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JALISCO

Reforma judicial y crisis entre poderes

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Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //

¿Es o no impugnable la reforma judicial? ¿Qué dicen los juristas, los que sí saben de derecho? Y lanzo esta pregunta, porque los políticos se han expresado a favor y en contra de acuerdo a la polarización que vive el país, como parte de la partidización y/o los prejuicios e intereses.

Lo que está fuera de discusión es la crisis entre poderes que ha generado la forma cómo se instrumentó la reforma al poder judicial, así como su contenido, que viene a realizar un cambio de fondo y radical en cuanto a sus integrantes ya que el objetivo prácticamente plantea que casi todos se vayan con una renovación total.

Voy a referirme a los argumentos que presentan dos juristas en torno a la reforma al poder judicial que son independientes de partidos políticos, ellos son el doctor y constitucionalista Diego Valadés y el maestro Miguel Carbonell, Director del Centro de Estudios Político Carbonell, autor de 80 libros de derecho y todo un apasionado difusor de la ciencia jurídica.

Ambos están de acuerdo que se puede revisar el procedimiento de reforma que hizo el Constituyente, el poder de reforma de la Constitución es un poder constituido y está sujeto al acatamiento y cumplimiento de los requisitos que señala el Art. 135 por cuanto a pasos que hay que cumplir para que exista realmente una reforma constitucional. “En esto creo que todos estamos de acuerdo”, precisa Carbonell.

LA ARGUMENTACIÓN DE DIEGO VALADÉS

El maestro Valadés considera que “No hay recurso legal ni constitucional alguno para impugnar el contenido de las reformas. En el caso concreto de la Ley de Amparo, que se refiere específicamente al juicio de amparo, es muy clara en el Artículo 61 que dice que es improcedente el juicio de amparo contra adiciones o reformas a la Constitución del país”.

“Con motivo de la reforma al Poder Judicial expresé que estoy convencido que es necesario e indispensable modificar el sistema de justicia en el país, pero, que la elección de jueces federales y locales en todos sus niveles, incluidos los ministros de la Corte, no va a contribuir a resolver los problemas mencionados en la iniciativa, fundamentalmente el de la corrupción o la lentitud para la resolución de los casos”.

“Ahora, se tomó la decisión, la tomó el órgano encargado para reformar la propia Constitución, no controvierto si la idea de las impugnaciones va hacia el procedimiento, porque podría decirse que no votaron en el número requerido por la Constitución los diputados o los senadores, a lo mejor hubo algún error, yo no lo creo, estoy seguro que se cuidaron muy escrupulosamente los detalles de manera formal, pero si hubiera alguna impugnación referente a ese tema sería procedente”.

Agregó: “Lo que he visto es que se maneja el fondo de los asuntos, en este caso, no hay recurso legal ni constitucional alguno para impugnar el contenido de las reformas. En el caso concreto de la Ley de Amparo, que se refiere específicamente al juicio de amparo, es muy clara en el Artículo 61 que dice que es improcedente el juicio de amparo contra adiciones o reformas a la Constitución del país”.

El exprocurador general de la república externó su preocupación por lo que se dice públicamente respecto a la reforma judicial, considera que se genera una tensión excesiva en la sociedad de algo que ya no es viable y apela a que los mexicanos inicien una nueva etapa de reconstrucción entre todos.

“Advierto con enorme preocupación esta corriente que considera que sí se pueden impugnar las reformas constitucionales, incluso ha habido algunos ministros que han expresado que hay decisiones inamovibles e intangibles, hacen referencia a cláusulas pétreas en la Constitución de 1917 y eso es inexacto, no existen tales cláusulas, existieron en la Constitución de 1824 y dejaron de existir en 1836, ese argumento es infundado desde el punto de vista jurídico”.

LA POSICIÓN DE CARBONELL

Sin embargo, Miguel Carbonell, piensa diferente, conforme lo expresó en entrevista con la periodista Carmen Aristegui. Carbonell pregunta: ¿Puede un tribunal constitucional, puede una jurisdicción declarar inválida por razones de contenido de fondo una reforma constitucional?

Y añade: “Allí estamos en un terreno muy delicado, me atrevo a decir que sí se puede en alguna circunstancia muy puntual”. Y recuerda lo que al respecto refirió el ministro Javier Laynez: ¿Qué pasaría si una reforma constitucional donde se decreta prisión vitalicia para mujeres que interrumpan su embarazo?”

Carbonell pone otro ejemplo para fortalecer su tesis de que sí puede la Corte declarar inválida la reforma al poder judicial. “¿Qué pasaría si en una reforma constitucional se decreta que ya no va haber partidos políticos en México, sólo va haber un partido único que es el que gobierna actualmente y de allí seguirá por el resto de los tiempos?

