NACIONALES
Salinas Pliego ahora contra AMLO: Poder económico y poder político, juntos pero no revueltos

Opinión, por Pedro Vargas Ávalos //
El poder es tan importante, que no debe estar concentrado. Por ello, la Constitución separa el ejercicio del poder público, y crea los tres ramos que se encargan de aplicarlo: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. En el Siglo XIX, la Iglesia estaba protegida por el Estado mexicano, como desde la Conquista de la Nueva España, declarando que solo se reconocía una religión, que era la católica.
Con las leyes de Reforma, expedidas a partir de julio de 1859 y hasta febrero de 1861 por el Benemérito de las Américas, D. Benito Juárez, presidente de nuestra patria, se llevó a cabo la separación de la iglesia y el Estado. Esas trascendentes normas, fueron constitucionales al formar parte de la Carta Suprema desde septiembre 25 de1873, siendo mandatario federal D. Sebastián Lerdo de Tejada.
Sin embargo, actualmente en las circunstancias que atañen al desarrollo integral de una nación, existen los llamados “factores de presión” (FP), que son “actores que, además de realizar las actividades normales y legales que constituyen su objetivo declarado y legal, realizan sistemáticamente prácticas que violan gravemente leyes válidas e incumplen relevantes decisiones públicas que son legales y legítimas, en desafío de las autoridades gubernamentales a las que ignoran o neutralizan o las confrontan y doblegan; es decir, privan de efectividad a la legítima acción gubernamental”. (Ricardo Tirado, Prontuario de la Democracia, UNAM).
Conforme esa idea, podríamos identificar dos grandes tipos de factores de presión: círculos de influjo (CI) y poderes fácticos (PF). En el primer ámbito figuran instituciones de crédito, importantes empresas, medios de comunicación, agrupaciones de empresarios, centrales de trabajadores, iglesias, asociaciones de educación superior, etc.
En el segundo espacio, están los más incisivos poderes fácticos: los de carácter mediático que buscan tesoneramente influir en el entorno político. Otros PF de menor poder recurren a sus capacidades de movilización y resistencia física o de generación de gran desafecto popular: una Iglesia mayoritaria, ligas patronales y grandes sindicatos, agrupaciones de comerciantes, profesionistas y congregaciones similares.
De esos entes de presión, -ya CI o PF- cuya característica es que, siendo poderosos, aprovechan que gozan de una posición de privilegio para incidir en el renglón público, mostrándose por lo regular críticos punzantes de la autoridad (siempre que esta no se ciña a sus intereses), siendo además figuras o corporaciones difíciles de sujetar jurídicamente.
Desde su cruzada electoral, el actual Presidente de la República señaló como necesario el separar al poder económico (representado por esos grupos de presión) para poder desplegar sus acciones en aras de cumplir su principal lema de campaña: “Por el bien de todos, primero los pobres”. Por lo común, la gran mayoría de esos grupos de presión, se convirtieron en tercos impugnadores.
Desde el inicio de su periodo gubernamental, Andrés Manuel López Obrador -AMLO- dispuso que los funcionarios de Hacienda, Gobernación, Comunicaciones, Energía, Salud, Economía y demás dependencias federales, no convivieran -con miembros o personajes pertenecientes a los grupos de poder- en fiestas, comidas, juegos deportivos o viajar con contratistas, grandes contribuyentes, proveedores o inversionistas vinculados a la función pública.
Lo anterior se entiende porque es indispensable -para la real vigencia del estado de derecho y la justa distribución de la riqueza-, que no se confunda o menos se fusione el poder económico con el político. En el neoliberalismo, ese fue un factor determinante para el empobrecimiento de las mayorías, la actuación de la autoridad respaldando los intereses del capital, por lo que había desfasada comunión de esos dos poderes.
Como dijimos, muchas personas físicas o morales, de hecho o de derecho, tras el triunfo electoral del lopezobradorismo en 2018, asumieron fungir como vehementes reclamantes del gobierno de la Cuarta Transformación -4T- . Destacan dos individuos: Carlos Slim y Ricardo Salinas Pliego -RSP-). El primero, conduciéndose con notable sagacidad, es sin duda alguna, el empresario más afín al presidente, sin dejar de mostrar su contrariedad con ciertas obras: una docena de reuniones privadas entre él y AMLO, prueban ese planteamiento.
