NACIONALES
Salinas Pliego ahora contra AMLO: Poder económico y poder político, juntos pero no revueltos
Opinión, por Pedro Vargas Ávalos //
El poder es tan importante, que no debe estar concentrado. Por ello, la Constitución separa el ejercicio del poder público, y crea los tres ramos que se encargan de aplicarlo: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. En el Siglo XIX, la Iglesia estaba protegida por el Estado mexicano, como desde la Conquista de la Nueva España, declarando que solo se reconocía una religión, que era la católica.
Con las leyes de Reforma, expedidas a partir de julio de 1859 y hasta febrero de 1861 por el Benemérito de las Américas, D. Benito Juárez, presidente de nuestra patria, se llevó a cabo la separación de la iglesia y el Estado. Esas trascendentes normas, fueron constitucionales al formar parte de la Carta Suprema desde septiembre 25 de1873, siendo mandatario federal D. Sebastián Lerdo de Tejada.
Sin embargo, actualmente en las circunstancias que atañen al desarrollo integral de una nación, existen los llamados “factores de presión” (FP), que son “actores que, además de realizar las actividades normales y legales que constituyen su objetivo declarado y legal, realizan sistemáticamente prácticas que violan gravemente leyes válidas e incumplen relevantes decisiones públicas que son legales y legítimas, en desafío de las autoridades gubernamentales a las que ignoran o neutralizan o las confrontan y doblegan; es decir, privan de efectividad a la legítima acción gubernamental”. (Ricardo Tirado, Prontuario de la Democracia, UNAM).
Conforme esa idea, podríamos identificar dos grandes tipos de factores de presión: círculos de influjo (CI) y poderes fácticos (PF). En el primer ámbito figuran instituciones de crédito, importantes empresas, medios de comunicación, agrupaciones de empresarios, centrales de trabajadores, iglesias, asociaciones de educación superior, etc.
En el segundo espacio, están los más incisivos poderes fácticos: los de carácter mediático que buscan tesoneramente influir en el entorno político. Otros PF de menor poder recurren a sus capacidades de movilización y resistencia física o de generación de gran desafecto popular: una Iglesia mayoritaria, ligas patronales y grandes sindicatos, agrupaciones de comerciantes, profesionistas y congregaciones similares.
De esos entes de presión, -ya CI o PF- cuya característica es que, siendo poderosos, aprovechan que gozan de una posición de privilegio para incidir en el renglón público, mostrándose por lo regular críticos punzantes de la autoridad (siempre que esta no se ciña a sus intereses), siendo además figuras o corporaciones difíciles de sujetar jurídicamente.
Desde su cruzada electoral, el actual Presidente de la República señaló como necesario el separar al poder económico (representado por esos grupos de presión) para poder desplegar sus acciones en aras de cumplir su principal lema de campaña: “Por el bien de todos, primero los pobres”. Por lo común, la gran mayoría de esos grupos de presión, se convirtieron en tercos impugnadores.
Desde el inicio de su periodo gubernamental, Andrés Manuel López Obrador -AMLO- dispuso que los funcionarios de Hacienda, Gobernación, Comunicaciones, Energía, Salud, Economía y demás dependencias federales, no convivieran -con miembros o personajes pertenecientes a los grupos de poder- en fiestas, comidas, juegos deportivos o viajar con contratistas, grandes contribuyentes, proveedores o inversionistas vinculados a la función pública.
Lo anterior se entiende porque es indispensable -para la real vigencia del estado de derecho y la justa distribución de la riqueza-, que no se confunda o menos se fusione el poder económico con el político. En el neoliberalismo, ese fue un factor determinante para el empobrecimiento de las mayorías, la actuación de la autoridad respaldando los intereses del capital, por lo que había desfasada comunión de esos dos poderes.
Como dijimos, muchas personas físicas o morales, de hecho o de derecho, tras el triunfo electoral del lopezobradorismo en 2018, asumieron fungir como vehementes reclamantes del gobierno de la Cuarta Transformación -4T- . Destacan dos individuos: Carlos Slim y Ricardo Salinas Pliego -RSP-). El primero, conduciéndose con notable sagacidad, es sin duda alguna, el empresario más afín al presidente, sin dejar de mostrar su contrariedad con ciertas obras: una docena de reuniones privadas entre él y AMLO, prueban ese planteamiento.