¿No sería esto materia de una revisión, de una defensa institucional encabezada por el tribunal más alto del país para evitar que lo que es hoy un régimen constitucional deje de serlo y pase a ser un régimen autoritario o una dictadura?

“Creo allí hay un límite, creo que lo que no puede hacer el poder constituido es convertirse en un poder constituyente en una suerte de poder soberano, omnímodo, que ponga en la Constitución utilizando el procedimiento, en realidad un nuevo Estado que de constitucional ya no tendría nada. Me atrevo a decir que en una circunstancia muy acotadas, muy limitadas, sí se podría llegar a esto”.

¿Ahora, esta reforma judicial de la que estamos hablando llega a ese límite de desdibujar lo que significa el Estado constitucional de derecho? Creo que esta es una pregunta que hay que contestar con mucha prudencia y no se si la Corte también esté dispuesta a llegar a eso, pero sí debemos de abrir para llegar al menos a esa posibilidad, porque si nos negamos a eso convertimos a un poder constituido en poder constituyente, omnímodo, soberano a que haga lo que quiera.

Vamos a ver qué decide la Corte al respecto en la revisión que hará sobre la reforma al poder judicial que ya está aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federación.

¿Se atreverá la Corte a anular la Reforma l Poder Judicial? Esa decisión generaría una macro crisis que el país en los tiempos modernos no le ha tocado vivir. Es muy delicado lo que está viviendo en el conflicto entre poderes.

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El reclamo de la Comunidad Indígena de Mezquitán: Confían en Sheinbaum para saldar deuda histórica de 21 años

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– Por Gabriel Ibarra Bourjac

Para la Comunidad Indígena de Mezquitán la luz al fondo del túnel parece vislumbrarse. La esperanza la cifran en la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a quien la ven muy distinta a sus antecesores al frente del gobierno federal que trataron a la comunidad con apatía, indiferencia e irresponsabilidad.

Recientemente han tenido respuesta de parte de las autoridades de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) al buscar negociar para cubrir el incumplimiento de pago del adeudo contraído hace 21 años al ceder la comunidad 270 mil metros cuadrados de terreno para la construcción de la carretera Guadalajara-Saltillo.

En entrevista con Conciencia Pública, Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado Indígena, junto a Miguel Ángel Rivera, tesorero, y Eulalia Dolores Velázquez López, secretaria General, exponen su frustración, esperanza y su exigencia de justicia, pero esperan que la situación cambie.

“Ha sido una lucha difícil y agotadora”, expresa Saúl Rodríguez Barajas, líder de la comunidad. Miguel Ángel Rivera, tesorero, con la tristeza reflejada en el rostro, recuerda que en lo que va de este año han perdido a cuatro personas, y en años anteriores, muchas más.

“La gente está desesperada. Han sido 21 años esperando”, señala Rivera, destacando cómo la cesión de tierras afectó los cultivos y obligó a familias a reubicar sus hogares, trastocando su forma de vida.

Eulalia Dolores Velázquez López, secretaria de la comunidad, alza la voz por estas mujeres: “Algunas han tenido que abandonar tratamientos médicos por falta de recursos. Otras han fallecido, dejando hijos menores”. Su mensaje a la presidenta es claro: “Sabemos que ha recibido nuestros documentos. Esperamos que responda conforme a la ley y haga justicia”.

Desde hace más de dos décadas, la Comunidad Indígena de Mezquitán libra una incansable batalla contra el incumplimiento del gobierno federal. En 2001, cedieron 27 hectáreas de sus tierras para la ampliación de la arretera Guadalajara-Saltillo, un proyecto que prometía desarrollo, pero que los dejó en una espera interminable.

A pesar de un convenio firmado con la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy SICT, el pago justo nunca llegó, convirtiéndose en un calvario de promesas incumplidas y un tortuoso litigio judicial.

Saúl Rodríguez subraya la apatía e irresponsabilidad de las autoridades, a pesar de que la comunidad ha ganado en todas las instancias judiciales, incluida una sentencia firme del Tribunal de Justicia Agraria Superior.

“Muchos compañeros que esperaban este recurso han fallecido”, lamenta. La comunidad, con 333 comuneros y sus familias, ha enfrentado no solo el retraso, sino también pérdidas humanas que agravan su dolor.

En 2004, se otorgó un anticipo inicial y otro posterior de unos 5 millones de pesos (de un acuerdo de 40 millones que sería en total y que se incumplió), pero la oferta reciente de la SICT, presentada el 24 de septiembre, no refleja el valor actualizado de la deuda, como lo ordenan las sentencias.

“Esa cantidad no tiene nada que ver con lo que debería ser hoy”, afirma Rodríguez Barajas. La comunidad propuso aceptar el pago como un anticipo y negociar el resto tras una valuación justa, pero aún no hay respuesta, generando desencanto ante la contradicción entre el discurso oficial de apoyo a los pueblos indígenas y la realidad.

