NACIONALES
La condena de García Luna
Opinión, por Iván Arrazola //
Con la sentencia del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, se cierra uno de los episodios más polémicos de la historia reciente de nuestro país. Condenado a 38 años de prisión, el exfuncionario pasará el resto de su vida en la cárcel. Al dictar la sentencia, el juez Cogan comparó su caso con el de Joaquín «El Chapo» Guzmán, señalando que García Luna «vivió una doble vida», ocultándose tras una imagen limpia para cometer actos ilícitos.
García Luna fue declarado culpable en una corte de Brooklyn de cinco delitos: tres por conspiración para traficar cocaína, uno por participar en una empresa criminal continua, y otro por dar declaraciones falsas a las autoridades.
La acusación de los fiscales estadounidenses se basó en diversos testimonios de narcotraficantes y policías, entre los que destacó Jesús «El Rey» Zambada, hermano de Ismael «El Mayo» Zambada. «El Rey» aseguró que, en 2006, cuando García Luna dirigía la Agencia Federal de Investigación (AFI) y estaba por integrarse al gabinete mexicano, le pagó dos sobornos por un total de 5 millones de dólares.
Otro testigo clave fue Israel Ávila, excontador de narcotraficantes mexicanos, quien reveló que García Luna figuraba en las nóminas del cártel de Sinaloa, liderado por Beltrán Leyva, bajo los apodos «El Tartamudo» y «El Metralleta». Además, Édgar Veytia, exfiscal del estado de Nayarit, conocido como «El Diablo» y actualmente condenado a 20 años en EE.UU. por narcotráfico, también declaró en el juicio. Veytia afirmó que, en 2011, el entonces gobernador de Nayarit, Ney González, le informó que había recibido instrucciones del expresidente Calderón y de García Luna para apoyar a la facción del cártel de «El Chapo» Guzmán en su conflicto con los Beltrán Leyva.
Tras conocerse la sentencia, diversas figuras políticas reaccionaron. El expresidente Felipe Calderón declaró en su cuenta de Twitter: “Nunca tuve evidencia que involucrara a García Luna en actividades ilícitas”. En contraste, la presidenta Sheinbaum señaló que la condena «no es menor» y refleja la decadencia del sexenio de Calderón, la cual continuó hasta la llegada de la Cuarta Transformación con el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Aunque en el discurso oficial parece haber un antes y un después con la llegada de la Cuarta Transformación, las acusaciones sobre vínculos entre el crimen organizado y la clase política continúan. Dos investigaciones de medios estadounidenses, una de ellas realizada por ProPublica, señalan que años antes de que Andrés Manuel López Obrador fuera elegido presidente en 2018, agentes antidrogas de Estados Unidos encontraron lo que consideraron pruebas sólidas de que narcotraficantes importantes habían entregado alrededor de 2 millones de dólares a operadores políticos que trabajaban en su primera campaña presidencial.
La otra investigación, publicada por The New York Times, revela que funcionarios estadounidenses investigaron durante años acusaciones de que aliados del presidente López Obrador se reunieron con cárteles del narcotráfico y recibieron millones de dólares después de que él asumió el cargo. Esta información proviene de registros de EE.UU. y de tres personas familiarizadas con el tema.
El escándalo más reciente involucra el secuestro de Ismael «El Mayo» Zambada. En una carta, Zambada relató que fue secuestrado tras asistir a una reunión a las afueras de Culiacán, donde se iba a encontrar con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y Héctor Melesio Cuén, exalcalde de Culiacán. Según Zambada, el encuentro fue organizado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo», con el propósito de mediar en conflictos entre los líderes políticos.
El gobernador Rocha negó estos hechos, afirmando que ese día se encontraba en Estados Unidos. Tanto el expresidente López Obrador como la presidenta Claudia Sheinbaum defendieron al gobernador sinaloense. Sheinbaum declaró que no existe prueba alguna en su contra, mientras que López Obrador elogió a Rocha, diciendo: «Le tenemos toda la confianza al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y lo felicito porque dio la cara, no dejó pasar ni un día».
Sin embargo, sin una investigación más profunda, el gobierno mexicano ha eximido de toda responsabilidad al gobernador Rocha. En Sinaloa, la violencia entre los cárteles continúa tras el secuestro de «El Mayo» Zambada, mientras el gobierno mexicano culpa a Estados Unidos por no haberles informado de la operación. Es posible que en el futuro sean las autoridades estadounidenses quienes aclaren el caso Rocha, ya que las autoridades mexicanas parecen mostrar poca disposición para hacerlo, lo que no es muy diferente a lo ocurrido en administraciones anteriores.
El panorama no cambia: hoy los políticos utilizan el caso García Luna para deslindarse de responsabilidades o para continuar con el linchamiento político. Sin embargo, en el fondo, las cosas siguen igual. Los miles de muertos provocados por las actividades del crimen organizado persisten, mientras un gobierno indolente parece carecer de la voluntad real de terminar con la sombría complicidad entre el crimen organizado y la clase política.