Por lo que hace a Salinas Pliego (RSP) el tercer hombre más rico del país, se registra pleito singular que sostiene contra AMLO, no precisamente por su mentalidad reaccionaria, ultraderechista, que ya sería suficiente, sino por ser un evasor fiscal formidable: El presidente -dice el periodista Genaro Lozano, de Televisa y Reforma- ha señalado tres áreas principales de conflicto con Salinas Pliego: Adeudos fiscales al SAT, disputas ambientales con un campo de Golf en Guerrero y críticas al manejo de las Afores”. Aunque existen varias más, tales como sus diferencias en cuanto al libro de texto gratuito, y sus imposiciones ideológico-periodísticas a sus empleados de TV azteca.
En su mañanera del 25 de abril, el mandatario habló sobre esas diferencias y dejó en claro que el tema fiscal, es un “un paquete de 22 mil millones, más otro que llega a cerca de 50 mil millones, eso es lo que está en cuestión” y urgió al poder judicial para que resuelva si lo debe liquidar o en su caso, no procede que los pague.
El modo de ser de RSP es calificado como soez, indigno y muy lépero: a Citlalli Hernández, secretaria general de MORENA, la trata de CERDA; al presidente, de un «gobiernícola mentiroso»; del SAT, afirma que se dedica a “extorsionar a empresarios” y que la administración federal es una “kakistocracia”. Suele, además, de su amplio mosaico de ofensas agregar las letras “hdtpm”, que para los mexicanos es “hijo de tu…madre”. Así se las gasta el “tío richy” como se autodenomina este palurdo ricachón. Su variedad de dicterios podría enlistarse en grueso volumen.
Una nueva disputa la sostiene RSP cuando el destacado periodista Julio Hernández “Astillero” cuestionó la integridad periodística de Salinas, acusándolo de priorizar intereses comerciales y tener vínculos con el poder. Ante esto, Salinas respondió con una declaración desafiante, afirmando su integridad y advirtiendo a Astillero que “conmigo no se juega”. El twitter (hoy X) de RSP es fiel reflejo de su modo de ser: “Jajaja pobre pendejø… tu video es de esos videos…que se pueden oler. Y no me amenaces porque conmigo no se juega, hdtpm “buena ondita”.
Lo anterior ameritó una respuesta de Julio Hernández: “Guárdese sus consejos de periodismo; lo que usted ha impulsado es el interés comercial y la manipulación. Conmigo se topa, conmigo, el que se sube, se pasea”. Este afirma que RASP es “el adversario mas concreto y mas insultativo hacia el presidente”. Empero, el mandatario insiste en calificar a Salinas Pliego como “su amigo”, lo cual es patético: asegura que Javier Alatorre, locutor de TV Azteca, en su postura crítica hacia el gobierno, -es buena persona- “pero tiene que decir lo que le ordena Salinas Pliego”. Al respecto, este empresario expresó: “Ni AMLO ni el baña gatos de Jesús Ramírez Cuevas le hacen honor a la investidura presidencial”. Y tras señalar que la lealtad a ciegas que exige el presidente no existe, pregona que “en grupo Salinas somos hombres libres y actuamos por convicción personal. (X, 25 IV 24).
Todo lo narrado, es muestra palmaria de como los ricos mexicanos tratan no solo al gobierno, sino al pueblo. Y aunque AMLO, desde su primer informe hasta recientemente, afirmó que su administración lleva un enorme avance en la separación del poder económico frente al poder político, el periodista Mario Maldonado, escribió: “La separación del poder político y el económico que proclamó el mandatario al inicio de su gobierno fue una ilusión: el poder económico entra y sale de Palacio Nacional por la puerta grande tras dialogar, negociar y proponer proyectos e ideas con el titular del poder político…”. (El Universal, 12 V 2023). Pensemos en el Consejo Empresarial que creó Amlo, o en las múltiples visitas que le ha hecho Slim.
Tomar el pulso a la relación entre Carlos Slim y AMLO es una manera de valorar qué pasó con la promesa del candidato López Obrador de separar el poder político y el poder económico. Porque ese tema fue eslogan de campaña muy potente para una ciudadanía empachado por la corrupción, misma que en una cara muestra que en el país, las grandes fortunas florecen -de potentados y políticos- al amparo de las decisiones de los gobiernos protectores de sus cúpulas.