El gobierno federal ha declarado 2025 como el año de la mujer indígena, un reconocimiento significativo para Mezquitán, donde más del 50% de los comuneros son mujeres, muchas adultas mayores, madres solteras o con problemas de salud.

Eulalia Dolores enfatiza la difícil situación de estas mujeres, quienes enfrentan carencias económicas que les impiden acceder a tratamientos médicos o sostener a sus familias.

La comunidad ha buscado contacto directo con la presidenta Sheinbaum, enviándole peticiones y entregando escritos en persona. “Hemos recibido respuestas que indican una orden para atender el caso, lo que nos da esperanza”, señala Saúl Rodríguez.

Sin embargo, insiste: “Queremos que no se tarde más”. La comunidad ve en este compromiso una oportunidad para que el gobierno demuestre que su apoyo a los pueblos indígenas es genuino, en contraste con gobiernos anteriores que, según Sheinbaum, usaron a estas comunidades con fines políticos sin garantizar justicia.

El caso de Mezquitán trasciende lo económico; es una lucha por la dignidad y los derechos indígenas. Cada año de espera ha sido un golpe, con pérdidas de tierras, esperanza y vidas. “Queremos que esto termine este año”, enfatiza Rodríguez.

Aunque abiertos a negociar, exigen un pago justo: “No pedimos nada regalado, solo lo que nos corresponde”. La sentencia judicial es clara, y el gobierno no tiene pretextos para evadir su responsabilidad. “Ya no tienen margen para alargar esto”, sentencia Rodríguez.

Para Mezquitán, el cumplimiento de esta deuda significaría no solo justicia económica, sino la reivindicación de mas de 21 años pidiendo Justicia.

En este año de la mujer indígena, la comunidad confía en que Sheinbaum cumpla su compromiso. “Queremos que nos vea”, insiste Eulalia Dolores. Con una lucha de mas de dos décadas, los comuneros buscan el reconocimiento de su derecho a una vida digna.

Mientras tanto, alzan la voz, recordando que la justicia no puede seguir esperando.

Mezquitán no solo espera un pago, sino un acto de reparación histórica. La luz al fondo del túnel, que hoy parece más cercana, depende de la voluntad política de un gobierno que ha prometido ser diferente.

La comunidad, unida y resiliente, mantiene la esperanza de que 2025 marque el fin de su calvario y el inicio de una nueva etapa de dignidad y justicia.

URGE ACCIÓN CONCRETA: ESPERANZA EN LA RESPUESTA DE SHEINBAUM EN LA MAÑANERA

– Por Raúl Cantú

La Comunidad Indígena de Mezquitán, tras 21 años luchando por la justicia trasr ceder 27 hectáreas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Saltillo, encuentra esperanza en la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum a una pregunta de la periodista Susana Carreño en La Mañanera.

El 13 de octubre, la periodista Susana Carreño cuestionó la deuda pendiente desde 2001 con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). Sheinbaum, con antecedentes del caso, tras recibir un escrito y un libro de la comunidad el 9 de agosto en Tlajomulco, prometió atenderlo y dio instrucciones a su equipo.

Sin embargo, los asesores jurídicos de la comunidad, consideran la respuesta insuficiente. En entrevista con Conciencia Pública, urgen al gobierno federal a actuar antes del 31 de diciembre de 2025, especialmente para las mujeres, que representan más de la mitad de los 333 comuneros, quienes enfrentan necesidades urgentes.

Cuatro días después, el 17 de octubre, llegó una respuesta escrita, un avance frente a los tres meses que tardó la administración anterior. “Eso da esperanza de que esta administración sea diferente”, aunque “Solo menciona atender a la brevedad, sin comprometerse a cumplir la sentencia del Tribunal Agrario”.

Dicha sentencia, firme desde diciembre de 2024, ordena a la SICT realizar un avalúo vía INDAABIN para determinar la indemnización actualizada, pero el proceso está detenido por tácticas dilatorias. La comunidad, agotada por promesas incumplidas de cuatro gobiernos previos, otorga el beneficio de la duda hasta fin de año.

La comunidad propone aceptar un anticipo ofrecido por la SICT el 24 de septiembre, siempre que se respete la actualización de valores. “Hay mucha necesidad. Un anticipo aliviaría a las familias, especialmente a las mujeres” .

La SICT, que ya dio anticipos en 2004 y 2007, condicionó el pago a renunciar a la actualización, lo cual fue rechazado. “Tienen una cantidad disponible; que la entreguen como anticipo y luego definan el monto final”.

En el año de la mujer indígena, Mezquitán espera que Sheinbaum demuestre su compromiso. “Si no hay anticipo antes del 31 de diciembre, pensarán que son iguales a los anteriores gobiernos”, advierten los representantes de la Comunidad Indígena. La comunidad no pide favores, sino justicia. La respuesta presidencial es un paso, pero solo acciones concretas honrarán la sentencia y la dignidad de Mezquitán.

