tejada.

Sin embargo, actualmente en las circunstancias que atañen al desarrollo integral de una nación, existen los llamados “factores de presión” (FP), que son “actores que, además de realizar las actividades normales y legales que constituyen su objetivo declarado y legal, realizan sistemáticamente prácticas que violan gravemente leyes válidas e incumplen relevantes decisiones públicas que son legales y legítimas, en desafío de las autoridades gubernamentales a las que ignoran o neutralizan o las confrontan y doblegan; es decir, privan de efectividad a la legítima acción gubernamental”. (Ricardo Tirado, Prontuario de la Democracia, UNAM).

Conforme esa idea, podríamos identificar dos grandes tipos de factores de presión: círculos de influjo (CI) y poderes fácticos (PF). En el primer ámbito figuran instituciones de crédito, importantes empresas, medios de comunicación, agrupaciones de empresarios, centrales de trabajadores, iglesias, asociaciones de educación superior, etc.

En el segundo espacio, están los más incisivos poderes fácticos: los de carácter mediático que buscan tesoneramente influir en el entorno político. Otros PF de menor poder recurren a sus capacidades de movilización y resistencia física o de generación de gran desafecto popular: una Iglesia mayoritaria, ligas patronales y grandes sindicatos, agrupaciones de comerciantes, profesionistas y congregaciones similares.

De esos entes de presión, -ya CI o PF- cuya característica es que, siendo poderosos, aprovechan que gozan de una posición de privilegio para incidir en el renglón público, mostrándose por lo regular críticos punzantes de la autoridad (siempre que esta no se ciña a sus intereses), siendo además figuras o corporaciones difíciles de sujetar jurídicamente.

Desde su cruzada electoral, el actual Presidente de la República señaló como necesario el separar al poder económico (representado por esos grupos de presión) para poder desplegar sus acciones en aras de cumplir su principal lema de campaña: “Por el bien de todos, primero los pobres”. Por lo común, la gran mayoría de esos grupos de presión, se convirtieron en tercos impugnadores.

Desde el inicio de su periodo gubernamental, Andrés Manuel López Obrador -AMLO- dispuso que los funcionarios de Hacienda, Gobernación, Comunicaciones, Energía, Salud, Economía y demás dependencias federales, no convivieran -con miembros o personajes pertenecientes a los grupos de poder- en fiestas, comidas, juegos deportivos o viajar con contratistas, grandes contribuyentes, proveedores o inversionistas vinculados a la función pública.

Lo anterior se entiende porque es indispensable -para la real vigencia del estado de derecho y la justa distribución de la riqueza-, que no se confunda o menos se fusione el poder económico con el político. En el neoliberalismo, ese fue un factor determinante para el empobrecimiento de las mayorías, la actuación de la autoridad respaldando los intereses del capital, por lo que había desfasada comunión de esos dos poderes.

Como dijimos, muchas personas físicas o morales, de hecho o de derecho, tras el triunfo electoral del lopezobradorismo en 2018, asumieron fungir como vehementes reclamantes del gobierno de la Cuarta Transformación -4T- . Destacan dos individuos: Carlos Slim y Ricardo Salinas Pliego -RSP-). El primero, conduciéndose con notable sagacidad, es sin duda alguna, el empresario más afín al presidente, sin dejar de mostrar su contrariedad con ciertas obras: una docena de reuniones privadas entre él y AMLO, prueban ese planteamiento.

Por lo que hace a Salinas Pliego (RSP) el tercer hombre más rico del país, se registra pleito singular que sostiene contra AMLO, no precisamente por su mentalidad reaccionaria, ultraderechista, que ya sería suficiente, sino por ser un evasor fiscal formidable: El presidente -dice el periodista Genaro Lozano, de Televisa y Reforma- ha señalado tres áreas principales de conflicto con Salinas Pliego: Adeudos fiscales al SAT, disputas ambientales con un campo de Golf en Guerrero y críticas al manejo de las Afores”. Aunque existen varias más, tales como sus diferencias en cuanto al libro de texto gratuito, y sus imposiciones ideológico-periodísticas a sus empleados de TV azteca.