No cabe duda, si bien se necesitan diálogos de categoría entre políticos y empresarios que detonen inversiones y forjen las condiciones apropiadas para la generación y distribución de la riqueza, es requisito que no se coludan ambos elementos. Que cada sector haga lo suyo, es decir que actúen “juntos, pero no revueltos”, con lo que se evitarán transas y moches, así como las comaladas de millonarios sexenales, al tiempo que acarreará bienestar para la población, y con ello, se abatirá la pobreza lacerante que ha padecido la mayoría de nuestra gente.
Por lo anterior, es que debe instrumentarse una adecuada separación entre los poderes económico y el político, la cual sería de dimensiones semejantes a la magnitud que se experimentó con la Reforma juarista.
JALISCO
Acusa Enrique Krauze a Donald Trump de tener un perfil cercano al de un dictador
CIERTO O FALSO
“El mundo necesita un estadista. Es altamente improbable que Trump lo sea. Su perfil autoritario corresponde al del dictador que tanto temían los Padres Fundadores de Estados Unidos”
ENRIQUE KRAUZE / ESCRITOR
“55% de los estadounidenses respaldan la deportación de la comunidad indocumentada (…) Estamos hablando de más de 11 millones de personas, la inmensa mayoría gente honesta y de trabajo, que ha construido vidas, pagando miles y miles de millones en impuestos y tiene millones de hijos nacidos en EEUU y ciudadanos de este país”
LEÓN KRAUZE / ARTICULISTA DEL WASHINGTON POST
FUEGO CRUZADO
“Venezuela está en manos de un cartel criminal (…) Biden se equivocó al negociar con Maduro (…) Las elecciones fueron fraudulentas (…) Las petroleras financian al régimen (…) Urge un cambio de política”
MARCO RUBIO / PRÓXIMO SECRETARIO DE ESTADO DE EEUU
“Lamentablemente Venezuela no está gobernada por un gobierno, está gobernada por una organización de narcotráfico que se ha empoderado del estado nacional, y hemos visto, creo, 7,8 o 9 millones de venezolanos que han abandonado el país”
MARCO RUBIO / PRÓXIMO SECRETARIO DE ESTADO DE EEUU
VOZ ALTA
Papa caliente: Notarios
José Luis Leal Campos asumió la presidencia del Colegio de Notarios de Jalisco ante la presencia del gobernador Pablo Lemus y habló de la actualización de la actividad notarial que vendrá a responder al objetivo de innovar en esta actividad. “Esto será posible a través de la innovación y modernidad que nos dará una nueva identidad con la sociedad. Y lo haremos a través de seis principios: Voluntad, la defensa y representación del notariado, actuación basada en la ética, la capacitación y discusión de la cultura jurídica, el compromiso y solidaridad con la sociedad de Jalisco”.
JOSÉ LUIS LEAL CAMPOS. Sangre nueva en el Colegio de Notarios de Jalisco.
Se vuelve crítico
La problemática del transporte es un asunto que de no prestarle el gobierno del Estado la atención que el caso requiere, le puede estallar a Pablo Lemus, ya que Alfaro, a diferencia de su antecesor le heredó un problemón. Existe una crisis que golpea tanto a empresarios como choferes y que impacta al usuario, cuando circulan menos camiones, porque faltan más de mil choferes (1,500 consideran en números conservadores), la razón es que los sueldos dejaron de ser atractivos, cuando se castiga la tarifa generando esto un efecto dominó. Lemus debe echarse un clavado para conocer la realidad.
DIEGO MONRAZ. Trae una bomba en las manos.
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Agua para Tlajo
Uno de los objetivos fundamentales que se ha trazado Gerardo Quirino como presidente municipal de Tlajomulco es resolver el problema de abastecimiento de agua en el municipio por los próximos 40 años. Con la construcción de la planta de tratamiento “Los Agaves” en la zona de la carretera a Chapala, se logrará, con el sistema de interconexión de pozos, el acuaférico que por muchos años se ha estado construyendo y que vendrá a mitigar el agua que sacan del subsuelo para que se recargue los mantos freáticos y el agua puedan tenerla todas las familias en cantidad y calidad.
GERARDO QUIRINO. La solución al problema del agua en Tlajomulco.