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Requisitos para darse de alta ante el IMSS: Los desempleados pueden pensionarse con 9,400 pesos

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– Consejos para tu jubilación, por Arturo Pérez Díaz

En México, una parte significativa de la población ocupada trabaja por cuenta propia, para ellos se creó la modalidad de incorporación voluntaria al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Modalidad 10 y 40, para que puedan jubilarse aún sin empleo. Hablamos de casi 25 millones de personas que carecen de empleo formal, pero que si no actúan hoy, mañana se quedarán sin jubilación.

¿Con cuánto me puedo jubilar aún sin empleo?

Las Personas Trabajadoras Independientes (PTI), mediante las modalidades voluntarias permite que quienes no tienen un patrón puedan cotizar al Seguro Social y acceder a prestaciones, incluyendo una jubilación mínima garantizada en este año 2025, por 9 mil 400 pesos.

La Ley del Seguro Social (LSS) reconoce que el Instituto tiene la atribución de inscribir a los trabajadores independientes al régimen obligatorio a su solicitud, conforme a lo dispuesto en el artículo 251, fracción X, de la LSS. 

Este esquema aparece ya en el portal del IMSS bajo “Personas Trabajadoras Independientes (PTI)” como una modalidad de aseguramiento voluntario al régimen obligatorio; mediante ese mecanismo, el IMSS presta servicios médicos, prestaciones en dinero y cotización para pensión. 

El mecanismo voluntario, puede ser estratégico para quienes fueron despedidos a los 50 años, ya cerca de una edad de jubilación, dado que permite mantener continuidad para efectos de pensión y completar en ley 73, al menos 500 semanas de cotización, que dan derecho a una pensión desde los 60 años de edad.

REQUISITOS PARA DARSE DE ALTA ANTE EL IMSS

Para que una persona trabajadora independiente pueda incorporarse al IMSS bajo este régimen, debe cumplir ciertos requisitos y pasos:

1. Solicitud de incorporación voluntaria: la persona debe pedir su afiliación al Seguro Social bajo la modalidad de PTI o incorporación voluntaria al régimen obligatorio.

2. Identificación oficial y CURP: presentar documento de identidad reconocido.

3. Determinación del salario base de cotización (SBC): seleccionar un salario base de cotización sobre el cual hará sus aportaciones.

4. Pago de las cuotas correspondientes: pagar todos los conceptos asegurados (enfermedad y maternidad, riesgos de trabajo, invalidez y vida, retiro/cesantía/vejez) con cargo al asegurado, pues no hay patrón que haga aportaciones.

Además, para personas mexicanas en el extranjero, existe la posibilidad de afiliarse como trabajador independiente. 

Una vez que la persona trabajadora independiente se encuentra afiliada bajo este esquema, puede acceder a muchos de los derechos del régimen obligatorio, similares a los de los trabajadores asalariados:

Atención médica, hospitalaria, farmacéutica y atención obstétrica para el asegurado y sus beneficiarios. 

Incapacidades y subsidios por enfermedad o maternidad. 

Seguro de riesgos de trabajo (accidentes laborales) si aplica.

Pensión por invalidez y de vida para sus beneficiarios. 

Cotización para el fondo de retiro (el seguro de retiro/cesantía/vejez).

Conservación de derechos para efectos de pensión.

Continuidad en la historia laboral formal, lo cual es relevante para acceso a créditos, prestaciones y financiamientos.

Uno de los propósitos centrales de afiliarse al IMSS, es que la persona pueda aspirar en el futuro a una pensión. En el régimen del IMSS, las pensiones conocidas como “Cesantía en Edad Avanzada” y “Vejez” aplican según la edad del solicitante al momento de la petición y las semanas cotizadas. 

Acorde a la ley 73, si la persona está entre 60 y 64 años, y ya causó baja del régimen obligatorio, puede solicitar pensión por cesantía en edad avanzada. Si tiene 65 años o más, la pensión solicitada será por vejez. 

El importe de la pensión de cesantía en edad avanzada se calcula con un porcentaje que depende de la edad al momento de pensionarse:

  – 60 años → 75 %

  – 61 años → 80 %

  – 62 años → 85 %

  – 63 años → 90 %

  – 64 años → 95 %

  – Si la persona cumple los 65 años (o 64 años y 6 meses con un día) → 100 %. 

MERCADO LABORAL: TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA

Para dimensionar el segmento de personas que podrían beneficiarse de este esquema, revisemos datos del INEGI. Según los más recientes boletines de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), las personas trabajadoras por cuenta propia representaron 41.9 % de la población ocupada en México, con una caída anual de 3.0 puntos porcentuales. 