Por lo que hace a Salinas Pliego (RSP) el tercer hombre más rico del país, se registra pleito singular que sostiene contra AMLO, no precisamente por su mentalidad reaccionaria, ultraderechista, que ya sería suficiente, sino por ser un evasor fiscal formidable: El presidente -dice el periodista Genaro Lozano, de Televisa y Reforma- ha señalado tres áreas principales de conflicto con Salinas Pliego: Adeudos fiscales al SAT, disputas ambientales con un campo de Golf en Guerrero y críticas al manejo de las Afores”. Aunque existen varias más, tales como sus diferencias en cuanto al libro de texto gratuito, y sus imposiciones ideológico-periodísticas a sus empleados de TV azteca.
En su mañanera del 25 de abril, el mandatario habló sobre esas diferencias y dejó en claro que el tema fiscal, es un “un paquete de 22 mil millones, más otro que llega a cerca de 50 mil millones, eso es lo que está en cuestión” y urgió al poder judicial para que resuelva si lo debe liquidar o en su caso, no procede que los pague.
El modo de ser de RSP es calificado como soez, indigno y muy lépero: a Citlalli Hernández, secretaria general de MORENA, la trata de CERDA; al presidente, de un «gobiernícola mentiroso»; del SAT, afirma que se dedica a “extorsionar a empresarios” y que la administración federal es una “kakistocracia”. Suele, además, de su amplio mosaico de ofensas agregar las letras “hdtpm”, que para los mexicanos es “hijo de tu…madre”. Así se las gasta el “tío richy” como se autodenomina este palurdo ricachón. Su variedad de dicterios podría enlistarse en grueso volumen.
Una nueva disputa la sostiene RSP cuando el destacado periodista Julio Hernández “Astillero” cuestionó la integridad periodística de Salinas, acusándolo de priorizar intereses comerciales y tener vínculos con el poder. Ante esto, Salinas respondió con una declaración desafiante, afirmando su integridad y advirtiendo a Astillero que “conmigo no se juega”. El twitter (hoy X) de RSP es fiel reflejo de su modo de ser: “Jajaja pobre pendejø… tu video es de esos videos…que se pueden oler. Y no me amenaces porque conmigo no se juega, hdtpm “buena ondita”.
Lo anterior ameritó una respuesta de Julio Hernández: “Guárdese sus consejos de periodismo; lo que usted ha impulsado es el interés comercial y la manipulación. Conmigo se topa, conmigo, el que se sube, se pasea”. Este afirma que RASP es “el adversario mas concreto y mas insultativo hacia el presidente”. Empero, el mandatario insiste en calificar a Salinas Pliego como “su amigo”, lo cual es patético: asegura que Javier Alatorre, locutor de TV Azteca, en su postura crítica hacia el gobierno, -es buena persona- “pero tiene que decir lo que le ordena Salinas Pliego”. Al respecto, este empresario expresó: “Ni AMLO ni el baña gatos de Jesús Ramírez Cuevas le hacen honor a la investidura presidencial”. Y tras señalar que la lealtad a ciegas que exige el presidente no existe, pregona que “en grupo Salinas somos hombres libres y actuamos por convicción personal. (X, 25 IV 24).
Todo lo narrado, es muestra palmaria de como los ricos mexicanos tratan no solo al gobierno, sino al pueblo. Y aunque AMLO, desde su primer informe hasta recientemente, afirmó que su administración lleva un enorme avance en la separación del poder económico frente al poder político, el periodista Mario Maldonado, escribió: “La separación del poder político y el económico que proclamó el mandatario al inicio de su gobierno fue una ilusión: el poder económico entra y sale de Palacio Nacional por la puerta grande tras dialogar, negociar y proponer proyectos e ideas con el titular del poder político…”. (El Universal, 12 V 2023). Pensemos en el Consejo Empresarial que creó Amlo, o en las múltiples visitas que le ha hecho Slim.
Tomar el pulso a la relación entre Carlos Slim y AMLO es una manera de valorar qué pasó con la promesa del candidato López Obrador de separar el poder político y el poder económico. Porque ese tema fue eslogan de campaña muy potente para una ciudadanía empachado por la corrupción, misma que en una cara muestra que en el país, las grandes fortunas florecen -de potentados y políticos- al amparo de las decisiones de los gobiernos protectores de sus cúpulas.