JALISCO
La transición del Poder Judicial
Luchas Sociales, por Mónica Ortiz //
El 15 de septiembre de 2024, se publicó en el Periódico Oficial de la Federación la Reforma al Poder Judicial, controvertida a grandes dimensiones. Para algunos mexicanos, es un acierto romper con el pasado en el que gobernaron otras ideologías y apostar a este nuevo gobierno morenista.
Para otros, es un retroceso y un posible error dejar que el pueblo elija de manera directa a quién impartirá justicia en las entidades federativas y en la federación, debido a que son cargos que requieren una carrera judicial, grados académicos y alta honorabilidad. Ahora nos enfrentaremos a la ardua tarea de implementarla según los tiempos marcados en la Reforma Constitucional y a ver la importancia de la armonización en Jalisco.
El reto en Jalisco, no solo implica la buena voluntad política de los poderes: el Ejecutivo, Legislativo y el Judicial, que es el que sufrirá o gozará de la armonización de esta gran reforma constitucional. El Poder Judicial en el Estado deberá transitar a la extinción del actual y a la creación del nuevo orden o desorden judicial, sin embargo, y según la lectura de los artículos transitorios del documento que reforma oficialmente, las entidades federativas deberán ser estrictamente apegadas a la reforma y su forma de transición tal como lo indica el artículo transitorio que al literal dice: “Décimo Primero.- Para la interpretación y aplicación de este Decreto, los órganos del Estado y toda autoridad jurisdiccional deberán atenerse a su literalidad y no habrá lugar a interpretaciones análogas o extensivas que pretendan inaplicar, suspender, modificar o hacer nugatorios sus términos o su vigencia, ya sea de manera total o parcial.” Lo que se resume a que no existen opciones de variar la estructura del nuevo poder judicial; lo que pase en el ámbito federal deberá pasar en el local.
Todo indica que, en Jalisco, ante los posibles desafíos, sí existe la disposición de que este considerable cambio de impartición de justicia llegue a buen puerto, que las voluntades de los poderes se unan para considerar que la implementación de la reforma judicial sea lo más socializada y visibilizada.
El Gobernador Pablo Lemus Navarro ha nombrado a Arturo Zamora Jiménez, quien deberá, de manera honorífica, organizar y coordinar bajo la lupa social, a manera de propuesta para armonizar la ley estatal con la reforma judicial. Se realizarán foros con colegios de abogados, notarios, especialistas de colectivos, analistas políticos para conocer las voces de todos los involucrados y formar conclusiones. Los diputados tendrán alrededor de un mes para analizar estas propuestas y votarlas; debido a que los estados tienen hasta el 14 de marzo del 2025 para homologar sus legislaciones con la nueva reforma judicial.
La experiencia y trayectoria del jurista Arturo Zamora Jiménez garantizarían una reforma judicial ordenada y rigurosa desde su inicio, con un proceso estrictamente controlado. Se espera que esta persona comprenda la importancia del proceso para seleccionar a jueces imparciales, cuyas sentencias no estén influenciadas por la popularidad del juzgador, evitando así acrecentar la desigualdad y asegurando el acceso a la justicia para todos, sin importar su condición económica.
Es fundamental que en Jalisco esta transición en la elección de juzgadores y el cambio de poder judicial se realice de manera transparente y con amplia participación ciudadana, para generar confianza en el nuevo sistema judicial y fortalecer el Estado de derecho.
Ante los grandes cambios, deberemos buscar las oportunidades y, en este caso, que favorezcan los intereses de la sociedad y que nos permitan asegurar un futuro de impartición de justicia, real y transparente, en un país en el que todo se puede corromper en un instante y donde la opacidad gubernamental y política es más visible que la transparencia.
Construir desde la colectividad puede resultar en un mejor panorama para instaurar los cambios judiciales a los que nos sometió la cuarta transformación. Es evidente que la división de poderes no es algo que se pueda ya alegar y argumentar, entonces nos queda apostar a la participación ciudadana y la vigilancia social para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas.
NACIONALES
El Plan México
Opinión, por Luis Manuel Robles Naya //
El 13 de enero la señora Presidente Claudia Sheinbaum, presentó el Plan México diseñado para impulsar el desarrollo económico. Tres metas sobresalen: sustituir importaciones, fortalecer las cadenas productivas y colocar a la economía mexicana en el décimo lugar en el concierto internacional.