En el segundo trimestre de 2025, la población ocupada fue de 59.4 millones de personas. Si 41.9 % de esa población está en trabajo por cuenta propia, eso implicaría aproximadamente 24.9 millones de personas que laboran sin subordinación.

Estos números son consistentes con las estimaciones que vinculan el alto nivel de informalidad en México: el 54.8 % de la población ocupada se considera informal, muchas de ellas precisamente trabajadores por cuenta propia sin seguridad social. 

Este universo es el mercado potencial para la afiliación voluntaria como PTI, pues son personas que hoy laboran sin cobertura formal.

En 2025 se reportaron pérdidas de empleo formal en varios meses; por ejemplo, en junio de 2025 se eliminaron 46,378 puestos formales en un solo mes, la mayor caída para un mes similar en más de una década (excluyendo pandemia). 

Durante el segundo trimestre de 2025 también se reportó una pérdida neta de plazas formales. Eso aumenta la población sin seguridad social y en consecuencia sin futuro de jubilación.

Muchas personas que pierden su empleo alrededor de los 55 años enfrentan un dilema crítico: ya han acumulado tiempo de cotización, pero están demasiado cerca del final de su vida laboral para “empezar de cero”. Si no consiguen un empleo formal inmediato, corren el riesgo de no completar las semanas requeridas para pensión. En esos casos, afiliarse como PTI puede ser una estrategia de salvaguarda.

PENSIÓN SIN EMPLEO

Si eres parte de esos 25 millones de mexicanos que siguen siendo productivos, pero está sin IMSS, debes asesorarte y asegurarte por cuenta propia, no dejar tu pensión en la incertidumbre, cada vez más personas se acercan a preguntarme por esta opción, es una gran satisfacción que ya estén cotizando en modalidad voluntaria , asegurando su futuro.

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Arturo Pérez Díaz, es periodista independiente, ha sido docente de Política, Opinión Pública y Mercadotecnia Política, así como asesor profesional de Comunicación Pública.

E-mail: amper61@hotmail.com

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JALISCO

Suspenso en el Legislativo: Reforma Judicial en Jalisco, diálogo abierto pero sin consensos

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– Por Francisco Junco

La reforma al Poder Judicial, largamente agendada, emergió con fuerza en la mesa legislativa, pero más que avanzar, desnudó una fractura entre los poderes y los partidos. La propuesta, que busca armonizar la Constitución local con la reforma federal en materia judicial, y que millares de ciudadanos miran como una clave para la transparencia y el acceso a la justicia, quedó esta semana más cerca de la parálisis que del acuerdo.

El secretario general de Gobierno de Jalisco, Salvador Zamora, se reunió en el Congreso local con los ocho coordinadores parlamentarios que integran la Junta de Coordinación Política (Jucopo). Este encuentro se dio en respuesta al llamado del gobernador Pablo Lemus para dialogar sobre la Reforma al Poder Judicial local, la cual busca instaurar por primera vez elecciones de jueces y magistrados en junio de 2027.

Actualmente, la iniciativa enfrenta dificultades para alcanzar los 26 votos necesarios para su aprobación, ya que ni la bancada de Movimiento Ciudadano (MC) con el apoyo del Partido Verde, ni el bloque opositor conformado por seis grupos parlamentarios, cuentan con la mayoría requerida.

Durante la reunión, Salvador Zamora destacó que su visita tenía como objetivo abrir un canal de diálogo con los diputados en representación del gobernador. Indicó que se está preparando un encuentro entre la Jucopo y Pablo Lemus para profundizar en la discusión de la reforma. El secretario enfatizó que el Ejecutivo ha mostrado respeto hacia los legisladores y ha mantenido una postura abierta al diálogo, respondiendo así a las críticas de líderes de Morena, PAN, PRI, Hagamos, PT y Futuro, quienes habían señalado una falta de oficio político por parte del gobierno estatal.

También reiteró que la Reforma al Poder Judicial es una iniciativa que recoge las propuestas de diversos sectores de la sociedad, incluyendo ciudadanos, especialistas y universidades, y que el gobierno está comprometido en defenderla para lograr una reforma judicial de calidad.

Sin embargo, aclaró que en la reunión no se abordó el tema de la ratificación de los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Consuelo del Rosario González y Daniel Espinosa Licona.

Después de más de dos horas de diálogo con los diputados locales de Movimiento Ciudadano sobre la Reforma Judicial estatal, Salvador Zamora, anunció que al día siguiente se reunirá con todos los grupos parlamentarios junto con el gobernador Pablo Lemus.

La reunión, explicó el funcionario estatal, se realizará en un lugar neutral para dialogar y buscar puntos de encuentro que permitan aprobar la reforma en los próximos días, atendiendo las inquietudes surgidas tras la aprobación del dictamen en la Comisión de Puntos Constitucionales y su entrada a primera lectura.