–Por Mario Ávila
Obras de arte y muchos otros objetos de valor, al menos 188 bienes muebles, desaparecieron de las oficinas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la víspera del cierre de una era que termina este domingo 31 de agosto a las 24 horas.
Según información del periodista Rivelino Rueda para Milenio, con base en una auditoría interna con folio DAIA/2024/27, entre los objetos extraviados en las oficinas de los ministros, se enlistan equipos de comunicación, colecciones de arte y otros bienes de alto valor, siendo las oficinas de la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández las más afectadas, al contar con 78 objetos no localizados.
El informe revela que en total la SCJN cuenta con 17 mil 706 activos fijos valorados en 1,300 millones de pesos, de los cuales 4 mil 500 son equipos de comunicación y 674 corresponden a colecciones de arte, con un valor aproximado de 511 millones de pesos.
Entre los ministros más afectados, además de Piña, destacan los despachos de Ríos Farjat, Gutiérrez Ortiz Mena, Pardo Rebolledo, Aguilar Morales, Laynez Potisek, Ortiz Ahlf y Pérez Dayán.
– Por Francisco Junco
Habitantes de Tepoztlán salieron a las calles este viernes para protestar afuera de la vivienda del senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña.
La casa, valuada en casi 12 millones de pesos, fue señalada por los vecinos como un ejemplo de cómo las tierras comunales han sido vulneradas por intereses políticos y económicos.
Los inconformes recordaron que la zona donde se ubica la propiedad es considerada terreno comunal y, por tanto, no puede ser vendida ni traspasada sin el aval de la asamblea de comuneros.
“Aquí no se puede vender ni se puede traspasar si no es por acuerdo de asamblea de los comuneros”, expresó uno de los manifestantes en un video que circuló en redes sociales.
El predio, de aproximadamente mil 200 metros cuadrados, generó controversia desde finales de agosto, cuando se reveló que Fernández Noroña lo adquirió a crédito. Aunque el legislador buscó minimizar el tema, sus confrontaciones con periodistas que difundieron la información alimentaron aún más la polémica.
Durante la protesta, los colonos colocaron carteles en los alrededores de la vivienda y advirtieron que no permitirán que se pasen por alto los derechos agrarios de Tepoztlán.
También exigieron revisar el procedimiento mediante el cual se realizó la transacción, señalando que cualquier compra sin autorización de la asamblea resulta ilegal.
El reclamo coincidió con el cierre del periodo de Fernández Noroña como presidente de la Mesa Directiva del Senado, cargo que en esa misma semana fue asumido por Laura Itzel Castillo.
Para los manifestantes, el hecho de que un representante popular esté involucrado en una operación cuestionada representa una contradicción con su papel como legislador.
Hasta el momento de la manifestación, Fernández Noroña no había ofrecido una postura oficial frente a las demandas de los colonos.
Los habitantes, por su parte, anunciaron que continuarán con acciones de presión y aseguraron que la defensa de sus tierras comunales no está sujeta a partidos ni coyunturas políticas, sino al respeto
NACIONALES
Sugiere la diputada Dolores Padierna al PRI, relevar con suplentes, a «Alito» y agresores
– Por Mario Ávila
En un intento de bajar el nivel de hostilidad que se respira en la Comisión Permanente del Poder Legislativo, la diputada de Morena, Dolores Padierna, sugirió a los militantes del PRI, que sean los diputados y senadores suplentes, sustituyan en el cargo al presidente Alejandro Moreno «Alito» y a los cuatro legisladores del tricolor que agredieron el miércoles al presidente, Gerardo Fernández Noroña.
La legisladora, que fue el personaje más cercano a Fernández Noroña en el momento de la agresión, ya que desempeña el papel de secretaria de la Mesa Directiva, relató en tribuna el odio que se veía en el rostro y en el puño de Alejandro Moreno, cuando embestía al presidente del Senado, por lo que nunca dudó en intervenir y se mantuvo en medio de ambos.
Decidí meterme -dijo-, para tratar de evitar que el presidente del Senado y presidente de la Comisión Permanente del Congreso de La Unión, no sufriera un golpe artero que hubiera tenido consecuencias mayores.
Y es que desde que comenzó la sesión el día de ayer -abundó- había una intentona de parte de las bancadas de la derecha, de agredir, de irrumpir como lo han estado haciendo, pero ese día con mayor razón, vi el odio, el intento de agredir con fuerza y cuando volteé a ver la cara del senador con el puño directo a la cara del presidente del Congreso de La Unión y decidí interponerme para que no pasara a mayores.
Desde la tribuna, en lo que fue la última sesión de la Comisión Permanente, Dolores Padierna, lanzó un exhorto a la PGR para que haga la investigación pertinente y cumpla con su responsabilidad.
Pero a la vez anticipó que en la Cámara de Diputados, a través de su grupo parlamentario harán un llamado al Comité de Ética y ante la Comisión de Decanos, para que analice el caso «porque no puede permitirse que diputados anden con esas ínfulas de porros en el Congreso».
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