Sin duda es un buen documento porque integra una visión clara de hacia dónde quiere llevar la política económica y se pone además metas concretas que son mensurables, aunque no menciona compromisos en tiempos de realización, sin embargo, puesto en el contexto socio político, arroja graves contradicciones que son el principal obstáculo para el cumplimiento del citado plan.
El problema no está en él, sino en las limitaciones que le imponen las reformas al marco legal y en la eliminación de instituciones que le fueron heredadas y que ella misma se ha encargado de concluir las pendientes. Es inevitable por ello pensar que, como tantos otros documentos puede quedar en un buen catálogo de buenas intenciones.
El documento perfila a un gobierno con variantes significativas respecto a su antecesor en cuanto a política económica e incluso en la asistencial, donde ya se observan algunas correcciones como son la vuelta a las compras consolidadas de medicamentos, reconociendo llanamente que hay desabasto, el regreso de las guarderías ahora a cargo del IMSS, la revisión de la línea aérea Mexicana, pero hace falta un reconocimiento de las propias limitaciones del gobierno.
En principio se muestra abierto a la participación de la inversión privada, necesariamente deseada, convocada a participar en un programa de sustitución de importaciones que, erróneamente, algunos han interpretado como un regreso al proteccionismo. En realidad es un realineamiento de posiciones de cara a la revisión del tratado de libre comercio con EUA y Canadá, que pretende incidir en las cadenas de producción de los productos exportables. En esto al parecer ofrece facilidades para la inversión con una importante batería de estímulos fiscales.
Sin embargo, la industria requiere energía, mejor y mayor infraestructura y estos son recursos actualmente limitado en el país y aquí es donde empiezan las discordancias entre los propósitos y las realidades.
Seguir con el objetivo de garantizar la suficiencia energética es bueno, pero no lo es el limitar la presencia de la inversión privada en el sector, como es el caso de la industria eléctrica donde el estado se reserva el 54% de la participación, sin tener los recursos suficientes para participar en los proyectos de infraestructura necesarios. Hay formas de garantizar que la inversión mayoritaria sea mexicana y no extranjera y no es precisamente con dinero o participación gubernamental.
Lograr las metas que el plan señala depende en mucho de la inversión y las arcas nacionales no pasan por su mejor momento. La dilapidación de recursos del sexenio anterior en obras de alto costo y nula rentabilidad nos llevó al incremento de la deuda nacional y a sostener ahora con subsidios las improductivas empresas resultantes.
En el lanzamiento del Plan, estuvo presente una buena representación del empresariado e inversionistas, pero más allá de la verbalización positiva en entrevistas públicas, en privado se mantienen reservas, especialmente por la reforma judicial que arroja incertidumbre por la no vigencia plena del estado de derecho, por la politización, muy posible de los jueces y por la poca especialización que puedan tener estos sobre cuestiones fiscales, laborales y otras materias, especialmente al ver el conflictivo y turbio proceso de selección de aspirantes a ser votados en elección popular.
En su esencia el Plan es un buen documento y va más allá de superar la coyuntura de la revisión del tratado pues lo importante es recuperar el crecimiento económico pues sin él, la política social que encumbró y da permanencia al régimen pierde viabilidad.
La cristalización de las metas trazadas depende en mucho de la inversión. La inversión pública descendió 8.6% en el tercer trimestre de 2024 respecto al mismo periodo de 2023 y la privada apenas creció un 2.9% y el Plan adolece de un capitulo que aborde las causas del descenso.
Algunas importantes devienen de la carga ideológica y de la abundancia de ocurrencias derivadas de juicios y prejuicios no siempre fundados. Otras, de las deficiencias en infraestructura que no podrán ser revertidas por la fragilidad de nuestra balanza financiera que impide al gobierno trabajar con suficiencia en ello y otras más derivan de la inseguridad y la incertidumbre por el estado de derecho.
El Plan México debiera trascender más allá de las declaraciones y el evento destacado, y sobre todo debiera tener un apartado que identifique con objetividad los obstáculos y defina con claridad como los irá derrumbando. Ese es el capítulo faltante y eso incluye una alta dosis de autocensura, cosa que hasta ahora no se ha visto que se haga.
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