Los coordinadores parlamentarios dialogaron con el gobernador Pablo Lemus para abordar la reforma al Poder Judicial. Lemus destacó la apertura al diálogo, proponiendo reuniones continuas, sin abordar detalles específicos, confiando en alcanzar consensos para Jalisco.

El gobernador apuntó que “los legisladores fueron muy abiertos y perceptivos a los planteamientos que se hicieron… confío en lograr consensos en temas indispensables para el estado” y añadió que “no entramos en los detalles de la reforma al Poder Judicial… Yo voy a ser muy respetuoso de lo que ellos decidan en los procesos internos del Poder Legislativo”.

Diputados de MC y la oposición buscan consensos para la reforma judicial, proponiendo modificaciones. Morena y PAN destacan la apertura y autocrítica del gobernador Lemus, pero la fecha para la votación en segunda lectura sigue indefinida.

El coordinador de los diputados de Morena, Miguel de la Rosa Figueroa, declaró que “Movimiento Ciudadano se comprometió a presentar una lista de propuestas de modificación al dictamen y con base en esa lista, vamos a reinstalar una mesa de diálogo político para ver si podemos conciliar y sacar una reforma consensuada por todas las fuerzas políticas”.

La diputada Claudia Murguía Torres comentó que “en Acción Nacional hemos impulsado un diálogo firme entre las fuerzas políticas para fortalecer el Poder Judicial en Jalisco”.

La Comisión de Seguridad y Justicia del Congreso de Jalisco votó a favor de adherirse al dictamen sobre la Reforma al Poder Judicial, turnado previamente por la Comisión de Puntos Constitucionales.

Con esta adhesión, el dictamen ya puede presentarse a votación en segunda lectura ante el pleno del Congreso; sin embargo, ninguno de los bloques legislativos cuenta aún con los votos necesarios de las dos terceras partes de los 38 diputados para garantizar su aprobación.

La adhesión al dictamen presentada por el bloque opositor recibió el respaldo de cinco diputados de Morena, PAN, PRI, Hagamos y del legislador sin partido Alejandro Puerto.

Por su parte, las diputadas de Movimiento Ciudadano, Adriana Medina y Ana Fernanda Hernández Sanmiguel, votaron en contra, argumentando la necesidad de abrir un nuevo periodo de consulta de 30 días, lo que deja en claro que aún existen diferencias significativas entre las bancadas.

Miguel de la Rosa (Morena) destacó que MC presentará modificaciones al dictamen para consensuar la Reforma Judicial. José Luis Tostado (MC) confía en que el diálogo con Lemus y las bancadas logrará una reforma que beneficie a Jalisco.

La coordinadora de la bancada del PAN, Claudia Murguía, destacó que el gobernador asumió una postura de autocrítica durante el encuentro, lo que abre la posibilidad de acuerdos en torno a la reforma y otros temas.

Pese al avance en el diálogo y las señales positivas, todavía no se ha definido una fecha para la votación en segunda lectura, la cual permitirá, por primera vez en Jalisco, la realización de elecciones de jueces y magistrados.

La Jucopo espera fijar el lunes la fecha para votar la reforma judicial en el pleno, pero sin nuevos acuerdos, podría estancarse. Analistas advierten que debe aprobarse antes de 2027 para elecciones de jueces. El Ejecutivo y bancadas dialogan, pero los votos aún son inciertos.

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ENTREVISTAS

Diputado Alberto Maldonado: Con exhorto a la SCIT Se dio un paso hacia la justicia para la Comunidad Indígena de Mezquitán

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– Por Gabriel Ibarra Bourjac

La causa de justicia para la Comunidad Indígena de Mezquitán encontró eco en la Cámara de Diputados, que aprobó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) a cumplir la determinación del Tribunal Superior Agrario y saldar el adeudo histórico de más de 20 años con esta comunidad.

Alberto Maldonado, junto con 19 legisladores federales de Morena sensibilizados por la causa, impulsó el exhorto a la SICT para que cumpla con su obligación. “Gracias a amigos, comunicadores y al equipo jurídico encabezado por Toño Rocha, tuvimos acceso a los documentos que confirman la sentencia firme. No hay más instancias a las que recurrir; es un mandato claro”, explicó el diputado.

Con un enfoque en la justicia social y el orgullo por su estado, Maldonado Chavarín subraya dos iniciativas clave: el punto de acuerdo para exigir el pago a Mezquitán y una exitosa exposición de artistas jaliscienses en San Lázaro.