No cabe duda, si bien se necesitan diálogos de categoría entre políticos y empresarios que detonen inversiones y forjen las condiciones apropiadas para la generación y distribución de la riqueza, es requisito que no se coludan ambos elementos. Que cada sector haga lo suyo, es decir que actúen “juntos, pero no revueltos”, con lo que se evitarán transas y moches, así como las comaladas de millonarios sexenales, al tiempo que acarreará bienestar para la población, y con ello, se abatirá la pobreza lacerante que ha padecido la mayoría de nuestra gente.
Por lo anterior, es que debe instrumentarse una adecuada separación entre los poderes económico y el político, la cual sería de dimensiones semejantes a la magnitud que se experimentó con la Reforma juarista.
ENTREVISTAS
Clemente Castañeda: Con la nueva Ley de Telecomunicaciones está intacta la libertad de expresión

Por Mario Ávila //
Para el senador jalisciense, Clemente Castañeda Hoeflitch, la nueva Ley de Telecomunicaciones tuvo cambios importantes con relación a la propuesta original; por ello, y porque no toca a la libertad de expresión, el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República, votó a favor junto con Morena y sus aliados PVEM y PT.
Desde la tribuna en su momento, a través de sus redes sociales y en entrevista con diferentes medios de comunicación, el coordinador de MC en el Senado, se congratuló de que algunas de esas modificaciones que registró el proyecto de ley, se lograron gracias a la presión de la sociedad civil.
Uno de los cambios más significativos fue la eliminación, en su totalidad, del artículo 109 mediante el que el grupo parlamentario de Morena quería para bloquear plataformas digitales.
Castañeda Hoeflitich, también se refirió a la sustitución de la que pretendió ser una “súper Agencia de Transformación Digital que quería el oficialismo, por un órgano colegiado y con independencia de la Secretaría de Economía”.
Adicionalmente, el senador por Jalisco dio cuenta de que previo a la aprobación final de la nueva Ley de Telecomunicaciones, se retiró la facultad de la Secretaría de Gobernación, de aprobar cualquier material proveniente del extranjero.
Lamentó además que, con argumentos falsos y engañosos, actores políticos del PRI y del PAN, “han querido etiquetar este esfuerzo parlamentario como ‘Ley Espía’ y ante ello habrá que aclarar: primero, la geolocalización ya existe desde hace 11 años y fue redactada por el PAN y el PRI y segundo, es una mentira que no existan controles, porque sí se contemplan límites y un marco para la localización geográfica en tiempo real y solicitud de entrega de datos conservados”.
LOS ABSURDOS DE LAS CAMPAÑAS “LEY CENSURA” Y “LEY ESPÍA”
Una de las férreas defensoras de la última de las leyes secundarias que se aprobaron en este período extraordinario de sesiones de la LXVI Legislatura federal, fue la presidenta Claudia Sheinbaum, quien desde la tribuna de la ya tradicional “Conferencia Matutina”, explicó los absurdos e las campañas lanzadas por la oposición acusando la aprobación de una “Ley Censura” y una “Ley Espía”.
La llaman ahora la ‘Ley Espía’ -dijo-, esa es su propaganda y dan como argumento un artículo que es exactamente igual al artículo que ya tenía la ley, no se modificó nada, señala que es a solicitud de un juez como se puede tener información de un teléfono, que eso existe ahora y existía desde que se aprobó la ley en su momento en el año 2014.
No cambia nada de la ley anterior -abundó-, a esta, y le llaman que te estamos espiando, pues cómo vamos a espiar; primero, es un asunto que tiene que ver con el mejor funcionamiento del sistema de telecomunicaciones en nuestro país y que en caso de temas de seguridad, pueda haber información de las empresas telefónicas igual que estaba antes, nada más que ellos creen que como le ponen un nombre, entonces la gente se va a ir con la finta, pues no hay que informar, nada cambió en la ley de lo que ellos argumentan que ahora el gobierno va a espiar a las personas… no cambió absolutamente nada en esa ley que tuviera que ver con algún espionaje.
Y sobre la llamada “Ley Censura”, Sheinbaum Pardo explicó que ahora resulta que las audiencias tienen derechos, y detalló: “Quiénes son las audiencias, todos nosotros, los que escuchamos la radio y vemos la televisión y que si nos sentimos ofendidos porque hubo algo que sabemos que es mentira, o que no debería de haber salido al aire por agraviar a menores de edad, pues podemos ahora sí reclamarle a la televisora, a la estación de radio y ellos tienen obligación de aceptar ese reclamo”.
Eso dicen -explica-, no es censura, sino un derecho ciudadano a reclamar información falsa o inapropiada en medios, antes inexistente. La ciudadanía ahora puede exigir veracidad, amparada en el derecho constitucional a la información.
