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NACIONALES

¿Un México sin transparencia?

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Opinión, por Salvador Romero Espinosa //

El dictamen de reforma al que se dio publicidad el pasado miércoles 06 de noviembre en la Cámara de Diputados, para ser discutido esta semana, cuyo objeto es la desaparición de 39 organismos constitucionales autónomos, entre ellos a los 33 institutos de transparencia del país, tendrá un impacto brutal para la transparencia, el derecho a la información, la libertad de expresión, el derecho a la protección de datos personales, la privacidad y la rendición de cuentas en el país.

Específicamente la desaparición de los institutos de transparencia traería consecuencias inmediatas y tangibles en el corto plazo que implicarían un grave retroceso de muchas décadas en materia de derechos a la información y a la protección de datos personales, entre las cuales trataré de sintetizar las más importantes a continuación.

En primer lugar, implicaría la desaparición de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) o, cuando menos, la desaparición de alrededor del 95% de la información pública a la cual se puede tener acceso a través de dicha plataforma, en la cual están obligadas las más de 7,500 autoridades de todo país (incluyendo estatales y municipales) a difundir información pública de manera permanente y también a atender solicitudes específicas de acceso a información y protección de datos personales que les realice cualquier persona, lo cual la vuelve única en el Mundo.

Ello es así dado que la propuesta de transferir las atribuciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI) al Poder Ejecutivo Federal implicaría que dicha PNT únicamente servirá para difundir información pública del gobierno federal, y quedarían excluidos de dicha plataforma el Poder Legislativo Federal, el Poder Judicial Federal, todas las autoridades estatales (ejecutivo, legislativo y judicial) y todas las autoridades municipales, con lo cual se excluirán a casi 7,000 autoridades del país.

En segundo lugar, la forma en que está planteada la propuesta, imposibilitaría que la referida plataforma siga siendo obligatoria para todo ese enorme universo de autoridades, dado que la razón por la cual su uso es obligatorio actualmente, es justo por la existencia de un “Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales” (que también desaparecería), en el cual se reúnen los 33 institutos de transparencia del país, cada uno con las atribuciones necesarias para sancionar a todas las autoridades del país que incumplan con sus obligaciones de transparencia o sean omisas en garantizar el ejercicio de los derechos humanos de acceso a la información y protección de datos personales desde dicho portal.

En tercer lugar, el ejercicio de estos derechos será mucho más lento y costoso, dado que la reforma implica que se judicializaría el acceso a la información pública y la protección de datos personales, pues ante la negativa de las autoridades del país para entregarnos la información que nos pertenece a todos, de acuerdo con la reforma, serían las propias autoridades las que revisarían alguna queja o inconformidad.

Ello generará invariablemente un enorme conflicto de interés, siendo previsible que las autoridades confirmarán sus propias negativas de acceso a información, por lo que la única vía posible para acceder a información pública será la judicial, con todo lo que ello implica para una persona: Asesoría jurídica especializada, mayores gastos y costos, y un mucho mayor tiempo para obtener una sentencia favorable.

En cuarto lugar, se limitaría la profesionalización y capacitación de personas servidoras públicas en estas materias, dado que actualmente, son los 33 institutos de transparencia precisamente los encargados de capacitar a las millones de personas servidoras públicas del país, así como supervisar y auditar permanentemente el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia y de protección de datos personales, por lo que se perderán las instancias especializadas en realizar dichas funciones tan importantes para que las autoridades garanticen dichos derechos humanos.

En quinto lugar, el derecho a la protección de datos personales, una materia sumamente compleja y especializada, quedará en manos también de las propias autoridades, a pesar de que actualmente en la gran mayoría de ellas no existen especialistas en dicha materia. Por si ello fuera poco, tampoco se establece en la propuesta de reforma una instancia nacional especializada en proteger los datos personales de las y los mexicanos que están en posesión de millones de particulares, como hospitales, bancos, inmobiliarias, plataformas digitales como las redes sociales o los buscadores como Google, por lo que prácticamente desaparecería dicho derecho humano del país.

Finalmente, la propuesta es un durísimo golpe al Federalismo Mexicano, pues se les prohibiría a las entidades federativas la posibilidad de mantener en funciones a sus institutos de transparencia locales, lo cual es un evidente atentado a su soberanía.

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NACIONALES

El PRI no acudirá al Senado a la toma de protesta de la nueva SCJN

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– Por Mario Ávila

Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI cambia de actitud y en lugar de cumplir su amenaza de manifestarse en la ceremonia del Senado donde rendirán protesta los nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), anuncia oficialmente que los 13 senadores de su partido no acudirán.

El argumento, con el que justificó por adelantado la inasistencia de los senadores del PRI, fue «por congruencia política», ya que ellos consideran que el nuevo Poder Judicial es el nuevo aparato al servicio del régimen.