LUCHA POR LA JUSTICIA PARA MEZQUITÁN

La Comunidad Indígena de Mezquitán lleva más de dos décadas exigiendo el pago por más de 20 hectáreas de sus tierras, cedidas para la construcción de la carretera Guadalajara–Saltillo.
A pesar de una sentencia firme del Tribunal Superior Agrario, que obliga a la SICT a cubrir la deuda, el proceso ha sido un “vía crucis” para los comuneros, marcado por la burocracia y la indiferencia.

La iniciativa presentada al pleno fue respaldada por el 90% de los diputados federales de Jalisco, con la firma de 19 de los 22 legisladores de Morena y aliados. “Consideré que la pluralidad política fortalece. Hicimos una reunión, dialogamos con la SICT y dieron su visto bueno, asegurando que no afectaba sus intereses y que había una instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum para pagar las deudas a comunidades indígenas”, detalla Maldonado.

El punto de acuerdo fue aprobado, publicado en la Gaceta Parlamentaria y enviado a la comunidad de Mezquitán como herramienta jurídica adicional.
Maldonado se comprometió a seguir gestionando ante la SICT y la Comisión de Hacienda, presidida por el diputado Carol Altamirano, para agilizar el pago. “Espero que este año veamos resultados presupuestales. La presidenta ha dicho que atenderá a las comunidades indígenas y este es un caso oportuno para demostrarlo”, afirma, destacando la relevancia del tema en el contexto del Año de la Mujer Indígena, declarado en 2025.

PROMOCIÓN DEL TALENTO JALISCIENSE EN SAN LÁZARO

Además de su labor en favor de Mezquitán, Maldonado ha trabajado para posicionar a Jalisco como referente cultural. Una de sus iniciativas más destacadas fue la organización de una exposición de artistas jaliscienses en la Cámara de Diputados, realizada el 23 de septiembre de 2025.

“Quise dejar una huella como diputado federal, como lo hice en el ámbito local con proyectos como el programa Salvando Vidas o la instalación de cámaras de videovigilancia en la fiscalía”, explica Maldonado.

La exposición reunió a 14 grandes maestros y artistas consolidados de Jalisco, incluidos ganadores del Premio Nacional de Artesanías y del Galardón Presidencial. “Empezamos de arriba hacia abajo, con lo mejor de Jalisco, para mostrar al país el talento de nuestro estado, cuna de la alfarería mexicana”, señala.

El evento, celebrado en San Lázaro, contó con el respaldo de todas las fuerzas políticas de Jalisco —Morena, Partido Verde, PAN, PT y Movimiento Ciudadano—. La inauguración fue encabezada por el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, y el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, quien apoyó económicamente el traslado de los artistas y sus obras.

“El gobernador me dijo: ‘Todo lo que sea promoción para Jalisco, yo le entro’. También recibimos apoyo del alcalde de Zapopan, José Farangie, quien cubrió de su bolsillo los costos de mudanza y seguros para las obras”, destaca Maldonado.

Pese a los obstáculos burocráticos —como los candados de la Comisión de Cultura de la Cámara—, el evento fue un éxito. Durante cuatro días, los artistas no solo exhibieron su obra: también pudieron venderla, generando un impacto económico directo.
“Queríamos que los artistas llevaran economía a sus familias. Jalisco es el alma de México, con su mariachi, su tequila y sus artesanías”, subraya.

El evento marcó un precedente de unidad entre los legisladores jaliscienses. “No hubo divisionismo ni peleas; hubo armonía en favor de Jalisco”, asegura Maldonado.

Con planes para repetir la experiencia en 2026, en un formato más ambicioso, el diputado promete seguir promoviendo el talento del estado. “Mostramos lo grande y lo fuerte, para que el país voltee a ver las ferias y exposiciones de Jalisco”, concluye.

UN LEGADO PARA JALISCO

La labor de Alberto Maldonado refleja un compromiso con la justicia social y la promoción cultural. Desde el respaldo a Mezquitán hasta la visibilización del talento jalisciense, su trabajo busca dejar una marca duradera. “Mi meta es que, al terminar mi legislatura, Jalisco haya ganado algo trascendente”, afirma. Con la comunidad de Mezquitán esperando justicia y los artistas jaliscienses brillando en el centro del país, Maldonado muestra que la política puede ser un vehículo de cambio y orgullo regional.

ENTREVISTA AL DIPUTADO ALBERTO MALDONADO

Gabriel Ibarra Bourjac: Estamos con el diputado Alberto Maldonado, diputado federal y coordinador de la fracción legislativa de Jalisco en la Cámara de Diputados. Alberto, llevaste al pleno una iniciativa relacionada con la Comunidad Indígena de Mezquitán, con la cual se logró un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes a cumplir un compromiso de 21 años. Ya existe un dictamen y una sentencia del Tribunal Superior Agrario en ese sentido. Ustedes llevaron la voz de la comunidad al Congreso. ¿Qué se logró y cómo fue?