Incluso la presidenta de México planteó que la nueva ley debería llamarse “Ley de Seguridad y Apoyo a la Población”, porque en su opinión no tiene nada que ver con el espionaje, “es falso de toda falsedad que en esas leyes hay alguna capacidad que le den al Estado mexicano, fuera de la Constitución, capacidad para vigilar a las personas”.
Aseguró que se trata de una campaña estrictamente política, en la que se trata de criticar al gobierno, “sin importar que ley hubiéramos propuesto, no importa el contenido de la ley, hay algunos personajes que todo será en contra nuestra, pero el problema es que se lanzan contra nosotros diciendo mentiras”.
La presidenta Claudia Sheinbaum expresó que los periodistas tienen libertad para criticar al gobierno, pero se pide no mentir. Los ciudadanos ahora pueden exigir su derecho a la información mediante un ombudsman, sin coartar la libertad de expresión.
ÉNFASIS EN LOS DERECHOS DE LAS AUDIENCIAS: PEÑA MERINO
Por su parte, José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y uno de los principales redactores de la nueva Ley de Telecomunicaciones, hizo saber que en el tema de la geolocalización, planteado en el artículo 183, sostiene lo mismo que sostenía la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión aprobada en el 2014 con la mayoría del PRI y del PAN.
Básicamente -dijo-, la redacción es la misma, con un cambio menor, en términos la ley anterior decía vigilar y sancionar las obligaciones en materia de defensa; y la nueva ley habla de vigilar el cumplimiento de los lineamientos en materia de los derechos de las audiencias.
Detalló que contrario a la censura, el espíritu de esta nueva ley, es dar a las audiencias mecanismos de expresión y queja, ante cualquier contenido en medios que violen los derechos de las propias audiencias, pero no se trata ni de censura ni de espionaje.
ENTREVISTAS
Miguel Monraz: Peligrosa la Ley de Telecomunicaciones

Por Mario Ávila //
El diputado federal del PAN, Miguel Ángel Monraz, presidente de la Comisión de Radio y Televisión, expresó preocupaciones sobre la nueva Ley de Telecomunicaciones, particularmente por la falta de autonomía del Consejo Regulador de Telecomunicaciones, que reemplazó a la Agencia de Transformación Digital como órgano rector.
Según Monraz, los cinco consejeros, nombrados por la presidenta Claudia Sheinbaum y ratificados por la mayoría de Morena en el Senado, carecerán de independencia. La fracción 1 del artículo 23 permite su remoción por decisión presidencial sin un despido justificado, lo que, en su opinión, genera miedo e inseguridad.
“Trabajarán con la guillotina en el cuello”, afirmó, cuestionando si podrán actuar libremente o si los apercibimientos por incumplir derechos de audiencias serán usados para silenciar críticas al gobierno.
Monraz criticó que esta falta de autonomía no garantiza equilibrios entre lo público y privado ni equidad para inversionistas en telecomunicaciones, lo que podría incumplir requisitos del T-MEC.
Comparó el consejo regulador con la Cofetel de 1995, considerando la ley un retroceso de 30 años, aunque evitó un mayor retroceso al descartarse la Agencia de Transformación Digital propuesta originalmente.
En cuanto al polémico tema de la geolocalización, Monraz propuso una reserva, desechada en tribuna, para exigir una orden judicial clara para su uso. El artículo actual remite a lineamientos del consejo, lo que genera ambigüedad y riesgos de espionaje.
“Si no te espía esta ley, lo hará la de la Guardia Nacional o la de Inteligencia”, advirtió, cuestionando la seguridad de los datos biométricos de los ciudadanos y recordando el hackeo al sistema del Ejército como ejemplo de vulnerabilidad.
A pesar de reconocer que el 90% de la ley retoma la legislación de 2014, Monraz destacó enmiendas positivas, como la eliminación del artículo 109, que calificó de “ridículo y agresivo” contra portales digitales, y los artículos 201 y 202 sobre censura previa, gracias a la presión de periodistas, sociedad civil y legisladores.
Sin embargo, advirtió que persisten normas que permiten controlar y vigilar a medios y ciudadanos, limitando la libertad de expresión. Monraz expresó preocupación por la intolerancia de Morena, citando casos como la sanción económica y la obligación de disculparse impuesta a una ciudadana en Sonora por criticar al presidente del Congreso en redes sociales, la detención de un periodista en Tequila por hacer su trabajo, el hostigamiento a un periodista en Campeche por parte de la gobernadora, y la “Ley Censura” en Puebla.