En su mañanera del 25 de abril, el mandatario habló sobre esas diferencias y dejó en claro que el tema fiscal, es un “un paquete de 22 mil millones, más otro que llega a cerca de 50 mil millones, eso es lo que está en cuestión” y urgió al poder judicial para que resuelva si lo debe liquidar o en su caso, no procede que los pague.

El modo de ser de RSP es calificado como soez, indigno y muy lépero: a Citlalli Hernández, secretaria general de MORENA, la trata de CERDA; al presidente, de un «gobiernícola mentiroso»; del SAT, afirma que se dedica a “extorsionar a empresarios” y que la administración federal es una “kakistocracia”. Suele, además, de su amplio mosaico de ofensas agregar las letras “hdtpm”, que para los mexicanos es “hijo de tu…madre”. Así se las gasta el “tío richy” como se autodenomina este palurdo ricachón. Su variedad de dicterios podría enlistarse en grueso volumen.

Una nueva disputa la sostiene RSP cuando el destacado periodista Julio Hernández “Astillero” cuestionó la integridad periodística de Salinas, acusándolo de priorizar intereses comerciales y tener vínculos con el poder. Ante esto, Salinas respondió con una declaración desafiante, afirmando su integridad y advirtiendo a Astillero que “conmigo no se juega”. El twitter (hoy X) de RSP es fiel reflejo de su modo de ser: “Jajaja pobre pendejø… tu video es de esos videos…que se pueden oler. Y no me amenaces porque conmigo no se juega, hdtpm “buena ondita”.

Lo anterior ameritó una respuesta de Julio Hernández: “Guárdese sus consejos de periodismo; lo que usted ha impulsado es el interés comercial y la manipulación. Conmigo se topa, conmigo, el que se sube, se pasea”. Este afirma que RASP es “el adversario mas concreto y mas insultativo hacia el presidente”. Empero, el mandatario insiste en calificar a Salinas Pliego como “su amigo”, lo cual es patético: asegura que Javier Alatorre, locutor de TV Azteca, en su postura crítica hacia el gobierno, -es buena persona- “pero tiene que decir lo que le ordena Salinas Pliego”. Al respecto, este empresario expresó: “Ni AMLO ni el baña gatos de Jesús Ramírez Cuevas le hacen honor a la investidura presidencial”. Y tras señalar que la lealtad a ciegas que exige el presidente no existe, pregona que “en grupo Salinas somos hombres libres y actuamos por convicción personal. (X, 25 IV 24).

Todo lo narrado, es muestra palmaria de como los ricos mexicanos tratan no solo al gobierno, sino al pueblo. Y aunque AMLO, desde su primer informe hasta recientemente, afirmó que su administración lleva un enorme avance en la separación del poder económico frente al poder político, el periodista Mario Maldonado, escribió: “La separación del poder político y el económico que proclamó el mandatario al inicio de su gobierno fue una ilusión: el poder económico entra y sale de Palacio Nacional por la puerta grande tras dialogar, negociar y proponer proyectos e ideas con el titular del poder político…”. (El Universal, 12 V 2023). Pensemos en el Consejo Empresarial que creó Amlo, o en las múltiples visitas que le ha hecho Slim.

Tomar el pulso a la relación entre Carlos Slim y AMLO es una manera de valorar qué pasó con la promesa del candidato López Obrador de separar el poder político y el poder económico. Porque ese tema fue eslogan de campaña muy potente para una ciudadanía empachado por la corrupción, misma que en una cara muestra que en el país, las grandes fortunas florecen -de potentados y políticos- al amparo de las decisiones de los gobiernos protectores de sus cúpulas.

No cabe duda, si bien se necesitan diálogos de categoría entre políticos y empresarios que detonen inversiones y forjen las condiciones apropiadas para la generación y distribución de la riqueza, es requisito que no se coludan ambos elementos. Que cada sector haga lo suyo, es decir que actúen “juntos, pero no revueltos”, con lo que se evitarán transas y moches, así como las comaladas de millonarios sexenales, al tiempo que acarreará bienestar para la población, y con ello, se abatirá la pobreza lacerante que ha padecido la mayoría de nuestra gente.

Por lo anterior, es que debe instrumentarse una adecuada separación entre los poderes económico y el político, la cual sería de dimensiones semejantes a la magnitud que se experimentó con la Reforma juarista.