Tras la agresión perpetrada por Alejandro Moreno en contra del presidente de la Comisión Permanente, Gerardo Fernández Noroña, la nueva presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, pidió a las autoridades garantizar el resguardo de la sede del Senado de la República.

En respuesta, desde este fin de semana, el Senado ha estado custodiado por elementos de la Guardia Nacional, lo que ocasionó que «Alito» Moreno reconsiderara su actitud y decidiera que sus senadores no acudan al trascendental acontecimiento y se limitó a calificar al gobierno de la 4T como «fachos y autoritarios».

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ENTREVISTAS

La disputa del agua entre Jalisco y Guanajuato: Debe ser un reparto justo, no uno político, Arturo Gleason

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– Por Mario Ávila

Ante la polémica surgida por la construcción del acueducto de la Presa Solís a la ciudad de León, Guanajuato, que podría reducir sustancialmente el escurrimiento de agua del río Lerma al lago de Chapala, José Arturo Gleason Espíndola, maestro en Gestión Pública y doctor en Urbanismo, plantea la necesidad de medir en tiempo real y con precisión la disponibilidad de agua, la que escurre, la que se extrae y la que llega, para que con bases científicas se pueda hacer un reparto justo del vital líquido. 

Hoy con un reparto basado únicamente en las mediciones que se realizaron en el siglo pasado, solo se tratará el tema como un reparto con tintes políticos, en donde la única determinación que existe es de quien ostenta actualmente el poder y se dejan de lado el tema científico y los datos exactos de la disponibilidad de agua, para repartir el agua con justicia a cada entidad. 

El proyecto de la construcción del acueducto para llevar agua de la Presa Solís a la ciudad de León, Guanajuato y otras comunidades menores de la región, quedó inscrito en el Plan Hidrológico del Gobierno de la República, una vez que se canceló la posibilidad de dar a León, agua de la persa El Zapotillo, abastecida por el cauce del Río Verde y cuya agua quedó finalmente destinada solamente para las ciudades de Los Altos de Jalisco y para la Zona Metropolitana de Guadalajara. 

Entrevistado al respecto, el doctor Arturo Gleason planteó: “Creo que la preocupación de parte del Estado de Jalisco estriba en que efectivamente el Río Lerma abastece parcialmente a Chapala, esto es en época de secas las presas en Guanajuato, no solo Solís sino otras, hasta no llenarse derraman el agua. A menos de que abran las compuertas dejan pasar el agua hasta Chapala, que de entrada no está recibiendo un flujo constante de este río, que por cierto está muy contaminado”. 

Explicó que el Río Lerma nace en Almoloya, en el Estado de México y transita por cuatro entidades más antes de llegar a Chapala. En el trayecto, obviamente, esa agua se va quedando en el camino y solo cuando llueve se llenan las presas y dejan pasar el agua que les sobra y es la que llega a Chapala, “pero es muy poca”, aclaró. 

Dijo además que la preocupación estriba en que se le va a sacar un flujo mayor, aparte del que se le saca para los distritos de riego que se encuentran en la zona de Guanajuato, ahora para consumo urbano, es decir, a través de un acueducto se iría a la ciudad de León y algunas otras comunidades. 

Es una preocupación de Jalisco -abundó-, porque es un menor volumen de agua que llegará a Chapala, pero, por otro lado, también ese volumen de agua no es tanto, porque según lo dicho por el maestro Eduardo Juárez, del Instituto de Limnología, Chapala se abastece en gran parte por la lluvia que cae en la cuenca y los escurrimientos posteriores. 

«Por supuesto debe preocupar –expuso-, pero no debe quedarse nada más en que si le sacan más o le sacan menos, creo que la preocupación puntual por parte de la federación y los estados que están involucrados, es que la cuenca del Lerma primeramente tenga un manejo integral, que sea limpio, que se puedan medir los flujos de agua; no existen sistemas de medición».

«Por eso la preocupación es por encima, pero no hay una preocupación genuina de poder medir las extracciones, las medidas en tiempo real; se me hace que es una discusión que merece mayor rigor científico, en primer lugar para saber cuánta agua tiene el Lerma, identificar todas las extracciones y medirlas en tiempo real, para entonces clarificar todavía con mayor precisión, que sí se le va a sacar esa agua, pero sin comprometer al lago de Chapala», dijo. 

De ahí que el maestro Arturo Gleason planteara la necesidad de que la indignación del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, debería tener mayor fundamento si la hace con precisiones, con mediciones precisas que debieran hacer el Gobierno Federal y los estados. 