Alberto Maldonado: Muchas gracias, mi querido Gabriel. Efectivamente, gracias a algunos amigos comunicadores y al equipo jurídico —encabezado por Toño Rocha— tuvimos acceso a los documentos legales que confirman una sentencia firme. No hay otra instancia a la cual recurrir: es la máxima. Consideramos que este tema es muy oportuno. Si bien hoy el tema fundamental en el país son las mujeres, también la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, ha puesto como prioridad la atención a las comunidades indígenas.

Esto se refleja en las reformas constitucionales aprobadas en la LXVI Legislatura, que fortalecen su reconocimiento y buscan hacer justicia a pueblos que por décadas han estado abandonados. Hay una instrucción de hacer justicia y pagar a los pueblos originarios. Por eso asumimos la causa de nuestros hermanos de la Comunidad Indígena de Mezquitán. Tras un largo vía crucis, lo justo es que se pague por el terreno afectado para la construcción carretera.

Gabriel Ibarra Bourjac: ¿Cómo se dio el acuerdo entre los diputados federales de Morena de Jalisco para apoyar a la comunidad?

Alberto Maldonado: Lo primero que pensé fue en la colectividad: que firmaran mis compañeras y compañeros de Jalisco para darle mayor fuerza al punto de acuerdo. Si bien un diputado puede presentarlo en lo individual, la pluralidad política siempre fortalece. Algunos compañeros señalaron que podría ser un tema controvertido por dirigirse a la SICT.

Atendimos esas preocupaciones y solicitamos una reunión; enviaron a una persona a mi oficina, revisó el documento que redactamos y le pareció correcto, oportuno y cuidadoso: no se trataba de descalificar a nadie, sino de impulsar justicia para la comunidad. Extraoficialmente nos comentaron que había instrucción presidencial de saldar adeudos históricos con comunidades indígenas y que era oportuno presentar el exhorto.

Me di a la tarea de cabildear con la mayoría de los diputados de Jalisco. De 22 compañeras y compañeros de Morena y aliados, logramos la firma de 19 o 20, alrededor del 90%. Acto seguido, se envió al pleno, se aprobó y se publicó en la Gaceta Parlamentaria.

El siguiente paso es remitir copia a la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan, para que la utilicen como herramienta jurídica adicional. En lo personal me comprometí a continuar las gestiones con la SICT y, eventualmente, con la autoridad hacendaria para que se logre el pago.

Estoy por agendar una reunión de trabajo con la presidencia de la Comisión de Hacienda, que encabeza el diputado Carol Altamirano, y con la Comisión de Presupuesto, para ver si este año se concreta el respaldo presupuestal.

Gabriel Ibarra Bourjac: La Cámara de Diputados también ha sido espacio para que Jalisco esté presente. Recientemente hubo una exposición de artistas jaliscienses con participación de todas las fuerzas políticas. ¿Cómo se dio ese evento y qué te dejó?

Alberto Maldonado: Ha sido de lo más bonito y trascendente que he realizado en la Cámara. Me propuse que, al terminar mi legislatura federal, quedara algo tangible en favor de Jalisco. En el ámbito local impulsé instituciones como el programa Salvando Vidas y la instalación de cámaras de videovigilancia en la fiscalía, y dejé acciones en materia penitenciaria, como una guardería y atención ginecológica para mujeres privadas de la libertad.

Como diputado federal, una meta fue dar el peso que merecen las y los artesanos y artistas de Jalisco. El primer paso fue la muestra de grandes maestros en San Lázaro. Iniciamos “de arriba hacia abajo”: con galardonados con el Premio Nacional de Artesanías y el Galardón Presidencial, grandes escultores y pintores consolidados. A partir de ahí, coordinaremos más eventos en el centro del país para visibilizar el talento jalisciense.

El proyecto nació del diálogo con artesanas y artesanos de Tlaquepaque, cuna de la alfarería mexicana, quienes requieren mayor promoción económica. Primero mostramos lo grande y lo fuerte para que el país volteara a ver lo que se hace en Jalisco y se animara a acudir a ferias y exposiciones. Hicimos reuniones de trabajo; el tema creció y surgieron necesidades logísticas y de financiamiento.

Busqué al gobernador y nos apoyó de forma decidida para el traslado y peajes. El alcalde de Zapopan, José Farangie, cubrió de su bolsillo la mudanza y los seguros para transportar las obras entre Guadalajara y Ciudad de México.

Con el respaldo del coordinador de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, logramos realizar la exposición en septiembre —mes patrio—, específicamente el día 23. Asistieron representantes de todas las fuerzas políticas: Morena, Partido Verde, PAN, PT y Movimiento Ciudadano. La muestra duró cuatro días; fue insuficiente por la gran respuesta, pero permitió exhibición y venta, generando ingresos para los artistas. Anuncio que el próximo año repetiremos la experiencia con un formato distinto y más robusto.

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