También mencionó el caso de un ciudadano que enfrentó a un diputado de Morena, Gerardo Fernández Noroña, y fue obligado a disculparse tras un proceso judicial. “Todos esos son de Morena”, sentenció, señalando un patrón de represión.
El legislador subrayó que, aunque la ley incluye avances, los riesgos de control y vigilancia persisten. Los ciudadanos y medios enfrentan un entorno donde las críticas al gobierno pueden ser castigadas, y la falta de claridad en regulaciones como la geolocalización amenaza la privacidad. Monraz llamó a garantizar un equilibrio que proteja tanto los derechos de las audiencias como la libertad de expresión, sin permitir que el gobierno utilice la ley para intimidar o espiar a la ciudadanía.
JALISCO
Miguel Monraz acusa que gobierno tendrá herramientas para espiar con reformas a telecomunicaciones
FUEGO CRUZADO
“No son reformas: son herramientas para espiar, censurar y controlar al ciudadano (…) La reforma de inteligencia te rastrea, la de telecomunicaciones te calla. Y la de población te ficha. ¿Libertad?”
MIGUEL ÁNGEL MONRAZ IBARRA/ PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE RADIO Y TV DEL CONGRESO FEDERAL
“Ni censura ni espía. Ante la desinformación que hay alrededor de la #LeyTelecom (…) Actores del PRI y el PAN con argumentos falsos y engañosos “han querido etiquetar este esfuerzo parlamentario como ‘Ley Espía’ y ante ello habrá que aclarar: primero, la geolocalización ya existe desde hace 11 años y fue redactada por el PAN y el PRI y segundo, es una mentira que no existan controles, porque sí se contemplan límites”
CLEMENTE CASTAÑEDA / SENADOR DE MOVIMIENTO CIUDADANO
CIERTO O FALSO
“Se duplica la desaparición de mujeres menores de 20 años en el me de junio en Jalisco (en comparación con cualquier mes previo de 2025), según cédulas publicadas por @BusquedaJal”
VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ ROMERO / INVESTIGADOR DE LA UDEG
“Veamos el trabajo mucho más fino que el burdo mío. El doctor @VMGlezR desarrollo el valiosísimo portal Desaparecidos en Jalisco, donde recopila información. Se pueden checar datos por administración y con @PabloLemus son 596. ¿Por qué solo 122?
PEPE TORAL / PERIODISTA ESPECIALIZADO EN INVESTIGACIÓN
VOZ ALTA
Cirugía mayor a la metrópoli
¿Hasta cuándo los gobiernos de Jalisco enfrentarán con seriedad el colapso de la infraestructura hidráulica en la metrópoli? ¿Cuántos socavones más y cuántas vidas humanas deberán perderse para que actúen de manera decisiva? Es urgente implementar soluciones integrales, como el drenaje profundo, que resuelvan este problema de raíz. Cada vez son más los hundimientos que se registran en diversos puntos de la ciudad. Hace un año fue el socavón de López Mateos de 10 metros de largo y ahora el registrado en la colonia Bethel. ¿Cuántos más habrá que esperar?
PABLO LEMUS. Se requiere una decisión de estadista.
Golpe al género masculino
La decisión del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC Jalisco) de obligar a los partidos políticos a postular únicamente mujeres candidatas a 10 municipios, donde se incluye Zapopan y Tonalá del área metropolitana, ha sido muy controvertida, de entrada restringe a la libertad de los partidos para elegir candidatos, mientras que otros la celebran como un gran paso para la igualdad política. El punto es si esta decisión garantiza mejores gobiernos o simplemente dará pie a candidatura simbólicas, sin un respaldo real de los partidos.
PAULA RAMÍREZ. La decisión del IEPC Jalisco divide opiniones.
Pleitos en Morena
En Morena Jalisco las cosas tienden a enredarse. Los conflictos entre pares son el pan de cada día, como se vive en el Congreso del Estado, con las acusaciones que ha lanzado la diputada Brenda Carrera contra la presidenta Marta Arizmendi y el senador Carlos Lomelí de violencia política a quien acusa estar detrás de su destitución como presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos y que según ella se violó la ley. La diputada Arizmendi lo niega y señala que la decisión fue de la asamblea y ella simplemente la acató.
BRENDA CARRERA. Va contra Marta Arizmendi y Carlos Lomelí.
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