Y, por otro lado, denunció que el gobierno estatal debe hacer una reflexión también y un compromiso, en cuanto a no contaminar tanto el agua: «Porque en esa parte tampoco hay mucha indignación que digamos por parte de nuestro estado, ya que están autorizando un sinfín de fraccionamientos alrededor del lago en la parte que corresponde a Jalisco y están entrando aguas negras y agua pluvial con aguas negras, en tiempo de lluvia. Luego, está también ese tema de pretender construir otro acueducto hacia Guadalajara, y aunque dicen que no van a sacarle más agua, evidentemente sí lo van a hacer; entonces, a mi punto de vista debería ser una preocupación de Jalisco, pero con mayor fundamento”

Vale la pena recordar que Guanajuato fue despojado recientemente del agua que le correspondía del Río Verde, según los acuerdos pactados por los gobernadores de Jalisco y Guanajuato con el gobierno Federal, una vez que se canceló el proyecto de la construcción del acueducto de la presa El Zapotillo a la ciudad de León y el líquido de ese embalse quedó solo para el consumo de las ciudades de Los Altos y la Zona Metropolitana de Guadalajara. 

Sobre este tema en particular, el doctor Gleason Espíndola expuso que Guanajuato podría estar en su derecho de tomar el agua que no recibió del Río Verde, ahora del Río Lerma, pero dejó en claro que ese discurso se quedaría en un nivel basado en las apreciaciones, “pero sí fuera basado en las mediciones puntuales, creo que debiera precisarse mejor este análisis, que así de simple, solo es muy superficial”. 

Obviamente –dijo-, lo que Jalisco quiere es tener más agua, sí, pero cuánta, cuánta se extrae, no se sabe con precisión; ahora, muchas veces, dicho esto por la comisión de cuenca del Lerma-Chapala-Santiago, algunos especialistas como la doctora Raquel Gutiérrez Nájera advierten que a veces no llega nada de agua de Lerma y esto no es nada nuevo, que no le llegue agua a Chapala, porque Guanajuato y Michoacán se quedan con el agua, tanto en las partes altas sobre todo en tiempos de secas, porque la agarran para regar y cuando ya hay agua, es cuando se derrama para el lago de Chapala. 

Yo creo -insistió-, que la discusión debe ser más precisa, más científica, sobre datos mucho más rigurosos, para entonces decir que sí se compromete al lago o si alcanza para darle a León, a lo mejor con ese criterio la Federación dice no, ya te di a ti el agua del Zapotillo y ahora debo dale chanza Guanajuato, creo que ahí se queda la discusión y desde mi punto de vista, debería de ser más profunda, más precisa, antes de manifestarnos así con indignación. 

Explicó que para ello, será necesario actualizar los acuerdos de distribución del agua entre los estados y la federación, en ambos ríos, del Lerma y del Verde: «Pero desde la controversia de la altura de la cortina de El Zapotillo se está debatiendo sin cifras, sin mediciones puntuales. Los cálculos, las apreciaciones de escritorio tienen su valor, pero para una toma de decisiones, para una discusión política seria y para finalmente hacer una repartición sin incurrir en inequidad, debe haber una repartición justa con base a las mediciones».

«Y yo aquí no lo veo, en la agenda no está en la discusión de ver si es necesario montar algunos sistemas de monitoreo para saber con precisión cuánta agua está escurriendo realmente al río Lerma, cuánto es realmente lo que está llegando a Chapala, cuánta es la extracción para la presa Solís y cuáles son los escenarios que podrían llegar a pasar», agregó. 

“Eso no existe, es una discusión meramente política, que, desde el punto de vista personal, creo que le falta mayor sustento científico para que haya una repartición justa”, sentenció el doctor José Arturo Gleason Espíndola.

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NACIONALES

Fracasan acuerdos para renovar la Mesa Directiva en la Cámara de Diputados

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– Por Mario Ávila 

Será la Mesa Directiva anterior, encabezada por el presidente, diputado, Sergio Gutiérrez Luna, quien reciba el Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que será entregado este 1 de septiembre al Poder Legislativo, por la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

Ello a raíz de que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados determinó no renovar la Mesa Directiva este domingo, por lo que seguirá con la misma integración durante los siguientes cinco días.

La causa fue, que por acuerdo parlamentario corresponde al PAN designar al nuevo presidente (a) de la Mesa Directiva, sin embargo las propuestas hechas por la fracción parlamentaria albiazul, fueron vetados por el grupo parlamentario de Morena y como la votación a favor debe ser de al menos dos tercios de los diputados presentes, se decidió dejar pasar los primeros 5 días del mes, para llegar a acuerdos.

Morena ha considerado que el perfil de las personas propuestas es inadecuado por considerarlas poco conciliadoras, por ello se rechazó a Kenia López Rabadán, Margarita Zavala, Germán Martinez y Federico Döring.

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